SEGUIMIENTO TRANSGÉNICOS

http://www.redandaluzadesemillas.org/centro-de-recursos/alianzas-y-convenios/palt-plataforma-andalucia-libre-de

DESCARGA EL LIBRO EL EXTERMINIO SUBVENCIONADO DEL LINCE IBÉRICO EN ESPAÑA

http://www62.zippyshare.com/v/26826568/file.html

. https://mega.co.nz/#!HoYzmRJQ!MTTUBES-nlB0kkxF_3TBi1fKe1dpFEvNU4n29pG1K9g
<https://mega.co.nz/>

.
http://www.mediafire.com/download/1yj1ohrmytrgs7a/EL_EXTERMINIO_SUBVENCIONAD
O_DEL_LINCE_IBERICO_EN_ESPAÑA.

pdf
<http://www.mediafire.com/download/1yj1ohrmytrgs7a/EL_EXTERMINIO_SUBVENCIONA
DO_DEL_LINCE_IBERICO_EN_ESPA%C3%91A.pdf>

SEVILLA, CIUDAD ABIERTA A TODO A COSTA DE TODOS

 

 Nota previa: Es una de las ciudades europeas con los precios más bajos para las localizaciones cinematográficas. Resaltar además que se trata de una gestión comercial de intercambio de espacios y dinero público frente a las productoras privadas. Es negativo que a una ciudad le quepa de todo, y que un concejal argumente que Sevilla es elegida por cuatro rodajes porque  es "de película". Miren que todo depende: http://www.abc.es/tv/20130917/abci-isabel-busca-nuevas-localizaciones-201309172007.html

Sevilla acoge este otoño el rodaje de cuatro largometrajes

SEVILLA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado que la ciudad se convertirá durante los próximos meses de octubre y noviembre en "un gran plató cinematográfico" con el rodaje de hasta cuatro largometrajes, "siendo la primera vez que coincide el rodaje de cuatro películas en prácticamente un mes y medio".

   Así, el concejal delegado de Empleo, Economía, Fiestas Mayores y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Gregorio Serrano (PP), ha destacado en un comunicado que "estos rodajes ponen de manifiesto que Sevilla es de película", y ha resaltado que "supondrán una importante fuente de creación de empleo para el sector audiovisual, además de tener un importante impacto económico en la ciudad en cuanto a ocupación hotelera, hostelería, taxis y todo tipo de servicios que demanden los productores".
   En este sentido, Serrano ha anunciado que "el crecimiento en la captación y gestión de rodajes por parte del Ayuntamiento de Sevilla, a través de APPES Promoción Exterior de Sevilla-Sevilla Film Office, es de entorno a un diez por ciento en comparación con el año 2012", y ha añadido que "es indudable que este crecimiento no hubiera sido posible sin un gran esfuerzo comercial y nuevos instrumentos como la guía audiovisual, presentada por el alcalde, Juan Ignacio Zoido, el pasado mes de mayo".
   Asimismo, el edil ha manifestado que "aunque habrá que esperar a final de año, se confía en mantener este porcentaje de crecimiento, sobre todo si tenemos en cuenta las producciones que ya están comprometidas para estos próximos meses", toda vez que considera que es "verdaderamente alentador que los próximos meses de octubre y noviembre coincidan en el tiempo cuatro largometrajes".

AGENDA CINEMATOGRÁFICA

   El primero de los filmes que comenzará a rodarse en la ciudad será 'Maldita Venganza', del director David Chamizo, del 7 de octubre al 15 de noviembre. Se trata de un largometraje producido por Antonio Moyano de género fantástico o, como dirían sus autores, "una subrealista 'road movie' de terror y aventuras llena de acción, angustia, muerte y diversión".
   Seguidamente, se llevará a cabo el rodaje de 'Carmina y Amén', de Paco León. Esta se iniciará el 21 de octubre, y en su reparto contará con Carmina Barrios, María León y Paco Casaus, otros miembros de la familia León-Barrios, además de varios actores profesionales. La película se rodará íntegramente en Sevilla durante cuatro semanas bajo la producción de Andy Joke y Telecinco Cinema y contará con la participación de 'Canal+'.
   'La Isla Mínima', de Alberto Rodríguez, comenzará a grabarse el 22 de octubre hasta el 15 de noviembre y contará con la participación de los actores Raúl Arévalo y Javier Gutiérrez. La trama de este thriller policíaco, producido por Atípica Films, arrancará en las marismas del bajo Guadalquivir, una extensión "inmensa y no demasiado conocida" a unos 30 kilómetros al sur de Sevilla.
   Finalmente, 'La ignorancia de la sangre', de Manuel Gómez Pereira, comenzará el 28 de octubre y durará cinco semanas. Entre los actores destacan Paz Vega, Hugo Silva y Juan Diego Botto. La película, producida por Maestranza Films en coproducción con Tornasol Films, está basada en la novela homónima de Richard Wilson, que completa la tetralogía del inspector Falcón, concluye.

Fuente:   http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-sevilla-acoge-otono-rodaje-cuatro-largometrajes-20130922131356.html#AqZ10P4mPBF8cW9A

DESAMORTIZACIÓN DEMOCRÁTICAMENTE CORRECTA

El Gobierno podrá privatizar cuatro millones de hectáreas de bosques y pastos con la 'ley Montoro'

CUANDO DICEN LOS POLÍTICOS "RACIONALIZACIÓN", DICEN BIEN : "RACIONA- LIZACIÓN"

Ecologistas en Acción y plataformas en defensa de las juntas vecinales critican que la Reforma Local será una "desamortización encubierta". Denuncian que el patrimonio de los concejos y sus bienes comunales pasarán a titularidad del Estado. Vaticinan que grandes empresas se harán con la gestión de los recursos hídricos.

vozpopuli.com

Enviado por RojoyNegro_Digital el Dom, 22/09/2013 - 11:21.

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El 8% de la extensión total de la geografía española, o lo que es lo mismo, cuatro millones de hectáreas (que se elevaban a 20 millones hace dos siglos). Ésta es la superficie terrestre que se verá afectada por el proyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, aprobado el pasado 26 de julio por el Consejo de Ministros y actualmente en tramitación parlamentaria. Desde Ecologistas en Acción y diversas plataformas rurales denuncian que si la también denominada 'ley Montoro' ve la luz y es puesta en marcha por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, abrirá la puerta a la privatización de bosques, pastos y bienes comunales, hoy gestionados por las juntas vecinales y los concejos de manera democrática.
En concreto, ecologistas y activistas contra el “expolio de nuestro pueblos” señalan que el proyecto de ley mantiene, en varios supuestos, la amenaza de supresión de las juntas vecinales de las pedanías, su pérdida de personalidad jurídica y el traspaso del patrimonio y los bienes comunales de los pueblos a, según los casos, el ayuntamiento del que dependan, la diputación provincial o la comunidad autónoma. Hasta la fecha, la propiedad de dicho patrimonio y recursos recae en manos de los vecinos, que tienen acceso por igual a los mismos y los administran a su libre disposición, de forma consensuada. Sin embargo, la futura normativa supondría, según vaticinan, que consultorios, residencias de mayores, iglesias, colegios o salones socialesque han sido construidos básicamente por los vecinos pasarán a manos de la Administración, que recurrirá a terceros para su explotación y “hacer negocio con todo ello”. Además, insisten en que "la gran mayoría de las juntas vecinales no tiene deudas ni cuestan nada al erario público, algo muy diferente de lo que ocurre con los grandes ayuntamientos".
Representantes de Ecologistas en Acción y plataformas en defensa de las pedanías se reunieron ayer con los grupos parlamentarios PP, PSOE, UPyD, CiU e Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso de los Diputados y les trasmitieron sus reivindicaciones. Entre ellos, se encontraba Jesús María Albarrán, portavoz de las 75 Juntas Vecinales de Omaña (vídeo), en la provincia de León, quien hace hincapié en la “existencia de empresas deseosas de hincar el diente a la explotación de bosques y al aprovechamiento de recursos hídricos”. Según Albarrán, el agua (los vecinos tiene ahora la propiedad e hicieron las conducciones o los depósitos) viene citada en el proyecto de ley como servicio público básico cuya forma de gestión podrá ser decidida por las diputaciones, así como la creación de un consorcio público-privado que "encarecería el servicio".
El desembarco del fracking
De igual modo, los ecologistas también temen la irrupción de compañías, fondos de inversión, corporaciones y particulares en la producción de alimentos, energía, eólica, gravas o el denominado fracking (fracturación hidráulica para la extracción de gas no convencional). En particular, en lo referente a los bosques, advierten de que la normativa atraerá a firmas de biomasas que “luego esquilman esta superficie” o permitirá que los pastos que ahora sustentan a pequeños y medianos ganaderos se vendan o alquilen a grandes empresas. Al mismo tiempo, la extracción de resina será sacada a subasta. También, relata Albarrán, se acabará con los cotos de caza locales, ya que la decisión sobre un uso conjunto de los mismos no dependería de las juntas vecinales afectadas sino de sólo “una Administración, una sola persona”.
Desde la Plataforma para la defensa de las juntas vecinas de Omaña arremeten contra esta “desamortización encubierta” por parte del Gobierno de Mariano Rajoy y consideran que “el campesinado se ha permitido el lujo de ser autónomo y la autogestión no gusta a los grupos de poder”.
Según el registro oficial, en España hay 3.723 entidades de ámbito territorial inferior al municipio (8.117), con lo que su supresión conllevaría la desaparición del 31% del ámbito local. León es la provincia española que se vería más perjudicada por la disolución de las pedanías, ya que posee 1.234 de esas 3.723 de todo el país.
Fuente: http://vozpopuli.com/actualidad/31911-el-gobierno-podra-privatizar-cuatro-millones-de-hectareas-de-bosques-y-pastos-con-la-ley-montoro

EL CONFLICTO DE LA MEZQUITA Y EL COMPORTAMIENTO DE LA IGLESIA

 

                                                                     Imagen: Alcázar.

 

La misma Iglesia que apoyó -y dio cobertura ideológica- el golpe de Estado fascista de 1936

Salvador López Arnal

Rebelión

Corre por la red y merece nuestro apoyo. La Mezquita de Córdoba fue construida entre los años 780 y 785.
Muchos siglos después, 2 de marzo de 2006, la Iglesia Católica española, apostólica y romana a un tiempo, inscribió “el inmueble” a su nombre.
En el registro de la propiedad número 4 de Córdoba: tomo 2381, libro 155, folio 198.
El trámite les costó unos 30 euros.
¿Cuál fue la estrategia del robo, de la apropiación indebida de un bien común como la Mezquita?
José María Aznar, entonces primer ministro del Reino de España, el de “España va bien”, cambió la ley hipotecaria en 1998 “para permitir a la Iglesia apropiarse de edificios de dominio público”, aunque sean patrimonio de toda la ciudadanía. Para ello, basta con que “el señor obispo dé fe y certifique que pertenecen a la Iglesia”. Y sin necesidad de notario.
Realizada la expropiación contrarrevolucionaria, disponer de un edificio de más de 23.000 metros cuadrados (algo así como unos 300 pisos de 80 m2, uno al lado del otro) yen pleno centro de Córdoba, le sale gratis a la Iglesia. Ni paga el IBI ni se ocupa de los gastos de conservación. Eso es para los comunes.
Por lo demás, la entrada en la Mezquita cuesta actualmente 8 euros por persona (no es imposible incrementos en breve). Al año recibe más de 1 millón de visitantes. Pongamos 1 millón exacto. En total, 8 millones por entradas vendidas.
Es más que dudoso que el dinero recaudado pague impuestos. ¿Por qué? Se considera un donativo -¿donativo?- y, por ello, está exento de tributación.
El obispado de Córdoba, por supuesto, dispone de la Mezquita a su absoluta voluntad. Decide quién puede trabajar como guía y quién no. No es raro que en determinados momentos se cierre el acceso a los visitantes porque, por ejemplo, una convención de sacerdotes se celebra en su interior. Católicos por supuesto.
Los gastos de restauración y conservación no los paga la Iglesia. Por supuesto, los paga el Estado, es decir, los pagamos todos… todos los ciudadanos que pagamos impuestos. No doña Cristina, el señor Millet o el señor Botín.
No es la única expropiación eclesiástica. Desde 1998, la Iglesia católica española ha inscrito a su nombre “cientos de edificios, muchos de ellos financiados por los vecinos de cada pueblo o ciudad”.
¿Cuánto nos cuesta mantener los privilegios de esta institución medieval, que no medievalista, llamada Iglesia Católica?
Padre Francisco, usted que quiere vincularse el franciscanismo: ¿es esto señal de pobreza y equidad? ¿Expropiar bienes públicos está en el programa oculto de la Iglesia Católica?

Salvador López Arnal es miembro del Front Cívic Somos Mayoría y del CEMS (Centre d’Estudis sobre els Movimients Socials de la Universitat Pompeu Fabra, director Jordi Mir Garcia)

SOCIOFOBIA

"Sociofobia" de César Rendueles.

El cambio político en la era de la utopía digital.

En Nodo50 a lo largo de los últimos años nos hemos hecho eco de las ideas y escritos de César Rendueles. "Sociofobia" es su primer libro, donde recupera sus certeras críticas al fetichismo digital así como algunas ideas rescatadas de su tesis doctoral, "Los límites de las ciencias sociales una defensa del eclecticismo metodológico de Karl Marx". En "Sociofobia" además Rendueles expone nuevos planteamientos relacionados con la ética de los cuidados y su relación con un cambio político post-heroico. La presentación del libro será el sábado 28 de septiembre a las 19.30h en Tipos Infames c/ San Joaquín 3, 28004 Madrid.

De Margaret Thatcher a Facebook
“Aíslame, Fermín” decía Edgardo en la divertida e inquietante obra de teatro de Jardiel Poncela Eloísa está dejabo de un almendro. En Eloísa el personaje de Edgardo pasa más de veinte años en la cama, simulando viajes en tren a lugares como San Sebastián, gracias a un ingenioso sistema de realidad virtual, montado a base de diapositivas y un criado tocando la campana anunciando la llegada a una nueva estación. La obra de Jardiel Poncela nos recuerda que la necesidad de aislarnos y de buscar sucedáneos de la realidad son muy anteriores a internet y las redes sociales. En Sociofobia César Rendueles analiza con precisión quirúrgica y estilo a veces algo complejo los problemas que aquejan a la sociedad moderna. Margaret Thatcher planteaba en los 80 que “no hay tal cosa como la sociedad. Hay individuos, hombres y mujeres, y hay familias”. Ahora en pleno siglo XXI vivimos tiempos de una sociabilidad mediada por todo tipo de nuevos dispositivos electrónicos, de smartsphones a tablets, volcando diversos aspectos de nuestras vidas en ese panóptico voluntario y viertual que son la redes sociales. Rendueles nada contracorriente, por ejemplo planteado que el 15M prosperó y se extendió a pesar de la hiperconectividad activista. Plantea también que internet ha generado una realidad social disminuida, no aumentada, un anatema total en tiempos de celebración del ciberactivismo, el periodismo ciudadano, wikiconstituciones, partidos políticos 2.0. y donde la obtención de un trending topic en Twitter se celebra como una importante victoria política.
Para el autor vivimos la era del ciberfetichismo, que define como la ficción de que las tecnologías de la comunicación y los conocimientos asociados tienen un sentido neutro al margen de su contexto social, institucional o político. Así las cosas, el ciberfetichismo y la sociofobia serían “las fases terminales de una profunda degeneración en la forma de entender la sociabilidad que afecta decisivamente a nuestra comprensión de la política” (página 176). En las páginas de Sociofobia se plantea la necesidad imperiosa de asumir el fracaso de la utopía de libre mercado y las ideas neoliberales. Las terribles consecuencias de los dogmas de la utopía neoliberal son crisis especulativas cada vez más destructivas y virulentas. Rendueles revindica la lucidez de creadores como Pasolini, pionero en denunciar los efectos destructivos del consumismo en nuestras sociedades. Uno de los aspectos más destacables de Sociofobia es la apuesta por un activismo y cambio político postheroíco. Según Rendueles “los anticapitalistas entendieron que, en realidad, los grandes dramas de nuestra era […] son cuestiones sencillas de resolver con unos pequeños ajustes: apenas un cambio en la propiedad de los medios de producción y algo de ilustración” (página 31). En esa línea argumental alejada de la revindiación del martirologio en la izquierda, Rendueles recupera una conversación con Carlos Fernández-Lliria donde el filósofo le planteaba que las ideas socialistas son “para personas que necesitan unas vacaciones del mercado laboral, el consumo, la publicidad e incluso el ocio” (página 152).
No podemos sobrevivir sin la ayuda de los demás, por lo que Rendueles revindica una ética del cuidado como la ideología y la práctica que deben guiar nuestra acción colectiva para conseguir un tipo de relaciones antagónicas a las del capitalismo, es decir alejadas del individualismo y la desigualdad material. De manera consciente o inconsciente Sociofobia se complemente casi a la perfección con uno de los best-sellers más inesperados de los últimos tiempos, En deuda de David Graeber, que es otro lúcido análisis de las funestas concecuencias del fundamentalismo de mercado. Pero donde Graeber idealiza de alguna manera el “comunismo cotidiano” de nuestras relaciones más proximas (familiares, afectivas) Rendueles finaliza Sociofobia alertando sobre la complejidad de las relaciones comunes “que ni hoy ni nunca alcanzaremos a entender plenamente”.

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César Rendueles: “Hay una gran cantidad de sociabilidad en Internet, pero resulta inservible para los cuidados”
[...] -Hay una crítica que se repite con frecuencia en el libro, y es que el ciberfetichismo oculta y legitima los vicios del capitalismo dándole una pátina de modernidad progresista. ¿No hay una izquierda en la Red? ¿No puede haberla por principio? De nuevo parece que la herramienta se come el concepto.
Sí, claro que hay una izquierda en la red. Hay medios de comunicación alternativos, iniciativas educativas, repositorios valiosísimos, espacios de comunicación, herramientas de gestión, instrumentos de agitación… Pero también hay amplios espacios supuestamente ecuménicos que trasladan a las relaciones sociales una lógica propia del consumismo. Lo que planteo es que la frontera entre unas iniciativas y otras no siempre está clara. Mi posición no es que la izquierda deba desentenderse de la red. Más bien al contrario. Pienso que sólo las políticas de izquierdas pueden permitirnos sacar de las tecnologías de la comunicación todos sus beneficios potenciales.
-Dices que “en el caso de la mayor parte de los países occidentales, la sostenibilidad ya equivale a decrecimiento”. En otra época pero con una cuestión de fondo similar, Malthus se equivocó en un vaticinio parecido. No estamos en un escenario estático, sino todo lo contrario, en el que la ciencia y la conciencia medioambiental, pueden ir resolviendo cierto tipo de problemas. ¿No es una visión reaccionaria el decrecimiento?
Malthus propuso una hipótesis especulativa a partir del diferente comportamiento de la población y los recursos alimentarios. Yo diría que eso es exactamente lo que hacen hoy quienes especulan con la posibilidad de que en el futuro la ciencia llegue al rescate para permitirnos seguir usando chismes de dos toneladas para transportar setenta kilos de casa al trabajo o disfrutar del sublime placer de comer hamburguesas con sabor a plastilina. Al día de hoy, el actual ritmo de consumo de Estados Unidos es materialmente imposible de globalizar. Harían falta cinco mundos para vivir como en la tierra del hombre libre. Eso significa que hay una manifiesta desigualdad ecológica internacional basada en criterios de poder político y económico. Lo que quiero decir es que no me interesa la perspectiva decrecionista por sus dimensiones conservacionistas sino por razones políticas relacionadas con la justicia social.

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Reseña en Los futuros del libro
El reciente y extraordinario libro de César Rendueles, Sociofobia. El cambio político en la era de la utopía digital, nos recuerda que el ciberfetichismo, que la analogía de la red como el nuevo sistema operativo de nuestra sociedad, es una ideología sospechosamente parecida a la del ultraliberalismo californiano: seres humanos aislados, fragmentados en personalidades y ocupaciones inconexas, que obedecen solamente a su propia volición, que se conectan esporádicamente para satisfacerla, que practican un simulacro de sociabilidad mediante adhesiones banales (me gusta, no me gusta) o mediante encuentros lúdicos y circunstanciales, que son políticamente inocuos cuando no meramente reaccionarios. “Nos pensamos”, dice Rendueles, “como racimos de preferencias, ocasionales pero intensas, a la deriva por los circuitos reticulares de la globalización postmoderna. Somos fragmentos de identidad personal que colisionan con otros en las redes sociales digitales y analógicas. El precio a pagar es la destrucción de cualquier proyecto que requiera una noción fuerte de compromiso [...] Internet genera una ilusión de intersubjetividad que, sin embargo, no llega a comprometernos con normas, personas y valores”. Habrá quien se eche las manos a la cabeza por profanar los mantras de la postmodernidad digital, pero quienes llevamos tiempo buscando datos que avalen nuestras opiniones, sabemos que tiene gran parte de razón, que la red no favorece de manera automática una cooperación sostenida, ni un sentido de comunidad profundo, ni un proyecto compartido. Deben concurrir otros elementos para que eso sea posible. “Los ciberfetichistas”, escribe Rendueles, en una prosa tan rica como su manera de enunciar los problemas, “no necesitan libertad conjunta -es decir, en común-, sólo simultánea -es decir, a la vez-. Internet suministra un sustituto epidérmico de la emancipación mediatne dosis sucesivas de independencia y conectividad. Las metáforas sociales de las redes digitales distribuidas hacen que las intervenciones políticas consensuadas parezcan toscas, lentas y aburridas frente al dinamismo espontáneo y orgánico de la red”.
Leo el magnífico libro de César Rendueles, al mismo tiempo, como una advertencia y una exigencia, también como una exhortación: no es tanto que las redes no puedan ayudarnos en ese proyecto de emancipación colectiva como que la manera acrítica en que la usamos nos conduce a su extremo opuesto, a la desintegracion y el fraccionamiento, a la celebración individual de una sociedad centrada en el consumo y en la satisfacción de deseos más o menos fútiles, donde los lazos comunitarios se han desintegrado. Si ese es el cemento de la sociedad contemporánea, deberemos inventar un nuevo adherente, porque la metáfora de la red es una coartada muchas veces para no indagar con la suficiente seriedad en los mecanismos de la acción colectiva, para practicar una suerte de fetichismo onanista. Hay todavía demasiados pocos trabajos que contrasten los lugares comunes de la utopía digital -comunidad, cooperación, acción colectiva, inteligencia cooperativa- con datos reales sobre el uso de las redes (e incluyo en esto el último trabajo de Manuel Castells, Redes de indignación y esperanza, más una proyección de la voluntad que un ejercicio científico). Leer a Rendueles me sirve para sospechar de las adhesiones fáciles a los mantras digitales y para practicar una sociología más atenta y vigilante.
Fuente : Espejismos digitales

¿RENTA BÁSICA?

7 argumentos para defender una renta básica de ciudadanía

1.- Durante años, el empleo y la nacionalidad han sido el garante de los derechos básicos asociados al estado de bienestar. A través del empleo accedíamos a un salario y con ese salario pagábamos los servicios y bienes para sostenernos. De ese salario se extraían impuestos que servían para pagar aquellos bienes y servicios necesarios para el sostenimiento de la sociedad. Principalmente, educación, sanidad, pensiones y prestaciones por desempleo.
2.- Las fuerzas organizaciones que garantizaban la relación entre el capital (quién da el salario) y la fuerza de trabajo (quién lo recibe) eran los sindicatos. Por ese motivo la reivindicación fuerte en materia de derechos de los sindicatos siempre ha sido el horizonte del pleno empleo. Que todo el mundo tenga un empleo permite mantener un sistema de salarios que a su vez sostenga un estado de bienestar,… y una intermediación sindical para su control. (Esto es muy tendencioso)
3.- Tanto en los periodos de mayor fuerza negociadora como en los que menos esta propuesta dejaba fuera de remuneración, ya de origen, toda una serie de trabajos fundamentales para el sostenimiento humano pero no reconocidos como “trabajo” y por tanto no sujetos a salario. El más claro es el trabajo de cuidados que realizan de forma mayoritaria, mujeres.
Además, se establecia un sistema de compensación entendiendo que la complejidad social era mayor que todo el mundo trabajando todo el rato en lo mismo. De ahí la cotización del paro (ligada aún así al empleo) y los pobres sistemas de compensación para población excluída, como las rentas mínima de inserción.
4.- Ese ecosistema laboral ha terminado por varios motivos. En este momento la masa de trabajadores/as en paro es mayor que, por ejemplo, la masa de trabajadores/as con trabajo fijo. Porque la llamada “población excluída” (Concepto del que podríamos discutir mucho) ya no es una minoría social, sino una mayoría. Desde este punto de vista se podrían plantear dos asuntos centrales: 1º. el reparto del empleo, al ser escaso no tiene sentido que se acumule; y 2º. el acceso a una renta garantizada para cualquiera como mecanismo de reducción de la pobreza, o lo que es lo mismo, como mecanismo de redistribución de la riqueza, que al igual que el empleo lo acumulan cada vez menos personas. Esto sería justo, pero la renta básica no es esencia solo como un mecanismo de compensación.
El empleo es un bien escaso, pero la producción de riqueza por fuera del empleo (o el empleo no pagado o no reconocido como tal) es tendencialmente mayoritario. Dos ejemplos, la salida a bolsa de twitter, una empresa que sostiene su valor en el mercado financiero a partir de las comunidades que sin recibir remuneración alguna se comunican en su interior. O como empresas como Netflix utilizan los datos que se obtienen de los torrents que nos descargamos para diseñar estrategias de mercado. En general, todo el negocio asociado al big data es una explotación de una serie de datos que damos en el contexto digital (aunque no solo) y que no tiene remuneración. La llamada economía del conocimiento es más bien un monopolio particular de una riqueza colectiva.
5. Casi todas las lecturas neokeynesianas que apuestan por un retorno del empleo consideran que para salir de la actual situación de dominio de las finanzas basta con una regulación adecuada que “haga pagar” a las finanzas para, desde ahí, financiar la inversión productiva. Sin embrago esta lectura no tiene en cuenta que el capitalismo se encuentra en un momento histórico definido por un exceso de capacidad productiva que ya dura más de cuarenta años. En términos prácticos, esto significa que cualquier estrategia de crecimiento no financiera se va a encontrar, más pronto que tarde, con que sus tasas de beneficio son debiles y, por tanto, lo será también su capacidad de generar empleo en la escala y la potencia necesaria. Acabar con este exceso de capacidad productiva requeriría unos niveles de socialización de las decisiones productivas y de cooperación transnacional impensables hoy. En este contexto, la Renta Básica aparece como la única manera de desvincular el bienestar, los derechos y la capacidad productiva de la sociedad del contexto de “crisis permanente” del capitalismo actual.
6.- Pagar un salario sobre la productividad en redes sociales no es posible, pero el valor de un tuit o compartir un contenido en facebook, comentar en un diario digital o recomendar una película no están sujetos a una ecuación directa entre lo que produces en tiempo y la riqueza que generas. La única manera de abordar el retorno económico es un gobierno de la economía financiera y de esas tasas de beneficio enormes a favor de la comunidades.
7.- La renta básica no es una renta “para no trabajar” sino el reconocimiento de que no dejamos de trabajar en ningún momento, de producir riqueza que luego el mercado valoriza. Desde un tuit al baile de los barrios negros y latinos que termina siendo explotado por la MTV o Shakira. También es un mecanismo para compensar desigualdades que permite, entre otras cosas, no tener una dependencia total de tu propia capacidad de endeudamiento para garantizar una vida “independiente” que no es tal, ya que sigue atada a crédito.

 Madrilonia

19/09/2013

PAGAR POR DUPLICADO: EL DESPERTAR ANTE CAMELOS INSTITUCIONALES

HACEN JORNADAS SOBRE LA INEPTIPTUD DE LOS POLÍTICOS QUE PAGAMOS CON NUESTRO DINERO Y NUESTROS MÉTODOS Y TAN CAMPANTES... . PARECE HASTA MODERRRNO. QUE RESUELVAN LA GESTIÓN LXS QUE PAGAMOS PARA ELLO. EXIGIMOS QUE HAGAN SU TRABAJO EN EL MUNDO DE LA CULTURA.


LA MORALEJA :

 1. A la hora que se postea esta entrada, el área de prensa de la EPGFA mismo, recibe una alerta de google en su mail, porque he escrito esto.
2. Alarma general en el departamento hasta que le consultan al jefe del Califato (el político jefe o jefa en su "puesto de confianza")
3. En teoría Tú (Cultura eres tú) pagas a muchxs políticxs para que fomenten la cultura en Andalucía, la apoyen y la defiendan a través de las consejerías.
4. Estos políticxs ni la fomentan ni la apoyan ni la difunden debidamente.Es más, te venden actos y programas con IDEAS que nos roban o toman prestadas.
5. Estos mismos políticos llaman a un público algo marginal en ayudas y ellos SE PRESTAN, para hablar de cómo se defiende el sector cultural independiente y tieso en tiempos de crisis. 6. Les pagan con el mismo dinero público con el que les deberían haber ayudado cuando lo necesitaban. 
Caso de la Carpa (Bifu), aunque le han cedido el suelo el Ayuntamiento de Sevilla. 
6. Y por último le cobran (re- cobran) 75 € al participante. 


UNXS TUNANTXS AL más puro estilo moderno que nadie denuncia por acojonados crónicos. Miren el cartel :Casa de la Memoria, Fundición, Escuela Pública de Formación Cultural, etc. 

OTROS TUNANTES PARTICIPANTES: CASI TODOS LOS PONENTES (QUE APARECEN LLAMADOS "supervivientes" SON LOS LLAMADOS PRIMERAS FILAS EN SUBVENCIONES ANUALES EN CULTURA. 

CURAS, REYES, MILITARES, ROTARIOS, MASONES Y CORRUPTOS: MARCA ESPAÑA

Pónganos a todxs a hacer deporte, a hacer apuestas on line y a crear enfrentamientos civiles con ordenanzas absurdas. Llenen las prisiones de pobres, abaraten las televisiones para que todos tengan una y encarezcan los impuestos esenciales. Ayuden a los ricos para que vuelvan a crecer con la crisis.  Por favor reduzcan empleos en el sector público y abran sus brazos a multinacionales regalándoles nuestros suelos. Si es posible cubran la tierra de paracetamol e ibunoprofeno para curar todos los males muriendo sólo de un mal. Siembren más edificios vacíos y oferten cientos de miles de plazas para cuerpos policiales. Llenen de cámaras con lectura artificial y sensores de movimiento cada calle, y alerten la IP de cada ordenador y el IMEI de cada móvil si escuchan "bomba" (aunque sea "pasarlo bomba" en una fiesta).

No descubran los estudios que solucionan el Cáncer, la Diabetes y el Sida, porque son rentables.  

Unan Iglesia y Estado, como estuvo siempre. Hagan a los jueces y magistrados seres neutrales naturales. Piensen en un mundo al revés y a lo mejor estará más derecho.

La IGLESIA, la MONARQUÍA y la MILICIA, abren el AÑO JUDICIAL... EN LA "SOLUBLE " ESPAÑA.

 

 

Apertura del año judicial entre pitos y con el fiscal general priorizando la “indisoluble unidad” de España

La anécdota de la ceremonia ha sido un lapsus del Rey equivocándose al conceder el turno de palabra reiteradamente a Torres-Dulce

ELPLURAL.COM / EFE | 16/09/2013

 

Eduardo Torres-Dulce, Gonzalo Moliner, Juan Carlos I y Alberto Ruiz-Gallardón, durante la apertura del año judicial

Siguiendo la tradición por la cual el año judicial se abre con un acto solemene en el mes de septiembre, este lunes se ha dado el pistoletazo de salida al ‘curso’ en los tribunales con la participación de todos los estamentos institucionales. Un acto marcado también por las protestas con los que han sido recibidos a su llegada al Tribunal Supremo, sede los protagonistas de esta apertura protocolaria: el Rey, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, y el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner.
Acto marcado por las protestas contra las tasas…
Las protestas a las puertas del Tribunal Supremo procedían de cerca de un centenar de funcionarios judiciales que se manifestaban así contra la reforma de la Justicia y las tasas impuestas por Gallardón, mientras que ciudadanos anónimos se sumaban también espontáneamente a los silbidos y abucheos hacia las personalidades que iban llegando. Los sindicatos que promovieron la protesta con el lema de la movilización ‘Gallardón acaba con la Justicia para todos’ rechazan la reforma del Gobierno porque con las tasas judiciales se generan desigualdades en el acceso a los tribunales en función del poder económico de los ciudadanos.
… por el lapsus del Rey…
Ya durante el acto protocolario, el Rey ha sufrido un vistoso lapsus cuando tras la intervención de Torres-Dulce, ha vuelto a dar la palabra al fiscal general del Estado, en vez de al presidente del Tribunal Supremo, aunque Gallardón le ha corregido.
… y por la proclama de Torres-Dulce
Sin embargo, Torres-Dulce se ha erigido en el protagonista del acto al asumir un duro discurso contra la corrupción, como no podía ser de otra manera cuando se trata del fiscal general. Sin embargo, también ha proclamo que “Monarquía y Estado, Nación y Constitución” constituyen el “fundamento de la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”.
Después de subrayar la indisolubilidad de España, Torres-Dulce ya ha aludido a la lucha contra la corrupción y a las reformas puestas en marcha por Gallardón.

Fuente: http://www.elplural.com/2013/09/16/apertura-del-ano-judicial-entre-pitos-y-con-el-fiscal-general-priorizando-la-indisoluble-unidad-de-espana/

BREVE HISTORIA DE AMÉRICA, DE MICHAEL MOORE

NO SE ASUSTEN: ESTO SUCEDE EN CADA VUELCO ELECTORAL; DEL DISTRITO AL CONGRESO

Política de la Prolongación del DistrAE MientrAs. Goebbels asustado.  

La trama Gurtel y el caso Bárcenas han constituido el pelotazo mediático del PSOE desde 2009. La política de prolongación de chismes en procesos judiciales roza la apatía y el vacío. El Psoe hace lo mismo multiplicado por mil con mucha más cautela documental. Siempre han sido expertos en trampear dinero, barones y  papeles, desde años previos a la  transición borbónica. A la vista está que no hay ningún alto cargo del PSOE que no esté alineado con grandes grupos empresariales o que no tenga recolocaciones- regalo en embajadas, sedes europeas  y lugares discretísimos. 

No digo ni mucho menos que sean iguales, pero me atrevo a comentaros que son semejantes y equivalentes. El distrito municipal de tu barrio, al conocer los datos desfavorables de las elecciones, TAMBIÉN destruye documentos, vacía discos duros y aniquila material por muchos menos motivos. 

El Político, no como zoom politikón, te distrAE mientras... .

11 Sep 2013

Caso PP: Las secretarias de los extesoreros destruyeron las agendas sobre encuentros con donantes

por Kaos. Corrupción en el reino del Borbón

Miércoles, 11 de Septiembre de 2013 08:16

Las secretarias de los extesoreros del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta han admitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que destruyeron las agendas en las que constaban los encuentros que los dos exdirigentes mantuvieron con los constructores investigados como donantes...

Agencias
En su declaración como testigos en la causa en la que se investiga la supuesta contabilidad B del PP, la secretaria de Bárcenas, Estrella Domínguez López, ha reconocido que trabajó para el extesorero hasta diciembre de 2012 y que durante ese año tiró a la basura su dietario, que contenía los encuentros, comidas y cenas que había mantenido su jefe como tesorero del partido.
   La secretaria de Bárcenas, que ha dicho que adoptó esta decisión sin que nadie se lo dijera y porque consideraba que no le valían para nada, ha admitido que en 2009, año en el que estalló el 'caso Gürtel', su entonces jefe le pidió que guardara las agendas y que en 2011 se las volvió a reclamar.
   Durante la declaración, el abogado de Bárcenas, Javier Gómez de Liaño, ha exhibido un fragmento de una de estas agendas, según las  citadas fuentes.

Fuente: Nodo 50. 

TABLAS SALARIOS EVENTUALES DEL CAMPO

Fuente: Sat

GIBRALTAR DESDE EL NACIONALISMO ANDALUZ DE IZQUIERDA

Gibraltar desde el nacionalismo andaluz de izquierda.

Recordando el Andalucismo Histórico (I).

              Concluida la Primera Guerra Mundial y en el contexto de la aplicación de las doctrinas del Presidente estadounidense Wilson, las democracias dibujaron de forma preventiva y aprendiendo del conflicto bélico un nuevo orden internacional reconociendo el principio de las nacionalidades y el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Al hilo de estos hechos España vivirá por aquellas fechas una irreconocible emergencia de reivindicaciones políticas desde gran parte de sus territorios. De entre ella, la primera petición de autonomía que para Andalucía realiza el Centro Andaluz de Sevilla (29 noviembre de 1918), en nombre de sus homólogos y por acuerdo de la Asamblea de Ronda en enero de aquel mismo año. Este acto de afirmación de Andalucía como sujeto político implicaba, según el texto elevado al Ayuntamiento y la Diputación hispalense para que instasen a los Poderes Centrales, la puesta en marcha de Cortes Constituyentes y la concesión de una autonomía “en iguales términos que a las demás”. Ante esta intencionalidad pacifista continental y en el intento por consolidar una nueva realidad diplomática más estable y pacífica, no es casual que los nacionalistas de esta tierra firmasen el 1 de enero de 1919 en Córdoba, toda una declaración de intenciones que a la vez que afirma esta tierra en el nuevo orden europeo, reclama atención internacional para una realidad política hasta entonces negada y supeditada a los intereses de un turnismo restaurador inmovilista y centralizador: Andalucía es una nacionalidad. Con ello, su consolidación como autogobierno con clásicos los tres poderes que hoy mismo disfruta nuestra Comunidad Autónoma.

              La conclusión de la I Gran Guerra pareció ser el momento propicio para la puesta en marcha de un nuevo concierto internacional que afianzase décadas de paz, un tanto ilusoriamente, a tenor de hechos posteriores y como la propia Historia demostrará. A la España neutral y aliadófila ante el conflicto, quieren sumar ahora los andalucistas históricos y junto a vascos y catalanes, la reivindicación y presencia de un Estado plurinacional y pluricultural en el que sólo Andalucía tiene un “territorio bajo dominación extranjera”. La reintegración de Gibraltar al suelo andaluz es la reivindicación “y la palabra” que los andalucistas defienden ante la nueva Sociedad de Naciones, mediante texto enviado al Congreso de Paz celebrado en Ginebra. La afirmación política como pueblo y nación diferenciada es acompañada de una demanda de integridad territorial toda vez que, con el paso del tiempo, el “dolor”, como señala el texto, podría traducirse en “un fatal sentimiento de rencor perenne hacia los promotores del perdurable vejamen”. Andalucía existe y es, y en la medida que su territorio está “desmembrado”, reivindica en su territorialidad plena. No puede ni debe afirmarse sin ella. Se aprovechaba así un instante político vital entre el marco de unas potencias imperialistas que hicieron inevitables la guerra y la reordenación de una Europa que inicia procesos de descolonización.

              Así las cosas,  para los nacionalistas andaluces el origen del conflicto se encuentra en el “centralismo sordo, ciego y sin alma” que olvida sus regiones a la vez que concretan en Castilla la responsabilidad de todo los males “históricos y coloniales”. Desde el republicanismo andalucista se entiende que la apuesta castellana en pro de los Borbones en la Guerra de Sucesión -identificada y vinculada a intereses centralistas- trae consigo una cesión por la que Andalucía paga con su territorio una apuesta dinástica a favor de una dinastía francesa que rechaza. De hecho, cabe recordar que Gibraltar fue ocupada por tropas catalanas junto a las inglesas y que, por su apuesta por el Archiduque Carlos, Cataluña pierde con el Borbón Felipe V sus derechos e instituciones históricas. Es más, Menorca que también por Utrecht formó parte del Reino Unido fue recuperada para el Estado casi un siglo después por medio de otro tratado.

              Expuesto así, Andalucía es víctima de Castilla. Tanto por unos hechos, como por un olvido secular en el que el ejemplo de Gibraltar es uno de los más importantes. Precisamente, la política de neutralidad de España ante el conflicto preocupa frente a las posiciones aliadófilas que defienden los andalucistas, en la medida también que, a su final, así se explicaría la inhibición del gobierno central ante la reivindicación territorial que nos ocupa. Castilla, como verdadera culpable histórica de la situación, volvió una vez más a apostar por las autocracias para defender la suya propia. El momento histórico que se vive resulta pues especialmente significativo para una nacionalidad como la andaluza en su anhelo por recuperar lo que llaman “solar sagrado”, para lo cual ponen en marcha una campaña de envío de cartas y mensajes a la Embajada Británica en Madrid solicitando la restitución del territorio gibraltareño. Si se quiere, de una forma “llena de optimismo” y muy honesta, pero no menos inocente y pretenciosa a la vez, se esperaba una justa respuesta al considerar que sería incapaz de “negar la personalidad histórica de Andalucía”. Mientras el Estado callaba los andalucistas históricos hacían valer su voz y con ella, la propia existencia de Andalucía en el contexto de las emergentes nacionalidades.

              Desde aquel instante la voz de Andalucía se hizo valer como interesada ante un conflicto como el gibraltareño, el cual todavía provoca amplios titulares y levanta aireadas veleidades patrioteras y centralistas. Más allá de la voz de España, Andalucía es la primera interesada en culminar su integridad territorial ya sea desde Utrecht en 1713 o desde Rota y Morón desde 1963. Y es cierto también que el Estado español siempre ha reivindicado el Peñón como parte de su geografía, pero no es menos cierto que ha sabido interpretar dicha causa histórica como más le ha convenido según sus intereses, si bien incluso alguna vez abrazó la idea de ocupar la roca mediante el uso de la fuerza. Hitler en el famoso encuentro con Franco en Hendaya hizo desistir al dictador de sus intereses ofreciendo prioridad a los suyos. La impotente España no dudó entonces en ocupar Tánger en 1940 amparada por la tutela del único país que reconoció esta acción ajena a toda medida diplomática: la Alemania de Hitler sacó así cierto provecho del apoyo gibraltareño a la causa de Franco. Más tarde, la pretendida política Franquista de procurar su asfixia económica mediante el cierre de la frontera española no hizo sino motivar la crispación e incrementar la identidad pro británica y colonial de los gibraltareños, aprovechando la vieja democracia para realizar un referéndum entre los habitantes de la roca para refrendar su vínculo e introducir en la Constitución del peñón un punto tranquilizador por el que Reino Unido se compromete a no realizar ninguna acción diplomática sobre Gibraltar sin contar antes con sus habitantes. Todo un cambio de estatus político en unos breves kilómetros cuadrados que, sin embargo, siguen manteniendo tratamiento de colonia pese a que la ONU ya pidió en 1965 el establecimiento de conversaciones para acabar con dicho status.

Fuente: Manuel Ruiz Romero. 

CONCIERTO CONTRA LA REPRESIÓN

Fuente_ Sat

CAMPAÑA ANDALUCIA MERECE MÁS

INTERNACIONAL: LOS DOS COJONES DE PUTIN

Se le dedican más espacios de lo normal a Siria por la cascada de guerras contra Oriente Medio que llevan realizando la Otan. Creo que es fundamental unir todo tipo de divulgación para parar esta devastación económica y social de una parte importante del mundo. 

DURÍSIMO MENSAJE DE PUTIN A OBAMA (PREMIO DE LA PAZ): “Si tenéis pruebas, presentadlas”

2 Comments Published by admin August 31st, 2013 in General, Política actual

El mandatario ruso se configura ya claramente como el mayor líder en el Planeta, sacando los colores al Premio Nobel de la Paz Obama en un reciente mensaje reflejado en Rusia Today: “si tenéis pruebas, presentadlas; si no, es que no las hay“.
“Decir que el gobierno sirio ha usado armas químicas en su actual situación es una completa tontería“, dijo.

Vladimir Putin, declaró que los planes para atacar Siria son una consecuencia del éxito de las tropas del Gobierno y al repliegue de los rebeldes. La información sobre el uso de armas químicas por las autoridades de Siria es una “provocación“, dijo.

“El ejército del Gobierno sirio avanza, y los así llamados ‘rebeldes’ están en una situación difícil, ya que pierden terreno. Ellos no tienen las armas con las que cuentan las tropas del Gobierno“, dijo Putin y subrayó que, lógicamente, “los patrocinadores de los así llamados rebeldes y los que están detrás de estos patrocinadores” lo que hacen es “ayudarlos militarmente” en su lucha contra Damasco.

“El sentido común habla por sí solo: las tropas del Gobierno sirio avanzan, en algunas regiones han rodeado a los rebeldes, así que ceder la iniciativa en tales condiciones a aquellos que reclaman constantemente a una intervención militar es una completa tontería que no se responde en absoluto a ninguna lógica, mucho más cuando ese mismo día llegaron los observadores de la ONU“, dijo Putin acerca del presunto uso de armas químicas en Siria.

“Me dirijo a Obama, ganador del Premio Nobel de la Paz: Hay que pensar en las futuras víctimas en Siria“, declaró el presidente ruso.

De momento (13:30 del sábado, hora española), la prensa oficial censura estas importantísimas declaraciones. Vamos a ver cuántos medios se atreven a reproducirlas (enteritas, claro, sin censura.

EL HOLOCAUSTO ANDALUZ

El historiador Francisco Espinosa analiza y delimita el concepto de "desaparecido" entre el conjunto de represaliados por el franquismo. La mayoría de esas desapariciones tuvieron lugar entre el golpe militar del 18 de julio de 1936 y febrero del año siguiente

Francisco Espinosa / Sevilla / 2 sep 2013 12

 

Mapa de fosas de Andalucía. Fuente: Junta de Andalucía.

 

Hay que definir y acotar una palabra que se usa con demasiada facilidad y que corre el riesgo de perder su sentido. Urge además clarificarlo para saber claramente de qué hablamos cuando nos referimos a los desaparecidos a consecuencia del golpe militar del 18 de julio. De entrada y muy en general podríamos llamar desaparecido a la persona, detenida ilegalmente por motivos políticos, cuyo rastro se pierde en el proceso represivo.

La geografía de los desaparecidos, como la de las fosas comunes, se superpone a la geografía del golpe militar triunfante. Un proceso que se abre en julio con la ocupación de medio país y se cierra en abril de 1939. Pero fue especialmente en los territorios ocupados desde los primeros momentos donde los golpistas aplicaron el plan de exterminio de sus enemigos políticos y de clase. En noviembre de 1936, cuando el golpe se convierte en guerra, los países fascistas se vuelcan con Franco y éste pasa a ser el jefe único y absoluto de los sublevados, se producen una serie de cambios que se impondrán paulatinamente y que pueden darse por establecidos en marzo de 1937. Me refiero a la estrategia del terror, al paso de los bandos de guerra al de los consejos de guerra sumarísimos de urgencia, procedimiento este que se prolongará hasta los primeros años cuarenta, cuando con motivo del derrumbe nazi-fascista la dictadura considere oportuno dar por concluida la matanza iniciada en julio de 1936.

“Ya no necesita comer”. De esa forma informaban a las familias que el preso había sido ejectutado

Es pues en esos meses que van de julio de 1936 a febrero de 1937 cuando se producen la mayor parte de los casos de desaparición. Personas detenidas por grupos militares o paramilitares cuyas familias intentan localizarlos y ayudarles. Dado el número de locales habilitados como prisiones y la desproporcionada cantidad de personas detenidas, la alimentación de éstas recayó sobre los familiares, que debieron peregrinar de sitio en sitio hasta dar con quien buscaban y acercarse todos los días para llevarle ropa y alimento. Todo ello hasta que un día, y esto forma parte de la memoria familiar de mucha gente, se le comunicaba que el preso “ya no necesitaba comer”.

Inmediatamente se iniciaba otro peregrinaje por los lugares de muerte más habituales para tratar de localizar el cadáver y tratar de darle sepultura digna. Algunas veces esto se hizo con el visto bueno de la autoridad militar. Podrían citarse dos casos conocidos: el de García de Leaniz en Sevilla o el de los hermanos Pla en Badajoz, todos pertenecientes a conocidas familias burguesas a las que por mediaciones varias se concedió este privilegio. También sabemos de casos en los que en los años cuarenta y cincuenta se abrieron algunas fosas para sacar los restos de algunas personas. En este sentido resultaron claves las notas tomadas en el 36 por los propios enterradores. Desconocemos la magnitud de estos casos. Sin embargo la mayor parte de las víctimas quedaron para siempre en las fosas abiertas para la ocasión.

En el suroeste la mayor parte de las fosas, todas las de las grandes ciudades por ejemplo, se abrieron dentro de los cementerios. Sin embargo en pueblos de zonas rurales hubo también fosas abiertas en descampados e incluso en fincas privadas. Por documentos que se conservan en los archivos municipales sabemos que los Ayuntamientos se encargaron de dar sepultura a los cadáveres abandonados en sus términos. Los nombres de las víctimas no fueron recogidos; si acaso se hizo constar en el registro el número de “desconocidos” que eran inhumados. En ocasiones, debido a la confluencia de varios pueblos, se optó por un punto intermedio donde el número de muertos acumulados obligó a abrir una fosa. Actualmente buen número de ellas se encuentran bajo construcciones de nichos levantadas posteriormente. En otros casos (Huelva, Badajoz) se han conservado como zonas de césped y se ha erigido una lápida conmemorativa. En algunos lugares, caso de Sevilla, los restos de las dos fosas principales, fueron trasladados al osario general en los años sesenta. Por su parte las fosas abiertas fuera de los cementerios, bastante controladas por los mapas de fosas recientemente elaborados, plantean numerosos problemas, como prueba lo que viene ocurriendo en Extremadura, donde muy pocos de los trabajos realizados han dado resultado.

Entre julio de 1936 y febrero de 1937 es cuando se producen la mayor parte de los casos de desaparición

Recordemos que durante esos meses del bando de guerra se celebraron en general muy pocos consejos de guerra. Casi siempre a militares y marcados por el carácter ejemplarizante en el caso de civiles. Pero en esto, como en otras cosas, los golpistas actuaron con bastante autonomía, de forma que si en el sur se impusieron los terroríficos bandos en Galicia se adelantó de manera selectiva la maquinaria represiva de los consejos de guerra. De cara a lo que tratamos la diferencia es importante: los bandos no dejaban huella de la víctima salvo en los archivos de los organismos represores, mientras que los consejos de guerra que concluían en pena de muerte acababan con un certificado médico de defunción y con la comunicación al Registro Civil para su inscripción. Sin embargo, por más que se supiera que había acabado en una fosa común, en la mayor parte de estos casos no quedaba constancia oficial del lugar de la inhumación, motivo por el cual también entran dentro de la categoría de desaparecidos. Una excepción sería la ciudad de Huelva, cuyos consejos de guerra  indican incluso el lugar exacto donde fueron enterrados los condenados a muerte. Otra excepción sería Córdoba, donde también se indica el lugar de enterramiento (por ejemplo hay personas de las que se dan las coordenadas y la profundidad a la que han sido enterradas en la fosa común: siete metros).

Esto marca una serie de diferencias muy importantes entre las zonas ocupadas entre julio de 1936 y febrero de 1937, y las que lo fueron posteriormente, donde se fue un poco más cuidadoso con las formalidades. Sería el caso de los territorios ocupados tras la puesta en marcha de la Fiscalía del Ejército de Ocupación, presidida por el jurídico militar Felipe Acedo Colunga y que inició sus actividades en la ciudad de Málaga en febrero del 37. De su contundencia dan muestra estas cifras: 2.168 víctimas de febrero a diciembre de 1937 (febrero: 627, marzo: 877, abril: 365…), todas ellas inscritas en el Registro Civil de Málaga; mientras tanto, en los pueblos ocupados se seguía con los bandos de guerra. Sin embargo, en Málaga, pese a la inscripción registral, no quedó rastro individualizado del lugar donde cada persona fue inhumada.

Por el decreto 67 de 10 de noviembre de 1936 y aunque no se mencionara a las víctimas de la represión se abrió una puerta a la inscripción de las personas desaparecidas en los meses anteriores. Dicho proceso se extenderá a los largo de varias décadas: primero en los cuarenta y cincuenta, luego descenderá en los sesenta y setenta y emergerá de nuevo durante la transición y en los años ochenta y noventa a consecuencia de la Ley de Pensiones de Guerra de 1979. De todo esto podemos hacernos una idea por el caso de Huelva, una provincia muy afectada por la represión: entre 1936 y 1990 fueron inscritas en los libros de defunciones de la provincia 3.040 personas, de las que sólo 520 serían inscripciones realizadas en plazo legal; el resto fueron diferidas: 1.989 entre 1936 y 1975 y 531 desde 1979 a 1990. Pero lo que hay que tener en cuenta es que estos 3.040 casos representan menos del 50 % de las personas asesinadas en la provincia. Tenemos constancia de que fueron más de seis mil pero sólo podemos dar la identidad de algo menos de la mitad de los que aún quedan por inscribir.

¿Podemos considerar desaparecidos a estos más de cuatro mil onubenses asesinados entre 1936 y 1945? No. En el caso de Huelva, como se ha dicho, habría que exceptuar a los que lo fueron por sentencia de consejo de guerra. Por el contrario sí habrá que tener en cuenta a los asesinados tras consejo de guerra en las restantes ciudades que hemos estudiado (Badajoz, Sevilla, Málaga). Hubo también familias que, pese al consejo de guerra, la sentencia y la inscripción, nunca supieron  qué fue de los suyos. Nadie se lo comunicó. En todo caso, ¿qué representa el número de asesinados por sentencia respecto al del total de desaparecidos? En el suroeste muy poco. En el caso de Huelva, con más de seis mil, no pasan de 400; en el de Badajoz, con más de siete mil asesinados censados hasta ahora (falta media provincia), sobrepasa ligeramente los mil casos, y en el de Sevilla-provincia de once mil quinientas víctimas sólo pasaron por los tribunales militares 631. Es decir, la desproporción es absoluta.

Exhumaciones de represaliados en fosas comunes del antiguo cementerio de San Rafael en Málaga. // LAURA LEÓN

Incluso cabría hacer una matización más: hubo personas que pasaron por consejo de guerra y que fueron inscritas en los registros civiles a las que podemos considerar desaparecidos. No ya porque no exista constancia oficial del lugar donde yacen los restos, sino simplemente porque ni una cosa ni otra se comunicó a la familia, que quedó tan a oscuras como si se tratarse de un desaparecido por bando de guerra. Esto ocurrió con frecuencia cuando comenzó a actuar la Fiscalía del Ejército de Ocupación a partir de febrero de 1937. En Málaga, por ejemplo, fueron asesinadas muchas personas de provincias limítrofes cuyas familias nunca supieron qué fue de ellas. Y en este mismo sentido hubo numerosos casos de familias a las que nunca se comunicó la inscripción del familiar en el registro civil, tanto en un caso como el citado de Málaga como en otros donde la inscripción se hizo por orden superior sin decir nada a los familiares. A la larga estas irregularidades produjeron casos de dobles y triples inscripciones. No obstante, la mayor parte de los que llegaron a los libros de defunciones lo fueron por necesidades de sus familias.

Por otra parte hay que tener también en cuenta que incluso cuando se decidió canalizar la represión por los consejos de guerra sumarísimos de urgencia no se dejó de recurrir cuando convino al anterior procedimiento de los bandos de guerra, que todo lo permitían. Es decir, que siguió habiendo casos de desaparecidos siempre y que en ciertos momentos especiales, casi todos asociados al grave problema de quienes tuvieron que huir de la represión y a la prolongada resistencia armada contra la dictadura, o sea, desde los años de la guerra hasta finales de los cuarenta (1947-1949), se siguieron produciendo irregularidades de todo tipo, como por ejemplo casos de personas asesinadas en lugares aislados que eran enterradas allí mismo sin dejar huella alguna.

Todas estas consideraciones muestran las dificulta-des de la investigación y lo complicado que puede resultar establecer cuáles de las personas incluidas en los listados no entran dentro de la categoría de desaparecidos.

Hay más problemas. Las columnas de Franco fueron eliminando en su marcha hacia Madrid a los milicianos republicanos que apresaban. Basta mirar el Diario de operaciones de Varela o los escritos de algunos capellanes castrenses (especialmente el padre Huidobro, que llegó a denunciar estos hechos). Por supuesto no se molestaron en inscribirlos en registro alguno. Esto desborda ampliamente el concepto de “víctimas en acción de guerra”, concepto que desborda nuestro objetivo y que queda fuera de nuestro campo de análisis. Otro ejemplo de esta ambigüedad serían los casos de personas fallecidas en defensa de sus localidades o fruto de los bombardeos previos a la ocupación. Los registros no sólo no informan de esta circunstancia sino que, con el claro objetivo de ocultar la represión, para rellenar la causa de muerte recurrieron en cientos de casos a la formula “Choque con la fuerza pública”, a sabiendas de que se trataba de personas a las que se aplicó el bando de guerra. Es éste un terreno en el que, faltándonos como nos faltan los informes militares realizados tras la toma de pueblos y ciudades, informes a los que se aludía en los propios documentos militares y que detallaban bajas propias y ajenas, número de detenidos, etc., todos son conjeturas.

Dicho esto, podemos decir que, en relación con el golpe militar del 18 de julio de 1936, un desaparecido es la persona que, inscrita o no en el registro de defunciones, habiendo pasado o no por consejo de guerra, fue detenida ilegalmente, recluida en lugar conocido o no y asesinada, careciéndose de constancia oficial sobre el lugar donde yacen sus restos.

Fuente: Todoslosnombres. Francisco Espinosa. 

MENOS GARANTÍA PARA QUIENES PROTESTAN

 

 

                            Imagen: no pasaría nada de lo que nos pasa,  si estuviera presente el Supersevillano.

Menos garantías para quienes protestan

Con la reforma del Código Penal, la desobediencia a la autoridad desaparece como falta y el agente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "desobedecido" podrá optar por la vía penal o la administrativa, lo que dará más competencias a las delegaciones de Gobierno a la hora de establecer sanciones.

Eduardo Gómez Cuadrado. Red Jurídica

 

El Ministro de Justicia, Sr. Gallardón, da cada día más señales de que la cartera le viene grande y que está tirando por tierra con ella todo el sistema de Administración de Justicia que teníamos hasta la fecha. Administración que, de seguir en la actual tesitura, conseguirá desfigurar hasta hacerla irreconocible. Lo cual, por otro lado, es normal puesto que cualquier gobierno entrante trata de desmontar todo lo que el anterior haya construido, sea esto bueno o malo. Es lo que tiene el sistema de partidos. Que el Sr. Gallardón ha entrado en el Ministerio como elefante en  cacharrería lo evidencian dos decisiones legislativas tan desafortunadas como polémicas, y como debería declararse en su momento, inconstitucionales: la ley de tasas y la reforma del código penal.
Son muchas la novedades que se van a incluir en dicho código de represión criminal, unas más acertadas y otras, como es tristemente habitual, menos acertadas. Dentro de estas últimas, y siendo sólo la humilde opinión del letrado que suscribe, encontramos las supresión de las faltas. Las faltas son un tipo de infracciones del ordenamiento penal que se consideraba que constituían un ataque leve al ordenamiento penal y a la convivencia social. Comparten todos los elementos del delito (tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad) pero el legislador ha considerado que el contenido  injusto de dichas infracciones no tiene entidad suficiente, y la sociedad así lo percibe, como para ser consideradas delito. O al menos eso es lo que ocurría hasta ahora.
Las faltas siempre han habitado esa difusa frontera que separa el derecho penal y el régimen sancionador administrativo, y es por ello que nuestro legislador (que en tiempos de mayoría absoluta parlamentaria coincide con el ejecutivo) ha decidido eliminar esa separación y lo ha hecho dando “dos patadas”, una hacia arriba, configurando algunas faltas como “delitos leves”, y otra hacia abajo, hacía el derecho sancionador administrativo.
La exposición de motivos de la reforma planteada alude a la "racionalización del uso del servicio público de Justicia” para justificar la supresión de esa figura penal. Una vez más el legislador acude a la cantinela de “haber hecho algo por encima de nuestras posibilidades”, tildando al ciudadano no ya de usuario sino de “abusario” de los servicios públicos. A renglón seguido asegura en la exposición de motivos que “el derecho penal debe ser reservado para la solución de conflictos de especial gravedad”, lo cual no casa muy bien, todo hay que decirlo, con el hecho de convertir determinadas faltas en nuevos delitos.
Acudir al régimen sancionador administrativo para castigar determinadas conductas que antes se juzgaban por la vía penal no puede ser sino un paso atrás en cuanto a tutela judicial efectiva que supone. Hemos de tener en cuenta que el ámbito de la función sancionadora de la administración se encuentra al mismo nivel que en el Antiguo Régimen. Es decir, la administración es juez y parte de dicho procedimiento, con todo lo que ello supone desde el punto de vista del derecho de defensa.
Esta modificación significa una nueva limitación de los derechos ciudadanos. En especial, en cuanto a determinadas conductas como la denominada “desobediencia a los agentes de la autoridad”.
Actualmente, la desobediencia a la autoridad vienen regulada y sancionada a tres niveles: en derecho penal, como delito (Art. 556 CP) y como falta (Art. 634 CP), y en derecho administrativo, como infracción (Art. 26 h, de la Ley Orgánica 1/92 sobre seguridad ciudadana). Con la entrada en vigor de las futuras modificaciones penales, la disposición del artículo 634 CP desaparecerá y el agente de la autoridad “desobedecido” tendrá que optar entre dos posibilidades: o dar cuenta al juzgado de la desobediencia si la considera de la suficiente entidad como para que pueda ser considerada delito, o limitarse a redactar el correspondiente boletín de sanción administrativa para que sea la Delegación de Gobierno correspondiente la que proceda a sancionar al ciudadano presuntamente infractor.
La experiencia, los hechos y la sana lógica nos dicen que en la inmensa mayoría de los casos el agente optará por esta última opción, puesto que normalmente las “desobediencias a la autoridad” suelen encuadrarse dentro de movilizaciones sociales de protesta ciudadana, donde se suelen dar “encontronazos” (desobediencias leves) entre la policía y los manifestantes. Se trata de una reforma, que, como otras muchas en el ámbito penal, es propia de un contexto social de enfrentamiento del ciudadano con las instituciones.
El ejecutivo se ha dado cuenta de que seguir la vía penal para castigar al ciudadano “protestón” es un camino largo, complejo y en muchos casos infructuoso puesto que está fuera de su control. En cambio, la sanción administrativa es más rápida, menos garantista y, además, su imposición depende únicamente de dicho poder ejecutivo. La multa administrativa es, por tanto, la medicina perfecta para curar el mal del descontento, o cuanto menos para erradicar sus síntomas.
Con la eliminación de la falta de desobediencia a la autoridad se consigue canalizar hacia el ejecutivo lo que venía siendo juzgado y sancionado por el judicial, eliminando así el a veces molesto escollo de los jueces, con su empeño en que haya pruebas de lo que el agente denuncia. No debemos olvidar que en un estado derecho no toda orden emanada de un agente de las fuerzas de seguridad del Estado debe ser acatada ciegamente en pro del principio de seguridad.
Esta reforma, además del componente represivo antes mencionado, también tiene su dimensión recaudatoria (como no) que entronca directamente con la otra polémica ley aprobada a petición del ministerio que dirige el Sr. Gallardón: la ley de tasas. Una vez iniciado el procedimiento administrativo sancionador y concluido el mismo como suele concluir, es decir, o con silencio negativo o con desestimación expresa de las pretensiones y recursos presentados por el ciudadano, a éste no le queda más remedio, si quiere continuar con tan desigual batalla, que acudir a los tribunales y recorrer la vía judicial en su vertiente contencioso-administrativa. Es aquí donde aparecen las inconstitucionales tasas judiciales, pues su pago es condición sine qua non para dejar expedito el camino para que un juez determine la legitimidad de la sanción impuesta por el ejecutivo. Poco importa la ley, la justicia, el derecho o el fuero de Baylío. Si no pagas la tasa da igual que tengas razón o que se hayan pasado tus derechos por “el arco del triunfo”. Si no pagas, no pasas a sala.
Está claro que esta deriva del derecho penal hacia el sancionador administrativo es cuanto menos inquietante y sin duda peligrosa, pero también el mecanismo represor más eficaz, por sibilino y contundente, con el que cuenta actualmente el pretendido estado de derecho. No podemos meter al ciudadano descontento en la cárcel, pero da igual, no hace falta, con multarle es suficiente para que no vuelva a salirse del tiesto, y más si tenemos en cuenta que está en paro y/o pagando un hipoteca estratosférica.
Sin duda, el derecho penal ha de ser la última ratio, la opción residual a la que hay que acudir para reprobar la conducta de un ciudadano, pero con todo y con eso, considerando que las faltas no constituyen una infracción penal pura y en aras de mantener intacto el derecho de defensa, la separación de poderes y la tutela judicial efectiva, el estado de derecho en definitiva, lo que debería desaparecer es la infracción administrativa de desobediencia a la autoridad.
La supresión de las faltas en general, y en particular la referida a la “desobediencia a la autoridad”, suponen una nueva medida contra el descontento social, contra la protesta, contra la movilización ciudadana. Se deja al ciudadano inerme ante la faraónica maquinaria sancionadora de la administración que le pasará por encima como una apisonadora sin que nadie pueda hacer nada para ayudarle, porque en esos casos, en vía administrativa, tampoco se tiene derecho al beneficio de justicia gratuita. Se cierra el círculo.

Fuente: Este análisis ha sido publicado originalmente en Red Jurídica Abogados.