Represión económica
Enviado por anonerror (no verificado) en Vie, 06/01/2017 - 22:02
Hay mucho escrito sobre la represión
policíaca del Estado pero en lo relativo a la represión económica
estamos todavía casi en blanco.
La represión se alimenta del miedo.
Generalmente, del miedo a ser atacadas, torturadas, enjauladas… La
represión económica se alimenta concretamente del miedo a la escasez. Y
no hay que desdeñar el poder paralizante de este miedo en sociedades
capitalistas occidentales como la nuestra, mal criadas durante décadas
en la banalización del consumo y la acumulación espectacular de la
mercancía. La amenaza de la escasez es mucho más aterradora para quienes
hemos atravesado estos espejismos de abundancia o, más bien, hemos sido
atravesados por ellos[1].
No es de extrañar, pues, esta tendencia reciente a la agudización de la represión económica, que el Estado español ha cronificado con la conversión de tipos penales en tipos administrativos de la “ley mordaza”[2].
Lo primero que nos dice este cambio de penas por multas es que la
represión económica funciona por lo menos igual que otras clases de
represión, cuando no mejor. Ningún Estado modifica una táctica represiva
sin asegurarse de que cumple con eficacia sus objetivos, que son
principalmente dos: disuadir y distraer. Disuadir al mayor número
posible de personas de que se asocien y organicen para luchar contra él.
Distraer a las Asociaciones Libres de su actividad normal. Las
Asociaciones Libres están dilapidando recursos materiales y miles de
horas de militancia en la consecución de fondos para el pago de multas,
fianzas, etc. Peor aún: no sólo pierden el tiempo en una actividad
defensiva que les distrae de su actividad normal sino que el fruto de
esta actividad revierte directamente en el reforzamiento del enemigo, el
Estado, que recauda por esta vía del pago “voluntario” o por la vía
ejecutiva de embargos millones de euros. El beneficio es aún mayor si se
restan de la cuenta de pérdidas y ganancias del Estado los gastos de
manutención por recluso que éste deja de soportar cada vez que un
ingreso en prisión se conmuta por una multa[3].
En resumen, la represión económica
disuade y distrae pero además fortalece al Estado, que extrae de ella un
beneficio con el que financia más equipamientos, sueldos e
infraestructuras represivas. Sólo por esto, un estudio de la represión
económica que hemos postergado durante demasiado tiempo era acuciante.
Pero hay más. La resistencia a la represión económica estatal, tan poco
explorada, está llena de posibilidades. El violento latrocinio estatal
está resquebrajando esa imagen mitológica del Estado como organización
depositaria del bien público, ocasionando que cada vez más personas se
deslicen de un sentirse legitimadas a eludir el pago de multas a un
sentirse legitimadas a eludir el pago de impuestos. Los actos legítimos
de desobediencia económica se afianzan además por el descubrimiento de
nuevas formas de resistencia. Muchas personas que se quedaron en la
ruina, sin nada, y están aplastadas por deudas que nunca podrán pagar
han descubierto fortuitamente la “insolvencia”, lo más parecido a la
invulnerabilidad contra la represión económica. La mayor ventaja de una
ruina sobrevenida accidentalmente (es decir, por el expolio depredador
de bancos, Estado, etc.) es que la siguiente ruina ya no nos cogerá por
sorpresa, incluso se puede programar. La programación de la ruina, que
en el argot legal se conoce como “insolvencia punible”, es una táctica
de elusión de pagos a acreedores que los usurpadores de los medios de
producción y las plusvalías llevan practicando siglos[4]. Las Asociaciones Libres están empezando a incorporarlas ahora en su arsenal para sus propios fines de clase revolucionaria[5].
Y aquí es donde la cosa se pone
interesante. Las Asociaciones Libres están precipitando la insolvencia
de sus asociadas mediante la titularización societaria de propiedades
particulares, usando personas jurídicas instrumentales como Asociaciones
o Cooperativas. Pero lo que comienza como un mero cambio de titularidad
de la propiedad se convierte a menudo en un cambio real de régimen de
propiedad. Las Asociaciones libres no se conforman con una titularidad
colectiva que no es más que el disfraz de una propiedad privada sino
que, ya puestas en faena, se atreven a ensayar usos distintos de la
propiedad (colectivistas, comunistas, comunalistas, etc.) Estos
experimentos con el régimen de propiedad no se inician sólo por un
cambio circunstancial de la titularidad. Las Asociaciones traen ya un
rodaje previo en el uso compartido de comida, ropa, libros, etc, a
través de redes de apoyo mutuo. Y este entrenamiento en la
colectivización de objetos de consumo ha generado la confianza necesaria
para dar el paso siguiente a la colectivización de medios de
producción. Es todo un proceso. Y no sólo operativo, también narrativo.
La miseria ha espoleado el debate sobre las causas y los agentes de la
miseria. La represión económica del Estado y las crisis inducidas
cíclicamente por el capitalismo transnacional han provocado un cambio de
perspectiva, una comprensión menos resignada de los mecanismos de
dominación. Como en todo proceso revolucionario, es difícil decir cuándo
se está haciendo “teoría de la práctica” o “práctica de la teoría”. Por
ejemplo, se subvierten las relaciones de propiedad casi al tiempo que
se explica la necesidad de subvertirlas. Los ejercicios prácticos con la
insolvencia programada o con la okupación llevan a un mejor
discernimiento teórico de conceptos como “titularidad” y “uso”. Cuando
hablamos de propiedad privada o propiedad colectiva, ya no nos referimos
a la titularidad, ese artificio estatal[6],
sino al uso que las personas y colectivos hacemos de ella. Puede haber
propiedades de titularidad privada y uso completamente colectivizado y
al revés.
Estos procesos de transformación
colectiva, esta práctica revolucionaria entrelazándose con su teoría,
rompen los esquemas de una represión económica diseñada para atemorizar a
individuos considerados como propietarios privados de bienes de consumo
y de medios de producción. En tanto que propietarios privados, el
Estado nos puede atacar secuencialmente, de uno en uno, depositando
multas y notificaciones de embargo en cada buzón. Pero los ataques
económicos contra una Comunidad tienen que enmarcarse ya necesariamente
en actos de guerra[7],
sin careta, y estas son situaciones que el Estado procura evitar dentro
de sus fronteras porque la guerra a cara descubierta destruye esa
imagen sagrada de institución cuya existencia es apriorística, está
fuera de toda discusión. El eterno antagonismo entre el principio de no
delegación de las Asociaciones Libres y el principio de autoridad
representativa del Estado se desvela en los conflictos comunitarios,
momentos en que su misma razón de ser queda expuesta al escrutinio
público y, por lo tanto, momentos de máxima vulnerabilidad. Para
sobrevivir, el Estado tiene que impedir a toda costa el proceso por el
que se hace evidente su inutilidad: la unión libre asociacionista. En
otras palabras, tiene que recurrir constantemente a la división,
empezando por la división de La Tierra en parcelas numeradas y separadas
por cercas[8].
Una propiedad cerrada modela una mentalidad cerrada. La mentalidad de
propietario privado es individualista, desconfiada, nerviosa. Su
supervivencia no depende de las relaciones sociales solidarias sino de
la acumulación de bienes de consumo y medios de producción. Por eso
tiende a acaparar y a estar en estado permanente de alerta, puesto que
los demás son competidores, intrusos o ladrones en potencia. Sin
embargo, los terrores nocturnos a la escasez desaparecen cuando el
propietario privado, individuo reprimido y aislado, pasa a ser un
individuo libremente asociado, un “copropietario” que cuenta con el
respaldo solidario de su Red de Apoyo, su Cooperativa, su Comuna, etc.
El cambio en las relaciones de propiedad afecta directamente a las
relaciones de producción, por estar ambas íntimamente ligadas. La
jerarquía empresarial es intrínseca a la propiedad privada de los medios
de producción. Pero a la propiedad colectiva de los medios de
producción le corresponde una toma de decisiones colectiva: la Asamblea.
En conclusión, urge encarar la lucha
contra la represión económica por las dos razones apuntadas: Primero, es
un tipo de represión que está dando excelentes resultados al Estado y
que se está intensificando en las sociedades del “primer mundo”, donde
el capitalismo nos explota a través del consumismo tanto o más que a
través del productivismo. Segundo, la resistencia está llena de
posibilidades; ofrece nuevas técnicas como la insolvencia programada, la
constitución de sociedades instrumentales, la insumisión fiscal, etc., y
tiene un gran potencial para subvertir las relaciones capitalistas de
producción y propiedad. Si la propiedad privada modela un cerebro de
propietario jerárquico, egoísta e insaciable, la propiedad comunal puede
modelar un cerebro de propietario libertario, solidario y satisfecho.
Aparte de estas dos importantes razones
añadiremos una ventaja complementaria: Las técnicas de resistencia a la
represión económica están mucho menos penadas que las técnicas de
resistencia a la represión policiaca porque los tipos delictivos en que
se incurre son propios de la clase empresarial y política, no de la
clase obrera. Falsificación de documento mercantil, alzamiento de
bienes, apropiación indebida, insolvencia punible, fraude fiscal… El
Estado no puede endurecer la persecución o las penas de estos tipos
delictivos porque estaría perjudicando los intereses de clase que
defiende. Esta es la causa, por ejemplo, de que los mecanismos de
inspección fiscal sean tan deficientes. En realidad, el 90% de los
ingresos de Hacienda por el IRPF provienen de las rentas de los
trabajadores que son detraídas directamente de sus salarios por una
clase empresarial que actúa de recaudadora de impuestos del Estado.
Es obvio que la represión del Estado se
opera en connivencia con una clase empresarial que requiere los
servicios de seguridad que éste le provee para protegerse de los
amotinamientos de la masa esclava asalariada[9].
En lo que atañe exclusivamente a la economía, por no desviarnos del
tema del artículo, podemos hablar entonces de una opresión económica que
englobaría a la represión estatal y la explotación empresarial y que se
manifiesta en forma de impuestos, multas, embargos, desalojos,
inspecciones, usurpación de medios de producción, apropiación de
plusvalías, paro, emisión y distribución de moneda fiat (obligatoria),
etc., etc.
Esta opresión económica que sentimos en
el pecho y nos dificulta la respiración es el síntoma inconfundible del
capitalismo. Es cierto que el capitalismo ha infectado todo el tejido
social y, por lo tanto, tiene que ser combatido en todos los ámbitos
imaginables de la vida: pedagógico, psicológico, filosófico, erótico,
marcial, sanitario, ético, artístico… Pero no es menos cierto que la
lucha en el ámbito económico es tan importante como las anteriores,
probablemente más, porque al fin y al cabo el capitalismo es una
enfermedad que irradia desde la economía. Peor aún, el capitalismo es un
sistema económico que lo ensucia todo de economía mediante un proceso
llamado “mercantilización”: el amor, el juego, la sonrisa de un niño, un
trago de agua, la tierra, un atardecer… Cualquier cosa. Pero barrer el
capitalismo de la escuela y del consultorio médico es como quitar
chapapote de las playas y de las alas de las gaviotas: un voluntarismo
inútil si no se va a la causa del vertido. En otras palabras, no vale de
nada desmercantilizar la educación o la sanidad si no
desmercantilizamos también la economía. El capitalismo es ante todo un
sistema económico, luego hay que poner otro sistema económico en su
lugar. Y esto requiere conocimientos económicos, estrategias económicas,
instrumentos económicos.
A esta lucha específica en el ámbito de
la economía para combatir el capitalismo -en sus dos vertientes estatal y
empresarial- la hemos llamado “acción económica”. La acción económica
es una acción directa, sin árbitros, de clase revolucionaria. Las
Asociaciones anarcosindicalistas, por ejemplo, llevan siglo y medio de
experiencia en acción económica. Sus métodos de lucha tradicionales -la
huelga, el boicot, el sabotaje- están expresamente pensados para atacar a
los núcleos de la economía: la producción, la distribución y el
consumo. Sus objetivos no pueden ser más económicos: subida del precio
del trabajo, control de los procesos productivos y la gestión
administrativa… Eso, en primera instancia. En segunda instancia, la
reapropiación de los medios de producción y de lo producido. Y siempre
con un fin último en la cabeza: el comunismo libertario, un sistema
económico alternativo al capitalismo. Lo chocante es que ni siquiera el
anarcosindicalismo, cuyo carácter es eminentemente económico y donde
son frecuentísimas las alusiones a la “acción directa”, la “acción
sindical” o la “acción social”, tiene un apartado en sus textos
reservado a la “acción económica”. La omisión es demasiado llamativa
como para ignorarla. No es momento de entrar en las causas del lapsus
pero es inevitable lamentar una de las consecuencias: nos tememos que
una de las razones por las que casi nadie cae en la importancia de una
“acción económica” es que no hay un término coloquial o técnico para
referirse a ella. Así, aunque no descubrimos nada nuevo con esto de la
“acción económica”, pensamos que el solo hecho de ponerle nombre y
explicarla mínimamente puede suponer un avance en la lucha por la
emancipación. Y en esas estamos. En próximas entregas, si el tiempo y la
autoridad lo permiten, entraremos con más detalle en casos concretos de
acción económica.
[1]
Muchas de las trabajadoras que se despertaron arruinadas en la crisis
del 2008 tienen tan reciente aquel sueño de clases medias que todavía lo
confunden con un recuerdo real. Tienen miedo de perder lo poco que les
resta de lo que nunca fue suyo. El Estado es plenamente consciente de
que un número muy significativo de personas implicadas en el 15M
provienen de ese espectro social muy vulnerable todavía a la represión
económica.
[2]
Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad
ciudadana. Esta reforma legislativa elimina las faltas que se regulaban
en el Libro III del Código Penal anterior y las transforma casi
íntegramente en infracciones administrativas.
[3]
Esto no quiere decir que se reduzca el número de secuestros legales
anuales. Sólo quiere decir que cada vez que una pena se conmuta por una
multa el Estado gana por dos conceptos: lo que ingresa y lo que deja de
gastar por ese recluso en particular.
[4]
Las quiebras empresariales fraudulentas son, por ejemplo, operaciones
habituales para eludir el pago de indemnizaciones a las trabajadoras.
[5]
El concepto “clase revolucionaria” merece un artículo aparte. Baste
decir aquí que no nos plegamos a las categorías tradicionales. No
discutimos, por ejemplo, que desde una perspectiva economicista exista
una clase social con unas características muy determinadas denominada
“proletariado”. Discutimos que esta clase social sea un sujeto
revolucionario, como esperaban los socialistas del siglo XIX. Digamos
que la “clase revolucionaria” es una clase social consciente, coherente y
alevosa, que se resiste a ser catalogada como un objeto (y no sólo de
estudio) por doctrinas económicas, políticas, sociológicas, etc.
Entendemos, pues, como “clase revolucionaria” a aquella que, con
independencia de otras taxonomías más clásicas, aplica en su vida los
principios de libre asociación y no delegación como método para
construir una nueva sociedad basada en los principios de libre
asociación y no delegación.
[6]
La concesión de títulos de propiedad es una usurpación más del Estado,
que se ha arrogado la capacidad de enajenar el territorio sobre el que
ejerce el monopolio de la violencia.
[7]
Las agresiones económicas más habituales del Estado en escenarios de
guerra son el saqueo, la expropiación de tierras, el expolio de
recursos, la mano de obra esclava, etc.
[8] Otro ejemplo milenario de división desde el poder sería la operada para enfrentar a hombres y mujeres. “Descubrimos
que las jerarquías sexuales siempre están al servicio de un proyecto de
dominación que sólo puede sustentarse a sí mismo a través de la
división, constantemente renovada, de aquéllos a quienes intenta
gobernar.” La cita está extraída del libro de Silvia Federici
“Calibán y la bruja (mujeres, cuerpo y acumulación originaria)” y es
especialmente oportuna por el contexto en que se ubica, una expropiación
masiva de tierras comunales por parte del Estado de Nigeria pactada con
el FMI y el Banco Mundial en los años 80 del siglo XX: “En Nigeria
comprendí que la lucha contra el ajuste estructural formaba parte de una
larga lucha contra la privatización y el “cercamiento”, no sólo de las
tierras comunales sino también de las relaciones sociales, que data de
los orígenes del capitalismo en Europa y América en el siglo XVI”.
[9]
Uno de los grandes logros propagandísticos del capitalismo es haber
esparcido con éxito el bulo de la abolición de la esclavitud. La
esclavitud es una forma clásica de explotación laboral que en su
desenvolvimiento histórico estrictamente económico ha adoptado la forma
optimizada de trabajo asalariado, una esclavitud a tiempo parcial mucho
más rentable para el amo (o señor o empresario) porque el esclavo (o
siervo o empleado) pasa a hacerse cargo de su propia manutención y la de
su familia. En las fases más sofisticadas del capitalismo, un nuevo
tipo de esclavo llamado “autónomo dependiente” tiene que correr incluso
con los costes del medio de producción (por ejemplo, mantenimiento del
vehículo, combustible, seguros, etc.)
Enlaces relacionados / Fuente:
http://www.redautogestion.com/la-accion-economica/
