La misma Iglesia que apoyó -y dio cobertura ideológica- el golpe de Estado fascista de 1936
Corre por la red y merece nuestro apoyo. La Mezquita de Córdoba fue construida entre los años 780 y 785.
Muchos siglos después, 2 de marzo de 2006, la Iglesia Católica española, apostólica y romana a un tiempo, inscribió “el inmueble” a su nombre.
En el registro de la propiedad número 4 de Córdoba: tomo 2381, libro 155, folio 198.
El trámite les costó unos 30 euros.
¿Cuál fue la estrategia del robo, de la apropiación indebida de un bien común como la Mezquita?
José María Aznar, entonces primer ministro del Reino de España, el de “España va bien”, cambió la ley hipotecaria en 1998 “para permitir a la Iglesia apropiarse de edificios de dominio público”, aunque sean patrimonio de toda la ciudadanía. Para ello, basta con que “el señor obispo dé fe y certifique que pertenecen a la Iglesia”. Y sin necesidad de notario.
Realizada la expropiación contrarrevolucionaria, disponer de un edificio de más de 23.000 metros cuadrados (algo así como unos 300 pisos de 80 m2, uno al lado del otro) yen pleno centro de Córdoba, le sale gratis a la Iglesia. Ni paga el IBI ni se ocupa de los gastos de conservación. Eso es para los comunes.
Por lo demás, la entrada en la Mezquita cuesta actualmente 8 euros por persona (no es imposible incrementos en breve). Al año recibe más de 1 millón de visitantes. Pongamos 1 millón exacto. En total, 8 millones por entradas vendidas.
Es más que dudoso que el dinero recaudado pague impuestos. ¿Por qué? Se considera un donativo -¿donativo?- y, por ello, está exento de tributación.
El obispado de Córdoba, por supuesto, dispone de la Mezquita a su absoluta voluntad. Decide quién puede trabajar como guía y quién no. No es raro que en determinados momentos se cierre el acceso a los visitantes porque, por ejemplo, una convención de sacerdotes se celebra en su interior. Católicos por supuesto.
Los gastos de restauración y conservación no los paga la Iglesia. Por supuesto, los paga el Estado, es decir, los pagamos todos… todos los ciudadanos que pagamos impuestos. No doña Cristina, el señor Millet o el señor Botín.
No es la única expropiación eclesiástica. Desde 1998, la Iglesia católica española ha inscrito a su nombre “cientos de edificios, muchos de ellos financiados por los vecinos de cada pueblo o ciudad”.
¿Cuánto nos cuesta mantener los privilegios de esta institución medieval, que no medievalista, llamada Iglesia Católica?
Padre Francisco, usted que quiere vincularse el franciscanismo: ¿es esto señal de pobreza y equidad? ¿Expropiar bienes públicos está en el programa oculto de la Iglesia Católica?
Salvador López Arnal es miembro del Front Cívic Somos Mayoría y del CEMS (Centre d’Estudis sobre els Movimients Socials de la Universitat Pompeu Fabra, director Jordi Mir Garcia)
