Nueve personas se suicidan cada día en España; tres por culpa de la crisis. “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y
establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho,
regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general
para impedir la especulación”
César Pérez Navarro – Tercera Información |
Al igual que ocurre en los casos de muertes cuya causa última es el
empobrecimiento, donde es la sociedad y su representación pública, el
Estado, el responsable último de estos lamentables fallecimientos, el
suicidio
en casos motivados por precariedad económica y exclusión social es un
síntoma del fracaso de las instituciones públicas en la salvaguarda de
los derechos fundamentales que nos amparan.
Informar de los suicidios en un país donde la gestión de las
políticas económicas y sociales de los últimos gobiernos es la principal
causa de este trágico desenlace es del todo necesario porque, al igual
que ocurre con muertes consecuencia de la violencia machista, la
denuncia de este crimen social se antepone a un muy discutible “efecto contagio”.
Es un derecho de la ciudadanía conocer tanto el número de suicidios
anual como su evolución, pero sobre todo hay que poner el acento en
aquellas muertes donde el desamparo y el abandono del Estado español
hacia el sector más desfavorecido de la ciudadanía es la causa de la
muerte.
En
2008, el suicidio ya se situó como la primera causa externa de defunción, con
3.421 casos, cifra similar a 2007. No hay cifras oficiales para 2011, pero en
2010
aún se mantenía como primera muerte violenta, en parte por el descenso
de muertes atribuibles a accidentes de tráfico. El diario El Plural
ofrecía oficiosamente un
aumento significativo de la cifra de suicidios en 2011: 4.500 personas,
es decir, más de 1.000 personas de incremento desde el inicio de la
crisis. Estas muertes están directamente relacionadas con la actual
deriva socioeconómica y con datos muy preocupantes, como el aumento del
paro por encima de los 5 millones de personas y acercándose a los seis.
Hace solo un mes se confirmó en el
Congreso Nacional de Psiquiatría celebrado en Bilbao que los
problemas económicos son el origen del 32% de los suicidios.
De hecho, los problemas derivados de la crisis sistémica se alzan como
la principal causa, seguida del desamor y los problemas de pareja
(25,8%), problemas psiquiátricos (19,1%) y conflictos familiares
(11,2%).
Nueve personas se suicidan cada día en España; tres por culpa de la crisis.
Tal y cómo
apunta
Angels M. Castells, “el hecho de invisibilizar los suicidios por miedo
al estigma personal y familiar evita que se extienda a los responsables
del paro o de las pérdidas de hogares y pequeños negocios”. La
invisibilidad
de esta consecuencia lleva a la impunidad de los responsables, que no
son otros que los causantes de la crisis y quienes gestionan las
políticas que siguen favoreciéndoles.
Los intentos de suicidio van más allá de las ultimas cifras. La
psiquiatra Concha López, que lleva ocho años en la Unidad de Salud
Mental Comunitaria de la localidad malagueña de Fuengirola, apuntó a que
sólo en su lugar de trabajo, “en Málaga, cada día ingresan en urgencias
hospitalarias dos o tres personas que han tratado de suicidarse”.
La relación directa de los suicidios con estafas enquistadas como el
acceso a la vivienda, o más bien, la pérdida de ese derecho
constitucional en favor de la banca privada, han llevado estos días a
que se publiquen en prensa algunos casos que suponen tan sólo el extremo
del iceberg. Hoy leemos que
” Un hombre se lanza al vacío cuando
iba a ser desahuciado”: la víctima le dio un beso a su hijo y se arrojó
de un segundo piso tras llamar al timbre un miembro de la comisión
judicial (1), en Burjassot (Valencia). Ayer “un vecino de Granada se ahorcaba poco antes de perder su casa y su comercio”, en
Granada
(2). Se da el hecho de que cuando la policía apareció en la vivienda
para ejecutar un desahucio por orden judicial se encontró con efectivos
de la Policía Científica, el Grupo de Homicidios y la Comisión Judicial,
y el cadáver de José Miguel Domingo. El pasado día 23 ocurrió lo mismo
en Gran Canaria, donde al aviso de desahucio contra un joven, se sumó la
pérdida de su empleo y otras circunstancias personales (3).
Ante estos gravísimos hechos, hay que recordar la legislación vigente
y denunciar su incumplimiento por parte del Estado español;
La
Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su
articulo 25,
“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure,
así como a su familia, la salud, el bienestar, y en especial la
alimentación, el vestido, la
vivienda, la asistencia médica…”
Constitución española 1978.
Artículo 47.
“Todos los españoles tienen
derecho a disfrutar de una
vivienda digna y adecuada.
Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y
establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho,
regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general
para impedir la especulación”.
_________________
(1)
http://www.lasprovincias.es/v/20121…
(2)
http://noticias.lainformacion.com/a…
(3)
http://www.noticiasgrancanaria.com/…
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article43258