Nº: 221 Marzo
2014
¡Peligro! Acuerdo Transatlántico
Ignacio Ramonet
Dentro de dos meses, el 25 de
mayo, los electores españoles elegirán a sus 54 diputados europeos. Es
importante que, esta vez, a la hora de votar se sepa con claridad lo que está
en juego. Hasta ahora, por razones históricas y psicológicas, la mayoría de los
españoles –jubilosos de ser, por fin, “europeos”– no se molestaban en leer los
programas y votaban a ciegas en las elecciones al Parlamento Europeo. La
brutalidad de la crisis y las despiadadas políticas de austeridad exigidas por
la Unión Europea (UE) les han obligado a abrir los ojos. Ahora saben que es
principalmente en Bruselas donde se decide su destino.
Entre los temas que, en esta
ocasión, habrá que seguir con mayor atención está el Acuerdo Transatlántico
sobre Comercio e Inversión (ATCI) (1). Este convenio se está negociando con la
mayor discreción y sin ninguna transparencia democrática entre la Unión Europea
y Estados Unidos (EEUU). Su objetivo es crear la mayor zona de libre comercio
del planeta, con cerca de 800 millones de consumidores, y que representará casi
la mitad del Producto Interior Bruto (PIB) mundial y un tercio del comercio
global.
La UE es la principal economía
del mundo: sus quinientos millones de habitantes disponen, en promedio, de unos
ingresos anuales per cápita de 25.000 euros. Eso significa que la UE es el
mayor mercado mundial y el principal importador de bienes manufacturados y de
servicios, dispone del mayor volumen de inversión en el extranjero, y es el
principal receptor planetario de inversiones extranjeras. La UE es también el
primer inversor en EEUU, el segundo destino de las exportaciones de bienes
estadounidenses y el mayor mercado para las exportaciones estadounidenses de
servicios. La balanza comercial de bienes arroja, para la UE, un superávit de
76.300 millones de euros; y la de servicios, un déficit de 3.400 millones. La
inversión directa de la UE en EEUU, y viceversa, ronda los 1,2 billones de
euros.
Washington y Bruselas quisieran
cerrar el tratado ATCI en menos de dos años, antes de que finalice el mandato
del presidente Barack Obama. ¿Por qué tanta prisa? Porque, para Washington,
este acuerdo tiene un carácter geoestratégico. Constituye un arma decisiva
frente a la irresistible subida en poderío de China; y, más allá de China, de
las demás potencias emergentes del grupo de los BRICS (Brasil, Rusia, la India,
Sudáfrica). Hay que precisar que, entre los años 2000 y 2008, el comercio
internacional de China creció más de cuatro veces: sus exportaciones aumentaron
un 474% y las importaciones un 403%. ¿Consecuencia? Estados Unidos perdió su
liderato de primera potencia comercial del mundo que ostentaba desde hacía un
siglo... Antes de la crisis financiera global de 2008, EEUU era el socio comercial
más importante para 127 Estados del mundo; China sólo lo era para 70 países.
Ese balance se ha invertido. Hoy, China es el socio comercial más importante
para 124 Estados; mientras que EEUU sólo lo es para 76.
¿Qué significa eso? Que Pekín, en
un plazo máximo de diez años, podría hacer de su moneda, el yuan (2), la otra
gran divisa de intercambio internacional (3), y amenazar la supremacía del
dólar. También está cada vez más claro que las exportaciones chinas ya no sólo
son productos de baja calidad a precios asequibles por su mano de obra barata.
El objetivo de Pekín es elevar el nivel tecnológico de su producción (y de sus
servicios) para ser mañana líder también en sectores (informática, finanzas,
aeronáutica, telefonía, ecología, etc.) que EEUU y otras potencias tecnológicas
occidentales pensaban poder preservar. Por todas estas razones, y esencialmente
para evitar que China se convierta en la primera potencia mundial, Washington
desea blindar grandes zonas de libre cambio a las que los productos de Pekín
tendrían difícil acceso. En este mismo momento, EEUU está negociando, con sus
socios del Pacífico (4), un Acuerdo Transpacífico de Libre Cambio
(Trans-Pacific Partnership, TPP, en inglés), gemelo asiático del Acuerdo
Transatlántico (ATCI).
Aunque el ATCI empezó a gestarse
en los años 1990, Washington ha presionado para acelerar las cosas. Y las
negociaciones concretas se iniciaron inmediatamente después de que, en el
Parlamento Europeo, la derecha y la socialdemocracia aprobaran un mandato para
negociar (aceptado también, en España, en la proposición presentada
conjuntamente, en el Congreso de los Diputados, por el PP y el PSOE...). Un
informe, elaborado por el Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre Empleo y
Crecimiento, creado en noviembre de 2011 por la UE y EEUU, recomendó el inicio
inmediato de las negociaciones.
La primera reunión tuvo lugar en
julio de 2013 en Washington, seguida de otras dos en octubre y diciembre (5). Y
aunque las negociaciones están actualmente suspendidas debido a desacuerdos en
el seno de la mayoría demócrata en el Senado de Estados Unidos (6), las dos
partes están decididas a firmar lo antes posible el ATCI. De todo esto, los
grandes medios de comunicación dominantes han hablado poco, con la esperanza de
que la opinión pública no tome conciencia de lo que está en juego, y de que los
burócratas de Bruselas puedan decidir sobre nuestras vidas con toda
tranquilidad y en plena opacidad democrática.
Mediante ese acuerdo de marcado
carácter neoliberal, EEUU y la UE desean eliminar aranceles y abrir sus
respectivos mercados a la inversión, los servicios y la contratación pública,
pero sobre todo intentan homogeneizar los estándares, las normas y los
requisitos para comercializar bienes y servicios. Según los defensores de este proyecto
librecambista, uno de sus objetivos será “acercarse lo más posible a una
eliminación total de todos los aranceles del comercio transatlántico en bienes
industriales y agrícolas”. En cuanto a los servicios, la idea es “abrir el
sector servicios, como mínimo, tanto como se ha logrado en otros acuerdos
comerciales hasta la fecha” y expandirlo a otras áreas, como el transporte.
Sobre la inversión financiera, las dos partes aspiran a “alcanzar los niveles
más altos de liberalización y protección de las inversiones”. Y sobre los
contratos públicos, el acuerdo pretende que las empresas privadas tengan acceso
a todos los sectores de la economía (incluso a las industrias de defensa), sin
discriminación alguna.
Aunque los medios de comunicación
dominantes apoyan sin restricción este acuerdo neoliberal, las críticas se han
multiplicado sobre todo en el seno de algunos partidos políticos (7), de
numerosas ONG y de organizaciones ecologistas o de defensa de los consumidores.
Por ejemplo, Pia Eberhardt, miembro de la ONG Corporate Europe Observatory,
denuncia que las negociaciones se han llevado a cabo sin transparencia
democrática y sin que las organizaciones civiles hayan tenido conocimiento en
detalle de lo que se ha acordado hasta ahora: “Hay documentos internos de la
Comisión Europea –declara la activista– que indican que esta se reunió, en la
fase más importante, exclusivamente con empresarios y sus lobbys. No hubo un
solo encuentro con organizaciones ecologistas, con sindicatos, ni con
organizaciones protectoras del consumidor” (8). Eberhardt observa con inquietud
una posible disminución de las exigencias para la industria alimentaria. “El
peligro –comenta– lo conforman los alimentos no seguros importados de EEUU que
podrían contener más transgénicos, o los pollos desinfectados con cloro,
procedimiento prohibido en Europa”. Añade que la industria agrícola-ganadera
estadounidense exige la supresión de los obstáculos europeos a ese tipo de
exportaciones.
Otros críticos temen las
consecuencias del ATCI en materia de educación y de conocimiento científico,
pues podría extenderse a los derechos intelectuales. En este sentido, Francia,
para proteger su importante sector audiovisual, ya impuso una “excepción
cultural”. El ATCI no abarcará las industrias culturales.
Varias organizaciones sindicales
denuncian que, sin ninguna duda, el Acuerdo Transatlántico ahondará en los
recortes sociales, en la reducción de los salarios, y destruirá empleo en
varios sectores industriales (electrónica, comunicación, equipos de transporte,
metalúrgica, papel, servicios a las empresas) y agrarios (ganadería,
agrocombustibles, azúcar).
Los ecologistas europeos y los
defensores del comercio justo explican además que el ATCI, al suprimir el
principio de precaución, podría facilitar la supresión de regulaciones
medioambientales o de seguridad alimentaria y sanitaria, a la vez que puede
suponer una merma de las libertades digitales. Algunas ONG ambientalistas temen
que se comience también a introducir en Europa el fracking, o sea el uso de sustancias
químicas peligrosas para los acuíferos, con el fin de explotar el gas y el
petróleo de esquisto (9).
Pero uno de los principales
peligros del ATCI es que incorpora un capítulo sobre “protección de las
inversiones”, lo que podría abrir las puertas a demandas multimillonarias de
empresas privadas en tribunales internacionales de arbitraje (al servicio de
las grandes corporaciones multinacionales) contra los Estados por querer estos
proteger el interés público, lo cual puede suponer una “limitación de los
beneficios de los inversores extranjeros”. Aquí lo que está en juego es
sencillamente la soberanía de los Estados y el derecho de estos para llevar a
cabo políticas públicas en favor de sus ciudadanos. Para el ATCI, los
ciudadanos no existen; sólo hay consumidores, y estos pertenecen a las empresas
privadas que controlan los mercados.
El desafío es inmenso. Y la
voluntad cívica de parar el ATCI no debe ser menor.
(1) En inglés, Transatlantic
Trade and Investment Partnership (TTIP).
(2) El valor del yuan está
alineado sobre el del dólar estadounidense.
(3) En abril de 2011, en el marco
de la Cumbre de los BRICS en Sanya (isla de Hainan, China), se firmó un acuerdo
de cooperación financiera entre las cinco potencias emergentes que prevé la
apertura de líneas de crédito en sus monedas nacionales respectivas, con el fin
de reducir la dependencia respecto al dólar. En 2008, ya Pekín había firmado
este tipo de acuerdo con Argentina.
(4) Australia, Brunéi, Canadá,
Chile, Corea del Sur, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y
Vietnam.
(5) Por parte europea, el jefe de
los negociadores de la UE es el español Ignacio García Bercero.
(6) Léase Le Figaro, París, 4 de
octubre de 2013.
(7) Léase, por ejemplo, la
resolución sobre el ATCI adoptada por Izquierda Unida:
http://www.izquierda-unida.es/sites/default/files/doc/RESOLUCION_TLC_UE_EEUU_ConferenciaEuropa_Junio2013.pdf;
Y la posición de Jean-Luc Mélenchon, líder del 'Parti de Gauche' francés:
http://europe.jean-luc-melenchon.fr/sujet/grand-marche-transatlantique/
(8) Léase Deutsche Welle en
español, 17 de febrero de 2013,
http://www.dw.de/tratado-ee-uu-ue-libertades-recortadas/a-17438697
(9) Léase “A Brave New
Transatlantic Partnership”, 4 de octubre de 2013,
http://corporateeurope.org/trade/2013/10/brave-new-transatlantic-partnership-social-environmental-consequences-proposed-eu-us
