La UE pretende cerrar páginas web sin procesos judiciales
En torno al 17 de mayo, día de internet, tanto la Unión Europea como EE.UU. han anunciado nuevas medidas sobre el control de la red.
Entre los motivos que han llevado a miles de personas a tomar las plazas en ciudades de todo el Estado está la gran distancia que separa a la ciudadanía y la clase política. Y una de las motivaciones que hicieron que los activistas tomaran como su tablero de juego a internet fue la oposición a la ley Sinde –por perseguir con métodos extrajudiciales algo totalmente legal como es compartir archivos con copyright por internet para uso privado y sin fines lucrativos. Mientras las acampadas pueblan las plazas, la industria cultural y la clase política sigue con su estrategia en contra de la cultura libre.
Michel Barnier, comisario europeo de mercado interno y responsable de las políticas de propiedad intelectual, declaraba que la Ley Sinde será la principal fuente de inspiración para la nueva directiva que se puede aprobar a finales de mayo en la Comisión Europea. El anuncio de Barnier trae otra novedad esperada, la colaboración de las empresas de telecomunicaciones, quienes ofrecen la conexión a internet, para cortar la red a quien comparta archivos.
Esta novedad no es tan nueva. Por un lado, compañías como Telefónica han sido denunciadas públicamente por realizar microcortes cuando detectaban que alguien estaba descargando archivos de servidores como MegaUpLoad y, por otro lado, éste era uno de los objetivos que pretende lograr el Acuerdo Comercial Anti Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés) que negocian en secreto EE UU, la Unión Europea, Australia, Japón o México, entre otros. A pesar de ser un desconocido para la mayoría, Barnier apoyó en 2010 el Informe Gallo que se aprobó en la UE sobre los peligros de la mal llamada piratería para la industria cultural. Este informe fue realizado por una empresa del entonces número uno de Vivendi-Universal Pictures (una de las mayores productoras cinematográficas del mundo).
Para desarrollar, esta nueva estrategia deben ser modificadas tanto la Directiva de Comercio Electrónico, como la Directiva de Protección de Derechos de Propiedad Intelectual (IPRED) La IPRED es una directiva para penalizar cualquier clase de contravención de propiedad intelectual. “Siguen trabajando desde la perspectiva de los intereses privados y tienen miedo a entender en profundidad los beneficios del nuevo contexto”, afirmaba La Ex nada más conocerse el borrador el 23 de mayo. Según La Quadrature du Net –un grupo francés que promueve los derechos de la ciudadanía en internet–, “la Comisión de UE quiere modificar IPRED para adaptarlo al entorno digital. Esto significa expandir la guerra contra quienes comparten en internet, en continuación directa del ACTA”.
Desde hace años, grupos de activistas en internet han promulgado que tanto la Unión Europea como el ACTA necesitaban que varios países aprobaran a nivel estatal legislaciones que prohibieran el intercambio de archivos en la red. Incluso esto se promovió desde el Departamento de EE UU, como se conoció con las filtraciones de Wikileaks, para forzar al Gobierno de Zapatero a aprobar la Ley Sinde.
El plan europeo era simular la legislación francesa, la ley de tres avisos y desconexión (Hadopi). Pero entre la oposición que levantó y su nula eficacia, ya que se han incrementado las descargas, está fue desestimada. La mejor posicionada ahora es la Ley Sinde. Esta legislación todavía no ha entrado en vigor, y ya Hacktivistas.net ha mostrado su total inutilidad con el Manual de Desobediencia a la Ley Sinde.
De esta forma, quien incumpla estas directivas no tendría acceso a un proceso judicial habitual. En su lugar, una Comisión Administrativa decidirá quiénes incumplen la directiva de comercio electrónico y la de propiedad intelectual. Los juzgados sólo refrendarán esa decisión, como pasará aquí con la Ley Sinde.
Nuevos proyectos en EE UU
Paralelamente, en EE UU, se han dado a conocer dos proyectos de ley que afectarán a la neutralidad de la red. Por un lado, la Protect IP no sólo promoverá el secuestro de páginas web registradas en este país, sino que podría secuestrar en otros países, cuando se apruebe el ACTA. Incluso, obligaría a los buscadores como Google o Bing a censurar estas páginas de sus resultados.
Según, Arnau Fuentes en Nacionred. com, “la parte estrella va a destinada a otra parte del sector de internet: los titulares del copyright podrán pedir una orden judicial directa”. Este proyecto llega desde la Oficina de Coordinación para la protección de la Propiedad Intelectual, dependiente de la Casa Blanca.
La otra propuesta que tendrán que debatir los representantes estadounidenses es una legislación para controlar la emisión en streaming de música, vídeo o cualquier otro material audiovisual que tenga copyright. Pero, no es la única novedad de la Administración Obama. El mismo 17 de mayo, día de internet, anunciaban la necesidad de que la OTAN también pueda actuar en internet. Según el Fiscal General Eric Holder, “los peligros y amenazas del siglo XXI a la seguridad nacional e internacional no tienen fronteras”.
Fuente original: Héctor Rojo Letón
Diagonal
