Informe 2014 de la APDHA sobre vulneración de Derechos Humanos en Andalucía (Vídeo)
La
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha celebrado ayer
miércoles una rueda de prensa con motivo del 10 de diciembre, Día de los
Derechos Humanos, en conmemoración del aniversario de la aprobación de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la que ha
presentado el informe acerca de las vulneraciones de los derechos
humanos en Andalucía a lo largo del 2014.
La APDHA ha señalado las principales situaciones de vulneración de Derechos Humanos que ha trabajado este año 2014. Vulneraciones que afectan tanto a colectivos que ya estaban excluidos socialmente como a un número cada vez mayor de andaluces y andaluzas cuyos derechos básicos son cada vez más quebrantados.
Valentín Aguilar, coordinador general de la APDHA ha comenzado la intervención señalando que “hemos pasado de una tasa de pobreza y exclusión relativas en los años de bonanza a una situación insostenible, ya que cerramos uno de los peores años de la historia reciente de Andalucía con un 38% de la población en situación de exclusión y pobreza, y con un estado de Emergencia Habitacional”.
Con respecto a marginación, Valentín Aguilar ha apuntado que, con unos índices de paro inaceptables, el 25% de la población andaluza, 2,1 millones de personas, viven en situación de exclusión social (697.000 hogares)y más de un millón de esas personas (1,1) viven en una situación de exclusión severa (334.000 hogares). La APDHA reclama que la población andaluza necesita una ley de inclusión y renta básica, así como la paralización de desahucios en primeras viviendas y de los cortes de suministros básicos, Se necesitan políticas de vivienda que garanticen el acceso a las mismas y la aprobación del Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía.Erradicación del chabolismo y la infravivienda en Andalucía. Habilitar los espacios públicos (albergues, pisos, etc.) necesarios para que ninguna persona esté en la calle por falta de recursos económicos.
Con respecto a las personas migrantes, ha demandado el derecho al “salario social” y que la carencia de NIE no suponga un obstáculo para acceder a bonificaciones de precios de escuelas infantiles y comedores escolares, en igualdad de condiciones con el resto de la población andaluza. Ha denunciado la situación de los asentamientos de personas inmigrantes en Huelva, dondesobreviven en condiciones infrahumanas alrededor de unas 2500 personas, según estimaciones. En la actividad de control de fronteras y la “gestión” de los flujos migratorios, la APDHA pide que se cumpla estrictamente el respeto de los Derechos Humanos.
Con respecto al área de Cárceles, Valentín Aguilar ha señalado que la atención sanitaria a las personas presas debe ser igual a la dispensada a la población libre y ha denunciado la situación los enfermos mentales que se encuentran en prisión, ya que no existe ningún otro recurso comunitario para ellos l. Asimismo, la necesidad un plan integral contra la tortura y la reinstauración inmediata del SOAJP (Servicio de Orientación y Atención Jurídica Penitenciaria) por la Junta de Andalucía, tal y como aprobó el Parlamento en dos Proposiciones No de Ley.
Otro colectivo que ve sus derechos vulnerados es el de trabajadores/as del sexo. APDHA reivindica la supresión de las Ordenanzas Municipales que criminalizan a este colectivo, sustituyéndolas por el diálogo y propuestas pactadas en igualdad de condiciones de todos los actores implicados, en especial los/as trabajadores/as sexuales.
Estas serían, de manera más detallada, las principales vulneraciones de Derechos Humanos donde la Asociación ha focalizado su trabajo:
Marginación y exclusión social
1. En Andalucía los índices de paro son inaceptables: 35,25%, casi doce puntos por encima de la media estatal que es del 23,67% ( EPA del tercer trimestre ), y con muchas familias abandonadas a su suerte sin ningún tipo de ingresos o ayudas por parte de las administraciones y con nulas expectativas de mejora. El 25% de la población andaluza, 2,1 millones de personas, viven en situación de exclusión social (697.000 hogares). Más de un millón de esas personas (1,1) viven en una situación de exclusión severa (334.000 hogares). Andalucía, tiene una tasa de pobreza y exclusión del 38,3%, siendo la segunda más alta del Estado. El 46,4% de los hogares tienen dificultad o mucha dificultad para llegar a fin de mes, 10 puntos más que la media estatal (36,7%) Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía. Las propuestas de la APDHA se centran en establecer políticas sociales que pongan a todas las personas, especialmente las más vulnerables, en el centro de su acción cotidiana. Ofrecer una atención de emergencia a los 334.000 hogares (1,1 millones de personas) que están viviendo en una situación de exclusión severa. Una ley de inclusión para que nadie quede al margen de la sociedad; renta Básica Universal que garantice unas condiciones de vida mínimas para todas las personas. Que se paralicen las ordenanzas municipales de limpieza y residuos que criminalizan a las personas pobres que se ven abocadas a buscarse la vida en los contenedores.
2. El derecho a la vivienda continuamente vulnerado. Personas sin ninguna posibilidad de acceder a una vivienda, personas que no pueden hacer frente al pago de la hipoteca o alquiler y son desahuciadas a diario, ponen de manifiesto la situación de Emergencia Habitacional que se vive en Andalucía. Mención aparte merece lo que está ocurriendo con los suministros básicos y que está ocasionando situaciones dramáticas para una parte muy significativa de la población andaluza. Es obligación de las administraciones el velar por el cumplimiento de este derecho. El derecho a la vivienda debe incluir y garantizar los suministros básicos.
3. Continúan y aumentan las familias que malviven en los diferentes asentamientos chabolistas que se reparten en la geografía andaluza, principalmente en las grandes ciudades y cerca de lugares donde pudiera atisbarse algún tipo de trabajo: recolección de frutas, etc.
4. Indignante es la situación de las personas sin hogar que, lejos de solucionarse, está aumentando de forma significativa. Se está viendo incrementado por un importante número de personas que han llegado a esa situación extrema, principalmente por pérdida de empleo, las prestaciones y la vivienda. Las administraciones miran para otro lado ofertando recursos claramente insuficientes. Al tiempo que se están desmantelando los servicios públicos sociales.
Las propuestas de la APDHA en tema de vivienda son la paralización de todos los desahucios en primeras viviendas y soluciones sociales para quienes se han quedado sin vivienda o no pueden acceder a ella. Se necesitan políticas de vivienda que garanticen el acceso a las mismas y la aprobación del Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. Erradicación del chabolismo y la infravivienda en Andalucía. Habilitar los espacios públicos (albergues, pisos, etc.) necesarios para que ninguna persona esté en la calle por falta de recursos económicos.
Inmigración
1.- Exclusión en el acceso a derechos sociales: Las personas extranjeras no comunitarias, independientemente de su situación documental, siguen sin tener acceso al “salario social” en Andalucía (art 3.3 Decreto andaluz 2/1999).La carencia de NIE impide de forma efectiva el acceso de las personas en situación irregular a las bonificaciones de precios de escuelas infantiles y comedores escolares. Las propuestas de la APDHA: La modificación del Decreto andaluz 2/1999para permitir el acceso al “salario social” a las personas extranjeras no UE que viven en Andalucía / Adopción de las medidas administrativas oportunas para que la carencia de NIE no suponga un obstáculo para las personas en situación irregular a la hora de disfrutar de recursos socioeducativos
2.- Asentamientos de personas inmigrantes en Huelva: Asentamientos donde sobreviven en condiciones infrahumanas alrededor de unas 2500 personas, según algunas estimaciones, realidad que la APDHA y el resto de colectivos sociales onubenses llevan denunciando hace ya más de 13 años, ante el más completo abandono por parte de las administraciones competentes. Las propuestas de la APDHA son: Plan integral de intervención social, que coordine y vincule a todas las administraciones implicadas (local, autonómica y estatal).
3.- Derechos Humanos en la Frontera Sur: Las costas andaluzas, como frontera Sur de Europa, vuelven a tener un triste protagonismo en el trágico balance anual de personas que pierden la vida intentando llegar a Europa, víctimas del blindaje y la externalización de fronteras: 130 durante el año 2013. Otras graves situaciones ilustran las vulneraciones sistemáticas de derechos fundamentales que se llevan a cabo en el control de fronteras y en la “gestión” de los flujos migratorios en España y en la UE, tal como fue la detención ilegal que sufrieron centenares de personas migrantes en Tarifa durante el pasado mes de agosto tras su llegada a las costas andaluzas en precarias embarcaciones. La APDHA pide que se garantice el escrupuloso respeto de los Derechos Humanos en la actividad de control de fronteras y de gestión de los flujos migratorios en el territorio de nuestra comunidad.
Prostitución
La aplicación de las ordenanzas municipales ha agravado la situación de exclusión social y precariedad laboral que sufren las personas que ejercen la prostitución en la calle. La erradicación de la prostitución y la protección de los colectivos más vulnerables, son algunos de los objetivos contemplados por las ordenanzas. Por el contrario, sus consecuencias apuntan a una dirección totalmente opuesta:
Las mujeres que tienen en el ejercicio de la prostitución su medio de vida continúan ejerciendo esta actividad en la calle, pero de forma oculta y escondiéndose del control policial. La aplicación de las ordenanzas han supuesto la criminalización de las mujeres que sobreviven y mantienen a sus familias gracias al trabajo sexual y que carecen, demasiado a menudo, de esas “mejores” alternativas que dice “se les ofrece” desde las instituciones.
La aplicación de las medidas que persiguen el ejercicio de la prostitución en la vía pública está suponiendo que las trabajadoras sexuales son perseguidas en todo momento, multadas incluso cuando no están negociando servicios sexuales, acosadas por agentes de policía, se les está multando por ser prostitutas y no por incumplimiento de las ordenanzas; una situación de acoso personal que se traduce en situaciones como que una misma persona llegue a acumular dos denuncias en un mismo día o cinco denuncias en treinta días (El Puerto de Santa María).
La aplicación de las ordenanzas no ha tenido el efecto disuasorio que pretendían. Las trabajadoras sexuales que tienen en esta actividad su principal medio de subsistencia no han dejado las calles y continúan ejerciendo, eso sí, en peores condiciones y acumulando denuncias por cuantías desproporcionadas.
Los efectos perversos de estas estrategias fuertemente criminalizadoras no sólo alcanzan a quienes ejercen libremente la prostitución, sino también a las mujeres que están en una situación de prostitución forzada que, en lugar de sentirse protegidas, se ocultan de unos agentes que las persiguen sin reparar en las garantías que debiera ofrecerles un Estado de Derecho.
La propuesta de la APDHA se basa en la eliminación urgente de todo sistema de sanciones previstos en las ordenanzas, sustituyéndolas por el diálogo y propuestas pactadas en igualdad de condiciones de todos los actores implicados, en especial las trabajadoras sexuales, identificando los conflictos reales y concretos y buscando las soluciones más beneficiosas para todos.
Cárceles
1.- Desigualdad en atención sanitaria y exclusión en el acceso a derechos sanitarios:
Si el estado de salud de las personas que llenan las prisiones es con mucho peor al del exterior: tuberculosis, padecida en un 5% (100 veces más que la población general según la OMS); VIH 10% de la población, mientras que en el exterior afecta a un 0,3%; hepatitis C 25% frente al entre el 1.5% y el 3% de la población exterior en el mundo occidental, y 8% enfermos mentales graves; es absurdo que se dispense una asistencia médica inferior a la del exterior. Podemos concluir que es de segunda calidad, pues no es integral, siendo escasas las consultas de los especialistas en el interior de las prisiones. Algunos motivos de desigualdad son:
- Falta de acceso a tratamientos y medicamentos de los que sí podría disponer y se le dispensarían si estuviera libre. Restricciones impuestas principalmente por los recortes económicos.
- No disponer de los mismos derechos sanitarios establecidos para las personas en libertad: información personal sobre su proceso asistencial; acceso a sus informes, a su historia clínica, y sus pruebas médicas; confidencialidad médico-paciente con la presencia policial; derechos de garantía de respuesta en tiempo máximo en Andalucía, en su proceso asistencial; y derecho a una segunda opinión médica.
Además los presos son trasladados de prisiones pese a tener tratamientos o pruebas médicas pendientes que se pierden, obligando a iniciar el proceso asistencial una y otra vez desde el principio.
Especialmente sangrante es la situación de los enfermos mentales que se encuentran en prisión porque no existe ningún otro recurso comunitario para ellos. En algunos casos han sido absueltos, al considerar que no tenían capacidad, por lo que era inadecuado e injusto imponerle penas de prisión, y a pesar de ello se encuentran cumpliendo la medida de seguridad privativa de libertad impuesta, ante la inexistencia de recursos, en la misma prisión. Su paso por tan duro ambiente agrava sus patologías en casi todos los casos. No se prevén recursos socio-sanitarios específicos en Andalucía para las personas enfermas de las prisiones ordinarias o su previsión es tan escasa que resulta anecdótica.
Las propuestas de la APDHA son latransferencia de competencias sanitarias a la Junta de Andalucía, tal y como ordenaba la Disposición Adicional Sexta de la Ley 16/03; que la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales cumplan las distintas Proposiciones No de Ley del Parlamento para la atención a los presos en igualdad a la población libre y en especial una atención integral a los enfermos mentales; y que el Ministerio del Interior adopte medidas necesarias para la no vulneración del derecho a la salud.
2.- Personas presas sin abogados. Durante el año 2014 los presos siguen estando desatendidos jurídicamente como consecuencia de la actitud arrogante del Consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, y son ya casi 3 años en esta situación.
Vía parlamentaria se han aprobado dos Proposiciones No de Ley, sin oposición del grupo parlamentario del PSOE, y con acuerdo de IU-PP, reclamando al Consejero la reinstauración del Servicio. Este ha señalado excusas variadas, la principal que era una cuestión de legalidad un Convenio Tripartito con los abogados y con el Ministerio del Interior. De ser ello así, debería haber puesto en conocimiento de los Tribunales su omisión por el Gobierno socialista entre los años 2001 y 2008, para depurar eventuales responsabilidades penales. Ha omitido pronunciarse si por tanto era constitutivo de delito lo que hicieron sus predecesores tal y como ha insinuado en sede parlamentaria. Es necesario recordar que ningún otro servicio del estado español, cuenta con el citado convenio Tripartito. El Parlamento Andaluz ha aprobado cuatro mandatos exigiendo la reinstauración del Servicio de Orientación y Asistencia Jurídico-Penitenciaria (SOAJP) sin la firma del Ministerio del Interior.
En el año 2014 el Consejero ha anunció por dos veces la inminente reinstauración de los SOAJP. A punto de finalizar el 2014 no se ha restablecido. En cualquier caso, la nueva propuesta de SOAJP difiere tanto de la anterior, que se puede hablar que el nuevo servicio no se asemejará al anterior en resultados.
Desde la APDHA se pide la reinstauración inmediata del SOAJP por la Junta de Andalucía.
(Fuente: Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía – APDHA)
Video: Vídeo-denuncia de la APDHA con motivo del Día de los Derechos Humanos
La APDHA ha señalado las principales situaciones de vulneración de Derechos Humanos que ha trabajado este año 2014. Vulneraciones que afectan tanto a colectivos que ya estaban excluidos socialmente como a un número cada vez mayor de andaluces y andaluzas cuyos derechos básicos son cada vez más quebrantados.
Valentín Aguilar, coordinador general de la APDHA ha comenzado la intervención señalando que “hemos pasado de una tasa de pobreza y exclusión relativas en los años de bonanza a una situación insostenible, ya que cerramos uno de los peores años de la historia reciente de Andalucía con un 38% de la población en situación de exclusión y pobreza, y con un estado de Emergencia Habitacional”.
Con respecto a marginación, Valentín Aguilar ha apuntado que, con unos índices de paro inaceptables, el 25% de la población andaluza, 2,1 millones de personas, viven en situación de exclusión social (697.000 hogares)y más de un millón de esas personas (1,1) viven en una situación de exclusión severa (334.000 hogares). La APDHA reclama que la población andaluza necesita una ley de inclusión y renta básica, así como la paralización de desahucios en primeras viviendas y de los cortes de suministros básicos, Se necesitan políticas de vivienda que garanticen el acceso a las mismas y la aprobación del Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía.Erradicación del chabolismo y la infravivienda en Andalucía. Habilitar los espacios públicos (albergues, pisos, etc.) necesarios para que ninguna persona esté en la calle por falta de recursos económicos.
Con respecto a las personas migrantes, ha demandado el derecho al “salario social” y que la carencia de NIE no suponga un obstáculo para acceder a bonificaciones de precios de escuelas infantiles y comedores escolares, en igualdad de condiciones con el resto de la población andaluza. Ha denunciado la situación de los asentamientos de personas inmigrantes en Huelva, dondesobreviven en condiciones infrahumanas alrededor de unas 2500 personas, según estimaciones. En la actividad de control de fronteras y la “gestión” de los flujos migratorios, la APDHA pide que se cumpla estrictamente el respeto de los Derechos Humanos.
Con respecto al área de Cárceles, Valentín Aguilar ha señalado que la atención sanitaria a las personas presas debe ser igual a la dispensada a la población libre y ha denunciado la situación los enfermos mentales que se encuentran en prisión, ya que no existe ningún otro recurso comunitario para ellos l. Asimismo, la necesidad un plan integral contra la tortura y la reinstauración inmediata del SOAJP (Servicio de Orientación y Atención Jurídica Penitenciaria) por la Junta de Andalucía, tal y como aprobó el Parlamento en dos Proposiciones No de Ley.
Otro colectivo que ve sus derechos vulnerados es el de trabajadores/as del sexo. APDHA reivindica la supresión de las Ordenanzas Municipales que criminalizan a este colectivo, sustituyéndolas por el diálogo y propuestas pactadas en igualdad de condiciones de todos los actores implicados, en especial los/as trabajadores/as sexuales.
Estas serían, de manera más detallada, las principales vulneraciones de Derechos Humanos donde la Asociación ha focalizado su trabajo:
Marginación y exclusión social
1. En Andalucía los índices de paro son inaceptables: 35,25%, casi doce puntos por encima de la media estatal que es del 23,67% ( EPA del tercer trimestre ), y con muchas familias abandonadas a su suerte sin ningún tipo de ingresos o ayudas por parte de las administraciones y con nulas expectativas de mejora. El 25% de la población andaluza, 2,1 millones de personas, viven en situación de exclusión social (697.000 hogares). Más de un millón de esas personas (1,1) viven en una situación de exclusión severa (334.000 hogares). Andalucía, tiene una tasa de pobreza y exclusión del 38,3%, siendo la segunda más alta del Estado. El 46,4% de los hogares tienen dificultad o mucha dificultad para llegar a fin de mes, 10 puntos más que la media estatal (36,7%) Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía. Las propuestas de la APDHA se centran en establecer políticas sociales que pongan a todas las personas, especialmente las más vulnerables, en el centro de su acción cotidiana. Ofrecer una atención de emergencia a los 334.000 hogares (1,1 millones de personas) que están viviendo en una situación de exclusión severa. Una ley de inclusión para que nadie quede al margen de la sociedad; renta Básica Universal que garantice unas condiciones de vida mínimas para todas las personas. Que se paralicen las ordenanzas municipales de limpieza y residuos que criminalizan a las personas pobres que se ven abocadas a buscarse la vida en los contenedores.
2. El derecho a la vivienda continuamente vulnerado. Personas sin ninguna posibilidad de acceder a una vivienda, personas que no pueden hacer frente al pago de la hipoteca o alquiler y son desahuciadas a diario, ponen de manifiesto la situación de Emergencia Habitacional que se vive en Andalucía. Mención aparte merece lo que está ocurriendo con los suministros básicos y que está ocasionando situaciones dramáticas para una parte muy significativa de la población andaluza. Es obligación de las administraciones el velar por el cumplimiento de este derecho. El derecho a la vivienda debe incluir y garantizar los suministros básicos.
3. Continúan y aumentan las familias que malviven en los diferentes asentamientos chabolistas que se reparten en la geografía andaluza, principalmente en las grandes ciudades y cerca de lugares donde pudiera atisbarse algún tipo de trabajo: recolección de frutas, etc.
4. Indignante es la situación de las personas sin hogar que, lejos de solucionarse, está aumentando de forma significativa. Se está viendo incrementado por un importante número de personas que han llegado a esa situación extrema, principalmente por pérdida de empleo, las prestaciones y la vivienda. Las administraciones miran para otro lado ofertando recursos claramente insuficientes. Al tiempo que se están desmantelando los servicios públicos sociales.
Las propuestas de la APDHA en tema de vivienda son la paralización de todos los desahucios en primeras viviendas y soluciones sociales para quienes se han quedado sin vivienda o no pueden acceder a ella. Se necesitan políticas de vivienda que garanticen el acceso a las mismas y la aprobación del Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. Erradicación del chabolismo y la infravivienda en Andalucía. Habilitar los espacios públicos (albergues, pisos, etc.) necesarios para que ninguna persona esté en la calle por falta de recursos económicos.
Inmigración
1.- Exclusión en el acceso a derechos sociales: Las personas extranjeras no comunitarias, independientemente de su situación documental, siguen sin tener acceso al “salario social” en Andalucía (art 3.3 Decreto andaluz 2/1999).La carencia de NIE impide de forma efectiva el acceso de las personas en situación irregular a las bonificaciones de precios de escuelas infantiles y comedores escolares. Las propuestas de la APDHA: La modificación del Decreto andaluz 2/1999para permitir el acceso al “salario social” a las personas extranjeras no UE que viven en Andalucía / Adopción de las medidas administrativas oportunas para que la carencia de NIE no suponga un obstáculo para las personas en situación irregular a la hora de disfrutar de recursos socioeducativos
2.- Asentamientos de personas inmigrantes en Huelva: Asentamientos donde sobreviven en condiciones infrahumanas alrededor de unas 2500 personas, según algunas estimaciones, realidad que la APDHA y el resto de colectivos sociales onubenses llevan denunciando hace ya más de 13 años, ante el más completo abandono por parte de las administraciones competentes. Las propuestas de la APDHA son: Plan integral de intervención social, que coordine y vincule a todas las administraciones implicadas (local, autonómica y estatal).
3.- Derechos Humanos en la Frontera Sur: Las costas andaluzas, como frontera Sur de Europa, vuelven a tener un triste protagonismo en el trágico balance anual de personas que pierden la vida intentando llegar a Europa, víctimas del blindaje y la externalización de fronteras: 130 durante el año 2013. Otras graves situaciones ilustran las vulneraciones sistemáticas de derechos fundamentales que se llevan a cabo en el control de fronteras y en la “gestión” de los flujos migratorios en España y en la UE, tal como fue la detención ilegal que sufrieron centenares de personas migrantes en Tarifa durante el pasado mes de agosto tras su llegada a las costas andaluzas en precarias embarcaciones. La APDHA pide que se garantice el escrupuloso respeto de los Derechos Humanos en la actividad de control de fronteras y de gestión de los flujos migratorios en el territorio de nuestra comunidad.
Prostitución
La aplicación de las ordenanzas municipales ha agravado la situación de exclusión social y precariedad laboral que sufren las personas que ejercen la prostitución en la calle. La erradicación de la prostitución y la protección de los colectivos más vulnerables, son algunos de los objetivos contemplados por las ordenanzas. Por el contrario, sus consecuencias apuntan a una dirección totalmente opuesta:
Las mujeres que tienen en el ejercicio de la prostitución su medio de vida continúan ejerciendo esta actividad en la calle, pero de forma oculta y escondiéndose del control policial. La aplicación de las ordenanzas han supuesto la criminalización de las mujeres que sobreviven y mantienen a sus familias gracias al trabajo sexual y que carecen, demasiado a menudo, de esas “mejores” alternativas que dice “se les ofrece” desde las instituciones.
La aplicación de las medidas que persiguen el ejercicio de la prostitución en la vía pública está suponiendo que las trabajadoras sexuales son perseguidas en todo momento, multadas incluso cuando no están negociando servicios sexuales, acosadas por agentes de policía, se les está multando por ser prostitutas y no por incumplimiento de las ordenanzas; una situación de acoso personal que se traduce en situaciones como que una misma persona llegue a acumular dos denuncias en un mismo día o cinco denuncias en treinta días (El Puerto de Santa María).
La aplicación de las ordenanzas no ha tenido el efecto disuasorio que pretendían. Las trabajadoras sexuales que tienen en esta actividad su principal medio de subsistencia no han dejado las calles y continúan ejerciendo, eso sí, en peores condiciones y acumulando denuncias por cuantías desproporcionadas.
Los efectos perversos de estas estrategias fuertemente criminalizadoras no sólo alcanzan a quienes ejercen libremente la prostitución, sino también a las mujeres que están en una situación de prostitución forzada que, en lugar de sentirse protegidas, se ocultan de unos agentes que las persiguen sin reparar en las garantías que debiera ofrecerles un Estado de Derecho.
La propuesta de la APDHA se basa en la eliminación urgente de todo sistema de sanciones previstos en las ordenanzas, sustituyéndolas por el diálogo y propuestas pactadas en igualdad de condiciones de todos los actores implicados, en especial las trabajadoras sexuales, identificando los conflictos reales y concretos y buscando las soluciones más beneficiosas para todos.
Cárceles
1.- Desigualdad en atención sanitaria y exclusión en el acceso a derechos sanitarios:
Si el estado de salud de las personas que llenan las prisiones es con mucho peor al del exterior: tuberculosis, padecida en un 5% (100 veces más que la población general según la OMS); VIH 10% de la población, mientras que en el exterior afecta a un 0,3%; hepatitis C 25% frente al entre el 1.5% y el 3% de la población exterior en el mundo occidental, y 8% enfermos mentales graves; es absurdo que se dispense una asistencia médica inferior a la del exterior. Podemos concluir que es de segunda calidad, pues no es integral, siendo escasas las consultas de los especialistas en el interior de las prisiones. Algunos motivos de desigualdad son:
- Falta de acceso a tratamientos y medicamentos de los que sí podría disponer y se le dispensarían si estuviera libre. Restricciones impuestas principalmente por los recortes económicos.
- No disponer de los mismos derechos sanitarios establecidos para las personas en libertad: información personal sobre su proceso asistencial; acceso a sus informes, a su historia clínica, y sus pruebas médicas; confidencialidad médico-paciente con la presencia policial; derechos de garantía de respuesta en tiempo máximo en Andalucía, en su proceso asistencial; y derecho a una segunda opinión médica.
Además los presos son trasladados de prisiones pese a tener tratamientos o pruebas médicas pendientes que se pierden, obligando a iniciar el proceso asistencial una y otra vez desde el principio.
Especialmente sangrante es la situación de los enfermos mentales que se encuentran en prisión porque no existe ningún otro recurso comunitario para ellos. En algunos casos han sido absueltos, al considerar que no tenían capacidad, por lo que era inadecuado e injusto imponerle penas de prisión, y a pesar de ello se encuentran cumpliendo la medida de seguridad privativa de libertad impuesta, ante la inexistencia de recursos, en la misma prisión. Su paso por tan duro ambiente agrava sus patologías en casi todos los casos. No se prevén recursos socio-sanitarios específicos en Andalucía para las personas enfermas de las prisiones ordinarias o su previsión es tan escasa que resulta anecdótica.
Las propuestas de la APDHA son latransferencia de competencias sanitarias a la Junta de Andalucía, tal y como ordenaba la Disposición Adicional Sexta de la Ley 16/03; que la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales cumplan las distintas Proposiciones No de Ley del Parlamento para la atención a los presos en igualdad a la población libre y en especial una atención integral a los enfermos mentales; y que el Ministerio del Interior adopte medidas necesarias para la no vulneración del derecho a la salud.
2.- Personas presas sin abogados. Durante el año 2014 los presos siguen estando desatendidos jurídicamente como consecuencia de la actitud arrogante del Consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, y son ya casi 3 años en esta situación.
Vía parlamentaria se han aprobado dos Proposiciones No de Ley, sin oposición del grupo parlamentario del PSOE, y con acuerdo de IU-PP, reclamando al Consejero la reinstauración del Servicio. Este ha señalado excusas variadas, la principal que era una cuestión de legalidad un Convenio Tripartito con los abogados y con el Ministerio del Interior. De ser ello así, debería haber puesto en conocimiento de los Tribunales su omisión por el Gobierno socialista entre los años 2001 y 2008, para depurar eventuales responsabilidades penales. Ha omitido pronunciarse si por tanto era constitutivo de delito lo que hicieron sus predecesores tal y como ha insinuado en sede parlamentaria. Es necesario recordar que ningún otro servicio del estado español, cuenta con el citado convenio Tripartito. El Parlamento Andaluz ha aprobado cuatro mandatos exigiendo la reinstauración del Servicio de Orientación y Asistencia Jurídico-Penitenciaria (SOAJP) sin la firma del Ministerio del Interior.
En el año 2014 el Consejero ha anunció por dos veces la inminente reinstauración de los SOAJP. A punto de finalizar el 2014 no se ha restablecido. En cualquier caso, la nueva propuesta de SOAJP difiere tanto de la anterior, que se puede hablar que el nuevo servicio no se asemejará al anterior en resultados.
Desde la APDHA se pide la reinstauración inmediata del SOAJP por la Junta de Andalucía.
(Fuente: Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía – APDHA)
Video: Vídeo-denuncia de la APDHA con motivo del Día de los Derechos Humanos
