Imagen: El Ideal.El derecho a la huelga no es para los jueces
Este sistema es detestable, pero si no queremos rendirnos a él, no hay más remedio que apurar su lógica interna. Y la hay en su aparato político, en su ordenamiento jurídico y en sus instituciones.
Por eso es incomprensible que el Secretario General de CCOO, Ignacio Fernández Toxo se descuelgue ahora con esto que suena a boutade: "Los jueces deben tener también plenitud de derechos como el resto de ciudadanos". ¿Quizá porque puede más en él la demagogia hacia el colectivo de jueces, que la reflexión por cuenta propia? Nada tiene de particular. Al fin y al cabo es el eterno conflicto que tienen los líderes políticos y sociales cuando se debaten entre las consignas y las ideas de partido, y el sentido común.
En primer lugar, ¿acaso tiene el resto de ciudadanos los derechos que tienen los jueces? Los jueces mismos no se cansan de repetirnos el aforismo: “la ley es igual para todos, pero no todos somos iguales ante la ley”. ¿Acaso el resto de ciudadanos, e incluso el resto de los funcionarios, disfruta de los privilegios retributivos, y tiene el poder que el juez, que es en sí mismo poder jurisdiccional?
En segundo lugar, todos los ciudadanos tenemos plenitud de derechos. Pero la mayoría de ellos son nominales, no efectivos, si pensamos en el común de los ciudadanos: derecho a vivienda y derecho al trabajo, por ejemplo. ¿de qué sirven a quienes se pasan la vida sin casa y buscando empleo? ¿en qué país se niegan? Nada extraordinario pues.
En tercer lugar, si todos tenemos plenitud de derechos (en teoría los débiles; sólo cristaliza esa plenitud para los potentes y potentados), todos estamos sujetos a la limitación de las leyes. Que son muchas tratándose, como siempre, del ciudadano ordinario, y muy pocas, tratándose de ciudadanos de primera fila como los jueces. En todo caso desde el mendigo de la esquina hasta el rey, la plenitud de derechos está recortada por razones en las que no es necesario insistir.
En cuarto lugar, relacionado con lo anterior, el derecho de huelga es un derecho conquistado por el trabajador de empresa. Hay fundamento moral. Y es, que es el único recurso de su debilidad social y económica frente al empresario que todo lo puede y tiene derecho a despedirle. Mientras que en el caso del funcionario, el funcionario es en la práctica inamovible. Los funcionarios, en su contrato con el Estado y una vez ganada la oposición tienen un derecho laboral –empleo y retribución incluidos- virtualmente vitalicio. Sólo se enerva o debilita por causas gravísimas que muy rara vez se dan. Y qué decir si hablamos del juez. El juez es el funcionario elevado a la enésima potencia en derechos y en prebendas. Es el ciudadano económica y socialmente más sólido de todos cuantos competimos por lograr la mayor seguridad económica posible. Al juez nadie le puede "despedir". Con estas actitudes, si antes les temíamos, ahora nos causan sobre todo repulsión.
El abuso del derecho, del colectivo de jueces con su amenaza de huelga es uno de los signos más llamativos de la decadencia de la democracia española antes de haber llegado a madurar.
Fuente: Kaosenlared. Jaime Richart
EL COMENTARIO Los jueces no se pueden amparar para la huelga en cláusulas de libertad alguna. Constitucionalmente la huelga sería DISCULTIBLE. Los 12 magistrados del nuevo Consejo General del Poder judicial están en principio en CONTRA del estado y no de los ciudadanos, se dice... pero... sobre quiénes repercute?. El ciudadano siempre es la víctima de cualquier movimiento.
Este sistema es detestable, pero si no queremos rendirnos a él, no hay más remedio que apurar su lógica interna. Y la hay en su aparato político, en su ordenamiento jurídico y en sus instituciones.
Por eso es incomprensible que el Secretario General de CCOO, Ignacio Fernández Toxo se descuelgue ahora con esto que suena a boutade: "Los jueces deben tener también plenitud de derechos como el resto de ciudadanos". ¿Quizá porque puede más en él la demagogia hacia el colectivo de jueces, que la reflexión por cuenta propia? Nada tiene de particular. Al fin y al cabo es el eterno conflicto que tienen los líderes políticos y sociales cuando se debaten entre las consignas y las ideas de partido, y el sentido común.
En primer lugar, ¿acaso tiene el resto de ciudadanos los derechos que tienen los jueces? Los jueces mismos no se cansan de repetirnos el aforismo: “la ley es igual para todos, pero no todos somos iguales ante la ley”. ¿Acaso el resto de ciudadanos, e incluso el resto de los funcionarios, disfruta de los privilegios retributivos, y tiene el poder que el juez, que es en sí mismo poder jurisdiccional?
En segundo lugar, todos los ciudadanos tenemos plenitud de derechos. Pero la mayoría de ellos son nominales, no efectivos, si pensamos en el común de los ciudadanos: derecho a vivienda y derecho al trabajo, por ejemplo. ¿de qué sirven a quienes se pasan la vida sin casa y buscando empleo? ¿en qué país se niegan? Nada extraordinario pues.
En tercer lugar, si todos tenemos plenitud de derechos (en teoría los débiles; sólo cristaliza esa plenitud para los potentes y potentados), todos estamos sujetos a la limitación de las leyes. Que son muchas tratándose, como siempre, del ciudadano ordinario, y muy pocas, tratándose de ciudadanos de primera fila como los jueces. En todo caso desde el mendigo de la esquina hasta el rey, la plenitud de derechos está recortada por razones en las que no es necesario insistir.
En cuarto lugar, relacionado con lo anterior, el derecho de huelga es un derecho conquistado por el trabajador de empresa. Hay fundamento moral. Y es, que es el único recurso de su debilidad social y económica frente al empresario que todo lo puede y tiene derecho a despedirle. Mientras que en el caso del funcionario, el funcionario es en la práctica inamovible. Los funcionarios, en su contrato con el Estado y una vez ganada la oposición tienen un derecho laboral –empleo y retribución incluidos- virtualmente vitalicio. Sólo se enerva o debilita por causas gravísimas que muy rara vez se dan. Y qué decir si hablamos del juez. El juez es el funcionario elevado a la enésima potencia en derechos y en prebendas. Es el ciudadano económica y socialmente más sólido de todos cuantos competimos por lograr la mayor seguridad económica posible. Al juez nadie le puede "despedir". Con estas actitudes, si antes les temíamos, ahora nos causan sobre todo repulsión.
El abuso del derecho, del colectivo de jueces con su amenaza de huelga es uno de los signos más llamativos de la decadencia de la democracia española antes de haber llegado a madurar.
Fuente: Kaosenlared. Jaime Richart
EL COMENTARIO Los jueces no se pueden amparar para la huelga en cláusulas de libertad alguna. Constitucionalmente la huelga sería DISCULTIBLE. Los 12 magistrados del nuevo Consejo General del Poder judicial están en principio en CONTRA del estado y no de los ciudadanos, se dice... pero... sobre quiénes repercute?. El ciudadano siempre es la víctima de cualquier movimiento.
