El gasto militar y para “control social” rondó los 35.000 millones de euros en 2013
Alternativa Antimilitarista-MOC inicia la campaña de objeción fiscal a la guerra
Enric Llopis
La organización Alternativa Antimilitarista-MOC ha
iniciado la Campaña de Objeción fiscal al gasto militar correspondiente
al año 2014, con la consigna “No paguemos la guerra”. Se pretende con
esta iniciativa que los ciudadanos renuncien a pagar en su contribución
de la renta el mismo porcentaje que el estado destina en sus
presupuestos a gasto militar y “control social” (policía, prisiones y
capítulos similares). La propuesta de la Campaña es que el contribuyente
destine esa parte del IRPF a organizaciones sociales o iniciativas
solidarias, en todo caso, “ni un céntimo para el ejército”.
De este modo, señalan los impulsores de la Campaña, “los
ciudadanos expresan su rechazo al sostenimiento del ejército y otros
cuerpos armados, reclama activamente la anulación del presupuesto
militar, y promueve la participación social directa en la definición de
las prioridades en los presupuestos públicos”.
El porcentaje de los Presupuestos Generales que el
estado destina a los capítulos de “Defensa” y “Control Social”
representa el 9,8% del total y es, por tanto, el porcentaje que se
propone al ciudadano contribuyente que descuente de su declaración de la
renta (721,83 euros). Sin embargo, señalan fuentes de Alternativa
Antimilitarista-MOC, lo fundamental no es la cantidad sino el “gesto
simbólico”, de ahí que se considere suficiente detraer aunque sea un
euro del pago al fisco si es por objeción al gasto militar.
El método para objetar consiste en anotar en una casilla
de la declaración la cantidad –entre un euro y 721,83 euros- que se
pretende sustraer al gasto militar y para “control social”. La cantidad
se ingresa a continuación en la organización social y proyecto solidario
que se desee, y se solicita el recibo por el ingreso realizado. En la
hoja de la declaración de IRPF, previamente impresa, se anota junto al
cuadro donde se ha apuntado el ingreso que el motivo es el rechazo a las
inversiones en ejércitos, policía, prisiones y capítulos similares. El
proceso finaliza con el envío en un sobre de la declaración al
Ministerio de Hacienda, junto al recibo del ingreso en el colectivo
social, y una carta al ministerio en la que se explica el porqué de la
oposición a los gastos para la guerra (el modelo de escrito es
facilitado por la organización antimilitarista). Para información más
detallada, www.nodo50.org/objecionfiscal.
Carlos Pérez, miembro de Alternativa Antimilitarista-MOC, destaca que esta práctica es “alegal”. Se trata de una “acción
simbólica y de desobediencia civil que va más allá de un gesto
netamente individual, es decir, forma parte de una campaña pública y
colectiva contra el gasto militar”. “Es un gesto
activo y comprometido en que se reivindica un derecho colectivo, así
como abrir un debate social con el fin de vivir en un mundo sin guerras”, añade.
La campaña comenzaron a desarrollarla grupos
antimilitaristas y pacifistas a partir de 1982, cuando el gobierno del
PSOE aprobó un programa de compra y renovación de aviones de combate
F-18 en el estado español.
En la declaración de la renta del año 2013, señala
Alternativa Antimilitarista-MOC, al menos 916 personas plantearon la
objeción al gasto militar en su declaración de la renta y decidieron
enviar el dinero a organizaciones sociales. La suma de estos ingresos
alcanzó los 116.494 euros, la cifra máxima alcanzada hasta ese momento,
con 134 objeciones más que en el año 2012. Cataluña, País Valenciano,
Madrid y Aragón han sido las autonomías con más dinero detraído de la
declaración de IRPF. Una parte considerable de estos recursos se
destinan a las mismas entidades que promueven la campaña o algunas de
las que éstas proponen.
Los colectivos antimilitaristas recuerdan que los
Presupuestos Generales del Estado de 2013 habilitaron 15.581 millones de
euros para fines “estrictamente militares” (45,18 millones de euros
diarios), de los que sólo un tercio viene recogido en las cuentas del
Ministerio de Defensa y, el resto, se halla “escondida” en 11 de los
otros 12 ministerios. Pero si se incluyen los capítulos destinados a
cuerpos policiales y tareas de “control social”, advierten, la cifra se
eleva a 23.605 millones de euros.
Critican las organizaciones sociales que el gasto
realmente ejecutado es siempre superior al presupuestado. Teniendo en
cuenta las cifras de años anteriores, añaden, los gastos en defensa y
“control social” podría alcanzar efectivamente los 34.000 millones de
euros (el 9,8% de los presupuestos del estado). Mientras, los recortes
en sanidad, educación, pensiones y desempleo en 2013 se acercaron a los
40.000 millones de euros.
Los programas de investigación son “armamentísticos”,
“intervencionistas” y “ofensivos”, denuncia el movimiento
antimilitarista. El avión de combate Eurofighter, las fragatas F-100, el
submarino S-80, el helicóptero de ataque Tigre, el tanque Leopard, el
avión de transporte militar A400M y los misiles Taurus e Iris-T, entre
otros, han recibido 15.559 millones de euros en créditos desde el año
1997. La parte devuelta por las empresas que los han recibido no llega
al 1,1% de esta cantidad. La deuda pública acumulada por estos
“Programas Especiales de Armamento” supera ya los 40.000 millones de
euros, que deben pagarse hasta 2030.
Por último, denuncia Alternativa Antimilitarista-MOC, el
gobierno ha destinado 770 millones de euros en el año 2013 para llevar a
término o mantener las operaciones militares en el exterior, sobre todo
en Afganistán (la cantidad presupuestada inicialmente era de 14,36
millones de euros). El estado español es el sexto exportador de armas
del mundo, según Amnistía Internacional.
