Con esto empezó el Psoe cuando se apropió de la Transición, y con ello continúan día tras día últimamente más, enriqueciendo las mismos cuatro gigantes empresariales (como Azvi, Ferrovial, Acciona y ese tipo de chapús patronalistas) : constructoras, empresas de eventos, restaurantes y hoteles. Siguen atrayendo supuestos empleos que no rozan al parado de a pie, a la familia no conectada ocho horas a internet, a la empresa que abre cada día sus puertas, y no sus formularios, y a una gran masa que a la postre es la que en este tipo de turismo le dificulta la vida en vez de agilizarla.
Unido a ello, a estas políticas de empleo que representava Faffe, por ejemplo, ahora SAE, está el hecho de "ofertar" cada ciudad para "todo". Sevilla, Granada, Almería y Córdoba, son cuatro trabajadoras sexuales con contrato para Europa (Bruselas- amigueo de pasillo). La primera incluso es la más barata para alquilar "localizaciones" para los rodajes de cine. La última es la que más recauda al año en entradas a la Mezquita. ¿Qué política de empleo es abrir las ciudades al turismo?.
TURISMO DE CONSUMO NO
Eurovegas: no al chantaje del empleo ni en Madrid ni en Cataluña (y próximamente Andalucía).
Eurovegas: no al chantaje del empleo ni en Madrid ni en Cataluña (y próximamente Andalucía).
Esta mañana en rueda de prensa, la
Plataforma Eurovegas No ha mostrado su total oposición a la instalación
del Proyecto de juego, ocio y turismo Eurovegas en Madrid, Cataluña o
cualquier otro lugar porque la construcción de este macrocomplejo no es
sinónimo de prosperidad sino de precariedad laboral, injusticia fiscal,
destrucción ambiental y desigualdad social. La Plataforma Eurovegas No
exige que se promueva un modelo productivo y de consumo
medioambientalmente sostenible y socialmente justo.
La opacidad informativa con la que las Administraciones están celebrando las negociaciones con el inversor Sheldon Adelson, presidente de Las Vegas Sands Corp., han llevado a diversas organizaciones civiles, colectivos, movimientos sociales y sindicatos a crear esta Plataforma desde la que informar a la ciudadanía acerca de las repercusiones en materia ambiental, fiscal, social y laboral que tendría el proyecto.
La Plataforma denuncia las condiciones de precariedad en las que se desarrollarían los empleos que prevé la Administración pública, ya que una de las exigencias que el inversor estadounidense impone es la anulación del Estatuto de los Trabajadores y las garantías que éste supone. Una de las portavoces, Ana Sanz, destaca la violación de los derechos laborales y sindicales derivados de la puesta en marcha de este proyecto: “los 261.000 puestos de trabajo que se han estimado ha generado falsas expectativas en la población, pero son datos escasamente argumentados. Las cifras no están basadas en prospectivas reales, por lo que habría que preguntarse qué intereses hay detrás de este proyecto, además de qué tipo de empleo y en qué condiciones lo están ofreciendo. Hay que fijarse en el calidad”.
Otra de las transformaciones que la Administración está dispuesta a asumir es la exención de algunos impuestos, como el pago de las cuotas a la seguridad social y la liquidación del IVA, entre otros. La Plataforma advierte que la relajación de las exigencias en los controles de la Ley de Blanqueo de Capitales abriría la puerta al lavado de cantidades millonarias de dinero negro, algo que atentaría frontalmente contra el plan antifraude aprobado por el Gobierno hace sólo dos semanas y con el que prevé recaudar más de 8.000 millones. Por otra parte, algunos expertos en la materia señalan que se verá vulnerado el artículo 31 de la constitución, relativo a la igualdad en el sistema tributario. Desde la plataforma se insiste en que esta injusticia fiscal no es tolerable.
Otro de los portavoces de la Plataforma Eurovegas No, Carlos Ruiz, destaca que el proyecto supone nuevamente “la cesión de derechos sociales y económicos en favor del capital como fórmula neoliberal en un contexto de crisis económica, social, energética y también democrática”. Añade también que “los expertos valoran el fraude fiscal en 70.000 millones de euros, además de que viola los principios constitucionales y no supone una mejora en términos de redistribución de la riqueza”.
Este macrocomplejo también es un ejemplo palpable del modelo socioeconómico actual que destruye el medioambiente y atenta contra los derechos sociales. Los impactos medioambientales que supondría el proyecto en materia medioambiental son: la sobreexplotación y el cambio de uso de recursos, el incremento de residuos y la posible afección a espacios naturales protegidos. Cristina Fernández destaca al respecto que “el coste energético de las máquinas tragaperras equivaldría a la energía consumida por toda la población de Majadahonda”, según cálculos de la propia Plataforma.
Por otra parte, y en contraposición a lo que aventuran las voces oficiales, Eurovegas supondría un riesgo de apertura a las mafias vinculadas con la trata de mujeres y niñas, como ya ocurre en otros complejos de ocio parecidos. “¿Eurovegas compensa la destrucción ambiental y la violación de derechos sociales que conlleva, teniendo en cuenta que los beneficios solo van a parar a una minoría?”, reflexiona Cristina Fernández. La portavoz indica también que este proyecto demandará gran cantidad de infraestructuras y movilizará enormes cantidades de materia y energía. “Eurovegas supone una amenaza ambiental relacionada con la explotación de recursos y la generación de residuos que perpetúan un modelo de consumo y turismo insostenible. Es paradójico que la propuesta de salida a la crisis sea ahondar en ese modelo”.
La plataforma ha tenido conocimiento de que en Leganés, en el pleno municipal, han votado en contra del proyecto y en Getafe hoy mismo en el pleno es probable que aprueben una moción contra Eurovegas.
En conclusión, la posible puesta en marcha del proyecto Eurovegas bajo el discurso del aumento del empleo, esconde impactos socioambientales que ya se conocen de otro tipo de proyectos y que, desde la Plataforma, se pretenden visibilizar. Este movimiento ciudadano se resiste a dar por bueno un proyecto que atenta contra los derechos fundamentales y que es promovido como salida a una crisis estructural utilizando nuevamente las recetas más conservadoras y neoliberales de un modelo productivo y de consumo injusto e insostenible. La Plataforma Eurovegas No no está de acuerdo con el empleo a cualquier precio ni con la instalación de una zona franca favorecedora del blanqueo de capitales y del beneficio económico a toda costa. Por ello, exigen la apertura de espacios de participación ciudadana en la toma de decisiones.
La opacidad informativa con la que las Administraciones están celebrando las negociaciones con el inversor Sheldon Adelson, presidente de Las Vegas Sands Corp., han llevado a diversas organizaciones civiles, colectivos, movimientos sociales y sindicatos a crear esta Plataforma desde la que informar a la ciudadanía acerca de las repercusiones en materia ambiental, fiscal, social y laboral que tendría el proyecto.
La Plataforma denuncia las condiciones de precariedad en las que se desarrollarían los empleos que prevé la Administración pública, ya que una de las exigencias que el inversor estadounidense impone es la anulación del Estatuto de los Trabajadores y las garantías que éste supone. Una de las portavoces, Ana Sanz, destaca la violación de los derechos laborales y sindicales derivados de la puesta en marcha de este proyecto: “los 261.000 puestos de trabajo que se han estimado ha generado falsas expectativas en la población, pero son datos escasamente argumentados. Las cifras no están basadas en prospectivas reales, por lo que habría que preguntarse qué intereses hay detrás de este proyecto, además de qué tipo de empleo y en qué condiciones lo están ofreciendo. Hay que fijarse en el calidad”.
Otra de las transformaciones que la Administración está dispuesta a asumir es la exención de algunos impuestos, como el pago de las cuotas a la seguridad social y la liquidación del IVA, entre otros. La Plataforma advierte que la relajación de las exigencias en los controles de la Ley de Blanqueo de Capitales abriría la puerta al lavado de cantidades millonarias de dinero negro, algo que atentaría frontalmente contra el plan antifraude aprobado por el Gobierno hace sólo dos semanas y con el que prevé recaudar más de 8.000 millones. Por otra parte, algunos expertos en la materia señalan que se verá vulnerado el artículo 31 de la constitución, relativo a la igualdad en el sistema tributario. Desde la plataforma se insiste en que esta injusticia fiscal no es tolerable.
Otro de los portavoces de la Plataforma Eurovegas No, Carlos Ruiz, destaca que el proyecto supone nuevamente “la cesión de derechos sociales y económicos en favor del capital como fórmula neoliberal en un contexto de crisis económica, social, energética y también democrática”. Añade también que “los expertos valoran el fraude fiscal en 70.000 millones de euros, además de que viola los principios constitucionales y no supone una mejora en términos de redistribución de la riqueza”.
Este macrocomplejo también es un ejemplo palpable del modelo socioeconómico actual que destruye el medioambiente y atenta contra los derechos sociales. Los impactos medioambientales que supondría el proyecto en materia medioambiental son: la sobreexplotación y el cambio de uso de recursos, el incremento de residuos y la posible afección a espacios naturales protegidos. Cristina Fernández destaca al respecto que “el coste energético de las máquinas tragaperras equivaldría a la energía consumida por toda la población de Majadahonda”, según cálculos de la propia Plataforma.
Por otra parte, y en contraposición a lo que aventuran las voces oficiales, Eurovegas supondría un riesgo de apertura a las mafias vinculadas con la trata de mujeres y niñas, como ya ocurre en otros complejos de ocio parecidos. “¿Eurovegas compensa la destrucción ambiental y la violación de derechos sociales que conlleva, teniendo en cuenta que los beneficios solo van a parar a una minoría?”, reflexiona Cristina Fernández. La portavoz indica también que este proyecto demandará gran cantidad de infraestructuras y movilizará enormes cantidades de materia y energía. “Eurovegas supone una amenaza ambiental relacionada con la explotación de recursos y la generación de residuos que perpetúan un modelo de consumo y turismo insostenible. Es paradójico que la propuesta de salida a la crisis sea ahondar en ese modelo”.
La plataforma ha tenido conocimiento de que en Leganés, en el pleno municipal, han votado en contra del proyecto y en Getafe hoy mismo en el pleno es probable que aprueben una moción contra Eurovegas.
En conclusión, la posible puesta en marcha del proyecto Eurovegas bajo el discurso del aumento del empleo, esconde impactos socioambientales que ya se conocen de otro tipo de proyectos y que, desde la Plataforma, se pretenden visibilizar. Este movimiento ciudadano se resiste a dar por bueno un proyecto que atenta contra los derechos fundamentales y que es promovido como salida a una crisis estructural utilizando nuevamente las recetas más conservadoras y neoliberales de un modelo productivo y de consumo injusto e insostenible. La Plataforma Eurovegas No no está de acuerdo con el empleo a cualquier precio ni con la instalación de una zona franca favorecedora del blanqueo de capitales y del beneficio económico a toda costa. Por ello, exigen la apertura de espacios de participación ciudadana en la toma de decisiones.
Esta mañana en rueda de prensa, la
Plataforma Eurovegas No ha mostrado su total oposición a la instalación
del Proyecto de juego, ocio y turismo Eurovegas en Madrid, Cataluña o
cualquier otro lugar porque la construcción de este macrocomplejo no es
sinónimo de prosperidad sino de precariedad laboral, injusticia fiscal,
destrucción ambiental y desigualdad social. La Plataforma Eurovegas No
exige que se promueva un modelo productivo y de consumo
medioambientalmente sostenible y socialmente justo.
La opacidad informativa con la que las Administraciones están celebrando las negociaciones con el inversor Sheldon Adelson, presidente de Las Vegas Sands Corp., han llevado a diversas organizaciones civiles, colectivos, movimientos sociales y sindicatos a crear esta Plataforma desde la que informar a la ciudadanía acerca de las repercusiones en materia ambiental, fiscal, social y laboral que tendría el proyecto.
La Plataforma denuncia las condiciones de precariedad en las que se desarrollarían los empleos que prevé la Administración pública, ya que una de las exigencias que el inversor estadounidense impone es la anulación del Estatuto de los Trabajadores y las garantías que éste supone. Una de las portavoces, Ana Sanz, destaca la violación de los derechos laborales y sindicales derivados de la puesta en marcha de este proyecto: “los 261.000 puestos de trabajo que se han estimado ha generado falsas expectativas en la población, pero son datos escasamente argumentados. Las cifras no están basadas en prospectivas reales, por lo que habría que preguntarse qué intereses hay detrás de este proyecto, además de qué tipo de empleo y en qué condiciones lo están ofreciendo. Hay que fijarse en el calidad”.
Otra de las transformaciones que la Administración está dispuesta a asumir es la exención de algunos impuestos, como el pago de las cuotas a la seguridad social y la liquidación del IVA, entre otros. La Plataforma advierte que la relajación de las exigencias en los controles de la Ley de Blanqueo de Capitales abriría la puerta al lavado de cantidades millonarias de dinero negro, algo que atentaría frontalmente contra el plan antifraude aprobado por el Gobierno hace sólo dos semanas y con el que prevé recaudar más de 8.000 millones. Por otra parte, algunos expertos en la materia señalan que se verá vulnerado el artículo 31 de la constitución, relativo a la igualdad en el sistema tributario. Desde la plataforma se insiste en que esta injusticia fiscal no es tolerable.
Otro de los portavoces de la Plataforma Eurovegas No, Carlos Ruiz, destaca que el proyecto supone nuevamente “la cesión de derechos sociales y económicos en favor del capital como fórmula neoliberal en un contexto de crisis económica, social, energética y también democrática”. Añade también que “los expertos valoran el fraude fiscal en 70.000 millones de euros, además de que viola los principios constitucionales y no supone una mejora en términos de redistribución de la riqueza”.
Este macrocomplejo también es un ejemplo palpable del modelo socioeconómico actual que destruye el medioambiente y atenta contra los derechos sociales. Los impactos medioambientales que supondría el proyecto en materia medioambiental son: la sobreexplotación y el cambio de uso de recursos, el incremento de residuos y la posible afección a espacios naturales protegidos. Cristina Fernández destaca al respecto que “el coste energético de las máquinas tragaperras equivaldría a la energía consumida por toda la población de Majadahonda”, según cálculos de la propia Plataforma.
Por otra parte, y en contraposición a lo que aventuran las voces oficiales, Eurovegas supondría un riesgo de apertura a las mafias vinculadas con la trata de mujeres y niñas, como ya ocurre en otros complejos de ocio parecidos. “¿Eurovegas compensa la destrucción ambiental y la violación de derechos sociales que conlleva, teniendo en cuenta que los beneficios solo van a parar a una minoría?”, reflexiona Cristina Fernández. La portavoz indica también que este proyecto demandará gran cantidad de infraestructuras y movilizará enormes cantidades de materia y energía. “Eurovegas supone una amenaza ambiental relacionada con la explotación de recursos y la generación de residuos que perpetúan un modelo de consumo y turismo insostenible. Es paradójico que la propuesta de salida a la crisis sea ahondar en ese modelo”.
La plataforma ha tenido conocimiento de que en Leganés, en el pleno municipal, han votado en contra del proyecto y en Getafe hoy mismo en el pleno es probable que aprueben una moción contra Eurovegas.
En conclusión, la posible puesta en marcha del proyecto Eurovegas bajo el discurso del aumento del empleo, esconde impactos socioambientales que ya se conocen de otro tipo de proyectos y que, desde la Plataforma, se pretenden visibilizar. Este movimiento ciudadano se resiste a dar por bueno un proyecto que atenta contra los derechos fundamentales y que es promovido como salida a una crisis estructural utilizando nuevamente las recetas más conservadoras y neoliberales de un modelo productivo y de consumo injusto e insostenible. La Plataforma Eurovegas No no está de acuerdo con el empleo a cualquier precio ni con la instalación de una zona franca favorecedora del blanqueo de capitales y del beneficio económico a toda costa. Por ello, exigen la apertura de espacios de participación ciudadana en la toma de decisiones.
La opacidad informativa con la que las Administraciones están celebrando las negociaciones con el inversor Sheldon Adelson, presidente de Las Vegas Sands Corp., han llevado a diversas organizaciones civiles, colectivos, movimientos sociales y sindicatos a crear esta Plataforma desde la que informar a la ciudadanía acerca de las repercusiones en materia ambiental, fiscal, social y laboral que tendría el proyecto.
La Plataforma denuncia las condiciones de precariedad en las que se desarrollarían los empleos que prevé la Administración pública, ya que una de las exigencias que el inversor estadounidense impone es la anulación del Estatuto de los Trabajadores y las garantías que éste supone. Una de las portavoces, Ana Sanz, destaca la violación de los derechos laborales y sindicales derivados de la puesta en marcha de este proyecto: “los 261.000 puestos de trabajo que se han estimado ha generado falsas expectativas en la población, pero son datos escasamente argumentados. Las cifras no están basadas en prospectivas reales, por lo que habría que preguntarse qué intereses hay detrás de este proyecto, además de qué tipo de empleo y en qué condiciones lo están ofreciendo. Hay que fijarse en el calidad”.
Otra de las transformaciones que la Administración está dispuesta a asumir es la exención de algunos impuestos, como el pago de las cuotas a la seguridad social y la liquidación del IVA, entre otros. La Plataforma advierte que la relajación de las exigencias en los controles de la Ley de Blanqueo de Capitales abriría la puerta al lavado de cantidades millonarias de dinero negro, algo que atentaría frontalmente contra el plan antifraude aprobado por el Gobierno hace sólo dos semanas y con el que prevé recaudar más de 8.000 millones. Por otra parte, algunos expertos en la materia señalan que se verá vulnerado el artículo 31 de la constitución, relativo a la igualdad en el sistema tributario. Desde la plataforma se insiste en que esta injusticia fiscal no es tolerable.
Otro de los portavoces de la Plataforma Eurovegas No, Carlos Ruiz, destaca que el proyecto supone nuevamente “la cesión de derechos sociales y económicos en favor del capital como fórmula neoliberal en un contexto de crisis económica, social, energética y también democrática”. Añade también que “los expertos valoran el fraude fiscal en 70.000 millones de euros, además de que viola los principios constitucionales y no supone una mejora en términos de redistribución de la riqueza”.
Este macrocomplejo también es un ejemplo palpable del modelo socioeconómico actual que destruye el medioambiente y atenta contra los derechos sociales. Los impactos medioambientales que supondría el proyecto en materia medioambiental son: la sobreexplotación y el cambio de uso de recursos, el incremento de residuos y la posible afección a espacios naturales protegidos. Cristina Fernández destaca al respecto que “el coste energético de las máquinas tragaperras equivaldría a la energía consumida por toda la población de Majadahonda”, según cálculos de la propia Plataforma.
Por otra parte, y en contraposición a lo que aventuran las voces oficiales, Eurovegas supondría un riesgo de apertura a las mafias vinculadas con la trata de mujeres y niñas, como ya ocurre en otros complejos de ocio parecidos. “¿Eurovegas compensa la destrucción ambiental y la violación de derechos sociales que conlleva, teniendo en cuenta que los beneficios solo van a parar a una minoría?”, reflexiona Cristina Fernández. La portavoz indica también que este proyecto demandará gran cantidad de infraestructuras y movilizará enormes cantidades de materia y energía. “Eurovegas supone una amenaza ambiental relacionada con la explotación de recursos y la generación de residuos que perpetúan un modelo de consumo y turismo insostenible. Es paradójico que la propuesta de salida a la crisis sea ahondar en ese modelo”.
La plataforma ha tenido conocimiento de que en Leganés, en el pleno municipal, han votado en contra del proyecto y en Getafe hoy mismo en el pleno es probable que aprueben una moción contra Eurovegas.
En conclusión, la posible puesta en marcha del proyecto Eurovegas bajo el discurso del aumento del empleo, esconde impactos socioambientales que ya se conocen de otro tipo de proyectos y que, desde la Plataforma, se pretenden visibilizar. Este movimiento ciudadano se resiste a dar por bueno un proyecto que atenta contra los derechos fundamentales y que es promovido como salida a una crisis estructural utilizando nuevamente las recetas más conservadoras y neoliberales de un modelo productivo y de consumo injusto e insostenible. La Plataforma Eurovegas No no está de acuerdo con el empleo a cualquier precio ni con la instalación de una zona franca favorecedora del blanqueo de capitales y del beneficio económico a toda costa. Por ello, exigen la apertura de espacios de participación ciudadana en la toma de decisiones.
