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| Basquiat. Ángel. |
La debilidad del Estado Español ante la avaricia de la Iglesia católica
Un año más comienza la
campaña de la declaración de hacienda en la que una gran parte de la
ciudadanía deberá cumplir con la obligación de informar sobre sus bienes
y patrimonios y digo una gran parte porque no toda cumple con tan
importante deber. Amplios sectores relacionados con “el estado eclesial”
se encuentran exentos de dicha obligación, aunque eso sí, para reclamar
parte de lo que otros declaran y abonan, sí que lo hacen.
Como cada
año, la Iglesia realiza sus campañas publicitarias pidiendo a los
ciudadanos que marquen la casilla de la Iglesia para recibir de éstos a
través del Estado un buen pellizco de sus impuestos. Sin embargo en los
últimos años no tienen bastante con reclamar dicha casilla, sino que
también solicitan marcar los dos apartados, el de la Iglesia y el de
Fines Sociales… o sea recibir por todas partes. ¡Es inaudita la falta de
moral y de ética de quienes predican la austeridad que se conviertan en
individuos avariciosos y codiciosos, totalmente alejados de lo que su
propia religión predica!.
Para empezar los católicos deberían
escuchar las palabras de su propio pastor, el papa Francisco, cuando
dice “El dinero corrompe, no hay escapatoria. Enferma el pensamiento y
la fe y la hace andar por otros caminos. De ahí nacen las envidias y los
conflictos que consideran la religión como una fuente de lucro”.
Por otra parte Mateo, el que fuera recaudador de impuestos,
reconvertido en apóstol y evangelista (aunque existan fuentes que
cuestionen esta última apreciación), ya lo decía en sus Evangelios VI.19
“No queráis amontonar tesoros para vosotros en la tierra…” y VI,24
“Ninguno puede servir a dos señores …No podéis servir a Dios y a las
riquezas”.
La ignorancia es la madre de infinitos males y el
pueblo español sigue siendo un pueblo ignorante y desconocedor de su
historia, así como de los orígenes de algunos asuntos como el que nos
incumbe. La sociedad actual vive una situación de parálisis intelectual
permanente, aún a pesar de los modernos medios de comunicación con que
cuenta.
En el siglo XVIII la Revolución Francesa terminaría con
el poder de la monarquía y de la Iglesia, dando paso a una etapa de
progreso, basándose en fundamentos como el pragmatismo, el empirismo y
el racionalismo y de la que España poco ha aprendido.
El origen
de estos “derechos” no corresponden a tiempos inmemoriales de la
Iglesia, sino a épocas muy recientes y de acuerdos de la monarquía
española con la curia, allá por el siglo XIX, concretamente a la década
moderada (1844-1854) de la reina Isabel II, que a través de su ministro
de Gobernación Pedro José Pidal, sería el responsable de firmar en 1851
el primer Concordato con la Santa Sede.
Con posterioridad a
dicho acuerdo, los únicos Concordatos firmados correspondieron a
gobiernos fascistas como el rubricado por Benito Mussolini, primer
ministro del rey Víctor Manuel de Italia, en los Pactos de Letrán el 11
de febrero de 1929 con el cardenal Pietro Gasparri en nombre de Pío XI y
más tarde el Reichskonkordat firmado el 20 de julio de 1933 por el de
en aquel tiempo presidente alemán Paul von Hindenburg a través del
vicecanciller Franz von Papen y el cardenal Eugenio Pacelli (más tarde
llamado Papa Pío XII) en nombre del entonces Papa Pío XI.
Los
artífices de regularizar las relaciones político-religiosas del Estado
con la Iglesia, fueron inicialmente el propio Franz von Papen y el
sacerdote católico político de derechas Ludwig Kaas, que previamente
habían apoyado la Ley Habilitante que otorgaba plenos poderes al líder
nazi Adolfo Hitler.
Y el último acuerdo recuperado en España en
los años cincuenta y que sigue en vigor con las modificaciones de 1976 y
1979, vuelve a ser el Concordato entre el Estado Español y la Santa
Sede, inicialmente firmado en época de la Dictadura de Franco en la
Ciudad del Vaticano el 27 de agosto de 1953 por el entonces ministro de
Asuntos Exteriores Alberto Martín Artajo y su sucesor el embajador de
España en la Santa Sede Fernando María Castiella y Maíz con el
Secretario de Estado representante de la Iglesia Domenico Tardini.
Franco en la indispensabilidad de reconocimiento de su régimen
nacionalcatolicista, buscaba incesantemente apoyos de miembros de la
iglesia para perpetuar sus fines y en esa necesidad se dirige al Papa
Pío XI con un tono de humildad y sumisión que más bien parece una carta
humillante y rastrera, recordándole el centenario del primer Concordato
español con la Santa Sede y solicitándole “lo antes posible la
celebración de un Concordato según la tradición católica de la nación
española… Y asegurarán una pacífica y fecunda colaboración entre la
Iglesia y el Estado en España …Seguro de su comprensión y benevolencia
postrado ante su Santidad, besa humildemente su sandalia el más sumiso
de vuestros hijos”.
Así surgió de nuevo en España este
indignante acuerdo, que a pesar de haber sido ratificado por la
Constitución de 1978, habría que cuestionarse seriamente dicha
constitucionalidad, dado que amparado por dicha norma, nadie ha
presentado recurso contra el fondo del mismo ante el Tribunal
Constitucional u organismos superiores como el de la Haya.
El
Concordato español de 1953 reconocía que el Estado español se
comprometía a sufragar los gastos de la actividades de la Iglesia y
otorgarle privilegios legales, políticos, económicos y fiscales, a
cambio de la potestad de Franco (además de pasear en todos los actos
religiosos bajo palio) para nombrar obispos y el apoyo de ésta a su
autárquico régimen para facilitar su reconocimiento internacional.
Entre los privilegios recibidos por la Iglesia estaban las exenciones
fiscales, subvenciones para el mantenimiento de su patrimonio,
restauración y construcción de nuevos edificios, el derecho a fundar
estaciones de radio y publicaciones de libros, prensa y revistas,
censura de material cultural (libros, prensa, radio, cine, música,
etc.), matrimonios canónigos obligatorios para todos los católicos,
monopolio en la enseñanza de la religión en las instituciones educativas
tanto públicas como privadas o la exención del servicio militar para el
clero, lo que dejaba muy clara la confesionalidad católica del Estado.
Tras la muerte del Dictador, este acuerdo fue sustancialmente
modificado por otro firmado en Ciudad del Vaticano el 28 de julio de
1976 por el entonces Ministro de Asuntos Exteriores, el propagandista
católico Marcelino Oreja Aguirre y el Perfecto del Consejo para Asuntos
de la Iglesia, el cardenal Giovanni Villot.
Con posterioridad se
volvería a rectificar, firmando cuatro acuerdos entre España y la Santa
Sede el 3 de enero de 1979, con total secretismo y alevosía cinco días
después de la entrada en vigor de la Constitución del día 28 de
diciembre de 1978 y publicándose en el BOE número 300 de 15 de diciembre
de 1979 (páginas 28781-28784).
El acuerdo, como decía,
negociado en secreto y paralelamente a la discusión de los textos de la
Constitución y de la redacción del polémico artículo 16 que garantizaba
la libertad religiosa y de culto, sería ratificado por el rey Juan
Carlos, tras la firma de nuevo de Marcelino Oreja y del cardenal Villot.
Dichos acuerdos eran referentes a asuntos jurídicos,
culturales y de enseñanza, asuntos económicos y de asistencia religiosa,
además de multitud de disposiciones de difícil digestión democrática,
como podrían ser las relacionadas con la conservación de patrimonio e
inmatriculaciones, financiación de fondos públicos, actividades
doctrinales y comerciales o régimen de exención de impuestos, lo que
podríamos considerar como un paraíso fiscal legalizado.
El
Estado con dicho acuerdo se sigue comprometiendo a colaborar con la
Iglesia en la consecución de su adecuado sostenimiento económico a
través de los presupuestos generales, asignándole un porcentaje del
rendimiento de la imposición de renta que actualizará anualmente y que
estará exenta de recortes independientemente de la situación de las
arcas públicas, lo que no se respeta igualmente en el caso de servicios
públicos como la enseñanza, la sanidad, las pensiones o la asistencia
social.
Es más que criticable esta situación por parte de los
distintos gobiernos democráticos y de grupos políticos, de los que no se
salvan algunos que se dicen de izquierdas, que siguen participando como
representantes públicos en actos religiosos o favoreciendo tanto
privilegios eclesiásticos tanto económicos, así como de utilización y
apropiación de espacios públicos, edificios, casas, plazas o locales,
rayando el abuso y la legalidad.
No son pocos los grupos
especialmente críticos, tanto de índole laicos, como cristianos que han
reclamado a distintos gobiernos del PSOE o al actual Gobierno de Rajoy
esta situación. Desde el teólogo Juan José Tamayo a colectivos como la
Asociación de Teólogos Juan XXIII o Cristianos de Base han mostrado su
rechazo a estos privilegios de la Iglesia católica en España.
En
muchos casos se denuncia la supuesta aconfesionalidad del Estado, lo
que supone el respeto al principio de separación entre éste y las
diferentes confesiones, donde la escuela pública no debe impartir en su
espacio ningún tipo de enseñanza confesional.
Opino que es tiempo
de que la ciudadanía despierte de su aletargamiento místico y de esa
apatía generalizada para que comience a reclamar lo que social y
legalmente le corresponde.
José Aguza Rincón. Colectivo Prometeo. FCSM.
Fuente: Rebelión. Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
