Ley de Dependencia: nuevo "pilar" del Estado neoliberal L. R. - Kaosenlared - En un sistema capitalista como el nuestro, la fórmula del “copago” lleva implícita la idea de que aquel que no tiene siquiera su fuerza de trabajo para vender en el mercado es considerado una carga social y, por tanto, tendrá que pagar para recibir atención y, de paso, dejar una parte de beneficio tanto a las administraciones como a los empresarios.
LEY DE DEPENDENCIA: NUEVO “PILAR” DEL ESTADO NEOLIBERAL
¿Cuarto pilar del Estado del bienestar?
El 1 de Enero de este año entró en vigor la Ley 39/2006, la conocida como Ley de Dependencia. Sin embargo a día de hoy ni uno sólo de los aproximadamente 200.000 gran dependientes que debían ser atendidos durante el 2007 ha visto mejorada su situación. El gobierno sostiene que esta ley constituye el llamado “cuarto pilar del Estado del Bienestar”, que garantiza que estas personas no sufran discriminación tanto en lo referente a recursos económicos como en el resto de condiciones vitales. Sin embargo, hace tiempo que en toda Europa se viene cuestionando el “Estado de Bienestar”, asumiéndose un modelo neoliberal que se expresa en políticas destinadas a reducir el gasto público en prestaciones sociales y a desmantelar los servicios públicos. Y el Estado español tampoco escapa a esta lógica. Cómo no han podido acabar con el “núcleo duro” de la protección social (enseñanza, sanidad pública y pensiones), conquistas de la clase obrera arrancadas a las clases dominantes, se empezó a avanzar en “nuevos modelos de Bienestar” en los cuales, aunque el Estado continúe siendo el responsable, la gestión de los servicios y prestaciones sociales se deja en manos de la “iniciativa privada” (o sea, del mercado) y de la “iniciativa social” (el llamado Tercer sector).
Esta privatización de los servicios públicos forma parte de una estrategia del capitalismo que intenta no sólo reducir el gasto social, sino que ha visto en el mercado de “lo social” (en España un buen ejemplo es esta ley), nuevos y jugosos campos de negocio donde extraer beneficios. Pagar por un derecho, negociar con un servicioSe prevé que en el coste del nuevo sistema, la aportación final de los usuarios sea de un 33,6% del total. Estamos hablando de un colectivo de personas (mayoritariamente mujeres, puesto que en general tienen una mayor esperanza de vida), económicamente débil, con un 75% de pensionistas mayores de 65 años. El resto son personas discapacitadas cuyas cifras de empleabilidad gira en torno al 28% y que por tanto en su mayor parte también son pensionistas.
En un sistema capitalista como el nuestro, la fórmula del “copago” lleva implícita la idea de que aquel que no tiene siquiera su fuerza de trabajo para vender en el mercado es considerado una carga social y, por tanto, tendrá que pagar para recibir atención y, de paso, dejar una parte de beneficio tanto a las administraciones como a los empresarios.La Ley reconoce a las personas dependientes servicios como el de prevención y promoción de la autonomía personal, ayuda a domicilio, servicio de centro día y de noche, de teleasistencia y servicio de atención residencial. Pero para acceder a ellos habrá que pagar entre un 10 y un 90% en función de la renta y el patrimonio del usuario. Se prevé la creación de más de 80.000 nuevas plazas en residencias, de las cuales al menos el 80% seguirán en manos privadas. Además del interés de algunas onG’s, ya están en marcha diversos movimientos empresariales para hacerse con este prometedor negocio.
Recientemente, Diagrama, Trama y Grupo Norte (un holding antes dedicado a la limpieza) ha formado una Unión Temporal de Empresas para lograr mayores contratas. También constructoras como Fomento de Construcciones y Contratas han asomado con fuerza. En cuanto a las prestaciones económicas, se distinguen varios tipos: prestación económica vinculada al servicio, es decir, la ayuda periódica que se otorga para comprar un servicio privado cuando no sea posible el acceso a uno público o concertado por falta de plazas; prestación económica para cuidados en el entorno familiar; y prestación económica de asistencia personal, es decir, para contratar a alguien que atienda a la persona dependiente. Las cuantías máximas para las personas consideradas gran dependientes, que son las únicas que tienen derecho a algún tipo de ayuda durante este año, dependiendo de si pertenecen al nivel II o al nivel I, son las siguientes:
Prestación económica para cuidados en entorno familiar..........487 euros o 389 euros al mes,
Prestación económica para asistencia personal..........................780 euros o 585 euros al mes,Prestación económica vinculada al servicio................................780 euros o 585 euros al mes
Si tenemos en cuenta que estamos hablando de personas que necesitan ayuda entre 10 y 24 horas al día, los 365 días al año, no es difícil darse cuenta que estas prestaciones resultan no sólo insuficientes, sino incluso ridículas. Pero es que además la ley establece que la percepción de alguna de estas prestaciones hará que se pierda el derecho a percibir cualquier otra prestación “de análoga naturaleza y finalidad”, entre ellas el complemento de gran Invalidez (50% de la pensión), el complemento de asignación económica por hijo a cargo mayor de 18 años con 75% de minusvalía o más (156,22 euros), el de necesidad de tercera persona de la pensión no contributiva (156,21 euros) y el subsidio de ayuda a tercera persona de la LISMI (58’45 euros).Una ley que mantiene la dependencia, fortalece la opresión de la mujer y pone en manos privadas un servicio públicoEn conclusión podemos decir que esta Ley:1. No ofrece servicios ni prestaciones económicas suficientes para garantizar -pese al discurso demagógico del gobierno- el derecho de la persona dependiente a vivir en condiciones dignas sin tener que depender económicamente de otras personas para su subsistencia.2. Perpetúa el papel de la familia (y de las mujeres dentro de ella) como prestadora principal de cuidados, contribuyendo a reforzar el modelo social patriarcal en el que las necesidades de los hombres se sitúan por encima de las de las mujeres, contribuyendo a su opresión. Se pretende condenar a las mujeres a que asuman como inevitable el papel de cuidadoras de personas mayores, enfermas y menores, así como prestadoras de servicios de carácter doméstico. Esto contribuye a la baja autoestima de las mujeres y supone menores oportunidades para su promoción social, y una mayor vulnerabilidad, aumentando sus posibilidades de ser víctimas de maltrato doméstico (psíquico y/o físico). Estas tareas de cuidados, apoyo emocional y trabajo doméstico son además invisibilizadas de forma interesada por el capital, que, en una sociedad asalariada como la nuestra, intenta reducir los costes de mantenimiento de la fuerza de trabajo y aumentar así sus propias tasas de ganancia.3. La Ley de Dependencia se enmarca dentro de una serie de medidas que el gobierno define como de “giro social”, pero no es más que una nueva estafa. Una excusa perfecta para seguir realizando transferencias millonarias de renta pública a las constructoras e inmobiliarias que construirán los centros necesarios, y a las empresas gestoras de los servicios.
Fuente: Corriente Roja
