06 junio, 2016

ERE NI ERE: LA ESPANTADA DE LOS SOCIALISTAS A MADRID TUVO SUS RESULTADOS

Toda presidencia se marchó a Madrid cuando saltó el escándalo. En la Consejería de Empleo hubo con el tema de Formación y Eres, más de 600 expedientes investigados. Han movido los hilos y desbancado hasta Ayala. Hoy Formación, depende de Consejería de Educación, y una vez más no entra en la cárcel ningún político por la estafa millonaria. Más de lo mismo y más de los mismos. 

Un gran número de socialistas son hijxs de militares; e incluso falangistas, como el caso de Viera. Los de la derecha militante son grandes mafiosos también. ¿Habrá alguna relación entre los cuerpos de represión y el "orden público"  y el arte de robar dinero público, la malversación y el tráfico de influencias?.

Es decir, serán los agentes de "orden público" los que mantienen el "desorden público" también?. 

La Fiscalía Anticorrupción avala el auto en el que el juez de los ERE procesa a Chaves y Griñán

andalucesdiario.es / 3 jun 2016
El juez Álvaro Martín. // RTVE.ES 
El juez Álvaro Martín. // RTVE.ES
La Fiscalía Anticorrupción no recurrirá el auto dictado por el juez de refuerzo Álvaro Martín, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, en el que ha procesado a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros 24 ex altos cargos de la Junta, entre ellos seis exconsejeros.
En este sentido, fuentes judiciales han informado a Europa Press de que tras analizar dicho auto de procedimiento abreviado, el Ministerio Público ha decidido no recurrir, y por tanto avalar, la resolución dictada por el juez.
El expresidente Griñán, en cambio, sí ha anunciado ya que recurrirá el auto de Martín, como probablemente harán muchos otros de los 26 imputados. Y es que, al contrario que el juez Martín, en su auto de junio del año pasado el juez del Supremo Jorge Alberto Barreiro sí excluyó a Griñán de la imputación de un delito de malversación: “Debe dejarse constancia –escribía– de que, al menos al día de hoy, no constan datos indiciarios contra José Antonio Griñán como presunto autor de un delito de malversación, pues no se ha acreditado que interviniera en la concesión concreta de ayudas fraudulentas de fondos públicos, ni que supiera que se estaba disponiendo de los caudales públicos para las ayudas/subvenciones con destino al lucro ilícito de terceras personas”.
En el auto el juez Martín procesa a los expresidentes y a los exconsejeros José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Magdalena Álvarez, Gaspar Zarrías y Antonio Fernández en el marco de la pieza separada del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas en el caso ERE, la denominada pieza ‘política’.
Asimismo, ha procesado a los exviceconsejeros Agustín Barberá, Justo Mañas, Gonzalo Suárez, Jesús María Rodríguez, y José Salgueiro; a los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, y a los ex secretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo Juan Francisco Sánchez, Lourdes Medina y Javier Aguado. También han sido procesados el ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa; el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano; el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez; los ex directores generales de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano, Antonio Valverde y Jacinto Cañete, y el exjefe del Gabinete Jurídico de la Junta Francisco del Río.
El instructor, que dio traslado a Anticorrupción y a las acusaciones particulares para que en el plazo de 45 días formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa, considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación, aunque este último delito no se lo imputa ni a Chaves, ni a Zarrías ni a Magdalena Álvarez.
Así, el juez atribuye la malversación a 18 de los imputados, entre ellos Griñán, Viera, Fernández, Martínez Aguayo y Vallejo. Con el anterior Código Penal, antes de la reforma del pasado año 2015, la pena de prisión prevista para la malversación es de cuatro a ocho años.