Está documentada la tortura a los presos políticos vascos, y por supuesto, también es evidente la actitud represiva hacia el pueblo vasco por parte de este gobierno central. Hoy existen casi una veintena de personas en huelga de hambre en solidaridad con ello y las demás comunidades autónomas le rinden pleitesía al gran teatro que representa el señor Rodríguez y los suyos, hasta el punto que los ciudadanos ven normal que muera un supuesto terrorista mientras que para otros países están contra la pena de muerte. Sigo defendiendo que nacionalismo no es terrorismo lo mismo que maltrato no es lo mismo que machismo, como se nos pretende vender también ahora, y que por tanto, la intoxicación informativa no llegue a nublar demasiado dónde estamos.
Lo que viene ahora es una carta resolución (www.nlg.org) , de unos de los sectores extrañamente satisfactorios del pueblo gringo, en contra del abuso de poder que disimula el gobierno día a día... allá por el dos mil tres.
SOBRE ABUSOS DE DERECHOS HUMANOS EN EL TERRITORIO VASCO
Teniendo en consideración que el Territorio Vasco es una área geográfica, históricamente definida por su lengua única, el Euskera, que está conformado por cuatro provincias al norte de España y tres al sur de Francia con aproximadamente 3,5 millones de habitantes en un territorio del tamaño de Nueva Jersey; y
Teniendo en consideración que la adopción de la Constitución Española de 1978 fue rechazada por una mayoría abrumadora del pueblo vasco debido a su fracaso en reconocer el derecho de autodeterminación, y que hay ahora cerca de 700 presos políticos vascos en cárceles españolas por expresarse a favor de una Euskal Herria independiente; y
Teniendo en consideración que existe una evidencia razonada sobre el uso de la tortura por las autoridades españolas tal y como se desprende del “Informe al Gobierno español del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y Tratos o Castigos Inhumanos o Degradantes” y del “informe E/CN.4/2002/76/Add.1 del Relator Especial de Naciones Unidas para la cuestión de la tortura”; y
Teniendo en consideración que la organización Torturaren Aurkako Taldea TAT, ha documentado que el 90% de los presos políticos vascos están condenados en base a información obtenida por la aplicación de la tortura; y
Teniendo en consideración que la práctica aplicada por el Gobierno español de la detención bajo incomunicación por un período de cinco días ha sido condenada por organizaciones tales como Amnistía Internacional y el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas por crear las condiciones que permiten el uso de la tortura al privar a los detenidos el derecho al acceso a un abogado y un médico de su confianza; y
Teniendo en consideración la política del Gobierno español de mantener la prisión preventiva por un período de hasta cuatro años sin juicio, a menudo en condiciones de aislamiento, es contraria al derecho de la persona acusada a un juicio sin dilaciones; y
Teniendo en consideración que el Gobierno español ha cerrado forzosamente los periódicos Egin, Egunkaria así como la emisora de radio Egin Irratia , y arrestado a su personal de redacción y editorial, sin que se haya celebrado el juicio en cinco años en uno de los casos por los cargos delictivos que pesan sobre ellos; y
Teniendo en consideración que España ha ilegalizado el partido político Batasuna e impedido a su dirección de la participación en otros grupos políticos, de nuevo sin un juicio sobre los cargos delictivos en un plazo razonable; y
Teniendo en consideración que el Gobierno español justifica estas medidas de necesarias en el combate contra el terrorismo.
Teniendo en consideración que la adopción de la Constitución Española de 1978 fue rechazada por una mayoría abrumadora del pueblo vasco debido a su fracaso en reconocer el derecho de autodeterminación, y que hay ahora cerca de 700 presos políticos vascos en cárceles españolas por expresarse a favor de una Euskal Herria independiente; y
Teniendo en consideración que existe una evidencia razonada sobre el uso de la tortura por las autoridades españolas tal y como se desprende del “Informe al Gobierno español del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y Tratos o Castigos Inhumanos o Degradantes” y del “informe E/CN.4/2002/76/Add.1 del Relator Especial de Naciones Unidas para la cuestión de la tortura”; y
Teniendo en consideración que la organización Torturaren Aurkako Taldea TAT, ha documentado que el 90% de los presos políticos vascos están condenados en base a información obtenida por la aplicación de la tortura; y
Teniendo en consideración que la práctica aplicada por el Gobierno español de la detención bajo incomunicación por un período de cinco días ha sido condenada por organizaciones tales como Amnistía Internacional y el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas por crear las condiciones que permiten el uso de la tortura al privar a los detenidos el derecho al acceso a un abogado y un médico de su confianza; y
Teniendo en consideración la política del Gobierno español de mantener la prisión preventiva por un período de hasta cuatro años sin juicio, a menudo en condiciones de aislamiento, es contraria al derecho de la persona acusada a un juicio sin dilaciones; y
Teniendo en consideración que el Gobierno español ha cerrado forzosamente los periódicos Egin, Egunkaria así como la emisora de radio Egin Irratia , y arrestado a su personal de redacción y editorial, sin que se haya celebrado el juicio en cinco años en uno de los casos por los cargos delictivos que pesan sobre ellos; y
Teniendo en consideración que España ha ilegalizado el partido político Batasuna e impedido a su dirección de la participación en otros grupos políticos, de nuevo sin un juicio sobre los cargos delictivos en un plazo razonable; y
Teniendo en consideración que el Gobierno español justifica estas medidas de necesarias en el combate contra el terrorismo.
EN CONCLUSIÓN, RESOLVEMOS QUE:
El National Lawyers Guild hace un llamamiento a los Estados Unidos para que demande al gobierno de España el respeto para los derechos de los ciudadanos vascos, tal y como es garantizado por la declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, lo cual incluye el derecho a no ser sujeto a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, o a detenciones arbitrarias; y a respetar la presunción de inocencia y el derecho a un juicio público en un plazo razonable de tiempo;
El National Lawyers Guild hace un llamamiento a los Estados Unidos para que demande al Gobierno de España el respeto para los derechos del pueblo vasco a la libertad de opinión y de expresión, incluido el derecho a impartir información e ideas a través de la prensa, el derecho a la asamblea pacífica y el derecho a tomar parte en el gobierno a través de sus representantes electos; y
El National Lawyers Guild reconoce que mientras las autoridades judiciales justifiquen las severas medidas de seguridad para eliminar el terrorismo, no se dan cuenta de que aquellos que abogan por el sacrificio de los derechos fundamentales en nombre de la seguridad, ni consolidan la seguridad ni la justicia; y
El National Lawyers Guild hace un llamamiento al Departamento de Estado de los Estados Unidos, para que incluya en su próximo informe anual referente a España una reclamación al Gobierno español para que cese sus abusos contra el pueblo vasco.
Adoptado el 25 de Octubre de 2003 por el National Lawyers Guild
