En esta misma Tribuna, a finales de abril, saludé positivamente que en el preámbulo del nuevo proyecto de Estatuto, pactado por PSOE e IU, figurase la expresión realidad nacional como definición de Andalucía. Argumentaba, entonces, que ello correspondía a la triple dimensión identitaria del pueblo andaluz: histórica, cultural y política; esta última culminada el 4 de diciembre de 1977 y el 28 de febrero de 1980, cuando Andalucía logró situarse, junto a Cataluña, el País Vasco y Galicia, en la primera división autonómica. Tal como se aprobó en el Parlamento andaluz, en dicho preámbulo se partía de la definición de Andalucía, hoy, como realidad nacional que la Constitución reconoce, en su artículo segundo, como nacionalidad.
Ahora, el proyecto estatutario ha salido del Congreso de los Diputados, ya también con el apoyo del PP, con modificaciones sustanciales. Es cierto que se han mantenido las dos palabras, pero estas ya no definen a la Andalucía actual sino que refieren a un documento de 1919: el Manifiesto andalucista de Córdoba –por cierto, silenciado hasta hoy por reflejar la antigüedad del nacionalismo andaluz–. Realidad nacional queda como una definición histórica, que no se asume para el presente y es citada como se haría en una crónica o en la cita erudita de un trabajo académico. Me gustaría coincidir con quienes piensan que la realidad nacional de Andalucía continúa estando vigente en el nuevo proyecto de Estatuto, pero esto no responde a la realidad. Y ello lo saben bien cuantos han utilizado tijeras y rudos hilos de zurcir para lograr el párrafo del consenso (infumable, además, en su forma de redacción definitiva).
El añadido de la consabida jaculatoria, tan cara a la derecha y al jacobinismo españolistas, sobre el “marco indisoluble (¿eterno?) de la Nación Española” deja aún menos dudas al
respecto. Pero no se trata sólo del Preámbulo. En Madrid han sido modificados, o “cepillados”, casi 150 de los 246 artículos que salieron del Parlamento andaluz. Se ha suprimido la adicional cuarta, por la que Andalucía asumía de forma exclusiva cinco competencias del Estado – entre ellas la cuenca del Guadalquivir y los museos, archivos y bibliotecas– mediante la activación del artículo 150.2 de la Constitución (un artículo que consideran maldito quienes se dicen defensores acérrimos de ésta); se ha ampliado el porcentaje necesario para las iniciativas de reforma estatutaria (de 3/5 se ha pasado a 2/3); se ha cambiado, también negativamente, la adicional segunda referida a la deuda histórica; y, sobre todo, en multitud de artículos se remacha la supeditación no sólo a la Constitución y a la legislación actual del Estado, sino también a la futura. En conjunto, el poder autonómico queda reducido, en gran medida, a una agencia administrativa del Estado. Dan cuenta adecuada de esta realidad los jerarcas del PP cuando explican por qué ahora sí dan su voto favorable al Estatuto. Y tratan de esconderla los líderes psocialistas, que pretenden convencernos de que han hecho comulgar con ruedas de molino a los populares, sólo modificando pequeños detalles de poca importancia. Lo cierto es que ambos partidos tenían un miedo enorme a no ir de la mano en el referéndum del próximo febrero: el PP, por temor a quedarse otra vez, como en 1980, fuera de la foto; el PSOE, por pánico a la abstención que podría darse si la derecha no apoyara el texto. A ambos les interesaba entenderse y lo han hecho. ¿Alguien se sorprende?. El problema que ahora tienen es que deben convencernos a los andaluces de que es posible la cuadratura del círculo. Sin duda nos toman por bobos; y podríamos terminar siéndolo, tal es la fuerza de la todopoderosa publicidad política. Y mayor desconsideración aún nos hace IU, que, en su patética obsesión por afirmar su paternidad sobre cualquier Estatuto, sigue repitiéndonos que este es de máximos (¡).Como consecuencia, los tres partidos están a punto de bajar a Andalucía a la segunda división de las Comunidades Autónomas. Ello puede consumarse el 25 de febrero. Del recuerdo de cuando estábamos –aún estamos– en primera, sólo quedaría que las elecciones al Parlamento andaluz no coincidan necesariamente con las municipales. Pero no se preocupen demasiado los “cepilladores”: desde hace mucho tiempo, Chaves las sitúa siempre junto a las europeas o las generales; y lo seguirá haciendo. Y, mientras, el PSOE de Galicia y el BNG (Bloque Nacionalista Gallego) acaban de proponer el reconocimiento de Galicia, en su nuevo Estatuto, como nación. Sin duda, somos los únicos que vamos a bajar a segunda.
respecto. Pero no se trata sólo del Preámbulo. En Madrid han sido modificados, o “cepillados”, casi 150 de los 246 artículos que salieron del Parlamento andaluz. Se ha suprimido la adicional cuarta, por la que Andalucía asumía de forma exclusiva cinco competencias del Estado – entre ellas la cuenca del Guadalquivir y los museos, archivos y bibliotecas– mediante la activación del artículo 150.2 de la Constitución (un artículo que consideran maldito quienes se dicen defensores acérrimos de ésta); se ha ampliado el porcentaje necesario para las iniciativas de reforma estatutaria (de 3/5 se ha pasado a 2/3); se ha cambiado, también negativamente, la adicional segunda referida a la deuda histórica; y, sobre todo, en multitud de artículos se remacha la supeditación no sólo a la Constitución y a la legislación actual del Estado, sino también a la futura. En conjunto, el poder autonómico queda reducido, en gran medida, a una agencia administrativa del Estado. Dan cuenta adecuada de esta realidad los jerarcas del PP cuando explican por qué ahora sí dan su voto favorable al Estatuto. Y tratan de esconderla los líderes psocialistas, que pretenden convencernos de que han hecho comulgar con ruedas de molino a los populares, sólo modificando pequeños detalles de poca importancia. Lo cierto es que ambos partidos tenían un miedo enorme a no ir de la mano en el referéndum del próximo febrero: el PP, por temor a quedarse otra vez, como en 1980, fuera de la foto; el PSOE, por pánico a la abstención que podría darse si la derecha no apoyara el texto. A ambos les interesaba entenderse y lo han hecho. ¿Alguien se sorprende?. El problema que ahora tienen es que deben convencernos a los andaluces de que es posible la cuadratura del círculo. Sin duda nos toman por bobos; y podríamos terminar siéndolo, tal es la fuerza de la todopoderosa publicidad política. Y mayor desconsideración aún nos hace IU, que, en su patética obsesión por afirmar su paternidad sobre cualquier Estatuto, sigue repitiéndonos que este es de máximos (¡).Como consecuencia, los tres partidos están a punto de bajar a Andalucía a la segunda división de las Comunidades Autónomas. Ello puede consumarse el 25 de febrero. Del recuerdo de cuando estábamos –aún estamos– en primera, sólo quedaría que las elecciones al Parlamento andaluz no coincidan necesariamente con las municipales. Pero no se preocupen demasiado los “cepilladores”: desde hace mucho tiempo, Chaves las sitúa siempre junto a las europeas o las generales; y lo seguirá haciendo. Y, mientras, el PSOE de Galicia y el BNG (Bloque Nacionalista Gallego) acaban de proponer el reconocimiento de Galicia, en su nuevo Estatuto, como nación. Sin duda, somos los únicos que vamos a bajar a segunda.
SECCIÓN LA TRIBUNA
Autor: Isidoro Moreno.
