Ahora que despierta américa latina, y los emigrados en Andalucía se sienten defendidos, el acojone acrecienta al gobierno central sobremanera. Desde Repsol a ONGs bastardas del socialismo, llega la preocupación. Aquí coloco dos artículos para quien no se preocupe del asunto. El escándalo del Forum Filatélico y AFINSA distrae AHORA la NACIONALIZACION de lo que ya tenía nacionalizado un país como éste. De ahí mi admiración por Chaves y por el bereber Morales.
PUNTO DE VISTA DESDE BRUSELAS: LA PAZ/BRUSELAS, mayo 2 - Bolivia prometió el martes garantizar la rentabilidad de las petroleras extranjeras en el país, aunque adelantó que su decisión de nacionalizar su industria de hidrocarburos le va a costar cientos de millones de dólares a las compañías.
Mientras tropas bolivianas custodiaban instalaciones petroleras, desde Bruselas la Unión Europea mostró su preocupación por el anuncio del lunes del presidente Evo Morales de que el Estado pasaba a ser dueño de todos los recursos energéticos del país más pobre de Sudamérica.
En Madrid, el gobierno español dijo que convocará en los próximos días a una reunión con las empresas con intereses en Bolivia, mientras que la acción de la petrolera española Repsol-YPF se hundió por sus fuertes inversiones en la nación andina.
El gobierno boliviano también tomó el control de cinco compañías privadas, entre ellas una filial de Repsoly dos refinerías de la brasileña Petrobras , los dos mayores inversores extranjeros en la industria energética del país.
"La Comisión tomó nota con preocupación del decreto (...) que nacionaliza la industria boliviana", dijo el portavoz del titular de la Comisión Europea, Johannes Laitenberger, en un encuentro con periodistas.
A las 1600 GMT, las acciones de Repsol-YPF caían un 0,84 por ciento, a 23,48 euros, tras llegar a perder más del dos por ciento por las medidas en Bolivia, que le permitirán al Estado casi sextuplicar sus ingresos generados por los hidrocarburos, a unos 780 millones de dólares para el 2007.
"Esperamos que haya un proceso de discusión y consultas antes de adoptar las medidas", agregó el portavoz europeo.
Morales dio 180 días a las petroleras privadas para que renegocien con el gobierno una readecuación de sus contratos de explotación a la nueva legislación, que reduce su papel a meros operadores, o que abandonen el país.
COMPENSACIONES
A cambio del control de la industria hidrocarburífera, el Estado boliviano dará a las petroleras un porcentaje del valor de lo que produzcan para cubrir sus costos de operación, amortizar inversiones y generar utilidades.
Pero, en los dos principales campos de gas natural del país, la compensación apenas alcanza al 18%, con lo que Petrobras adelantó el lunes que sus operaciones en Bolivia se convirtieron en "inviables".
Aunque por la medida, Petrobras dejará de percibir 1.500 millones de dólares en los próximos 12 años, según reconoció el vicepresidente boliviano, Alvaro García, a una radio al agregar que, no obstante, Petrobras tendrá garantizado un margen de utilidad de "al menos 15%" en esos campos.
García no dio más detalles sobre cómo funcionaría esa garantía.
En Madrid, el ministro de Industria español, José Montilla, aseguró que "Bolivia (...) necesita inversiones extranjeras (...) y estos hechos desincentivan".
En tanto, el presidente ejecutivo de Repsol, Antonio Brufau, se mostró "consternado" por las medidas bolivianas.
Bolivia posee la segunda mayor reserva de gas natural de Sudamérica detrás de Venezuela.
Para controlar los niveles de producción, el gobierno boliviano militarizó las 56 instalaciones petroleras en el país, que incluyen campos productores, ductos y las dos refinerías de Petrobras.
Otras compañías energéticas europeas con operaciones en Bolivia son British Gasy la francesa Total .
Morales adelantó que su próximo objetivo es nacionalizar la industria minera boliviana.
((Informe de Carlos Quiroga en La Paz y William Schomberg en Bruselas; Escrito por Alejandro Lifschitz; Mesa de edición en español, +56 2 437 4402))
Mientras tropas bolivianas custodiaban instalaciones petroleras, desde Bruselas la Unión Europea mostró su preocupación por el anuncio del lunes del presidente Evo Morales de que el Estado pasaba a ser dueño de todos los recursos energéticos del país más pobre de Sudamérica.
En Madrid, el gobierno español dijo que convocará en los próximos días a una reunión con las empresas con intereses en Bolivia, mientras que la acción de la petrolera española Repsol-YPF se hundió por sus fuertes inversiones en la nación andina.
El gobierno boliviano también tomó el control de cinco compañías privadas, entre ellas una filial de Repsol
"La Comisión tomó nota con preocupación del decreto (...) que nacionaliza la industria boliviana", dijo el portavoz del titular de la Comisión Europea, Johannes Laitenberger, en un encuentro con periodistas.
A las 1600 GMT, las acciones de Repsol-YPF caían un 0,84 por ciento, a 23,48 euros, tras llegar a perder más del dos por ciento por las medidas en Bolivia, que le permitirán al Estado casi sextuplicar sus ingresos generados por los hidrocarburos, a unos 780 millones de dólares para el 2007.
"Esperamos que haya un proceso de discusión y consultas antes de adoptar las medidas", agregó el portavoz europeo.
Morales dio 180 días a las petroleras privadas para que renegocien con el gobierno una readecuación de sus contratos de explotación a la nueva legislación, que reduce su papel a meros operadores, o que abandonen el país.
COMPENSACIONES
A cambio del control de la industria hidrocarburífera, el Estado boliviano dará a las petroleras un porcentaje del valor de lo que produzcan para cubrir sus costos de operación, amortizar inversiones y generar utilidades.
Pero, en los dos principales campos de gas natural del país, la compensación apenas alcanza al 18%, con lo que Petrobras adelantó el lunes que sus operaciones en Bolivia se convirtieron en "inviables".
Aunque por la medida, Petrobras dejará de percibir 1.500 millones de dólares en los próximos 12 años, según reconoció el vicepresidente boliviano, Alvaro García, a una radio al agregar que, no obstante, Petrobras tendrá garantizado un margen de utilidad de "al menos 15%" en esos campos.
García no dio más detalles sobre cómo funcionaría esa garantía.
En Madrid, el ministro de Industria español, José Montilla, aseguró que "Bolivia (...) necesita inversiones extranjeras (...) y estos hechos desincentivan".
En tanto, el presidente ejecutivo de Repsol, Antonio Brufau, se mostró "consternado" por las medidas bolivianas.
Bolivia posee la segunda mayor reserva de gas natural de Sudamérica detrás de Venezuela.
Para controlar los niveles de producción, el gobierno boliviano militarizó las 56 instalaciones petroleras en el país, que incluyen campos productores, ductos y las dos refinerías de Petrobras.
Otras compañías energéticas europeas con operaciones en Bolivia son British Gas
Morales adelantó que su próximo objetivo es nacionalizar la industria minera boliviana.
((Informe de Carlos Quiroga en La Paz y William Schomberg en Bruselas; Escrito por Alejandro Lifschitz; Mesa de edición en español, +56 2 437 4402))
Fuente: Invertia.
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PUNTO DE VISTA DESDE BOLIVIA: La lucha por la nacionalización de los hidrocarburos
Walter Chávez. Bolivia, 6-7 de junio.
Desde el lunes 23 de mayo, miles de campesinos, trabajadores mineros, maestros rurales y vecinos de la ciudad de El Alto desencadenaron una serie de movilizaciones para exigir al presidente Carlos Mesa la nacionalización de los hidrocarburos.
Esta movilización popular tensiona nuevamente el escenario político boliviano que se debate en una profunda crisis desde octubre de 2003, cuando fue derrocado el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada que pretendía exportar el gas natural boliviano a México y EEUU. Desde entonces y hasta hoy, los movimientos sociales bolivianos empezaron una serie de medidas de presión para lograr que el nuevo presidente, Carlos Mesa, y el Congreso aprueben una nueva ley de hidrocarburos de corte nacionalista.
Un poco de historia
Desde la fundación de la República (1825) hasta hoy, Bolivia se ha articulado con el mercado exterior, básicamente como país exportador de materias primas. Según el economista Carlos Villegas, "este proceso primario exportador -con precios fijados de acuerdo a las fluctuaciones del mercado mundial- construyó un circuito perverso en términos de no dejar bases sólidas para la generación de empleo y de ingresos para la mayoría de la población y, en consecuencia, para la reducción de la pobreza". Así fueron surgiendo y agotándose los ciclos de explotación de la goma, la plata y el estaño, hasta llegar al auge del gas, "la última riqueza natural de Bolivia, su última oportunidad", como consideran hoy los analistas.
Hasta 1997, Bolivia contaba con reservas hidrocarburíferas suficientes para abastecer su mercado interno y para exportar en pequeñas cantidades. Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) -fundada en 1936- era la entidad encargada de explotar y comercializar este recurso. Un buen porcentaje de las ganancias de este ente público era entregado al Estado central para financiar, principalmente, el gasto corriente de los diversos gobiernos. Se calcula que sólo entre 1985 y 1996 (año de la privatización del sector), YPFB entregó al Tesoro General de la República un total de 3.812 millones de dólares (1). El sector hidrocarburífero era pues la "caja chica" del Estado, pero a costa de rezagarse tecnológicamente y de dedicarse a actividades plenamente extractivas, sin invertir en nuevas exploraciones. Esta situación fue muy bien aprovechada por el primer gobierno del neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), quien desató una fuerte campaña para demostrar la inviabilidad de la empresa pública y la necesidad de entregar el sector a manos privadas. En realidad, no se trató sólo de los hidrocarburos, ya que Sánchez de Lozada privatizó casi todas las empresas públicas importantes: los ferrocarriles, los servicios de luz y agua, la telefonía, la línea aérea de bandera y, por supuesto, los hidrocarburos.
Para ello fue necesaria una serie de reformas jurídicas e impositivas, de modo de hacer "atractivas" a las empresas nacionales ante la inversión extranjera, por lo que se promulgó un conjunto de leyes que flexibilizaron todo el aparato jurídico nacional (la Constitución no admite que empresas privadas detenten la propiedad de los recursos naturales del país). La Ley de Capitalización -que fue la ley privatizadora específica- y la Ley de Hidrocarburos, entre otras, fueron clave. El contexto favorable a la inversión extranjera ya había comenzado con la Ley de Inversiones, promulgada por el gobierno de Jaime Paz (1989-1993) que establecía una homologación tributaria para las empresas nacionales y extranjeras, el libre flujo de capitales y libertad para enviar remesas fuera del país.
A partir de 1996, una media docena de empresas transnacionales arriban a Bolivia y otras que ya estaban operando consolidan sus posiciones. Las más importantes son BG (British Gas) Bolivia; Chaco S.A. (constituida por la empresa holandesa Amoco Neetherlands Petroleum Company); Pluspetrol (empresa argentina que opera desde 1990); Total Exploration Production Bolivie (Total EPB; subsidiaria de la francesa Total Fina ELF); Petrobras (Brasil); Pecom Energía S.A. (Argentina); Repsol YPF (española, con tres subsidiarias: Andina S.A., Maxus Bolivia y Repsol Gas); Shell y Transredes (consorcio constituido por Petrobras, Shell y Enron para el transporte de gas a Brasil). Entre 1996 y 2002, estas empresas invirtieron en el sector hidrocarburífero una suma total de 2.500 millones de dólares (2).
La radicalización del movimiento social
En 1997 se produce una serie de descubrimientos de reservas de gas natural que redibujan el mapa energético de la región y sitúan a Bolivia como una potencia gasífera en Sudamérica. De los 151,9 trillones de pies cúbicos (TCF) que existen en la región, el 36% es boliviano (3); el 24,2% argentino; el 13,2% venezolano; el 8,5% peruano y el 17,8% de Trinidad y Tobago.
Las luchas de los movimientos sociales, precisamente, exigen que el estado boliviano tome el control de esa enorme riqueza gasífera. Y hasta la fecha se dieron pasos importantes en esa dirección. El 18 de julio de 2004 se llevó adelante un referéndum en el que más del 70% de bolivianos se pronunciaron a favor de la recuperación de la propiedad de los hidrocarburos. Sin embargo, en la elaboración de la nueva Ley de Hidrocarburos, que fue aprobada finalmente en mayo de 2005, los partidos tradicionales (MNR, MIR, ADN) que administraron el país en la época de la imposición del modelo neoliberal, y que hoy son mayoría en el Congreso, impusieron una norma que si bien sube los impuestos y regalías hasta llegar al 50%, no recupera en lo sustancial la propiedad de los hidrocarburos.
Esta situación generó una inmediata reacción de los movimientos sociales que ahora se movilizan por una consigna más radical: la nacionalización a secas.
Debilidades y fortalezas del movimiento social
Según el analista Álvaro García Linera, estudioso de los movimientos indígenas, "nunca como hoy hubo una disponibilidad social tan importante para que lograr que los sectores subalternos impongan a las élites y al Estado cambios trascendentales en la estructura del poder, y por su puesto en el tema de los recursos naturales. Pero hay que reconocer también la extrema debilidad de los liderazgos que conducen y orientan al movimiento social".
Es decir, el movimiento social boliviano se ha potenciado enormemente desde el año 2000, pero carece de liderazgos coherentes y sólidos que sean capaces de darle una orientación política seria. La nacionalización de los recursos hidrocarburíferos es todavía una consigna, sin un proyecto técnico que muestre su viabilidad. Precisamente esta situación da lugar a una intensa campaña de desprestigio montada por los partidos tradicionales -ligados al neoliberalismo- y los medios de comunicación conservadores -incluido el grupo español Prisa, propietario de una red de televisión y dos diarios importantes.
Los movimientos sociales hoy movilizados que exigen la nacionalización de los hidrocarburos y una inmediata Asamblea Constituyente son los siguientes: el Movimiento al Socialismo (MAS) -éste es también el principal partido de Bolivia, fundado en 1997 por campesinos cocaleros del valle de Cochabamba-, l a Central Obrera Boliviana (COB), La Central Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), el Consejo Nacional de Ayllus y Marqas (CONAMAQ), las centrales sindicales de pueblos indígenas del oriente de Bolivia, el Movimiento de los Sin Tierra, la Asamblea del Pueblo Guaraní, la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (FEJUVE), la Coordinadora de Defensa del Agua de Cochabamba y cientos de sindicatos campesinos de toda Bolivia.
Notas
1 Pablo Ramos, "Los recursos hidrocarburíferos en la economía boliviana", en Revista de Sociología, No 22, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, 2001.2 Carlos Villegas, Privatización de la industria petrolera en Bolivia. Trayectoria y efectos tributarios, Ed. Cides-UMSA-Plural, La paz, 2004.3 Los pozos de gas boliviano son de secano; es decir se pueden explotar inmediatamente, al contrario de los pozos de otrdso países como Venezuela donde el gas se debe explotar junto al petróleo. Por ello el gas natural boliviano es altamente codiciado por las empresas transnacionales.
Fuente: La Insignia
Saludo a los trabajadores que vienen en autobús conmigo cada mañana a las 7, cómplices del abuso a su país desde el nuestro.
