Imagen: Sello del desaparecido negocio de coleccionismo musical en Sevilla.
El 77% comparte los motivos del 25-S
Dos de cada tres ciudadanos apoya los argumentos de la protesta y el 91% augura más manifestaciones
La protesta del 25-S
era solo la espuma de un mar de fondo de malestar que ha calado entre
los ciudadanos, aunque el presidente del Gobierno se apunte a su favor a
los silentes.
Mariano Rajoy alabó la pasada semana a “la mayoría de españoles que no se manifiestan, que no salen en las portadas de la prensa y que no abren los telediarios” y la contrapuso al 25-S o a cualquier otra muestra de descontento ciudadano en las calles. Daba a entender que las protestas son minoritarias. Sin embargo, es mayoritario el número de ciudadanos que están indignados aunque se mantengan aún silentes. En la Plaza de Neptuno solo estuvieron varios miles de ciudadanos, pero hay un caldo de cultivo evidente para lo que se ha dado en llamar el otoño caliente.
Hasta un 77%, tres de cada cuatro ciudadanos, comparte los argumentos de los manifestantes del 25-S en las proximidades del Congreso, según la encuesta de Metroscopia para EL PAÍS.
La mitad de los encuestados asegura compartir los argumentos de la convocatoria y también las manifestaciones, lo que no coincide con la valoración del presidente del Gobierno en la que daba a entender que la mayoría la forman los españoles que se quedan en casa porque apoyan al Ejecutivo. Hay otro 27% que está en sintonía con los motivos de la protesta, aunque no con que se celebrara esa manifestación, en las proximidades del Congreso de los Diputados.
El Gobierno ha pretendido identificar la protesta con la intentona golpista del 23-F, con un acto de radicales violentos y con actitudes que tenían que ver con delitos contra las instituciones del Estado. Para eso aprovechó que la manifestación carecía de una organización estructurada y que tenía un programa de máximos que incluía reivindicaciones imposibles como la dimisión del Gobierno y hasta la apertura de un proceso constituyente. Sin embargo, solo un 17% dice no compartir los argumentos de la protesta, porque los ciudadanos deducen que se trataba de mostrar el malestar por la crisis económica y política. Significativamente, hasta un 61% de los votantes del PP, es decir, seis de cada diez, comparte los motivos, lo que refleja que el pesimismo, la desilusión y el malestar llegan incluso a quienes apoyaron a Rajoy hace 11 meses.
La comprensión hacia la protesta hace que cale la idea de que la actuación policial ese día fue excesiva. Esta tesis la apoya el 57% de los encuestados, frente al 32% que dice que fue adecuada y el 5% que hubiera estado a favor de mayor dureza contra los concentrados. El mensaje del Gobierno apoyando la actuación policial y tachando de violenta la protesta no ha prendido.
En este apartado, hay discrepancias notables entre los votantes populares y los socialistas: entre los que apoyaron al PP son mayoría quienes ven adecuada la conducta de los policías (66%) y, entre los segundos, quienes creen que se excedieron (80%). De esa manifestación y los posteriores incidentes, hubo una secuela en forma de propuesta de restringir el número de manifestaciones. O, más concretamente de “modular” el derecho de manifestación, según el verbo utilizado por la agitadora de la polémica, la omnipresente delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes.
La política del PP pretendía subirse a una ola de supuesto malestar ciudadano frente a la avalancha de protestas que supuestamente colapsan la capital. Sin embargo, esa sensación no es mayoritaria porque solo el 22% considera que el número de protestas es excesivo. El 50% entiende que es el adecuado y un 22% asegura que es insuficiente, es decir, que debería haber más protestas en las calles. Obviamente, la encuesta se ha hecho en toda España y no solo en la capital que es donde, según Cifuentes, la abundancia de manifestaciones incómoda a los ciudadanos.
En todo caso, los ciudadanos vinculan las protestas a la situación de crisis y a los recortes y auguran que las manifestaciones no han hecho más que empezar. Un 91% de los encuestados asegura que en breve habrá manifestaciones masivas frecuentes y un 79% ve próximas protestas ciudadanas violentas.
Hoy mismo hay una manifestación en Madrid convocada por el Foro Social que agrupa a sindicatos y asociaciones y el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, hizo ayer un llamamiento a sus militantes a sumarse a las protestas contra los Presupuestos.
Las otras consecuencias en las calles de la recesión y las dificultades de los ciudadanos serán, según el sondeo, mayor inseguridad ciudadana (84%), asaltos a comercios (64%) y boicots a bancos (61%). Un panorama muy negro acorde con el sentimiento de pesimismo que domina casi todas las respuestas de la encuesta. Por ejemplo, un 86% asegura que la situación política es mala o muy mala y un 46% culpa de los líderes políticos.
El malestar no solo toma la forma de disposición a salir a la calle y en rechazo a los políticos, sino también en una crítica a las instituciones y al marco legal. La Constitución, el referente del actual sistema democrático, sufre el desgaste por ese rechazo y aumenta notablemente el porcentaje de españoles que desean modificaciones en profundidad. Hace dos años, predominaban de forma clara (58% frente a 37%) quienes pensaban que solo precisaba retoques parciales, ahora los porcentajes se han invertido. Un 49% pide reformas y cambios profundos, mientras que el 44% se queda en los retoques parciales. Sumando ambos porcentajes, la conclusión es que hasta el 93% de españoles está a favor de modificar, en distinto grado, la Constitución, y solo un 7% está satisfecho. Mientras, los dos principales partidos han mantenido bloqueadas hasta este momento todas las reformas. La única excepción fue la reforma hace poco más de un año para incluir la llamada regla de oro contra el déficit, que se hizo en tiempo récord. Hubo acuerdo entre PSOE y PP para el cambio constitucional urgente porque fue impuesto por la UE.
El PSOE ahora ha empezado a promover una reforma constitucional en profundidad, que requeriría la celebración de un referéndum y que llevaría a convertir el Estado autonómico en un Estado federal. El PP se opone pero, significativamente, no hay casi diferencias entre los votantes de los dos partidos al defender la necesidad de cambiar la Constitución.
La desazón de los ciudadanos hace que se añoren los tiempos de los pactos y los consensos de la Transición. Ese periodo de la historia reciente, del que es heredero el actual sistema democrático, sigue situado en el ideario de los españoles, como ejemplo para afrontar los momentos de dificultad. Un 73% asegura que ese periodo debe ser motivo de orgullo y solo un 18% lo rechaza. Ese tiempo de pactos y consensos se contrapone con el actual en el que lo extraño y llamativo es el acuerdo. La rareza en este momento es la foto del comunicado conjunto de la Conferencia de Presidentes celebrada esta semana en el Senado. El consenso es más añorado por los votantes del PP que por los del PSOE. El 78% asegura que en la Transición los partidos anteponían el interés general a sus propias estrategias del corto plazo. El 90% de los españoles considera que se ha abandonado ese espíritu. Ese porcentaje era doce puntos más bajo hace dos años, cuando había un Gobierno en minoría obligado a pactar cada una de sus decisiones, mientras que ahora hay un Ejecutivo con mayoría absoluta y en disposición de sacar adelante todas sus iniciativas. En la mayoría de los casos lo hace con decretos que ni siquiera requieren una larga tramitación parlamentaria. Ese 90% entiende que los partidos solo piensan en sus exclusivos intereses y no en lo que sea más conveniente para la sociedad en su conjunto.
La pulsión de cambio institucional alcanza al modelo de Estado, en el momento en el que un partido (PSOE) ha modificado su estrategia para pedir el avance hacia un Estado federal y otro (CiU) promueve una consulta de autodeterminación en Cataluña.
Según el sondeo, solo un 26% defiende el mantenimiento del actual estado de las autonomías. Este porcentaje es el más bajo de toda la serie histórica de encuestas de Metroscopia. El efecto, no obstante, es centrípeto y la opción más apoyada es la de ir hacia un Estado centralista. La opción del Estado federal solo la apoya el 19% de los encuestados.
Fuente: El País
Mariano Rajoy alabó la pasada semana a “la mayoría de españoles que no se manifiestan, que no salen en las portadas de la prensa y que no abren los telediarios” y la contrapuso al 25-S o a cualquier otra muestra de descontento ciudadano en las calles. Daba a entender que las protestas son minoritarias. Sin embargo, es mayoritario el número de ciudadanos que están indignados aunque se mantengan aún silentes. En la Plaza de Neptuno solo estuvieron varios miles de ciudadanos, pero hay un caldo de cultivo evidente para lo que se ha dado en llamar el otoño caliente.
Hasta un 77%, tres de cada cuatro ciudadanos, comparte los argumentos de los manifestantes del 25-S en las proximidades del Congreso, según la encuesta de Metroscopia para EL PAÍS.
La mitad de los encuestados asegura compartir los argumentos de la convocatoria y también las manifestaciones, lo que no coincide con la valoración del presidente del Gobierno en la que daba a entender que la mayoría la forman los españoles que se quedan en casa porque apoyan al Ejecutivo. Hay otro 27% que está en sintonía con los motivos de la protesta, aunque no con que se celebrara esa manifestación, en las proximidades del Congreso de los Diputados.
El Gobierno ha pretendido identificar la protesta con la intentona golpista del 23-F, con un acto de radicales violentos y con actitudes que tenían que ver con delitos contra las instituciones del Estado. Para eso aprovechó que la manifestación carecía de una organización estructurada y que tenía un programa de máximos que incluía reivindicaciones imposibles como la dimisión del Gobierno y hasta la apertura de un proceso constituyente. Sin embargo, solo un 17% dice no compartir los argumentos de la protesta, porque los ciudadanos deducen que se trataba de mostrar el malestar por la crisis económica y política. Significativamente, hasta un 61% de los votantes del PP, es decir, seis de cada diez, comparte los motivos, lo que refleja que el pesimismo, la desilusión y el malestar llegan incluso a quienes apoyaron a Rajoy hace 11 meses.
La comprensión hacia la protesta hace que cale la idea de que la actuación policial ese día fue excesiva. Esta tesis la apoya el 57% de los encuestados, frente al 32% que dice que fue adecuada y el 5% que hubiera estado a favor de mayor dureza contra los concentrados. El mensaje del Gobierno apoyando la actuación policial y tachando de violenta la protesta no ha prendido.
En este apartado, hay discrepancias notables entre los votantes populares y los socialistas: entre los que apoyaron al PP son mayoría quienes ven adecuada la conducta de los policías (66%) y, entre los segundos, quienes creen que se excedieron (80%). De esa manifestación y los posteriores incidentes, hubo una secuela en forma de propuesta de restringir el número de manifestaciones. O, más concretamente de “modular” el derecho de manifestación, según el verbo utilizado por la agitadora de la polémica, la omnipresente delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes.
La política del PP pretendía subirse a una ola de supuesto malestar ciudadano frente a la avalancha de protestas que supuestamente colapsan la capital. Sin embargo, esa sensación no es mayoritaria porque solo el 22% considera que el número de protestas es excesivo. El 50% entiende que es el adecuado y un 22% asegura que es insuficiente, es decir, que debería haber más protestas en las calles. Obviamente, la encuesta se ha hecho en toda España y no solo en la capital que es donde, según Cifuentes, la abundancia de manifestaciones incómoda a los ciudadanos.
En todo caso, los ciudadanos vinculan las protestas a la situación de crisis y a los recortes y auguran que las manifestaciones no han hecho más que empezar. Un 91% de los encuestados asegura que en breve habrá manifestaciones masivas frecuentes y un 79% ve próximas protestas ciudadanas violentas.
Hoy mismo hay una manifestación en Madrid convocada por el Foro Social que agrupa a sindicatos y asociaciones y el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, hizo ayer un llamamiento a sus militantes a sumarse a las protestas contra los Presupuestos.
Las otras consecuencias en las calles de la recesión y las dificultades de los ciudadanos serán, según el sondeo, mayor inseguridad ciudadana (84%), asaltos a comercios (64%) y boicots a bancos (61%). Un panorama muy negro acorde con el sentimiento de pesimismo que domina casi todas las respuestas de la encuesta. Por ejemplo, un 86% asegura que la situación política es mala o muy mala y un 46% culpa de los líderes políticos.
El malestar no solo toma la forma de disposición a salir a la calle y en rechazo a los políticos, sino también en una crítica a las instituciones y al marco legal. La Constitución, el referente del actual sistema democrático, sufre el desgaste por ese rechazo y aumenta notablemente el porcentaje de españoles que desean modificaciones en profundidad. Hace dos años, predominaban de forma clara (58% frente a 37%) quienes pensaban que solo precisaba retoques parciales, ahora los porcentajes se han invertido. Un 49% pide reformas y cambios profundos, mientras que el 44% se queda en los retoques parciales. Sumando ambos porcentajes, la conclusión es que hasta el 93% de españoles está a favor de modificar, en distinto grado, la Constitución, y solo un 7% está satisfecho. Mientras, los dos principales partidos han mantenido bloqueadas hasta este momento todas las reformas. La única excepción fue la reforma hace poco más de un año para incluir la llamada regla de oro contra el déficit, que se hizo en tiempo récord. Hubo acuerdo entre PSOE y PP para el cambio constitucional urgente porque fue impuesto por la UE.
El PSOE ahora ha empezado a promover una reforma constitucional en profundidad, que requeriría la celebración de un referéndum y que llevaría a convertir el Estado autonómico en un Estado federal. El PP se opone pero, significativamente, no hay casi diferencias entre los votantes de los dos partidos al defender la necesidad de cambiar la Constitución.
La desazón de los ciudadanos hace que se añoren los tiempos de los pactos y los consensos de la Transición. Ese periodo de la historia reciente, del que es heredero el actual sistema democrático, sigue situado en el ideario de los españoles, como ejemplo para afrontar los momentos de dificultad. Un 73% asegura que ese periodo debe ser motivo de orgullo y solo un 18% lo rechaza. Ese tiempo de pactos y consensos se contrapone con el actual en el que lo extraño y llamativo es el acuerdo. La rareza en este momento es la foto del comunicado conjunto de la Conferencia de Presidentes celebrada esta semana en el Senado. El consenso es más añorado por los votantes del PP que por los del PSOE. El 78% asegura que en la Transición los partidos anteponían el interés general a sus propias estrategias del corto plazo. El 90% de los españoles considera que se ha abandonado ese espíritu. Ese porcentaje era doce puntos más bajo hace dos años, cuando había un Gobierno en minoría obligado a pactar cada una de sus decisiones, mientras que ahora hay un Ejecutivo con mayoría absoluta y en disposición de sacar adelante todas sus iniciativas. En la mayoría de los casos lo hace con decretos que ni siquiera requieren una larga tramitación parlamentaria. Ese 90% entiende que los partidos solo piensan en sus exclusivos intereses y no en lo que sea más conveniente para la sociedad en su conjunto.
La pulsión de cambio institucional alcanza al modelo de Estado, en el momento en el que un partido (PSOE) ha modificado su estrategia para pedir el avance hacia un Estado federal y otro (CiU) promueve una consulta de autodeterminación en Cataluña.
Según el sondeo, solo un 26% defiende el mantenimiento del actual estado de las autonomías. Este porcentaje es el más bajo de toda la serie histórica de encuestas de Metroscopia. El efecto, no obstante, es centrípeto y la opción más apoyada es la de ir hacia un Estado centralista. La opción del Estado federal solo la apoya el 19% de los encuestados.
Fuente: El País
