El otro filón de IU y PSOE para ampliar los horizontes económicos y reubicar a sus elefantes. Se llama Ley de Memoria democrática de Andalucía, http://www.juntadeandalucia.es/administracionlocalyrelacionesinstitucionales/cms/ocms/portal/MemoriaHistorica/ContenidosEspecificos/LMemDem.html . Desde la presentación del anteproyecto abrieron algo así como 15 días para alegaciones, además de no existir dotación presupuestaria (borrador), y disponer de un prólogo que no se lo cree ni el guardia, como nos pasó con el Estatuto de Autonomía y sus modificaciones o con los documentos de la Modernización: todos papel mojado y de escasa "dación" para el pueblo.
Los memorialistas, muchos entre el Psoe / Iu por un lado, y otros entre republicanos/rojoynegros por otro, salen mal parados. Sobretodo los segundos. Está claro que será dirigido por los mismos perros de siempre. Es inexistente además el reconocimiento a la represión andalucista, a otras víctimas del terrorismo fascista, y a los símbolos originarios de la comunidad actual, además de ser un documento que se centra en los costes exhumatorios/ monumentales/ geográficos más que en la "restauración" de la memoria.
Esto es muy sencillo: esta ley debe proteger la memoria moral de sus víctimas como hace el gobierno actualmente con las víctimas del terrorismo (de Eta) y debe restaurarse la memoria física como se hace con la chica desaparecida. Las mismas fuerzas y el mismo tratamiento.
(Continuará).
Por cierto, ¿no iba en la Ranilla (antigua cárcel) la sede del Centro de la Memoria y en Coria del Río existe un Centro de la Memoria también?. ¿Por qué no se hacen cargo de esto los mejores para ello que son Cecilio Gordillo, Francisco Espinosa y Paqui Maqueda?. Ahh, porque siguen siendo los políticos andaluces imbéciles!.
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NOTICIA
Asociaciones reclaman que la ley andaluza de memoria no les impida exhumar
Colectivos memorialistas presentarán alegaciones y plantean
posibles denuncias al anteproyecto de Ley de Memoria Democrática en
información pública.
El grupo de trabajo RMHSA-CGT censura la "exclusividad de la Administración" en las exhumaciones.
Pide que el Parlamento andaluz convoque al movimiento memorialista para "reconocer sus aportaciones".
El grupo de trabajo RMHSA-CGT censura la "exclusividad de la Administración" en las exhumaciones.
Pide que el Parlamento andaluz convoque al movimiento memorialista para "reconocer sus aportaciones".
La memoria ya tiene un lugar en Málaga. - Fotografía: Miguel Heredia
más INFO
La Junta de Andalucía expone el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática
a información pública y el plazo de alegaciones termina el próximo 22
de abril. Alegaciones como posibles "observaciones sobre su contenido".
Diferentes colectivos memorialistas estudian el texto desde que su
presentación. Entregarán alegaciones y pedirán también que se les oiga
en el Parlamento andaluz. De fondo, la máxima "preocupación" de
familiares y víctimas: la gestión de los procesos exhumatorios, que la
apuesta legislativa deja en manos de la Administración autonómica. De
aprobarse tal cual, hay asociaciones decididas a denunciar el nuevo
marco legal en instancias judiciales.
La norma –se
pretende su aprobación en Consejo de Gobierno en junio, tras pasar los
trámites preceptivos–, amplía el concepto de víctima y, entre otras
cuestiones, prevé la "expropiación temporal" de terrenos privados para
actuar en fosas, la elaboración de un "censo de víctimas de la represión
franquista", fijar un plazo para eliminación de simbología fascista y,
el 14 de junio, como día de la memoria. Pero la chispa salta con las
exhumaciones. La ley no se acompaña de memoria económica acorde a las
intenciones que muestra el texto, pero cualquier proyecto de apertura de
fosas deberá pasar por la Junta.
¿Llegará el texto a instancias judiciales?
"Mucho nos tememos que, como está –el anteproyecto de ley–, termine no
ya en el Constitucional sino en el Supremo o las más cercanas audiencias
provinciales", indican desde el grupo de trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía
(RMHSA) de CGT. Es uno de los colectivos críticos con diferentes
aspectos del texto legal. No el único y, como el resto, señala en el
marco de "desconfianza" una veta de preocupación máxima en la gestión
del "origen" del movimiento memorialista: la exhumación de fosas
comunes.
Se trata de "una de las demandas históricas,
que el Estado se haga cargo de las exhumaciones" pero es "preocupante",
añaden, "que se pueda multar por exhumar sin permiso del Gobierno
aunque la intervención reúna todas las condiciones técnicas y los
recursos económicos necesarios". Esta "exclusividad de la
Administración" significa "la subordinación absoluta" de asociaciones y
víctimas, impulsores hasta ahora de la mayor parte de estas tareas
arqueológicas.
Otros aspectos del articulado en trámite que levanta dudas en RMHSA,
según su coordinador, Cecilio Gordillo, son la "nula referencia al
movimiento memorialista" en la exposición de motivos, ni a los campos de
concentración del norte de África (Marruecos, Argelia y Túnez), además
de la "escasa partida presupuestaria" destinada a los procesos
exhumatorios o su "judialización". El grupo de trabajo apuesta por que
el Parlamento de Andalucía convoque a la sociedad civil para "reconocer
sus aportaciones" y sus reclamaciones "oídas".
Sin memoria económica, a la ley "le falta recorrido"
"Los derechos no se deciden, son algo básico" y una ley "que no lleva
memoria económica asociada es una declaración bonita a la que le falta
recorrido", apunta el presidente de la Asociación para la Recuperación
de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva. Como en los proyectos de
búsqueda de desaparecidos por el franquismo. "No sé si llegaremos a
denunciarlo pero contestaremos como veamos oportuno, vamos a rebatir que
un político pueda decidir si se exhuma o no, eso va contra los derechos
humanos".
El anteproyecto, dice Silva, "nos aparta
un poco al hacer una restricción a las asociaciones andaluzas pero
representamos a gente de una comunidad donde hemos realizado varias
exhumaciones". "Si nos pide ayuda una familia la vamos a ayudar, si la
Junta de Andalucía nos lo impide sería muy grave", subraya. Critica
también el presupuesto aportado a exhumaciones, "la parte más floja, con
más de 600 fosas comunes y mucha gente mayor esperando, sin tiempo".
La apuesta andaluza tiene, según el presidente de la ARMH, "bastante recorrido pero es mejorable". Pone como ejemplo la ley aprobada por el Parlamento de Navarra,
"más potente", de ahí que refiera la necesaria "participación de la
sociedad civil en la elaboración del texto". Otros aspectos puestos en
tela de juicio son "a las incautaciones o a la participación de la
iglesia católica como sostén de la dictadura, a la que debería pedirle
explicaciones".
Del resto de colectivos consultados por eldiario.es/andalucia,
la Asociación Guerra y Exilio confirma que presentará "alegaciones
aunque todavía no tenemos un documento elaborado", según Manuel Velasco.
Ya han indicado al Gobierno andaluz "algunos aspectos, pero no hemos
registrado aún en tiempo y forma los textos". La Asociación Andaluza
Memoria Histórica y Justicia también prepara aportaciones que esperan
entregar "cuanto antes", sostiene Paqui Maqueda. La memoria histórica,
dice RMHSA, es "una cuestión del conjunto de la sociedad andaluza", una
región que ha mostrado una "sensibilidad social muy importante durante
los últimos 15 años".
