El Gobierno español ha decidido subir en un punto el IVA reducido y en dos puntos el general, suprimir la deducción de 400 euros en el IRPF y elevar la tributación de los instrumentos del ahorro al 19% y al 21%.
MADRID-. Éstas son las principales medidas fiscales incluidas en el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado, aprobado hoy por el Consejo de Ministros, y por ellas el Estado español espera ingresar 10.950 millones de euros en dos años, de los que 6.500 se obtendrán el año que viene y el resto en 2011.
Así, con efecto desde el 1 de julio de 2010, mes en el que el Gobierno español espera que haya comenzado la recuperación económica, el IVA reducido subirá un punto, hasta el 8%, mientras que el general lo hará en dos puntos, hasta el 18%, lo que supondrá una recaudación adicional de 5.150 millones de euros.
El IVA reducido grava la compra de todos los alimentos -excepto los básicos incluidos en el superreducido-, las viviendas, el transporte, la hostelería, la asistencia social o sanitaria o los servicios culturales y de espectáculos.
El IVA general se aplica a todas aquellas operaciones para las que no está previsto otro tipo impositivo.
El Gobierno español ha mantenido en el 4% el tipo del IVA superreducido, que grava el consumo de alimentos básicos como el pan, la fruta o los huevos, así como los libros, el material escolar, los medicamentos o las viviendas de protección oficial.
La supresión de la deducción de los 400 euros en el IRPF aportará a las arcas del Estado español, previsiblemente, 5.700 millones de euros.
Tributación de las rentas de ahorro
En cuanto al aumento de la tributación de las rentas del ahorro -del 19% para los primeros 6.000 euros y del 21% para el resto- permitirán recaudar 800 millones de euros más, según los cálculos del Ejecutivo.
Esta tributación grava todos los instrumentos de ahorro existentes, desde los incrementos patrimoniales a los depósitos bancarios, libretas de ahorro, seguros y dividendos.
Según ha explicado en una rueda de prensa la ministra española de Economía y Hacienda, Elena Salgado, la modificación de esta tributación para quienes declaren hasta 6.000 euros, unos 11,5 millones de contribuyentes, supondrá a estos contribuyentes un esfuerzo de unos seis euros de media más al año.
En cuanto a las rentas superiores a 60.000 euros, que declaran unos 100.000 contribuyentes, ahora tributarán al 21%, lo que les supondrá un incremento de unos 5.000 euros al año de media.
Las rentas que superan un millón de euros pagarán de más una media de 30.000 euros al año, ha dicho Salgado.
La vicepresidenta ha señalado que actualmente hay 45.000 contribuyentes que declaran rentas superiores a 90.000 euros y ahora aportarán 430 millones más.
Según ha destacado Salgado, los ingresos adicionales que proporcionarán estas modificaciones fiscales permitirán reducir en tres décimas el objetivo de estabilidad aprobado el pasado junio, con lo que el déficit del Estado español para 2010 se calcula ahora en el 5,1% del PIB, con lo que la del conjunto de las Administraciones Públicas se situará en el 8,1% del PIB.
Fuente: Gara. Difunde: Nodo 50
ÚLTIMA HORA: HOY 9 DE OCTUBRE, OTRA DE "10 AÑOS DE DIARIO DE SEVILLA" . ¿10 AÑOS QUÉ SON?.
Lo más relevante del caso de Juana Orta, mal que le pese a los alquimistas Rubalcaba y compañía, es que se están cebando con una mujer mayor, de salud deteriorada, una leyenda viva de Huelva, una ejemplo de generosidad por los pobres de su Huelva y de fuera...a pesar de que el Gobierno Español esté obligando a todo ser u organismo viviente presentarla como "la mosquita muerta" de la película, queriendo endiosarle una culpabilidad que ni moral, ni política, ni social ni jurídicamente se puede sostener salvo con las político-policiales sentencias del Derecho Penal de emergencia, que es un pseudo-Derecho sin garantías, camino que ha cogido el Estado Español hace varios años y que choca frontalmente con las garantías mínimas estándar de un Estado de Derecho.
http://www.antimilitaristas.org/spip.php?article4267
La prestación aprobada por el gobierno de 420 euros para los parad@s a partir del 1 de enero de 2009 es sencillamente una canallada, una medida insuficiente, injusta, insolidaria, improvisada, populista, errática, un parche más de la política económica y social de corte neoliberal que está aplicando el gobierno.
A esta prestación, solamente podrán acogerse la mitad del 1,4 millones de personas que no reciben ningún tipo de prestación desde hace años. En el mejor de los casos, 700.000 personas (condicionados a un programa de inserción en el empleo) podrán acceder a los 420 euros durante 6 meses. ¿Qué pasa, qué le decimos a los parad@s de larga duración, aquellos que llevan más de dos años sin trabajo ?
Dice además el gobierno socialdemócrata que esta ayuda condiciona los presupuestos del estado y aumenta el déficit público puesto que tendrán que gastar unos 1.300 millones de euros en esta prestación. Sin embargo, un hubo ninguna duda, ninguna crítica, ningún debate público cuando los recursos puestos a disposición de la Banca española por el gobierno, directamente (créditos muy, muy blandos…) o avales, superaron los 300.000 millones de euros. Si sumamos a estos recursos los que ha puesto el Banco Central Europeo a disposición de todo el sistema financiero de la UE, incluidos los bancos españoles, nos encontramos con la violencia legal financiera que el sistema capitalista, con la complicidad del sistema político, está ejerciendo contra la clase trabajadora hasta conducirla a la misería, la marginación, la desesperación.
Al parad@ que reciba la prestación se le obligará a hacer cursos de formación.
¿Qué control se tiene de los bancos que hemos saneado con dinero público, qué responsabilidades se les exige, dónde y en qué están invirtiendo la inmensa cantidad de dinero publico que están recibiendo, cuál es el estado real del sistema financiero ? ¿Han servido esos recursos para mejorar la realidad económica y social de las familias o pura y simplemente, con dineros públicos, hemos financiado, saneado y enriquecido a un “puñado” de usureros explotadores.
El sistema capitalista es una lacra que estafa sistemáticamente a las personas trabajadoras y a la sociedad en su conjunto, que no duda en usurpar porcentajes dramáticos del PIB para sus intereses particulares y privados (hasta el 31,2% en estímulos fiscales, de los cuales un 12,6% se han aplicado de manera efectiva al sistema financiero). Las políticas ultraliberales del Gobierno demuestran, persiguen, pretenden, garantizan que los ricos sigan siendo ricos a costa de los trabajadores y trabajadoras, a costa de una descohesión social cada vez mayor.
Desde CGT, no pedimos limosnas, ni caridad, sino que exigimos justicia social, y en relación a las prestaciones contra el paro, exigimos como derecho subjetivo y social, un salario social de 1.200 € para todas las personas parad@s y asalariadas.
Caminamos hacia la Huelga General y para CGT no cabe ni un paso atrás en la defensa de los derechos laborales y sociales.
Fuente: CGT
