Estrasburgo sentencia que la ‘doctrina Parot’ vulnera derechos humanos
España, condenada por prolongar ilegalmente la prisión de la etarra Inés del Río
José Yoldi
Madrid
La etarra Inés del Río, durante un juicio en la Audiencia. / EFE
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por haber aplicado a la miembro del comando Madrid Inés del Río Prada, con más de 3.000 años de condena nominal, la doctrina Parot.
Se denomina así al recuento del cumplimiento de la pena basado en una
interpretación del Tribunal Supremo que en vez de aplicar los beneficios
penitenciarios sobre el máximo de cumplimiento de prisión, que eran 30
años, lo hacía sobre la totalidad de la condena. La consecuencia era que
a todos los reclusos a los que les afectaba ya no podían salir a los 18
años de condena sino cuando hubieran apurado los 30 años de
cumplimiento efectivo.
La sentencia del tribunal de Estrasburgo no es firme y puede ser recurrida ante la Gran Sala de la misma corte. Pero a la vista de la contundencia de los argumentos de la resolución —establece claramente que España violó y sigue violando los artículos 7 y 5.1 de la Convención Europea de Derechos Humanos—, de que Inés del Río sigue en prisión y que el Gobierno ha decidido no hacer caso de la indicación de que tiene que excarcelar de inmediato a la etarra para no seguir vulnerando la convención, el rapapolvo futuro puede ser antológico.
Inés del Río es una terrorista del comando Madrid que participó, entre otros crímenes, en el atentado de la República Dominicana de Madrid y que está condenada a más de 3.000 años de cárcel. Sin embargo, por aplicación de los beneficios penitenciarios podría haber salido de prisión el 3 de julio de 2008, a los 18 años de cumplimiento ininterrumpido, como ocurrió con su jefe de comando, Iñaki de Juana Chaos. Del Río tuvo peor suerte, porque antes de que le pudieran aplicar las redenciones de penas por trabajo o estudios, el Tribunal Supremo estudió un recurso sobre la forma de aplicar esos beneficios a la condena del etarra Henri Parot y cercenó toda opción de acceder a la libertad provisional no solo de Parot sino también de otros 76 reclusos, casi todos etarras. Del Río vio retrasada su salida hasta 2017.
Ahora, Estrasburgo indica a España que debe poner en libertad a Del Río en el plazo más breve posible porque ha violado los artículos 7 y 5.1 de la Convención Europea de Derechos Humanos y le otorga a la etarra una indemnización de 30.000 euros por daños morales y 1.500 euros más por los gastos del proceso. Aunque las sentencias de Estrasburgo tienen carácter declarativo, la condena al Estado, con la llamada movilización de la vergüenza, difícilmente podrá no aplicarla, lo que le correspondería a la Audiencia Nacional por ser el tribunal sentenciador.
La resolución de Estrasburgo, de hecho, tumba la doctrina Parot, porque los más de medio centenar de casos planteados ante el mismo tribunal llevan el mismo camino y más tarde o más temprano acabarán de la misma manera: con indicación de puesta en libertad y la correspondiente indemnización por daños morales. Mientras tanto, algunos de los principales terroristas llevan cumplidos hasta seis años más de cárcel de los que les correspondían.
El artículo 7 de la Convención Europea de Derechos Humanos establece que “nadie puede ser condenado por una acción u omisión que en el momento en que fue cometida no constituía delito en el derecho nacional o internacional. Y tampoco nadie puede recibir una pena más elevada que la que era aplicable al delito en el momento de su comisión”.
Es esta segunda parte del artículo la que Estrasburgo considera que la doctrina Parot ha vulnerado. Porque, en definitiva, de acuerdo con el Código Penal de 1973, para que los beneficios penitenciarios fueran efectivos había que aplicarlos a la pena refundida. Además de que no se pueden cumplir 3.000 años, para que las redenciones de penas cumplieran su función solo podían aplicarse sobre los 30 años de cumplimiento máximo efectivo. Es decir, ese tope tenía la consideración de una nueva pena autónoma a la que aplicar los beneficios.
Y así lo había dictaminado el Supremo en 1994, pero en 2006 la alarma
social provocada por que terroristas de ETA con más de 20 muertos a sus
espaldas fueran a salir de prisión determinó que el alto tribunal
reinterpretase su propia doctrina y prolongase de hecho la prisión de
los terroristas, aunque la mayoría de los catedráticos considerase la
medida inconstitucional.
La Constitución, en su artículo 9, prohíbe la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, como la libertad, y la doctrina Parot atenta claramente contra ella. Pero ni el Supremo ni el Constitucional apreciaron que hubiera ninguna vulneración.
Ahora, Estrasburgo considera que la interpretación del Supremo conocida como doctrina Parot prolonga nueve años de forma retroactiva, y por tanto ilegal, la pena de Inés del Río y sostiene que debería haber salido de prisión en 2008.
El caso de Inés del Río no es extensible a los otros reclusos afectados por la doctrina Parot, pero alguien debería evitar la vergüenza de que España vaya siendo condenada una y otra vez por esta misma vulneración.
Fuente: El País.
http://politica.elpais.com/politica/2012/07/10/actualidad/1341909785_616860.html
La sentencia del tribunal de Estrasburgo no es firme y puede ser recurrida ante la Gran Sala de la misma corte. Pero a la vista de la contundencia de los argumentos de la resolución —establece claramente que España violó y sigue violando los artículos 7 y 5.1 de la Convención Europea de Derechos Humanos—, de que Inés del Río sigue en prisión y que el Gobierno ha decidido no hacer caso de la indicación de que tiene que excarcelar de inmediato a la etarra para no seguir vulnerando la convención, el rapapolvo futuro puede ser antológico.
Inés del Río es una terrorista del comando Madrid que participó, entre otros crímenes, en el atentado de la República Dominicana de Madrid y que está condenada a más de 3.000 años de cárcel. Sin embargo, por aplicación de los beneficios penitenciarios podría haber salido de prisión el 3 de julio de 2008, a los 18 años de cumplimiento ininterrumpido, como ocurrió con su jefe de comando, Iñaki de Juana Chaos. Del Río tuvo peor suerte, porque antes de que le pudieran aplicar las redenciones de penas por trabajo o estudios, el Tribunal Supremo estudió un recurso sobre la forma de aplicar esos beneficios a la condena del etarra Henri Parot y cercenó toda opción de acceder a la libertad provisional no solo de Parot sino también de otros 76 reclusos, casi todos etarras. Del Río vio retrasada su salida hasta 2017.
Ahora, Estrasburgo indica a España que debe poner en libertad a Del Río en el plazo más breve posible porque ha violado los artículos 7 y 5.1 de la Convención Europea de Derechos Humanos y le otorga a la etarra una indemnización de 30.000 euros por daños morales y 1.500 euros más por los gastos del proceso. Aunque las sentencias de Estrasburgo tienen carácter declarativo, la condena al Estado, con la llamada movilización de la vergüenza, difícilmente podrá no aplicarla, lo que le correspondería a la Audiencia Nacional por ser el tribunal sentenciador.
La resolución de Estrasburgo, de hecho, tumba la doctrina Parot, porque los más de medio centenar de casos planteados ante el mismo tribunal llevan el mismo camino y más tarde o más temprano acabarán de la misma manera: con indicación de puesta en libertad y la correspondiente indemnización por daños morales. Mientras tanto, algunos de los principales terroristas llevan cumplidos hasta seis años más de cárcel de los que les correspondían.
El artículo 7 de la Convención Europea de Derechos Humanos establece que “nadie puede ser condenado por una acción u omisión que en el momento en que fue cometida no constituía delito en el derecho nacional o internacional. Y tampoco nadie puede recibir una pena más elevada que la que era aplicable al delito en el momento de su comisión”.
Es esta segunda parte del artículo la que Estrasburgo considera que la doctrina Parot ha vulnerado. Porque, en definitiva, de acuerdo con el Código Penal de 1973, para que los beneficios penitenciarios fueran efectivos había que aplicarlos a la pena refundida. Además de que no se pueden cumplir 3.000 años, para que las redenciones de penas cumplieran su función solo podían aplicarse sobre los 30 años de cumplimiento máximo efectivo. Es decir, ese tope tenía la consideración de una nueva pena autónoma a la que aplicar los beneficios.
Ni el Supremo ni el Constitucional han apreciado que la aplicación de la retroactividad vulnere la Constitución
La Constitución, en su artículo 9, prohíbe la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, como la libertad, y la doctrina Parot atenta claramente contra ella. Pero ni el Supremo ni el Constitucional apreciaron que hubiera ninguna vulneración.
Ahora, Estrasburgo considera que la interpretación del Supremo conocida como doctrina Parot prolonga nueve años de forma retroactiva, y por tanto ilegal, la pena de Inés del Río y sostiene que debería haber salido de prisión en 2008.
El caso de Inés del Río no es extensible a los otros reclusos afectados por la doctrina Parot, pero alguien debería evitar la vergüenza de que España vaya siendo condenada una y otra vez por esta misma vulneración.
Fuente: El País.
http://politica.elpais.com/politica/2012/07/10/actualidad/1341909785_616860.html
