Organizaciones ciudadanas y partidos lanzan un pacto por el agua pública
La propuesta pretende dejar el abastecimiento al margen de leyes de mercado
Pantano de Bembézar, en Córdoba. / Alejandro Ruesga
Andalucía ha cogido el relevo de una carrera iniciada en Aragón,
donde casi una veintena de entidades han firmado un compromiso para
dejar el agua al margen de las leyes del mercado. Organizaciones
ciudadanas, ecologistas y otras plataformas andaluzas, así como partidos
políticos, preparan ya una propuesta similar, un pacto para que este
recurso esté siempre en manos públicas.
“Es necesario crear un amplio consenso a través de un pacto en el que se definan y acuerden los fundamentos y las reglas básicas del modelo: eficacia, transparencia, rendición de cuentas y participación social”. Es la explicación de Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas), una de las entidades promotoras del gran acuerdo.
La intención ha sido secundada por entidades ciudadanas en diferentes puntos de Andalucía, desde la Coordinadora del Agua de Jerez (Cádiz) hasta la plataforma Agua y Desarrollo de Priego (Córdoba), pasando por partidos políticos, como Izquierda Unida, que ha liderado en la localidad cordobesa de Lucena la vuelta del servicio a manos municipales, o el PSOE. Esta formación asumió en Sevilla esta bandera desde que en 2007 impulsó el regreso a una gestión pública de Aguas del Huesna, una entidad que abastece a través de 250 kilómetros de red a 22 municipios dispersos y de entre 300 y 50.000 habitantes.
“La clave es la claridad ideológica. El agua no puede regirse por criterios de empresa”, explica Villa, quien resalta que el segundo elemento fundamental para recuperar el agua es “saber que, por muchos trajes que se pongan, las multinacionales no son invulnerables”.
Las consecuencias han sido beneficiosas para los vecinos, según el concejal, quien detalla que en seis meses, la empresa municipal ha conseguido 285.000 euros de beneficios, un 25% más de los declarados por la empresa privada en todo su último ejercicio. Este dinero, que se reinvertirá en el pueblo, se ha conseguido después de ejecutar inversiones pendientes.
Francisco López, de la Coordinadora del Agua de Jerez, añade un beneficio más: la reducción de tarifas. Los grupos que forman la coordinadora llevan batallando durante más de un año contra la privatización del servicio en Jerez. Por el momento, han conseguido que tres de las siete pedanías (Guadalcacín, Estrella del Marqués y Torrecera) se salgan del acuerdo del municipio matriz con una empresa privada. Su incorporación a la entidad pública de la sierra de Cádiz supondrá una reducción del 20% en lo que pagan los vecinos por distribución de agua y un 25% de descuento en el precio por la recogida de basuras.
“El escenario es propicio, con la campaña municipal cerca. En octubre llevaremos el pacto por el agua pública por toda Andalucía. En cualquier caso, conseguiremos que cada uno de la cara”, advierte López.
En Priego (23.000 habitantes), el proceso de recuperación del servicio es aún más curioso porque, como explica Rafael Campaña, uno de los impulsores de la plataforma Agua y Desarrollo, privatizó la izquierda en 2010 y la derecha respalda y promueve ahora la marcha atrás, pese al criterio nacional del PP. Los vecinos están dispuestos incluso a asumir la compra de la parte privada a través de los recibos, los cuatro grupos municipales se han pronunciado ya “abiertamente” a favor de la remunicipalización, hay más de 5.000 firmas que apoyan el proceso y los vecinos se han manifestado recientemente reclamando el control sobre su servicio. Las fuerzas políticas de Priego han anunciado que contarán con la asistencia técnica de Aeopas y de la empresa de aguas de la Diputación de Córdoba (Emproasa) para el proceso. “La remunicipalización en Priego no sólo acarreará ventajas económicas para los ciudadanos sino que incluso puede simbolizar la unión entre todos los grupos políticos y de toda la sociedad civil, algo inusual en estos tiempos de crisis”, concluye el gerente de los operadores públicos, Luis Babiano.
El pacto persigue dos objetivos fundamentales. Uno es frenar la ofensiva de las empresas
privadas por hacerse con los servicios en los pueblos, donde anticipan
fondos que los Ayuntamientos necesitan a cambio de los recibos del agua
de las próximas décadas (fórmula conocida como canon concesional).
La segunda meta es conseguir la sostenibilidad económica, social y
ambiental del ciclo del agua.
El antecedente está en Zaragoza, donde la Red Agua Pública de Aragón, ha conseguido la firma de los tres partidos que gobiernan la capital aragonesa (PSOE, IU y Chunta Aragonesista), 13 organizaciones sociales y dos fundaciones en un “compromiso social y político por la gestión pública y participativa del agua”.
Los objetivos básicos son que la gestión y tratamiento del agua sean considerados un servicio de “acceso universal, participado y vinculado a los derechos humanos”. Este compromiso no es una mera declaración de principios, ya que supone cambios en las organizaciones responsables de este escaso recurso en España, como la creación de un órgano regulador participado por las organizaciones sociales.
Los principios básicos del pacto por el agua pública son seis. El primero es que el agua es un bien público y que los servicios de abastecimiento y saneamiento están vinculados a derechos humanos y, por lo tanto, deben ser de acceso universal. Ninguna organización discute el primer aspecto, pero la forma de llevar a cabo el segundo, como los cortes de suministro por impago, anula en numerosas ocasiones la consideración del recurso como un derecho sobre un bien de todos. En este sentido, el acuerdo establece que el agua “no debe ser gestionada desde la lógica del mercado, sino desde nuevas formas públicas y participativas, sin ánimo de lucro, como servicios de interés general”.
El segundo punto del acuerdo considera “justo y necesario” que servicios de agua y saneamiento sean municipales y no se vean afectados por los recortes de competencia que supone la nueva normativa de régimen local promovida por el Gobierno.
En línea con la resolución de la Unión Europea, el pacto por el agua se ampara y defiende la resolución de Naciones Unidas que declara el agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial.
El acuerdo reclama una gestión integral y coordinada de los servicios, evitando la dispersión y atomización de entidades responsables de un bien común.
El modelo de gestión que se propone es 100% público, frente a las numerosas propuestas de empresas mixtas (municipales y privadas), “transparente y participativo”. Este planteamiento supone que la información responda a indicadores “significativos y comprensibles” fijados por un consejo regulador o un observatorio independiente con capacidad de control y representación.
El sistema tarifario que prevé el acuerdo es “justo”, “equitativo” y capaz de garantizar el acceso a servicios de alta calidad, independientemente de los recursos del ciudadano. Del mismo modo, el precio debe asegurar la sostenibilidad financiera del servicio, incentivar el ahorro y penalizar el derroche. “Los fondos recaudados por las tarifas o cualesquiera otros vinculados al servicio de agua y saneamiento deberán dedicarse a garantizar la gestión eficiente del mismo, realizar las inversiones precisas y asegurar el acceso universal al servicio”, concluye el pacto.
Fuente: El País
“Es necesario crear un amplio consenso a través de un pacto en el que se definan y acuerden los fundamentos y las reglas básicas del modelo: eficacia, transparencia, rendición de cuentas y participación social”. Es la explicación de Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas), una de las entidades promotoras del gran acuerdo.
La intención ha sido secundada por entidades ciudadanas en diferentes puntos de Andalucía, desde la Coordinadora del Agua de Jerez (Cádiz) hasta la plataforma Agua y Desarrollo de Priego (Córdoba), pasando por partidos políticos, como Izquierda Unida, que ha liderado en la localidad cordobesa de Lucena la vuelta del servicio a manos municipales, o el PSOE. Esta formación asumió en Sevilla esta bandera desde que en 2007 impulsó el regreso a una gestión pública de Aguas del Huesna, una entidad que abastece a través de 250 kilómetros de red a 22 municipios dispersos y de entre 300 y 50.000 habitantes.
Experiencias de marcha atrás
“Lo hemos conseguido”, afirma satisfecho el teniente de alcalde de Urbanismo de Lucena (Córdoba), Miguel Villa, de Izquierda Unida, quien logró que 18 concejales del PSOE y PP reticentes a la remunicipalización del servicio de agua, tras 25 años en manos privadas, se sobrepongan a la presión de las empresas y devuelvan la gestión del servicio a los vecinos.“La clave es la claridad ideológica. El agua no puede regirse por criterios de empresa”, explica Villa, quien resalta que el segundo elemento fundamental para recuperar el agua es “saber que, por muchos trajes que se pongan, las multinacionales no son invulnerables”.
Las consecuencias han sido beneficiosas para los vecinos, según el concejal, quien detalla que en seis meses, la empresa municipal ha conseguido 285.000 euros de beneficios, un 25% más de los declarados por la empresa privada en todo su último ejercicio. Este dinero, que se reinvertirá en el pueblo, se ha conseguido después de ejecutar inversiones pendientes.
Francisco López, de la Coordinadora del Agua de Jerez, añade un beneficio más: la reducción de tarifas. Los grupos que forman la coordinadora llevan batallando durante más de un año contra la privatización del servicio en Jerez. Por el momento, han conseguido que tres de las siete pedanías (Guadalcacín, Estrella del Marqués y Torrecera) se salgan del acuerdo del municipio matriz con una empresa privada. Su incorporación a la entidad pública de la sierra de Cádiz supondrá una reducción del 20% en lo que pagan los vecinos por distribución de agua y un 25% de descuento en el precio por la recogida de basuras.
“El escenario es propicio, con la campaña municipal cerca. En octubre llevaremos el pacto por el agua pública por toda Andalucía. En cualquier caso, conseguiremos que cada uno de la cara”, advierte López.
En Priego (23.000 habitantes), el proceso de recuperación del servicio es aún más curioso porque, como explica Rafael Campaña, uno de los impulsores de la plataforma Agua y Desarrollo, privatizó la izquierda en 2010 y la derecha respalda y promueve ahora la marcha atrás, pese al criterio nacional del PP. Los vecinos están dispuestos incluso a asumir la compra de la parte privada a través de los recibos, los cuatro grupos municipales se han pronunciado ya “abiertamente” a favor de la remunicipalización, hay más de 5.000 firmas que apoyan el proceso y los vecinos se han manifestado recientemente reclamando el control sobre su servicio. Las fuerzas políticas de Priego han anunciado que contarán con la asistencia técnica de Aeopas y de la empresa de aguas de la Diputación de Córdoba (Emproasa) para el proceso. “La remunicipalización en Priego no sólo acarreará ventajas económicas para los ciudadanos sino que incluso puede simbolizar la unión entre todos los grupos políticos y de toda la sociedad civil, algo inusual en estos tiempos de crisis”, concluye el gerente de los operadores públicos, Luis Babiano.
El antecedente está en Zaragoza, donde la Red Agua Pública de Aragón, ha conseguido la firma de los tres partidos que gobiernan la capital aragonesa (PSOE, IU y Chunta Aragonesista), 13 organizaciones sociales y dos fundaciones en un “compromiso social y político por la gestión pública y participativa del agua”.
Los objetivos básicos son que la gestión y tratamiento del agua sean considerados un servicio de “acceso universal, participado y vinculado a los derechos humanos”. Este compromiso no es una mera declaración de principios, ya que supone cambios en las organizaciones responsables de este escaso recurso en España, como la creación de un órgano regulador participado por las organizaciones sociales.
Los principios básicos del pacto por el agua pública son seis. El primero es que el agua es un bien público y que los servicios de abastecimiento y saneamiento están vinculados a derechos humanos y, por lo tanto, deben ser de acceso universal. Ninguna organización discute el primer aspecto, pero la forma de llevar a cabo el segundo, como los cortes de suministro por impago, anula en numerosas ocasiones la consideración del recurso como un derecho sobre un bien de todos. En este sentido, el acuerdo establece que el agua “no debe ser gestionada desde la lógica del mercado, sino desde nuevas formas públicas y participativas, sin ánimo de lucro, como servicios de interés general”.
El segundo punto del acuerdo considera “justo y necesario” que servicios de agua y saneamiento sean municipales y no se vean afectados por los recortes de competencia que supone la nueva normativa de régimen local promovida por el Gobierno.
En línea con la resolución de la Unión Europea, el pacto por el agua se ampara y defiende la resolución de Naciones Unidas que declara el agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial.
El acuerdo reclama una gestión integral y coordinada de los servicios, evitando la dispersión y atomización de entidades responsables de un bien común.
El modelo de gestión que se propone es 100% público, frente a las numerosas propuestas de empresas mixtas (municipales y privadas), “transparente y participativo”. Este planteamiento supone que la información responda a indicadores “significativos y comprensibles” fijados por un consejo regulador o un observatorio independiente con capacidad de control y representación.
El sistema tarifario que prevé el acuerdo es “justo”, “equitativo” y capaz de garantizar el acceso a servicios de alta calidad, independientemente de los recursos del ciudadano. Del mismo modo, el precio debe asegurar la sostenibilidad financiera del servicio, incentivar el ahorro y penalizar el derroche. “Los fondos recaudados por las tarifas o cualesquiera otros vinculados al servicio de agua y saneamiento deberán dedicarse a garantizar la gestión eficiente del mismo, realizar las inversiones precisas y asegurar el acceso universal al servicio”, concluye el pacto.
Fuente: El País
