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| Imagen: Propia. |
Estas criaturas están confundiendo fenómenos como el Algarrobico, con las miles de viviendas en nuestras periferias y nuestros campos, donde las familias viven de forma más económica en autoconstrucción y poco más. Esto hay que defenderlo, y dejar de alentar al gobierno en contra de nosotrxs mismxs.
Regulación "especial" pues quizás. Recordar a los ecologistos que es urbanismo ilegal la recalificación forzosa a favor de grandes empresas y personas: Palomares (Sevilla), Marbella (Málaga) o Bormujos (Sevilla) a favor de inmobiliarias como Tracsa o Inmobiliaria Osuna. También lo son los favoritismos y las expropiaciones privadas para los transportes. Y por último dejar constancia que si se derriban casas ilegales, no existirían Torreblanca, Palmete, Padre Pío, La Doctora, parte de Pino Montano y otros muchos núcleos humanos de residencias.
Que enfoquen los ecologistas la mirada a la millonarísima y teatralizada subvención del lince y del aguila negra, y al gran cortijo rústico de Doñana.
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Artículo de Ecologistas en Acción
Artículo de Ecologistas en Acción
IU DEBE RECTIFICAR SU APOYO AL
URBANISMO ILEGAL
Ecologistas en Acción asiste con
estupor a la carrera entre los partidos políticos
parlamentarios a ver quién apoya más a las
viviendas y urbanizaciones ilegales. Ahora es IU,
el único partido que se posicionó en el reciente
debate del estado de la Comunidad en contra de
modificar la LOUA para legalizar las
urbanizaciones ilegales, el que se ha terminado
apuntando al carro del urbanismo ilegal, que no
olvidemos es fruto de la especulación y de la
corrupción urbanística.
Además de las cerca
de 300.000 viviendas que se posibilitan
legalizar con el decretazo de 2012, ahora se
abren las puertas de la legalización a otras
25.000 que se quedaron sin poder legalizar ya
que no eran viviendas aisladas, sino auténticas
urbanizaciones en suelo no urbanizable. Todo un
escándalo de consecuencias impredecibles, tanto
por lo que supone de amnistía para no aplicar
las leyes, como por el efecto llamada que
generará. El mensaje es claro, lo que se
construye ilegalmente se termina por legalizar,
y a un coste menor que si se construye
legalmente.
La condición que ha exigido IU es ridícula,
y perfectamente asumible por el PSOE, por el PP y
por los constructores y propietarios de viviendas
ilegales: que sean de uso residencial. Ni siquiera
que sean de primera residencia; es decir, que el
tan manido argumento de que hay que dar una salida
a las familias que viven en unas condiciones de
precariedad legal, es también falso. Muchas son de
segunda residencia y ahora también se legalizarán.
Si se tiene en cuenta que el fenómeno del
urbanismo ilegal ha campeado a sus anchas por
Andalucía en las dos últimas décadas sin
distinción de color político de los ayuntamientos,
se entiende que IU también quiera tapar sus
vergüenzas de los ayuntamientos que gobierna, en
muchos de los cuales hay miles de viviendas
ilegales.
Ecologistas en Acción lamenta que los que
dicen defender el cumplimiento de la legalidad,
sean los adalides de su incumplimiento; que los
que hablan de transparencia y participación hayan
dado este golpe en negociaciones secretas a
espalda de los ciudadanos y de los órganos
consultivos de la propia Junta de Andalucía; que
los que dicen defender otro modelo distinto al del
ladrillo, se dediquen ahora a intentar amparar
toda la especulación y la corrupción urbanística
que se ha desarrollado durante la burbuja
inmobiliaria.
Esta modificación de la LOUA no estaba en
el programa de IU ni en el acuerdo de gobierno que
firmaron con el PSOE. Muy al contrario, IU
manifestó que lucharía contra la especulación y la
corrupción urbanística. Ahora aprueba lo que dijo
que combatiría, mientras que acuerdos incluidos en
el programa de gobierno se incumplen
manifiestamente.
En el “Acuerdo por Andalucía” firmado por
PSOE e IU se incluían los siguientes compromisos:
· Nuestro modelo de
desarrollo ha de distinguirse por incorporar
plenamente la consideración de la calidad del
territorio y el medio ambiente en las políticas
y actividades económicas. Por ello, planteamos
el principio de no regresión en los derechos y
en las políticas de ordenación del territorio y
de medio ambiente.
· Impulsaremos un
modelo de ordenación del territorio
ecológicamente sostenible, socialmente justo y
territorialmente equilibrado.
· Impulsaremos el
desarrollo reglamentario de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía de forma prioritaria
para hacer frente a la especulación, potenciar
la intervención pública en suelo y vivienda.
· Promoveremos la
participación de manera efectiva y real en la
elaboración, modificación y revisión de todos
los instrumentos de Planificación y ordenación
del territorio, de todos los ciudadanos y
ciudadanas y sus asociaciones para las
decisiones a adoptar en cada Plan, incluyendo la
información relativa a la participación pública.
· Defenderemos un
modelo de ciudad compacta basado en la
diversidad social y de usos que favorezca la
calidad de vida y la compatibilidad de
actividades productivas y residenciales, con
unas adecuadas dotaciones de servicios públicos
que apuesten por un modelo de movilidad
sostenible sustentado en el transporte público y
los medios no motorizados.
Este es el “Programa, programa, programa…”
de IU. Que después no se extrañen del “desapego”
de los ciudadanos ante unas formaciones políticas
que prometen una cosa cuando están en la oposición
y hacen lo contrario para mantenerse en el
gobierno.
Tras
el debate del estado de la Comunidad, Ecologistas
en Acción solicitó una reunión a Diego Valderas,
como máximo responsables de IU en el Gobierno
Andaluz para
trasladarle nuestra preocupación y estupor ante la
propuesta de la presidenta
de la Junta en relación con la modificación de la
LOUA para permitir la “regularización” de las
urbanizaciones ilegales. Seguimos esperando.
Más información: Juan Clavero
675435505
Lola Yllescas Ortiz
Comunicación de Ecologistas en
Acción de Andalucía
