El Gobierno pretende militarizar la administración publica discretamente
.
- El PP quiere que los militares de carrera presten servicio en toda la Administración
Por la puerta de atrás, con una enmienda presentada en el Congreso de los Diputados en el marco del Proyecto de Ley de Racionalización del Sector Público
que este miércoles comienza su tramitación parlamentaria, el PP quiere
modificar el Estatuto Básico del Empleado Público para abrir la puerta
al personal militar de carrera a la administración civil. Según el
Boletín Estadístico del Ministerio de Hacienda, 122.344 personas
trabajan como funcionarios en las Fuerzas Armadas.
.
.
En una disposición adicional a la Ley
7/2007, el PP abre la posibilidad de que los militares de carrera (no
afectaría a la tropa) ocupen “aquellos puestos de trabajo en los que se
especifique esta posibilidad” en cualquier administración. Aunque no
detalla a qué puestos podrán acceder, sí que las condiciones serán “de
acuerdo con los principios de mérito y capacidad, previa participación
en la correspondiente convocatoria pública para la provisión de dichos
puestos, y previo cumplimiento de los requisitos que, en su caso, se
puedan establecer para este fin por el Ministerio de Defensa”.
.
Te puede interesar leer:
- ESPAÑA | EL CRIMEN ORGANIZADO DEL PP | DOSSIER
- OPINION | EL Gobierno español está creando una policía política. El regreso de la oscuridad
- INDIGNANTE | Descuento del 10% para policías sobre viviendas procedentes de desahucio | ¿Pago de favores?
- ESPAÑA | Un obispo reconoce ante la Justicia que una organización paramilitar de ultraderecha esta dispuesta a “derramar sangre por Dios”
.
Si la enmienda sale adelante, al personal
militar que pase a ocupar plazas en la administración civil
(Comunidades Autónomas, Ayuntamientos o la Administración del Estado)
“le será de aplicación la normativa propia” en materia de jornada,
vacaciones, permisos y licencias, “si bien la sanción de separación del
servicio sólo podrá imponerse por el ministro de Defensa”. A los
militares no les podrán aplicar “lo previsto para promoción interna,
carrera administrativa, situaciones administrativas y movilidad”, sin
perjuicio de que podrían participar en procedimientos de provisión de
otros puestos “abiertos a este personal en la administración civil”.
El PP argumenta que esta medida fomentará
“la movilidad”, entre los funcionarios de las administraciones, pero
los sindicatos lo califican de “despropósito”. Un portavoz del Ministerio de Defensa
indicó que la principal novedad de la reforma consiste en que los
militares podrán trabajar en otras administraciones públicas sin
abandonar el servicio activo, mientras que hasta ahora debían pedir la
excedencia o pasar a servicios especiales, aunque esto último sólo en
casos excepcionales. Su condición militar quedará en suspenso, ya que no
estarán sujetos al régimen laboral o disciplinario de las Fuerzas
Armadas, pero el Ministerio de Defensa se reserva la potestad de
sancionarlos con la pérdida de su carrera.
El mismo portavoz aseguró que no se
producirá un trasvase masivo de militares a la Administración civil, ya
que tendrá que aprobarse “caso por caso” tanto por el Ministerio de Defensa
como por Administraciones Públicas. La medida, concluyó, pretende
facilitar la conciliación familiar de aquellos militares que se
encuentran al final de su carrera y que, de continuar en Defensa, se
verían obligados a cambiar de localidad de residencia, con los
perjuicios que ello supone.
A la central CSIF,
que no entra a valorar la “legítima reivindicación”, de que el personal
militar opte a puestos civiles, no le parece lógico que “medidas de
este calado se adopten de manera unilateral, sin negociar con los
representantes de los trabajadores”. Su responsable de Administración
General, Francisco Camarillo, cree que este movimiento del PP suscita
muchas dudas en su aplicación práctica y teme que pueda debilitar la
oferta de empleo.
CC OO cree una “barbaridad”,
la modificación legislativa. Raúl Olmos, secretario de Acción Sindical,
sostiene que podría ser un primer paso para la “militarización de la
administración” que además podría provocar serios problemas porque “ese
personal seguiría sujeto a legislación militar”. Juan Antonio Gilabert, secretario de acción sindical de UGT,
cree, en la misma línea, que el PP está dando un portazo a la
negociación: “Le hemos mandado una carta al secretario de Estado
pidiendo una mesa negociación Administraciones Públicas. La falta de
diálogo es permanente. Nos parece perfecto que los militares desarrollen
su carrera profesional en otra administración pero no que se haga de
esta manera. Es una locura”. UGT apuesta por “un ejército más
especializado”, en la línea opuesta a lo que interpreta de la enmienda
popular. “Son medidas fruto de la improvisación. Si algo necesitamos es
mejores militares”Fuente: Goliath
