Lugar: Biblioteca privada de Blas Infante Pérez en Coria del Río (Sevilla).
SOBRE LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE ANDALUCÍA
El
23 de octubre pasado se hicieron públicos los resultados de la Encuesta
de Población Activa para el tercer trimestre de este año. En Andalucía,
estos resultados vuelven a poner de relieve la gravedad de la situación
en que nos encontramos. En este tercer trimestre, 6.900 personas
paradas más que en el trimestre anterior; en los últimos doce meses,
23.100 parados más; el millón y medio de parados, cada vez más cerca:
1.447.300 en este tercer trimestre. Mientras tanto, en el Estado bajó el
paro en 72.800 personas. Con los ocupados ha pasado algo semejante. En
Andalucía el número de personas ocupadas descendió en 52.300 en relación
con el trimestre anterior; en el Estado la ocupación ha crecido en
39.400 personas. No sólo seguimos a la cabeza del paro en la Unión
Europea, sino que la brecha continúa agrandándose: nuestra tasa de paro
es ya del 36,4%, más de diez puntos por encima de la media española. Una
tasa que se vería aumentada si contáramos a la gente que ya ni siquiera
declara que busca empleo ante la dificultad para encontrarlo; esos a
los que desde el sistema se consideran “desanimados”.
El paro, como sabemos, es además, históricamente, en nuestra
tierra, una herida permanente; cuando se inició el posfranquismo, se
presentaba como el principal problema a resolver. En 1981 en Andalucía
había 387.100 parados. Más de tres décadas después, nuestro principal
problema se ha multiplicado casi por cuatro. En todos estos años, el
número de personas desempleadas siempre estuvo por encima de los
existentes al inicio del período y puede decirse que desde entonces el
paro en Andalucía ha ido en ascenso, con el paréntesis del “boom”
inmobiliario, un negocio especulativo que enriqueció a unos pocos a
costa de lamentables consecuencias para la mayoría. Durante este “boom”
el paro se redujo en 387.400 personas. Desde que explotó la burbuja, en
2007, ha habido un aumento de 995.700 parados en Andalucía. El paro,
como ya sabíamos, no es una cuestión coyuntural o circunstancial en
nuestra tierra. Es un problema secular que se ha visto profundizado en
las últimas décadas.
Un paro asociado a condiciones especialmente desventajosas en
el mercado de trabajo: casi cuarenta de cada cien parados andaluces o
andaluzas lleva más de dos años en paro (39,6%), más de la mitad de los
parados –el 56,2%- no recibe prestaciones por desempleo (cinco puntos
por debajo de la media española), la tasa de prestaciones contributivas
es del 17,5%, frente al 26,7% como media en el Estado, los salarios
están en Andalucía un 10% por debajo de la media de los de la economía
española. Condiciones que se traducen en ingresos por persona un 25,3%
por debajo de la media en el Estado, o en una población en situación de
pobreza o exclusión social que llega en Andalucía al 38,6% frente al
27,0% como media estatal.
Una situación social y económica dramática para una gran
cantidad de andaluces y andaluzas, resultado de la trayectoria que viene
siguiendo Andalucía, especialmente en los últimos treinta años, en los
que hemos seguido profundizando el camino que ya traíamos. Frente a
ella, la Junta de Andalucía, ha venido, como principal ocupación,
alimentando la dinámica económica que provoca la situación que
padecemos. Pensemos,
como ejemplo, en su complicidad en la creación y el desarrollo de la
burbuja inmobiliaria, facilitando y participando activamente en un
“aquelarre” que en Andalucía tuvo una dimensión muy por encima de la
media en el conjunto del Estado y cuyos costes sociales y ambientales,
en gran medida irreversibles, estamos ahora pagando. Desde el sistema
político instituido se contribuyó con entusiasmo a “ordenar” el
territorio andaluz a golpe de convenios urbanísticos urdidos a espaldas,
o, como ha quedado meridianamente claro después, en contra de la gente,
en la trastienda de partidos políticos y empresas. Los profesionales de
la política actuaron como gestores o “conseguidores” de negocios hechos
en beneficio de ellos mismos y de unos pocos que llenaron sus bolsillos
hipotecando el futuro del resto. Un despropósito que se paró “a pesar”
de sus promotores y beneficiarios políticos y empresariales. Los mismos
que, en medio de condiciones menos favorables, continúan empeñados en
que siga el negocio, insistiendo en la conveniencia de poner en marcha
actuaciones parecidas, ligadas a la construcción, que muevan grandes
cantidades de dinero; megaproyectos que suponen una clara continuidad
con la etapa anterior y que hoy toman forma de dragado del puerto o
“ciudad de la imagen” en Sevilla, “ensanche sur” en las Marismas del
Titán, en Huelva, -“el mayor ‘desarrollo’ urbanístico y comercial de la
ciudad de Huelva en los últimos 20 años”-, “El Palmar Gran Resort”,
megaproyecto hotelero en la playa de Vejer, macroproyecto urbanístico en
el cabo de Gata. Son algunos de los testigos de este empeño por
reanimar lo que nos trajo hasta aquí. Algunos ejemplos que pueden
ilustrar lo que desde el sistema se entiende por “recuperación”.
Mientras
tanto, el Censo de Viviendas de 2011 registró 637.200 viviendas vacías
en Andalucía. Esto significa que, en medio de una situación social como
la que antes mostrábamos, están sin utilizar un número de viviendas que
viene a ser la mitad del número de viviendas construidas en los años de
la burbuja inmobiliaria. Al mismo tiempo, en 2012 se llevaron a cabo
13.638 desahucios en Andalucía. ¿Qué clase de economía es esta que se
nos impone y que va, no sólo tan en contra nuestra, sino incluso tan en
contra de los más elementales principios de sentido común?. ¿Cómo
podemos soportar todavía oír hablar, sin que pase nada, de “eficiencia”,
de “productividad”, de “competitividad” y de “recortes” en medio de
toda esta desmesura?
Tratando
de continuar en el poder –en realidad al servicio del poder-, y
legitimar este sistema, se manifiestan contra las políticas neoliberales
y los recortes quienes a la vez han diseñado y están diseñando y
aplicando estas políticas y los recortes. Es el caso del PSOE en
Andalucía, que no sólo gestiona y acepta los recortes, sino que lo hace
de manera ejemplar. Como señalaba en una declaración el colectivo
Andaluces de Alcalá -integrado en Asamblea de Andalucía-, según los
datos del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas, Andalucía ha perdido en 2012 un total de
16.343 empleos en su administración, el 6,4% del personal contratado, de
modo que el Gobierno de la Junta de Andalucía se encuentra hoy a la
cabeza de los recortes en el empleo público. Sólo la Comunidad Autónoma
de Murcia ha despedido más empleados públicos en términos de tantos por
ciento. El 88% de estos despidos tuvieron lugar en los sectores
“intocables” de la Sanidad y la Educación. Pero no nos referimos sólo a
esta aplicación ejemplar de las políticas neoliberales, sino también al
propio diseño de las mismas. Porque se culpa a Bruselas de imponerlas,
-en realidad las impone el capital financiero a través de sus gestores
en la política-, pero ¿quién “gobierna” en Bruselas? ¿No “gobiernan”
Bruselas las versiones europeas del PSOE y el PP? Como muestra, ahí
tenemos a un miembro destacado del PSOE, comisario europeo de la
competencia y vicepresidente de la Comisión Europea-, Joaquín Almunia,
guardián del orden “comunitario”, advirtiendo de que “las propuestas de
Bruselas son órdenes para España” (El País, 25 de junio de 2013), además
de amenazar como portavoz de Bruselas, de que Cataluña “se quedará
fuera de la Unión Europea” si se separa de España.
Claro
que por si teníamos alguna duda de la envergadura de la traición de
quienes se dicen “nuestros representantes” ahí tenemos los paliativos
que desde “la izquierda” se ofrecen a nuestra lamentable situación
socioeconómica: los Decretos de Vivienda y Exclusión social de la Junta
de Andalucía. En el caso del decreto llamado “de medidas para asegurar
el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda”, los mismos que han
alimentado y se han beneficiado del crecimiento desmesurado de la
construcción de viviendas con fines especulativos, tienen la osadía de
denunciar, en la exposición de motivos del Decreto, la existencia en
Andalucía de “un desorbitado parque de viviendas sin uso o
infrautilizado y una demanda insatisfecha”. Planteado después de una
fuerte presión social con motivo de los desahucios, -uno de los
resultados más sangrantes de la estrecha colaboración entre banqueros y
políticos-, el Decreto, pregonado a bombo y platillo como decreto
“antidesahucio”, proponía algo no muy diferente de lo que ya había
propuesto el PP: prorrogar los desahucios, tres años en lugar de dos
como los aplazaba el PP. Suspendido a sus tres meses de vigencia, en una muestra más de que esta autonomía no
nos sirve, han llegado a prorrogarse 12 casos de desahucios, de las
varias decenas de miles pendientes. En el caso del Decreto sobre
“medidas urgentes contra la exclusión social”, la parte más importante
se dedica a ayudas para contratar a personas desempleadas por parte de
los ayuntamientos. En Andalucía hay más de tres millones de personas por
debajo del umbral de la pobreza o en exclusión social. Con lo
presupuestado en el Decreto, 40 millones de euros, si fueran 40.000
personas las que se beneficiaran de un contrato al año cabrían a 83
euros mensuales por persona. “El señor don Juan de Robres, con caridad
sin igual, hizo este santo hospital… y también hizo los pobres”
(Iriarte). ¿Hasta cuándo estaremos dispuestos a seguir soportando esta
situación?
ASAMBLEA DE ANDALUCÍA
24 de noviembre de 2013
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