Guardias civiles anuncian que se negarán a utilizar y entender el galego en las interacciones que mantienen con la población Organismo antirrepresivo Ceivar [Traducido del galego por Antón para La Haine]
La vieja leyenda: “Hable bien. Sea patriota. No sea bárbaro”, difundida en miles de escritos por la imprenta sindical de A Coruña en la larga noche de piedra del siglo XX, encuentra relevo en la práctica lingüística de los agentes de la guardia civil destacados en Galiza sesenta años después.
Miembros de la fuerza de ocupación española anunciaban anteayer su intención de no utilizar ni entender el galego en las interacciones que deben mantener con la población. Fundamentan su decisión en el actual marco jurídico-político, que impone la obligatoriedad de conocer el español y el “derecho” a utilizar el galego.
Números del instituto armado vinculados a la denominada “Unión federal de Guardias Civiles” (UFGC) cruzaban anteayer la línea que separa la extendida práctica de la tolerancia hipócrita de la beligerancia directa frente al galego. Dirigentes de la asociación corporativa declaraban públicamente que utilizarán exclusivamente el español en las interacciones que mantienen con la población galega “pese a quien pese” -reproducimos literalmente- dado que es “la única lengua que todos los españoles tienen la obligación de conocer”. Ese “pese a quien pese” sugiere la posibilidad de que los militares incumplan cualquier normativa legal que altere sus hábitos lingüísticos.
La firme determinación de lxs agentes ligados a la UFGC imposibilita que cualquier galego-parlante pueda interactuar con sus números en caso de necesidad. Dado que, según la Constitución española, los popularmente conocidos como “picoletos” no tienen la obligación legal de entender el galego, el derecho a utilizarlo por parte de los galego-parlantes queda en papel mojado. Trámites administrativos, procesos judiciales, apelaciones, recursos, etc. realizados en relación con la organización armada española en territorio de la Comunidade Autónoma Galega (CAG) serán inviables para las personas que hablan la lengua de nuestro país.
Dispuestos a todoLa asociación corporativa de guardias civiles asegura que el ejecutivo de Madrid, “presionado por los nacionalistas” incluirá la obligatoriedad de que lxs funcionarixs del estado destinados en la CAG contesten en galego a aquellos ciudadanos que así lo demanden. Según la UFGC, el pasado jueves el ministro de administraciones públicas, Jordi Sevilla, habría alcanzado éste compromiso con vistas al proceso de reforma de la Ley de la Función Pública.
Los miembros de la fuerza militar extranjera se manifiestan dispuestos a elevar su pleito contra el galego “a las más altas instancias judiciales”, sabedores de que el vigente marco institucional –artículo 3.1 de la Constitución española de 1978- ampara la posición jurídicamente predominante del español. Los guardias civiles apuntan, además, que los ridículos avances experimentados en el empleo de la lengua nacional en los ámbitos institucionales son “el fruto del trabajo de partidos minoritarios en la sociedad”, confundiendo intencionadamente los inalienables derechos lingüísticos de nuestro pueblo con la representación institucional de opciones galegas.
Fuente: http://www.ceivar.org
Números del instituto armado vinculados a la denominada “Unión federal de Guardias Civiles” (UFGC) cruzaban anteayer la línea que separa la extendida práctica de la tolerancia hipócrita de la beligerancia directa frente al galego. Dirigentes de la asociación corporativa declaraban públicamente que utilizarán exclusivamente el español en las interacciones que mantienen con la población galega “pese a quien pese” -reproducimos literalmente- dado que es “la única lengua que todos los españoles tienen la obligación de conocer”. Ese “pese a quien pese” sugiere la posibilidad de que los militares incumplan cualquier normativa legal que altere sus hábitos lingüísticos.
La firme determinación de lxs agentes ligados a la UFGC imposibilita que cualquier galego-parlante pueda interactuar con sus números en caso de necesidad. Dado que, según la Constitución española, los popularmente conocidos como “picoletos” no tienen la obligación legal de entender el galego, el derecho a utilizarlo por parte de los galego-parlantes queda en papel mojado. Trámites administrativos, procesos judiciales, apelaciones, recursos, etc. realizados en relación con la organización armada española en territorio de la Comunidade Autónoma Galega (CAG) serán inviables para las personas que hablan la lengua de nuestro país.
Dispuestos a todoLa asociación corporativa de guardias civiles asegura que el ejecutivo de Madrid, “presionado por los nacionalistas” incluirá la obligatoriedad de que lxs funcionarixs del estado destinados en la CAG contesten en galego a aquellos ciudadanos que así lo demanden. Según la UFGC, el pasado jueves el ministro de administraciones públicas, Jordi Sevilla, habría alcanzado éste compromiso con vistas al proceso de reforma de la Ley de la Función Pública.
Los miembros de la fuerza militar extranjera se manifiestan dispuestos a elevar su pleito contra el galego “a las más altas instancias judiciales”, sabedores de que el vigente marco institucional –artículo 3.1 de la Constitución española de 1978- ampara la posición jurídicamente predominante del español. Los guardias civiles apuntan, además, que los ridículos avances experimentados en el empleo de la lengua nacional en los ámbitos institucionales son “el fruto del trabajo de partidos minoritarios en la sociedad”, confundiendo intencionadamente los inalienables derechos lingüísticos de nuestro pueblo con la representación institucional de opciones galegas.
Fuente: http://www.ceivar.org
Comentario: encima se permiten decir que la evolución y conciencia de un idioma como el gallego, son cosa de cuatro asociaciones.
