Imagen: BanskiEn eso, Pedro Pacheco tenía razón: La justicia es un cachondeo.
La comisión mixta CGPJ-TSJA ha aprobado que este año se cree un segundo juzgado de vigilancia penitenciaria , sin embargo no está previsto que éste comience a funcionar antes del 31 de diciembre pese a que muchas voces reclaman que empiece antes. El pasado año el juzgado de Sevilla acabó con 10.143 expedientes tramitados, lo que supone que duplicó los 5.800 de 2008. Y este año ya van por los 3.000 y según fuentes de ese órgano alcanzarán los 12.000.
Pese a que es un tema reiterativo y que el Defensor del Pueblo Andaluz lleva años denunciándolo, no por ello baja la saturación de las cárceles andaluzas y aún más las de los juzgados de Vigilancia Penitenciaria que, en la comunidad autónoma, sobrepasan en mucho la media que estipula el Consejo General del Poder Judicial de mil presos por cada órgano.
Y es que, según los últimos datos de la Fiscalía de Vigilancia Penitenciaria de Sevilla, Andalucía no sólo está a la cabeza en número de reclusos de todas las comunidades autónomas de España (algo comprensible si se tiene en cuenta que con ocho millones de habitantes es la más poblada de España).
También se sitúa entre las comunidades cuyos juzgados de Vigilancia Penitenciaria soportan una carga de trabajo mayor. Así, la comunidad tiene actualmente en sus catorce centros penitenciarios (incluyendo unidades de madres y centros de reinserción) 17.668 reclusos que suponen más del 23 por ciento de los 76.756 que hay en toda España. De esos presos, 15.373, es decir algo más del 20 por ciento son preventivos. Mientras que el resto, 61.383 son penados que están cumpliendo condena por algún delito.
Pero, volviendo a Andalucía, los datos revelan que. si la media nacional está en 1.673 reclusos por juzgado, la comunidad la supera con creces puesto que los nueve juzgados de vigilancia penitenciaria tienen una media de 1.974 reclusos por órgano. Y en Sevilla esa media se dispara hasta llegara los 3.800 reclusos cuyos asuntos deben ser tratados por un sólo órgano ya que el que está previsto crear este año no entrará en funcionamiento hasta finales de diciembre.
«Estamos triplicando los módulos recomendados por el Consejo General del Poder Judicial», reconoce José María Piñero, secretario del juzgado de Vigilancia Penitencia de Sevilla. Y a ello hay que unir que el informe que realizó el Consejo General del Poder Judicial a finales del pasado año recomendaba además de un juez y un secretario de apoyo, que se apoyara el órgano con tres funcionarios más en horario de tarde. Un sólo órgano en Sevilla tramita más asuntos que los 34 jueces de la Audiencia Provincial.
Sin embargo la Junta de Andalucía (que tiene las competencias sobre el personal de Justicia) no ha concedido esos tres funcionarios sino uno sólo que apoya a los once que hay habitualmente en el juzgado. Además, según fuentes de la Fiscalía de Vigilancia Penitenciaria, la tendencia ha ido a más ya que cuando se elaboró la primera Ley de demarcación y planta en el año 1988 existían 29 juzgados en toda España que se hacían cargo de 29.455 reclusos y la media estaba en 1.015, es decir en la media que estipula el Consejo General del Poder Judicial.
Con esa situación no es de extrañar que las quejas en materia penitenciaria hayan aumentado este año según refleja el informe del Defensor del Pueblo Andaluz que José Chamizo llevó al Parlamento hace sólo unos días.
Así. según recoge el citado informe, el pasado año hubo un total de 498 quejas en materia penitenciaria, lo que supone que han aumentado en un 41 por ciento de las 354 que se produjeron en el año 2008. Y en ese aumento, según Chamizo, no sólo ha influido el aumento de la población penitenciaria sino también un mayor acercamiento a internos y equipos directivos.
La principal materia de estas quejas son los permisos y clasificaciones que se sitúan a cierta distancia del resto de quejas que suelen hacer referencia otros aspectos procesales, traslados para acercamiento familiar, asistencia sanitaria...
ALEJADOS DE LA FAMILIA
En relación con los permisos, Chamizo recuerda que los internos suelen solicitar a la Oficina del Defensor que medie para que se los concedan bien porque se acerque el momento de solicitarlos por primera vez, bien porque, habiéndoselo denegado , consideran que las gestiones mediadoras pueden servir para un cambio de criterio en la junta de tratamiento.
«Es urgente la creación del segundo Juzgado en Sevilla», dice el juez de apoyo y presidente de la Sección I, Joaquín Sánchez Ugena En cualquier caso el informe también refleja que las causas más frecuentes de denegaciones son las condenas de larga duración, el mal comportamiento o el tipo de delito cometido, sobre todo si se trata de delitos contra la libertad sexual.
La petición de traslados para acercamiento familiar también es otra de las materias más repetidas en las quejas que llegan al Defensor del Pueblo.
El origen de las mismas es la escasez de plazas para acoger a tantos presos como hay en la comunidad, especialmente en algunas provincias.
La sucesiva apertura de grandes centros polivalentes ubicados en zonas rurales, muy alejados de las grande poblaciones, ha permitido descargar a establecimientos penitenciarios tradicionalmente muy masificados pero, al mismo tiempo, alejados de su entorno familiar. Además el aumento constante de la población penitenciaria, sobre todo el que se da en algunas provincias como Cádiz, Málaga o Sevilla, hace que los nuevos recursos sean insuficientes y provoquen traslados de internos a lugares muy alejados de sus familias.
Y ese problema lo comprobó el pasado año el Defensor tras la apertura del nuevo centro Sevilla 2 ubicado en Morón de la Frontera, cuya población ha ido creciendo.
Fuente: ABC.
http://www.nodo50.org/tortuga/Con-la-mayor-poblacion-reclusa
