Como mucha gente ya sabe, las
Plataformas de Afectadxs por las Hipotecas han estado nueve meses
recogiendo firmas para la #ILPHipotecaria. Finalmente hemos conseguido
presentar en el Congreso de los Diputados la ILP con el apoyo de más de
1.400.000 firmas. Incluso, se ha conseguido salvar la primera barrera
que el actual sistema político le había puesto: su admisión a trámite.
Eran muchos los que pensaban que este casi millón y medio de firmas se
iba a quedar en la puerta del Congreso, ya que el Partido Popular, con
su mayoría absoluta, había anunciado que no la admitiría. Sin embargo,
la presión social ha conseguido que este partido tuviera que recular y
admitirla a trámite; un grandísimo éxito para el movimiento.
Ahora la ILP será discutida en el Congreso y, muy probablemente, los
dos grandes partidos tratarán de modificarla distorsionando su
contenido. En este momento, y una vez que la admisión a trámite ha
salido en todos los medios, mucha gente se hace dos preguntas: ¿Por qué
defender esta ILP? ¿Son sus puntos negociables?
Para contestar a la primera pregunta, hay que plantearse para qué
sirven, y para qué no, las tres medidas que incluye la ILP: Dación en
Pago con carácter retroactivo, paralización de desahucios y alquiler
social. Para ello hay que explicar brevemente lo que ha ocurrido con la
vivienda en este país.
El crecimiento económico español de los años previos a la crisis
estuvo ligado a la construcción desmedida de viviendas. Como se sabe,
las entidades bancarias incentivaron la expansión desorbitada del sector
mediante la concesión masiva e irresponsable de créditos hipotecarios.
Política que no habría sido posible sin el apoyo de la (des)regulación
pública. La construcción de vivienda fue tal, que hubo años en que se
construyeron más que en Italia, Alemania y Francia juntas.
En este contexto, la necesidad humana de vivir bajo un techo, en
conjunción con la ausencia de una política pública de vivienda adecuada,
lanzó a muchas personas a la compra de viviendas. El precio de los
inmuebles fue aumentando, o dicho de otra manera, la burbuja
inmobiliaria se fue inflando, obligando a la gente a alcanzar niveles de
endeudamiento peligrosos como única vía para poder pagar su vivienda.
Este endeudamiento fue tal, que en el año 2008 la proporción entre
endeudamiento y renta creció hasta el 140%.
Cuando esta burbuja estalló, la crisis financiera y económica que
trajo consigo disparó las tasas de desempleo (actualmente son las
mayores que hemos tenido). Y ahora mucha de la gente que se ha quedado
en el paro está siendo desahuciada por no poder pagar su hipoteca.
Según la regulación actual, cuando una persona es desahuciada el
banco se puede quedar con el 60% de su valor de tasación (si la subasta
queda desierta, cosa que suele ser la regla), pudiendo exigir al o a la
afectada el monto restante, más los intereses generados y los gastos de
procedimiento judicial. El resultado es que la persona se queda en la
calle y con una deuda que no le permitirá salir adelante.
Este breve resumen pretende mostrar cómo durante las últimas décadas
en este país no se han tomado medidas que garanticen el acceso a la
vivienda; el derecho a la vivienda ha sido supeditado al beneficio
privado del mercado hipotecario y de las constructoras. Además, la
regulación del mercado inmobiliario hace que la gente que ayer se
hipotecó como única opción para acceder a una vivienda, hoy se puede
encontrar en una situación de vulnerabilidad total. Hecho aún más
sangrante si tenemos en cuenta las más de 3 millones de viviendas vacías
que hay en este país, el rescate con dinero público a la banca, así
como la inminente creación del banco malo.
Frente a esta situación estructural cabe preguntarse, ¿las medidas
que propone esta ILP pretenden solucionar el histórico problema de
acceso a la vivienda que hay en este país? No, la ILP “solo” pretende
aportar una solución urgente que dé una segunda oportunidad a las
familias que están sufriendo la vulnerabilidad que la actual legislación
crea frente a una ejecución hipotecaria. Hay que defender esta ILP,
porque es la única opción que pretende dar una solución real al conjunto
de personas afectadas por las hipotecas.
¿Son sus puntos negociables? De ninguna manera. Analicemos las
posibles modificaciones de los tres puntos que esta ILP propone, para
demostrar el efecto que tendría su modificación.
Dación en Pago con carácter retroactivo. Imaginemos que se aprueba la
dación en pago, pero se anula su retroactividad, ¿qué ocurriría? Toda
la gente que ya ha sido desahuciada no se podría acoger a ella. No se
puede ignorar la realidad de los más de 420.000 desahucios ya
ejecutados.
Démosle una vuelta de tuerca más: ¿Y si en vez de dación en pago, se
aprueba una moratoria? Ya existe una moratoria que se aprobó de acuerdo
al RD 27/2012 y que por cómo está redactada, afecta a muy poca gente.
Pero imaginémonos que todas las familias afectadas se pueden acoger a
ella: ¿sería una solución? No, sería sólo un balón de oxígeno, pero al
terminar la moratoria las familias se seguirían enfrentando al mismo
problema; no sería una solución definitiva.
Paralización de desahucios de los deudores de buena fe. En una
situación como la actual, es una aberración que los bancos que
rescatamos con dinero público o los que se han enriquecido en el mercado
inmobiliario, puedan desahuciar a personas que por causas ajenas a su
voluntad (como el paro) no pueden pagar sus hipotecas. La anulación o
modificación de esta medida generaría una vulnerabilidad atroz para la
gente que se está quedando en el paro y que tiene que escoger entre
pagar la hipoteca o comer.
Alquiler Social. La ILP pide que además de las dos anteriores
medidas, el o la afectada pueda tener derecho a quedarse en la vivienda
que da en dación, con un alquiler que no supere el 30% de los ingresos
mensuales del arrendatario, durante cinco años. Poner un alquiler
superior al 30% significaría someter al afectado, en mayor o menor
medida, a las mismas condiciones bajo las que se encontraba cuando no
podía pagar su hipoteca. Si se eliminara este punto de la ILP, supondría
anular la solución habitacional que aporta, haciendo que incluso si la
persona afectada obtuviese la dación en pago y cancelase su deuda, se
quedara en la calle y sin poder tener acceso a la vivienda por la que ha
estado pagando al banco durante años.
Lo que se pretende demostrar analizando lo que podría ocurrir si se
tocaran los puntos de esta iniciativa, es que esta ILP define líneas
rojas. Propone una solución de emergencia para dar una segunda
oportunidad a rehacer su vida económica a gente que se ha visto afectada
por condiciones del mercado inmobiliario y del mercado laboral ajenas a
su voluntad. Es una ILP que aporta una alternativa dirigida a deudores
de buena fe y a primeras residencias, no pretende ayudar a la gente que
ha especulado con la vivienda. Toda rebaja de estos tres puntos
supondría mantener una losa sobre las personas que han perdido su empleo
por una crisis de la que no son responsables, y que han tenido que
hipotecarse, bajo unas condiciones abusivas, ante la permisividad de la
regulación establecida y en ausencia de alternativas habitacionales
adecuadas, porque era la única forma de acceder a lo que en el artículo
47 de la Constitución se considera un derecho.
Rebajar estos tres puntos supondría desestimar la solución que más de
1.400.000 personas han avalado con sus firmas, dentro de una campaña
que se ha desarrollado con muy pocos medios. Rebajar estos puntos
demostraría las limitaciones del actual sistema político.
Artículo publicado en el periódico Madrid15-M nº 12 (marzo de 2013)
Carlos Huerga (@Chuerga) es miembro de PAH Madrid
Fuente: http://www.vientosur.info/spip.php?article7804 
