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31 octubre, 2012

LOS INTERESES DE LOS PRÉSTAMOS BANCARIOS

Imagen: Antología del flamenco coordinada por Antonio Mairena. 1960.

Los intereses de los préstamos bancarios: ¿qué justificación tienen y por qué no deberíamos pagarlos?


Cualquier persona que haya tenido que devolver un préstamo sabe lo que significan los intereses a la hora de pagarlo. Uno recibido, por ejemplo, al 7% supondría tener que devolver casi el doble del capital recibido al cabo de diez años.
Tanto es el peso de lo intereses que llevan consigo los préstamos que durante mucho tiempo se consideró que cobrarlos por encima de unos niveles determinados más o menos razonables se consideraba no solo un delito de usura sino una acción inmoral, o incluso un pecado grave que condenaría para siempre a quien lo cometiera.
Hoy día, sin embargo, casi todos los gobiernos han eliminado esa figura delictiva y a todo el mundo le parece natural que se cobren intereses legales de hasta un 30% (esto es lo que cobran en estos momentos los bancos españoles a los clientes que sobrepasen su línea de crédito) o que haya naciones hundidas en la miseria no exactamente por lo que deben sino por la cuantía de los intereses que han de pagar.
Los países de la Unión Europea renunciaron a tener un banco central que los financiara cuando necesitasen dinero y entonces tienen que recurrir a la banca privada en esas circunstancias. En consecuencia, en lugar de financiarse al 0%, o a un interés mínimo que simplemente cubra los gastos de administrar la política monetaria, tienen que hacerlo al 4, 5, 6 o incluso al 15% en algunas ocasiones. Y eso hace que cada año los bancos privados reciban entre 300.000 millones y 400.000 millones de euros en forma de intereses (¿tengo, entonces, que explicar quién estuvo y por qué detrás de la decisión de que el Banco Central Europeo no financiara a los gobiernos?).
Los economistas franceses Jacques Holbecq y Philippe Derudder han demostrado que Francia ha tenido que pagar 1,1 billones de euros en intereses desde 1980 (cuando el banco central dejó de financiar al gobierno) a 2006 para hacer frente a la deuda de 229.000 millones existente en ese primer año (Jacques Holbecq y Philippe Derudder, La dette publique, une affaire rentable: A qui profite le système?, Ed. Yves Michel, París, 2009). Es decir, que si Francia hubiera sido financiada por un banco central sin pagar intereses se habría ahorrado 914.000 millones de euros y su deuda pública sería hoy insignificante.
En España ha ocurrido lo mismo. Nosotros hemos pagado ya, a cuenta de los intereses (227.000 millones en total desde entonces), tres veces la deuda que teníamos en 2000 y a pesar de ello ahora seguimos debiendo todavía el doble de lo que debíamos en ese año (Yves Julien y Jérôme Duval, España: ¿Cuántas veces tendremos que pagar una deuda que no es nuestra?). Eduardo Garzón ha calculado que si un autentico banco central hubiese financiado los déficits de España desde 1989 a 2011 al 1%, la deuda ahora sería también insignificante, del 14% del PIB y no de casi el 90% (Situación de las arcas públicas si el estado español no pagara intereses de deuda pública).
Y lo curioso es que estos intereses que cobran los bancos a las personas, a las empresas o a los gobiernos y que lastran continuamente su capacidad de crear riqueza no tienen justificación alguna.
Se podría entender que alguien cobrase un determinado interés cuando concediese un préstamo a otro sujeto si al hacerlo renunciase a algo. Si yo le presto a Pepe 300 euros y eso me impide, por ejemplo, pasar un fin de semana de vacaciones con mi familia podría quizá justificarse que yo le cobrase un interés por la renuncia que hago a mi disfrute. Pero es que eso no es lo que sucede cuando un banco presta.
Lo que la mayoría de la gente no sabe, porque los banqueros se encargan de disimularlo y de que no se hable de ello, es que cuando los bancos prestan no están renunciando a algo porque, como decía el Premio Nobel de Economía Maurice Allais, el dinero que prestan no existe previamente sino que lo crean ex nihilo, es decir, desde la nada.
El procedimiento es muy sencillo y lo explicamos Vicenç Navarro y yo en nuestro libro Los amos del mundo. las armas del terrorismo financiero (p. 57 y siguientes):
“Supongamos que Pedro se deja convencer por un banquero y deposita los 100 euros de los que dispone en un banco, a cambio de recibir un interés del 4% al año. En ese momento, el banco hace dos anotaciones en su balance, que es el libro en donde registra sus cuentas:
- Por un lado, anota que tiene 100 euros como un activo (los activos son los bienes o los derechos sobre otros que tiene alguien), y más concretamente en concepto de dinero metálico entregado por Pedro. 
- Por otro, anota que tiene un pasivo (los pasivos son las obligaciones de alguien) de 100 euros, puesto que ese metálico es en realidad de Pedro y tendrá que devolvérselo en el momento en que lo reclame.
Al hacerse este depósito tampoco ha cambiado la canti- dad de dinero en la economía. Sigue habiendo 100 euros, aunque ahora estén físicamente en otro lugar, en la caja del banco.
Ahora supongamos que otra persona, Rebeca, necesita 20 euros y veamos qué ocurre en la economía si Pedro le presta esa cantidad o si es el banco quien lo hace.
Si Pedro tiene 100 euros y le da 20 en préstamo a Rebeca la cantidad de dinero existente en la economía sigue siendo la misma: 100 euros, solo que ahora 20 están en el bolsillo de Rebeca y 80 siguen en el de Pedro. El préstamo entre particulares no ha alterado la cantidad de dinero total aunque sí produce un efecto importante: Pedro ha renunciado a poder gastar una parte de su dinero, los 20 euros que le presta a Rebeca.
Pero ¿qué ocurre si no es Pedro quien le da un préstamo de 20 euros a Rebeca sino el banco?
Rebeca irá seguramente atemorizada a la sucursal banca- ria preguntándose si el señor banquero le hará el favor de concedérselo. Pero el banquero no tiene duda: desde que recibió el depósito de Pedro está pensando que este, con toda seguridad, no va a retirar la cantidad depositada de un golpe, de modo que si deja una parte de esos 100 euros depo sitados para atender a sus reembolsos y encuentra a otra per- sona que desee un crédito puede hacer un buen negocio siempre que le cobre más del 4%.
Cuando llega Rebeca a su banco, el banquero se frota las manos y, aunque seguramente le pondrá pegas para disimular quién hace el favor a quién, le concederá enseguida el présta- mo deseado de 20 euros a un tipo desde luego superior al 4%, pongamos que al 7%.
Supongamos que le pone esa cantidad a su disposición en un depósito a su nombre y que le entrega unos cheques o una tarjeta con los que puede utilizarlo.
¿Cuánto dinero hay en la economía en el momento en que se concede dicho crédito?
Como la inmensa mayoría de la gente piensa que el dinero es simplemente el dinero legal, contestará que sigue habiendo 100 euros. Pero si entendemos que el dinero es lo que es, es decir, medios de pago, veremos claramente que hay más: Pedro puede hacer pagos con su talonario de cheques por valor de 100 euros y Rebeca puede pagar hasta gastar los 20 euros que le han dado de préstamo. Por tanto, desde el mismo momento en que se hizo efectivo el préstamo, en la economía hay 120 euros en medios de pago. No se han crea- do ni monedas ni billetes (siguen existiendo por valor de 100 euros) pero sí medios de pago que llamamos dinero bancario por valor de esos 20 euros”.
Así es como los bancos crean dinero desde la nada cuando dan un préstamo. El banco crea el dinero en la medida en que crea deuda, pero lo cierto es que esta también se crea desde la nada: simplemente anotando el banco en el activo de su balance que los 100 euros que Pedro había depositado ahora se convierten en 80 mantenidos en la caja y 20 en un préstamo concedido a Rebeca y que esta se obliga a devolver. Si no fuese así, si el dinero que crean los bancos no naciese de la nada, la cantidad de dinero no podría aumentar, puesto que un billete o una moneda no pueden reproducirse materialmente a partir de sí mismos.
Y si sabemos estas cosas tan simples ya podemos responder a la pregunta del título: ¿qué justificación tiene que los bancos cobren intereses cuando conceden préstamos y por qué no deberíamos pagarlos?
La respuesta es clara: no hay ninguna justificación y no deberíamos pagarlos porque proceden de dinero creado de la nada. Si los pagamos es solo porque los banqueros tienen un privilegio desorbitado que nos imponen gracias a su enorme poder.
Una agencia pública podría crear esos medios de pago sin ánimo de lucro  y sin apenas ningún coste, simplemente controlando que se mantenga la proporción adecuada entre actividad económica y medios de pago.
Pero cuando la creación de dinero se convierte en el negocio de la banca, es lógico que esta lo cree sin cesar, promoviendo la mayor generación de deuda posible. La banca privada tiende a aumentar así la circulación monetaria sin necesidad, artificialmente, y sin que al mismo tiempo esté aumentando la circulación de activos reales (porque esto obviamente no está a su alcance).
Esta es la razón de que aumente tanto la deuda y no el que vivamos por encima de nuestra posibilidades o porque se gaste mucho en educación o sanidad, como nos dicen siempre.
Ya sabemos entonces lo que hay que hacer para que la economía funcione mucho mejor: acabar con el privilegio de la banca e impedir que pueda crear dinero desde la nada aumentando la deuda.
Otro día explicaré la forma alternativa en que podría funcionar perfectamente el sistema bancario sin que los banqueros disfruten de este privilegio que nos arruina constantemente.
 
Fuente: Ganas de Escribir. Blog Juan Torres. 

02 agosto, 2012

DERECHO A DESOBEDECER





En Rebelión el 18-07-2012

Derecho a desobedecer



El pueblo español y otros europeos hemos comenzado a vivir bajo una tiranía.
Las autoridades imponen políticas que provocan daños económicos, físicos y morales a la mayoría de la población. Reducen los ingresos y aumenta la pobreza y la exclusión (solo entre 2009 y 2010 aumentó en 1,1 millones el número de personas pobres en España). Disminuyen la financiación de los servicios públicos básicos, lo que hace que aumente la mortalidad, las enfermedades y todo tipo de daños psicológicos y personales (la tasa de mortalidad ha aumentado un 20% en Portugal desde que empezaron a adoptarse las políticas de ajuste y la esperanza de vida ha bajado por primera vez en España). Recortan los derechos de los más desfavorecidos al mismo tiempo que aumentan los privilegios de quienes gozan de más renta y riqueza (la desigualdad aumentará en España un 9% en 2012 como consecuencia de los recientes ajustes fiscales del PP).
Además, imponen estas medidas recurriendo a todo tipo de mentiras.
Dicen que las toman para mejorar la economía pero esta está peor que antes de tomarlas. Nuestra prima de riesgo esta más de 400 puntos por encima de la que había en mayo de 2010 cuando empezaron los recortes que Zapatero y luego Rajoy dijeron que había que tomar para que bajase.
Dicen que las reformas del mercado laboral son para crear empleo y lo que sucede es que la tasa de paro está cinco puntos más alta que antes de aprobarse.
Dicen que hay que reducir el gasto social para disminuir la deuda y resulta que ahora está casi 17 puntos más arriba en porcentaje sobre el PIB que hace dos años porque lo que ocurre, lógicamente, es que con menos gasto público se generan también menos ingresos en todas las actividades.
Dicen que hay que reducir el gasto en personal público porque no hay dinero pero privatizan servicios a base de contratos a favor de empresas privadas que son más caros que el personal que ahorran. Así ha pasado, entre otros muchos casos, con la privatización del servicio de expedición de vidas laborales de la Seguridad Social pagando 4,7 millones de euros a una empresa privada.
Dicen que no hay dinero pero se sacan de la manga cuando les conviene miles de millones para salvar a los banqueros corruptos, conceden amnistías fiscales, desmantelan la lucha contra el fraude fiscal y renuncian a obtener los ingresos que podría proporcionar combatirlo de frente y eficazmente. Solo en pago de deuda ilegítima que deberíamos repudiar nos hemos gastado en 2008, 2009 y 2010 algo más de 122.800 millones de euros.
Dicen que todas esas medidas son imprescindibles para salir de la crisis pero la realidad indiscutible es que no hay ninguna experiencia en el mundo de algún país que haya salido de una parecida adoptando este tipo de políticas. Al revés, le han hecho frente mejor quienes hacen lo contrario.
Y entre tanta estafa y falsedad, nuestras instituciones han quedado viejas y resultan inútiles. Ni el PP ni el PSOE son capaces de aportar soluciones a la situación ni de enfrenarse con inteligencia, valentía y dignidad a las imposiciones de los poderes financieros. Pero no tienen inconveniente en repartirse cerca de 25 millones de euros en subvenciones solo para el primer trimestre de 2012, según acaba de publicar el Boletín Oficial del Estado.
El Presidente del Gobierno ha reconocido ante el Pleno del Congreso de los Diputados que en España no tenemos libertad, y ninguna institución, ningún juez, ningún fiscal, ningún partido pide cuentas por reconocer que la voluntad del pueblo ha sido secuestrada.
El Rey, cuya función constitucional es la de arbitrar con equidistancia, toma partido y gobierna a favor de la oligarquía que se beneficia de estas políticas y de los recortes con los que está en desacuerdo el 70% de la población española.
La Constitución es un papel mojado porque no garantiza el ejercicio de derechos básicos, ni la soberanía nacional, ni el libre albedrío de todos sus ciudadanos, ni la defensa de nuestro patrimonio ni la de los intereses económicos de la Nación española, ni, por supuesto, la libertad que Rajoy reconoce sin inmutarse que nos han robado.
Y en Europa se asienta el cerebro del Tirano: no hay manera democrática de hacer frente a las imposiciones de la banca, cuyos antiguos directivos han tomado al asalto las grandes instituciones, y donde sus autoridades incluso comienzan a declararse, como en el Estatuto del Mecanismo Europeo de Estabilidad, inmunes e inviolables (artículo 35.1) decidan lo que decidan y hagan lo que hagan.
Los españoles no tenemos por qué aceptar la traición de nuestros gobernantes y la imposición de políticas injustas y basadas en mentiras, que solo benefician a las minorías privilegiadas, ya salgan de La Moncloa, de Bruselas o del mismo infierno. “Cuando el gobierno viola los derechos de los ciudadanos la insurrección es para el pueblo, y para cada porción del pueblo, el más sagrado de sus derechos y el más indispensable de sus deberes”, tal y como decía el artículo 35 de la Declaración de los Derechos del Hombre de 1793, porque, como también afirma la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su Preámbulo, el pueblo tiene el “supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.
Si los pueblos no hubieran ejercido estos derechos, si no hubieran desobedecido leyes injustas como las que se imponen ahora, si en lugar de ello hubieran obedecido “con responsabilidad”, como pide la Secretaria General del PP, todavía habría esclavitud, todavía los negros serían considerados seres de rango inferior, y las mujeres ni podrían votar ni tomar decisión alguna sin el permiso de sus padres o maridos.
¡Ya está bien de obedecer a los tiranos que gobiernan contra el pueblo! Hay que reclamar sin miedo elecciones generales para acabar con la estafa electoral protagonizada por el PP y con la ineficacia y corrupción de los partidos instalados en el sistema nacido de la transición, hay que abrir paso a una nueva Constitución que salvaguarde de verdad nuestra soberanía nacional y el ejercicio de los derechos básicos, que combata la corrupción como a un cáncer maligno, que obligue a respetar los principio de equidad y justicia fiscal, que proporcione nuevos medios de participación social y ciudadana… que no permita nunca más la vergüenza de estar gobernados por un presidente al que le dé igual que hayamos perdido la libertad.
Quienes nos imponen estas políticas cuentan ya con un determinado grado de respuesta y rechazo social (“pueden hacer mil marchas, mil huelgas, nada cambiará”, decía Menem en julio de 1997 en la Argentina que sufría entonces lo mismo que ahora los pueblos europeos). Por eso no basta con respuestas aisladas y desunidas. Hay que reaccionar frente al tirano con el único medio al que nunca podrán vencer: la máxima unidad ciudadana, la desobediencia civil y el sabotaje pacífico, siempre pacífico, y democrático de sus normas e imposiciones. Sin miedo y con esperanza, porque Gandhi lo dijo bien claro: “Siempre ha habido tiranos y asesinos, y por un tiempo, han parecido invencibles. Pero siempre han acabado cayendo. Siempre”.
Juan Torres López. Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla

29 agosto, 2011

REFORMA CONSTITUCIONAL Y LO QUE HAY DETRÁS

Una décima parte de los Diputados o de los Senadores puede solicitar un referéndum vinculante sobre el establecimiento de un límite al déficit público

El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha hecho un anuncio inesperado este martes en el pleno extraordinario: reformar la Constitución para introducir un límite al déficit público.

El límite al déficit no es algo abstracto: es lo que va a determinar que tengas o no acceso a la educación o a la sanidad, entre otras muchas cosas. Limitar el déficit es limitar la inversión en la sociedad. Con esto, el Gobierno podrá dejar a personas como tú en la cuneta. Pero podemos detener esta iniciativa.

La Constitución no exige que esta modificación sea aprobada por referéndum vinculante. Para que los ciudadanos seamos consultados sobre esta cuestión fundamental que va a afectar al resto de nuestras vidas es necesario que una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras lo solicite tras su aprobación en el Congreso y el Senado.

Los ciudadanos debemos poder votar en un asunto tan fundamental como este. Pide a los Diputados y Senadores de todos los grupos políticos que se comprometan a solicitar la celebración del referéndum para su ratificación como permite la Constitución en su artículo 167.3.

Es muy importante que se movilice la población para que se exija que una medida de tal envergadura se vote en referéndum por la población española. Esta medida afectaría muy negativamente al Estado del Bienestar español que está hoy financiado predominantemente a nivel de las CCAA. Limitar su gasto implica limitar el poco desarrollado Estado del Bienestar.

Animo a mis amigos del movimiento 15-M, así como a todos los demócratas en España a que se movilicen. La democracia española es de las menos participativas de las existentes en la Unión Europea y es escasamente democrático que una medida de tal envergadura se apruebe por las Cortes Españolas sin haber sido consultado el pueblo español.

Esta medida puede significar un ataque frontal al Estado del Bienestar español que tiene uno de los gastos públicos sociales por habitante más bajos de la Unión Europea. Aunque se habla genéricamente de gasto público, la realidad es que este gasto constituye la mayoría del gasto público y los recortes que se han hecho han sido predominantemente en las pensiones y en el empleo de los servicios del Estado del Bienestar, tales como sanidad, educación, servicios domiciliarios, servicios sociales, vivienda social, pensiones de vejez y otras, así como otros componentes del Estado del Bienestar.

Para más información: http://www.vnavarro.org/

Al firmar la petición estarás enviando esta carta

Destinatario: Todos los Grupos Parlamentarios del Congreso y del Senado

Señorías,

El Presidente ha anunciado su intención de promover la reforma constitucional para incluir un límite al déficit público.

Se trata de una modificación que de acuerdo con la Constitución Española no exige necesariamente la celebración de un referéndum vinculante.

Este asunto es de tal importancia y va a ser tan determinante para nuestro futuro que le pido que si esta modificación es finalmente aprobada por las cámaras, su grupo parlamentario se comprometa a solicitar que esta reforma sea sometida a referéndum para su ratificación tal y como recoge el artículo 167.3 de la Constitución Española.

Atentamente,

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Los Trileros Mayores del Reino y la clave de la reforma constitucional

No hace ni siquiera un mes Mariano Rajoy decía a los cuatro vientos que cuando ganase las elecciones "volverá el déficit cero" (es decir, que en ningún caso la administración pública podría gastar más de lo que ingresara). Antes, le había propuesto a Rodríguez Zapatero reformar la Constitución para introducir la obligación de alcanzarlo y el Presidente del Gobierno se rió de la propuesta en el debate sobre el Estado de la Nación de 2010: “Una reforma que, como saben, es rápida, dado cómo es nuestro procedimiento de reforma constitucional, y que sería muy eficaz para combatir la coyuntura de la crisis. Ésa ha sido toda la reforma original que le hemos oído en los últimos meses y que no tiene ni fundamento, ni eficacia, ni capacidad”. El ahora candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba terció en el debate y también descalificó la propuesta de reforma constitucional diciendo: “Como todos sabemos, la Constitución es una ley que se cambia fácilmente y en un plis-plas nos arregla la crisis” y en marzo de 2011, durante una sesión de control al Gobierno, Rubalcaba recalcó de que "no vamos a imponer por ley del Estado un techo de gasto a las comunidades autónomas, no lo vamos a hacer porque creemos que va contra la Constitución".

Ahora, de repente, estos tres grandes dirigentes han desarrollado un auténtico trile para hacer que la población mire a otro lado cuando se disponen a someter los intereses nacionales a los poderes financieros con una ilegítima y muy dañina reforma de la Constitución.

Quien decía que la reforma constitucional no tiene fundamento, ni eficacia ni capacidad, propone en el Parlamento llevarla a cabo urgentemente. El opositor que defendía el déficit cero acepta ahora una fórmula que en la práctica puede permite que los gobiernos de turno se salten la estabilidad presupuestaria cuando les venga en gana. El candidato que ironizaba sobre la propuesta de los conservadores afirmando defender posiciones más progresistas, tercia en el debate y entre los tres desvían la atención de los ciudadanos para aprobar una reforma mucho más lesiva para los intereses sociales que el simple control del déficit.

Veamos qué es lo que ha ocurrido.

El Pacto que no es lo que decían que iba a ser

El pasado 23 de agosto Zapatero anunció en el Congreso su propuesta de modificar la Constitución para controlar los déficit presupuestarios e inmediatamente Rajoy le mostró su apoyo. Enseguida hay protestas incluso en el propio grupo parlamentario socialista, cuyos miembros han sido ninguneados y en la sociedad y Rubalcaba se incorpora al debate proponiendo que el acuerdo contemple suficiente flexibilidad en la aplicación del principio de estabilidad (que en realidad es malo en sí mismo y no en función de que sea más o menos flexible).

En unas horas se presenta el acuerdo y aparece entonces la sorpresa que la inmensa mayoría de los ciudadanos son incapaces de descubrir porque sus representantes ocultan lo fundamental del pacto para seguir hablando de lo que en realidad ha terminado por resultar accesorio.

Lo que ha ocurrido es que el PSOE el PP han “descafeinado” la propuesta que ambos habían hecho con anterioridad.

Inicialmente hablaban de constitucionalizar el déficit cero en sentido estricto, en la misma línea del artículo de la constitución alemana que terminantemente pone un límite al déficit público. Pero en lugar de eso el acuerdo señala que una posterior ley orgánica establecerá un límite al "déficit estructural", un concepto mucho más sutil que puede permitir que el gobierno de turno tenga mucha más facilidad para saltarse el principio de estabilidad que defienden.

El concepto de déficit estructural no es el resultado del simple saldo de las cuentas anuales del Estado sino el saldo que tendrían esas cuentas en unas condiciones ideales: cuando la economía estuviera en pleno empleo y, por tanto, cuando el PIB realmente registrado fuese igual al potencial (el que se alcanza cuando se utilizan todos los recursos de una economía). El acuerdo político que ampara la reforma lo define como "aquel que se deriva de no considerar los ingresos y gastos públicos relacionados con las expansiones y recesiones normales de los ciclos económicos, garantizando así la sostenibilidad a largo plazo de los servicios públicos fundamentales".

En la práctica esto significa que a la hora de calcular el saldo presupuestario (estructural) al que se le pondrá techo en la próxima ley orgánica habrá que descontar los ingresos y los gastos que no sean "estructurales" (es decir, los que sean resultado de circunstancias más o menos "anormales" que alejan a la economía de esa situación ideal, por ejemplo de una recesión). Pero su cálculo es muy problemático ya que la forma en que se haga será siempre discutible, nunca objetiva y, además, muy fácilmente manipulable.

Por eso, como dice David Lizoain (El insoportable error del 0,4%) limitar el déficit estructural del país al 0,4% (que es lo que se prevé que establezca la futura ley orgánica) es "una política radicalmente aberrante para una economía avanzada". En primer lugar sostiene con razón, siguiendo el análisis de Nick Rowe (What is a "structural" deficit?), que este concepto de déficit estructural no tiene mucho sentido económico ya que responde a criterios políticos más que económicos. Por ejemplo, si dos gobiernos hacen exactamente lo mismo generando un déficit de la misma cuantía pero uno había anticipado lo que pensaba hacer con los ingresos y gastos cuando llegara una recesión y el otro no hubiera adelantado nada sino que se hubiera limitado a hacer lo mismo una vez que se produjo la recesión, la consideración de su saldo debería ser distinta. En el segundo caso se consideraría que el déficit es estructural (porque sería teóricamente resultado de la recesión) y en el primero no.

Y además, Lizoain indica que la medida es completamente irreal: ni la zona euro ni la OCDE en su conjunto tuvieron un déficit estructural inferior al 0,4% ni un solo año en los últimos veinte.

Podemos concluir, por tanto, que lo que finalmente han pactado los dos partidos mayoritarios no ha sido el criterio de déficit cero como habían dicho sino algo muy irrealista y que seguramente solo se pueda cumplir manipulando los registros presupuestarios. Posiblemente, porque así pueden vender a la población, como está haciendo Rubalcaba, que así no hay peligro de que la estabilidad presupuestaria ponga en cuestión los programas sociales (que es lo que lleva consigo la política de estabilidad presupuestaria, sobre todo, en países con déficits sociales como España, tal y como he explicado en mis artículos Razones económicas para rechazar el acuerdo neoliberal entre el PSOE y el PP y Acuerdo PSOE-PP sobre la deuda: un pacto que perjudica a España). Pero eso no quita que, al mismo tiempo, al introducir en la Constitución el principio de la estabilidad, se esté imponiendo (y además sin debate social) la filosofía neoliberal que implica renunciar a la política fiscal discrecional, con los efectos negativos que ello conlleva y que he tratado de explicar en esos mismos textos.

El contenido verdaderamente nefasto del acuerdo

Pero lo que realmente han conseguido de esta manera los líderes de ambos partidos, es decir, haciendo creer que asumen rígidos criterios de austeridad cuando en realidad no los van a ser, ha sido comportarse como verdaderos trileros porque mientras llamaban la atención sobre el debate del techo presupuestario lo que estaban haciendo era incluir, sin apenas comentarlo públicamente, un nuevo precepto en la Constitución que da "prioridad absoluta" al pago de la deuda y los intereses frente a cualquier otro compromiso de pago del Estado.

Es decir, los parlamentarios del Partido Popular y del PSOE están dispuestos a aprobar sin recurrir al referéndum que permitiera que el pueblo se pronuncie al respecto que si en algún momento faltaran ingresos se dejarían de pagar los servicios más básicos del Estado para hacer frente antes que nada a los compromisos de la deuda.

Esta es, pues, la auténtica clave de la reforma. Una concesión vergonzosa a los poderes financieros que es muy grave por cuanto que supone una cesión de la soberana capacidad de decisión del pueblo español para determinar en un momento dado la prioridad que quisiera darle a sus compromisos de financiación.

En mi opinión, quienes promueven esta medida siguiendo el mandato de intereses extranjeros están traicionando a los intereses nacionales y al impedir que el pueblo español, que es el verdadero poder constituyente que podría cambiar con legitimidad la Constitución, se pronuncie sobre una cuestión tan fundamental están prostituyendo la Carta Magna y convirtiéndola en papel mojado para quienes de verdad asuman los principios del constitucionalismo democrático. Como acaba de señalar claramente Rubén Martínez Dalmau en su artículo ¿Quién puede reformar legítimamente una Constitución democrática?

"Cualquier modificación de la Constitución por parte de un órgano que no es el poder constituyente, aunque sea legal -también autoritarismos y fascismos se han fundamentado en la legalidad- no es otra cosa que la apropiación de la soberanía popular por un órgano ajeno al pueblo; es decir, el fin del constitucionalismo democrático (...)
Si la Constitución no es otra cosa que la voluntad del poder constituyente, la respuesta a esta pregunta, desde el constitucionalismo democrático, no puede ser otra: sólo el pueblo puede modificar legítimamente su Constitución. Lo contrario es negar la naturaleza de la legitimidad del sistema democrático en el que creemos vivir. Si la Constitución queda en manos de otras personas -gobiernos, mayorías en los parlamentos, reyes.-podremos hablar de otra legitimidad del poder político, de democracias más o menos limitadas, de decisiones mayor o menormente acordadas. pero nunca de constitucionalismo democrático".

La alternativa, Asamblea Constituyente

Frente al engaño con que se quiere llevar a cabo esta reforma ilegítima de la Constitución que además puede comportar en el futuro un grave daño para los intereses de la nación no cabe otra alternativa, como también indica Rubén Martínez, que activar un nuevo poder constituyente que elabore una nueva Constitución en una nueva Asamblea, un horizonte que me parece fundamental que asuman los movimientos que giran en torno al 15-M y, en general, todas las personas sin distinción de ideologías o posiciones políticas que deseen vivir en una verdadera democracia.

Juan Torres López

http://www.juantorreslopez.com/component/content/article/137-articulos-de-opinion-y-divulgacion-2011/2470-los-trileros-mayores-del-reino-y-la-clave-de-la-reforma-constitucional

22 febrero, 2011

CONFERENCIA SOBRE DECRECIMIENTO: TAIBO Y TORRES


Imagen: Colorea2000.


La Asociación por una Tasa sobre las Transacciones
especulativas para Ayuda a los Ciudadanos organiza e invita al debate sobre DECRECIMIENTO

con la intervención de * Dr. D. Juan Torres López, Catedrático del Departamento de Análisis Económico y Economía Política de la Universidad de Sevilla y miembros del Consejo Científico de ATTAC España.

* Dr. D. Carlos Taibo Arias. Profesor Titular de Ciencia Política y de
la Administración de la Universidad Autónoma de Madrid * Modera: D. Moisés Rubio, de la Red de Decrecimiento de Sevilla

* Presenta: D. Victor Gutiérrez, vocal de ATTAC Sevilla.


miércoles, 9 de marzo de 18,30 a 21,00 Aula Magna de la Facultad de Filología (C/ Palos de la Frontera, s/n) Entrada libre hasta completar el aforo