CENTROS Y PUEBLOS SOCIALES: VUELTA A LO QUE ÉRAMOS

Sierra Noroeste: el despertar de los centros sociales autogestionados

Diversos centros puestos en marcha por vecinos aportan alternativas de ocio, encuentro, organización y debate en esta zona de Madrid.
Becerril de la Sierra

Uno de los centros de la Sierra Noroeste de Madrid. / Beatriz de Coro

 

Los pueblos de la Sierra Noroeste de Madrid, hasta hace poco lugares de segundas residencias, con gobiernos tradicionalmente en manos de la derecha, están viviendo su particular despertar con la llegada de nuevos vecinos e iniciativas. La creación de centros sociales autoges­tio­nados es una de ellas. Ejem­plos de ello son el centro social El Balcón en el Boalo, la asociación Sorcas en Moralzarzal o Disparate en Becerril de la Sierra.
Este último centro ha sido puesto en marcha por un grupo de mujeres que se decidieron a alquilar un local que llevaba cerrado más de 15 años. Todas ellas madres, algunas con familias numerosas, se empeñaron en la tarea de rehabilitarlo y convertirlo en un centro social de referencia en el entorno. “Hemos organizado desde comidas temáticas hasta jornadas zapatistas, talleres de foto,
pedagogía corporal. Tenemos cursos estables de yoga, pilates, inglés, costura, música, circo… –nos comenta Ana Toribio, una de sus impulsoras–. También tenemos préstamo de libros, ropa de segunda mano… Todo surgió de la necesidad de crear un espacio de todos y para todos”.
“Nos hemos dado cuenta de que si no es por este tipo de lugares no saldrían adelante ciertas propuestas”, explica Ruth Orta, otra de las impulsoras del centro. Sobre la dificultad de gestionar un proyecto así nos comenta: “No sería posible sin el apoyo de mucha gente”.
“Con el centro queríamos crear un lugar donde generar una oferta cultural alternativa, que el tiempo de ocio familiar no fuera irse a pasar la tarde del sábado al centro comercial. Frenar la cultura del consumo”, cuenta Clarisa Luna, también promotora de la iniciativa. En estas zonas, no muy bien dotadas de infraestructuras de transportes, la parada más cercana del autobús es a un centro comercial de Villalba.
“Creíamos que en estas zonas no había espacio para otras iniciativas porque siempre ha gobernado la derecha, pero nos hemos dado cuenta de que lo que sucedía es que no había espacios en los que confluir y conocernos. El hecho de que existan estos espacios hace que salgan cosas adelante, sociabilizas tu indignación y surgen iniciativas –comenta Juan Iribas, profesor de secundaria–. Es una oportunidad para demostrar que la gente se puede organizar por sí sola sin ayuda de las instituciones o de las administraciones”.
Entre las iniciativas que acoge este centro se encuentra Cambalhota, un proyecto educativo alternativo. “Cambalhota surge como un proyecto de pedagogía libre, activa, que nace de la búsqueda de un espacio diferente donde los niños y niñas puedan crecer y desarrollarse de manera respetuosa”, explica Jara Huichol, una de las responsables de su puesta en marcha. “Existe una carencia de este tipo de espacios tanto en la escuela pública como en la privada. Nosotras funcionamos como colectivo, familias y acompañantes, y gestionamos el proyecto conjuntamente”, afirma.
“No cuestionamos el modelo de educación pública, pero sí el modelo pedagógico de referencia hoy de la escuela pública. En el centro de nuestro pueblo con los recortes han tenido que suprimir la asignatura de Cultura Clásica e Imagen y Comuni­ca­ción, pero continúan Iniciativa Emprendedora y Re­li­gión con sólo dos alumnos en algunos cursos. ¿Es este el modelo que queremos?”, dice Rosa Martín, con hijos en el centro público de la zona y miembro de la asociación. “A veces tenemos la impresión de defender una escuela pública que se ha convertido en un aparato de propaganda del partido de turno”. En este contexto estas iniciativas pretenden investigar otros modelos de participación en educación.
“Este tipo de iniciativas se dan porque lo público está gestionado por expertos que suelen estar muy desvinculados de la gente y no tienen en cuenta su capacidad de participación”, afirma Carlos de Castro, sociólogo, profesor de la Universi­dad Autónoma de Madrid “No se puede entregar la gestión de lo común a las empresas pero sí a asociaciones o colectivos que funcionen con arreglo a criterios de redistribución, reciprocidad y no de beneficios. Democratizar es abrir la posibilidad de participar a la gente en los asuntos comunes, las instituciones deberían estar abiertas para responder a esas necesidades”.

Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/movimientos/22829-sierra-noroeste-despertar-centros-sociales-autogestionados.html

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LA IMPUNIDAD DE LAS GRANDES EMPRESAS SE HACEN DE LA ECONOMÍA MUNDIAL

 

 

 

La globalización neoliberal ha creado un contexto de impunidad de las transnacionales

El poder de las empresas transnacionales

PEDRO RAMIRO, ERIKA GONZÁLEZ, Juan Hernández Zubizarreta

21/11/13 · 8:00

⁺A A  

Instalaciones de Repsol en Ecuador. / Edu León

inforelacionada

Cuentas de resultados y cuentos de pobreza

En los últimos cien años, mientras ha ido avanzando el capitalismo global y los Estados-nación han venido cediendo parte de su soberanía en cuanto a las decisiones socioeconómicas, las empresas transnacionales han logrado ir consolidando y ampliando su creciente dominio sobre la vida en el planeta. Y es que aunque, en realidad, los antecedentes de lo que hoy son las compañías multinacionales pueden situarse varios siglos atrás –se habla de la existencia de empresas de este tipo ya a finales de la Edad Media, con los ejemplos de la Banca de los Médici o la Compañía de Indias–, no es hasta finales del siglo XIX y principios del XX, cuando compañías estadounidenses como General Electric, United Fruit, Ford y Kodak comienzan a extender sus negocios fuera de su país de origen, en que las grandes corporaciones empiezan a adquirir un papel de extraordinaria relevancia en el concierto internacional. Y eso se potencia, especialmente, en las tres últimas décadas del siglo pasado y en lo que va de este, ya que el avance de los procesos de globalización económica y la expansión a escala planetaria global de las políticas neoliberales han servido para construir un entramado político, económico, jurídico y cultural, a nivel global, del que las empresas transnacionales han resultado ser las principales beneficiarias.
Las transnacionales tienen una extraordinaria influencia sobre la sociedad en el terreno cultural y en el plano jurídico
Es evidente el poder que, en términos económicos, tienen las corporaciones transnacionales. Basta comprobar, por ejemplo, cómo la mayor empresa del mundo, Wal-Mart, maneja un volumen anual de ventas que supera la suma del Producto Interior Bruto de Colombia y Ecuador, mientras la petrolera Shell tiene unos ingresos superiores al PIB de los Emi­ratos Árabes Unidos. Asimismo, las compañías multinacionales disponen de un innegable poder político: son moneda de uso corriente las estrechas relaciones entre gobernantes y empresarios, no hay más que ver cómo, por citar solo algunos casos, los expresidentes González, Aznar, Blair y Schröder han entrado en el directorio de corporaciones como Gas Natural Fenosa, Endesa, JP Morgan Chase y Gazprom, respectivamente; de la misma manera que, en sentido contrario, Mario Draghi y Mario Monti pasaron de Goldman Sachs a las presidencias del Banco Central Europeo y del gobierno italiano.
Igualmente, las empresas transnacionales poseen una extraordinaria influencia sobre la sociedad tanto en el terreno cultural –las grandes compañías emplean la publicidad y las técnicas de marketing para consolidar su gran poder de comunicación y persuasión en la sociedad de consumo– como en el plano jurídico: los contratos y las inversiones de las multinacionales se protegen mediante una tupida red de convenios, tratados y acuerdos que conforman un nuevo Derecho Corporativo Global, la llamada lex mercatoria, con el que las grandes corporaciones ven cómo se protegen sus derechos a la vez que no existen contrapesos suficientes ni mecanismos reales para el control de sus impactos sociales, laborales, culturales y ambientales.
Ha de avanzarse en la reflexión y la construcción de alternativas que nos permitan mirar más allá del capitalismo
Todo este poder que han acumulado las empresas transnacionales se ha venido acrecentando, de forma acelerada, desde los años setenta hasta hoy. Esto es, desde que con la aplicación de las medidas económicas promovidas por Milton Friedman y la Escuela de Chicago, el neoliberalismo fue imponiendo su ideología por todo el globo aprovechando los golpes militares, las guerras, las catástrofes naturales y las sucesivas crisis económicas para introducir drásticas reformas sin apenas oposición popular en el marco de “la doctrina del shock”. En los últimos cuatro años, desde que estalló el crash financiero global, y siguiendo la máxima de “privatizar las ganancias y socializar las pérdidas”, las instituciones que nos gobiernan están aplicando en Europa las mismas políticas que se llevaron a cabo en los países periféricos en las décadas de los 80 y 90: reformas laborales que recortan derechos laborales básicos, modificación del sistema de jubilaciones para favorecer los planes de pensiones privados, aumento de los impuestos indirectos y de la fiscalidad sobre las rentas del trabajo, reducción de la tributación de empresas y grandes fortunas, mercantilización de los servicios públicos que todavía quedan por privatizar, eliminación de la inversión pública en edu­cación, sanidad, cooperación, dependencia, etcétera.
De este modo, mientras se inyectan presupuestos públicos millonarios a las mismas empresas que durante todos estos años se han beneficiado de la falta de regulación del sistema económico y financiero, la crisis es la excusa para avanzar con más fuerza en el desmantelamiento del Estado del Bienestar, la privatización de los bienes comunes y la apertura de puertas al capital transnacional para que pueda controlar más y más cuestiones que tienen que ver con los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Las compañías multinacionales controlan los sectores estratégicos de la economía mundial: la energía, las finanzas, las telecomunicaciones, la salud, la agricultura, las infraestructuras, el agua, los medios de comunicación, las industrias del armamento y de la alimentación. Y la crisis capitalista no ha hecho sino reforzar el papel económico y la capacidad de influencia política de las grandes corporaciones, que tan pronto hacen negocio con los recursos naturales, los servicios públicos y la especulación inmobiliaria, como con los mercados de futuros de energía y alimentos, las patentes sobre la vida o el acaparamiento de tierras. Asistimos a una crisis sistémica que no es solo económica, sino también ecológica, social y de cuidados, que está produciendo estragos en las condiciones de vida de la mayoría de la población mundial.
En este complejo contexto, resulta imprescindible continuar con la investigación, el análisis, la denuncia y la movilización en contra de los abusos que cometen las empresas transnacionales en su expansión por todo el globo. Porque, lejos de debilitarse con la actual crisis económica y financiera, el hecho es que las grandes corporaciones continúan fortaleciendo su poder e influencia en nuestras sociedades gracias a sus renovadas estrategias corporativas y a la constante aplicación de nuevos modelos de negocio. Por eso, a la vez que se profundizan las desigualdades y las mayorías sociales ven cómo sus derechos quedan relegados frente a la protección de los intereses comerciales y los contratos de las compañías multinacionales, se hace más necesario que nunca fortalecer las luchas y resistencias en contra de las empresas transnacionales. A la vez, ha de avanzarse en la reflexión y la construcción de alternativas socioeconómicas que nos permitan mirar más allá del capitalismo, abriendo ventanas hacia esos otros modelos posibles, otras realidades que no pasen por situar a las grandes corporaciones en el centro de la actividad de la sociedad sino que, justamente al contrario, las desplacen a un lado para colocar en su lugar a las personas y a los procesos que hacen posible la vida en nuestro planeta.

Un mercado controlado por pocas empresas

¿Qué son las transnacionales?

Una empresa transnacional (o multinacional) es aquella empresa que está constituida por una sociedad matriz creada conforme a la legislación del país en que se encuentra instalada, que se implanta a su vez en otros países mediante inversión extranjera directa, sin crear empresas locales o mediante filiales, de acuerdo a las leyes del país de destino. Aunque tenga la apariencia jurídica de una pluralidad de sociedades, en lo esencial se constituye como una unidad económica con un centro único con poder de decisión.

El poder en pocas manos

En el año 2010, había 80.000 empresas transnacionales en todo el mundo, que controlaban 810.000 compañías filiales. Eso sí, a pesar de que existen miles de transnacionales en el mercado global, apenas unos cientos de ellas controlan a las demás: 737 multinacionales monopolizan el valor accionarial del 80% de total de las grandes compañías del mundo, y solo 147 controlan el 40% de todas ellas.

Fuente: Diagonal. 

MENOS GARANTÍA PARA QUIENES PROTESTAN

 

 

                            Imagen: no pasaría nada de lo que nos pasa,  si estuviera presente el Supersevillano.

Menos garantías para quienes protestan

Con la reforma del Código Penal, la desobediencia a la autoridad desaparece como falta y el agente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "desobedecido" podrá optar por la vía penal o la administrativa, lo que dará más competencias a las delegaciones de Gobierno a la hora de establecer sanciones.

Eduardo Gómez Cuadrado. Red Jurídica

 

El Ministro de Justicia, Sr. Gallardón, da cada día más señales de que la cartera le viene grande y que está tirando por tierra con ella todo el sistema de Administración de Justicia que teníamos hasta la fecha. Administración que, de seguir en la actual tesitura, conseguirá desfigurar hasta hacerla irreconocible. Lo cual, por otro lado, es normal puesto que cualquier gobierno entrante trata de desmontar todo lo que el anterior haya construido, sea esto bueno o malo. Es lo que tiene el sistema de partidos. Que el Sr. Gallardón ha entrado en el Ministerio como elefante en  cacharrería lo evidencian dos decisiones legislativas tan desafortunadas como polémicas, y como debería declararse en su momento, inconstitucionales: la ley de tasas y la reforma del código penal.
Son muchas la novedades que se van a incluir en dicho código de represión criminal, unas más acertadas y otras, como es tristemente habitual, menos acertadas. Dentro de estas últimas, y siendo sólo la humilde opinión del letrado que suscribe, encontramos las supresión de las faltas. Las faltas son un tipo de infracciones del ordenamiento penal que se consideraba que constituían un ataque leve al ordenamiento penal y a la convivencia social. Comparten todos los elementos del delito (tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad) pero el legislador ha considerado que el contenido  injusto de dichas infracciones no tiene entidad suficiente, y la sociedad así lo percibe, como para ser consideradas delito. O al menos eso es lo que ocurría hasta ahora.
Las faltas siempre han habitado esa difusa frontera que separa el derecho penal y el régimen sancionador administrativo, y es por ello que nuestro legislador (que en tiempos de mayoría absoluta parlamentaria coincide con el ejecutivo) ha decidido eliminar esa separación y lo ha hecho dando “dos patadas”, una hacia arriba, configurando algunas faltas como “delitos leves”, y otra hacia abajo, hacía el derecho sancionador administrativo.
La exposición de motivos de la reforma planteada alude a la "racionalización del uso del servicio público de Justicia” para justificar la supresión de esa figura penal. Una vez más el legislador acude a la cantinela de “haber hecho algo por encima de nuestras posibilidades”, tildando al ciudadano no ya de usuario sino de “abusario” de los servicios públicos. A renglón seguido asegura en la exposición de motivos que “el derecho penal debe ser reservado para la solución de conflictos de especial gravedad”, lo cual no casa muy bien, todo hay que decirlo, con el hecho de convertir determinadas faltas en nuevos delitos.
Acudir al régimen sancionador administrativo para castigar determinadas conductas que antes se juzgaban por la vía penal no puede ser sino un paso atrás en cuanto a tutela judicial efectiva que supone. Hemos de tener en cuenta que el ámbito de la función sancionadora de la administración se encuentra al mismo nivel que en el Antiguo Régimen. Es decir, la administración es juez y parte de dicho procedimiento, con todo lo que ello supone desde el punto de vista del derecho de defensa.
Esta modificación significa una nueva limitación de los derechos ciudadanos. En especial, en cuanto a determinadas conductas como la denominada “desobediencia a los agentes de la autoridad”.
Actualmente, la desobediencia a la autoridad vienen regulada y sancionada a tres niveles: en derecho penal, como delito (Art. 556 CP) y como falta (Art. 634 CP), y en derecho administrativo, como infracción (Art. 26 h, de la Ley Orgánica 1/92 sobre seguridad ciudadana). Con la entrada en vigor de las futuras modificaciones penales, la disposición del artículo 634 CP desaparecerá y el agente de la autoridad “desobedecido” tendrá que optar entre dos posibilidades: o dar cuenta al juzgado de la desobediencia si la considera de la suficiente entidad como para que pueda ser considerada delito, o limitarse a redactar el correspondiente boletín de sanción administrativa para que sea la Delegación de Gobierno correspondiente la que proceda a sancionar al ciudadano presuntamente infractor.
La experiencia, los hechos y la sana lógica nos dicen que en la inmensa mayoría de los casos el agente optará por esta última opción, puesto que normalmente las “desobediencias a la autoridad” suelen encuadrarse dentro de movilizaciones sociales de protesta ciudadana, donde se suelen dar “encontronazos” (desobediencias leves) entre la policía y los manifestantes. Se trata de una reforma, que, como otras muchas en el ámbito penal, es propia de un contexto social de enfrentamiento del ciudadano con las instituciones.
El ejecutivo se ha dado cuenta de que seguir la vía penal para castigar al ciudadano “protestón” es un camino largo, complejo y en muchos casos infructuoso puesto que está fuera de su control. En cambio, la sanción administrativa es más rápida, menos garantista y, además, su imposición depende únicamente de dicho poder ejecutivo. La multa administrativa es, por tanto, la medicina perfecta para curar el mal del descontento, o cuanto menos para erradicar sus síntomas.
Con la eliminación de la falta de desobediencia a la autoridad se consigue canalizar hacia el ejecutivo lo que venía siendo juzgado y sancionado por el judicial, eliminando así el a veces molesto escollo de los jueces, con su empeño en que haya pruebas de lo que el agente denuncia. No debemos olvidar que en un estado derecho no toda orden emanada de un agente de las fuerzas de seguridad del Estado debe ser acatada ciegamente en pro del principio de seguridad.
Esta reforma, además del componente represivo antes mencionado, también tiene su dimensión recaudatoria (como no) que entronca directamente con la otra polémica ley aprobada a petición del ministerio que dirige el Sr. Gallardón: la ley de tasas. Una vez iniciado el procedimiento administrativo sancionador y concluido el mismo como suele concluir, es decir, o con silencio negativo o con desestimación expresa de las pretensiones y recursos presentados por el ciudadano, a éste no le queda más remedio, si quiere continuar con tan desigual batalla, que acudir a los tribunales y recorrer la vía judicial en su vertiente contencioso-administrativa. Es aquí donde aparecen las inconstitucionales tasas judiciales, pues su pago es condición sine qua non para dejar expedito el camino para que un juez determine la legitimidad de la sanción impuesta por el ejecutivo. Poco importa la ley, la justicia, el derecho o el fuero de Baylío. Si no pagas la tasa da igual que tengas razón o que se hayan pasado tus derechos por “el arco del triunfo”. Si no pagas, no pasas a sala.
Está claro que esta deriva del derecho penal hacia el sancionador administrativo es cuanto menos inquietante y sin duda peligrosa, pero también el mecanismo represor más eficaz, por sibilino y contundente, con el que cuenta actualmente el pretendido estado de derecho. No podemos meter al ciudadano descontento en la cárcel, pero da igual, no hace falta, con multarle es suficiente para que no vuelva a salirse del tiesto, y más si tenemos en cuenta que está en paro y/o pagando un hipoteca estratosférica.
Sin duda, el derecho penal ha de ser la última ratio, la opción residual a la que hay que acudir para reprobar la conducta de un ciudadano, pero con todo y con eso, considerando que las faltas no constituyen una infracción penal pura y en aras de mantener intacto el derecho de defensa, la separación de poderes y la tutela judicial efectiva, el estado de derecho en definitiva, lo que debería desaparecer es la infracción administrativa de desobediencia a la autoridad.
La supresión de las faltas en general, y en particular la referida a la “desobediencia a la autoridad”, suponen una nueva medida contra el descontento social, contra la protesta, contra la movilización ciudadana. Se deja al ciudadano inerme ante la faraónica maquinaria sancionadora de la administración que le pasará por encima como una apisonadora sin que nadie pueda hacer nada para ayudarle, porque en esos casos, en vía administrativa, tampoco se tiene derecho al beneficio de justicia gratuita. Se cierra el círculo.

Fuente: Este análisis ha sido publicado originalmente en Red Jurídica Abogados.

EL COSTE DEL RESCATE DE UN BANCO Y EL COSTE DEL RESCATE DE LOS PARADOS

Este tipo de cosas, de las que presumimos estar todos muy informados, NO TENÍAMOS QUE OCUPARNOS NOSOTROS si todo funcionara correctamente. A veces pienso que estos datos se hacen  públicos para tenernos entreteniditos todo el día. Lanzan numeritos para llenar redes, tertulianos, opinantes, programas y conversaciones. 

En la cadena informativa, alguno/s que debe/n  tomar partido , se están tocando las pelotas. A la vista no están nunca.

¿Será uno de los secretos de la depravación del hombre moderno (de la Modernidad) volver al punto cero y pasar de todo tipo de información mediática para vivir más y mejor?. ¿No nos consume demasiado tiempo y nos tiene frente a una máquina muy bien identificada el hecho de "estar informado/a" y procurar la "información" de otros?. 

¿Quién se ha llevado mis 246.661 millones?

El Gobierno reconoció a finales de julio que da por perdidos 36.000 millones del rescate financiero. ¿A cuánto asciende éste? ¿Cuánto se ha perdido ya?
Clara Medina. Madrid
02/09/13 

Desde los dos gobiernos que han regido a lo largo de esta crisis, se han aprobado medidas, ayudas y creado instituciones para asegurar que ningún banco entrara en situación de colapso financiero. La suma de las ayudas a la banca, entre avales, inyecciones, compras de activos y créditos fiscales, es de 246.661 millones de euros. Es el equivalente al 25% del PIB español, lo que se produce, tanto bienes como servicios, en un año.

En julio, el Gobierno admitió que no se iban a recuperar 36.000 millones del dinero en el FROB, lo que reducía las estimaciones de la Co­misión Europea, que cifraba en 43.000 millones el dinero perdido. Unos días después, el FMI, en su reporte sobre España hecho público en agosto, asegura que se pueden perder hasta 185.600 millones de la cantidad destinada al rescate financiero.

El 2 de septiembre, el Banco de España (BdE) publicaba una nota de prensa en el que se reconocen garantías parciales por un importe de 35.681 millones, que pueden dar lugar "a pérdidas que no se podrán conocer hasta el final del periodo de vigencia de cada uno de los esquemas [de protección de carteras de activos (EPA)]". Además, el BdE reconoce inyecciones de 61.300 millones en ayudas financieras públicas, a través del FROB y el Fondo de Garantía de Depósitos en Entidades de crédito.
El Frob

El primer paso de ayudas a las entidades financieras fue la creación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el FROB, institución a la que se destinaron nada menos que 6.750 millones de euros de las arcas del Estado. Esto es, un 75% de su dotación, mientras el otro 25% procedía de los fondos de garantías de depósitos de las entidades financieras. Este organismo buscaba que las cajas de ahorros se uniesen entre sí para evitar tener que intervenirlas. Bankia, a través de BFA, Catalunya Caixa y Novacaixa­galicia han sido los principales receptores del dinero que los contribuyentes han inyectado en el FROB.
Epa

El Esquemas de Protección de Activos (EPA) es un aval del FROB que sirve como incentivo para la adquisición de las cajas rescatadas. En la práctica, esto ha supuesto un coste aproximado de 28.600 millones al Estado.
Sareb

A principios de 2012 se crea el banco malo o Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestru­cturación Bancaria (Sareb), cuyo capital es un 45% público y un 55% privado. Cargados con 40.000 millones de euros, el SAREB adquirió activos a lo largo y ancho del panorama financiero español. Tasándolos con unos descuentos que se establecieron en un primer momento y que han resultado ser insuficientes. La falta de rigor en los balances bancarios ha llevado a que éstos vendieran edificios enteros con vecinos, inmuebles con facturas pendientes y otras calamidades.
Y las operaciones del BCE

El Banco Central Europeo aprobó, en junio de 2010, una barra libre de crédito accesible a la clase financiera europea, una medida que ha combinado con compras de deuda pública. El dinero a un 0,5% o un 1% de interés, que debía en teoría hacer fluir el crédito en los países miembros, se traduce en créditos que no bajan de un 7% para los clientes de las entidades financieras. Estas operaciones, encauzadas desde 2011 como operaciones de refinanciación a largo plazo (LTRO por sus siglas en inglés) se repitieron en diciembre de 2011 y febrero de 2012. Esas dos operaciones inyectaron hasta agosto de 2012 más de 388.000 millones de euros a tipos por debajo del 1%, sin embargo, esa liquidez no se cuantifica en las cantidades aportadas a la banca.

Ese mismo verano de 2012, Ma­riano Rajoy pidió al BCE de manera formal el rescate financiero que el Gobierno llamó “préstamo en condiciones muy favorables”. El BCE añadió cien mil millones de euros a disposición del sistema financiero español, a distribuir entre aquellas entidades bancarias que lo necesitasen a juicio del Gobierno y del Banco de España. Las condiciones de este préstamo favorable las guían de manera conjunta el BCE y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

¿Quién se ha llevado mis 246.661 millones?

El Gobierno reconoció a finales de julio que da por perdidos 36.000 millones del rescate financiero. ¿A cuánto asciende éste? ¿Cuánto se ha perdido ya?

Clara Medina. Madrid

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Desde los dos gobiernos que han regido a lo largo de esta crisis, se han aprobado medidas, ayudas y creado instituciones para asegurar que ningún banco entrara en situación de colapso financiero. La suma de las ayudas a la banca, entre avales, inyecciones, compras de activos y créditos fiscales, es de 246.661 millones de euros. Es el equivalente al 25% del PIB español, lo que se produce, tanto bienes como servicios, en un año.

En julio, el Gobierno admitió que no se iban a recuperar 36.000 millones del dinero en el FROB, lo que reducía las estimaciones de la Co­misión Europea, que cifraba en 43.000 millones el dinero perdido. Unos días después, el FMI, en su reporte sobre España hecho público en agosto, asegura que se pueden perder hasta 185.600 millones de la cantidad destinada al rescate financiero.

El 2 de septiembre, el Banco de España (BdE) publicaba una nota de prensa en el que se reconocen garantías parciales por un importe de 35.681 millones, que pueden dar lugar "a pérdidas que no se podrán conocer hasta el final del periodo de vigencia de cada uno de los esquemas [de protección de carteras de activos (EPA)]". Además, el BdE reconoce inyecciones de 61.300 millones en ayudas financieras públicas, a través del FROB y el Fondo de Garantía de Depósitos en Entidades de crédito.

El Frob

El primer paso de ayudas a las entidades financieras fue la creación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el FROB, institución a la que se destinaron nada menos que 6.750 millones de euros de las arcas del Estado. Esto es, un 75% de su dotación, mientras el otro 25% procedía de los fondos de garantías de depósitos de las entidades financieras. Este organismo buscaba que las cajas de ahorros se uniesen entre sí para evitar tener que intervenirlas. Bankia, a través de BFA, Catalunya Caixa y Novacaixa­galicia han sido los principales receptores del dinero que los contribuyentes han inyectado en el FROB.

Epa

El Esquemas de Protección de Activos (EPA) es un aval del FROB que sirve como incentivo para la adquisición de las cajas rescatadas. En la práctica, esto ha supuesto un coste aproximado de 28.600 millones al Estado.

Sareb

A principios de 2012 se crea el banco malo o Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestru­cturación Bancaria (Sareb), cuyo capital es un 45% público y un 55% privado. Cargados con 40.000 millones de euros, el SAREB adquirió activos a lo largo y ancho del panorama financiero español. Tasándolos con unos descuentos que se establecieron en un primer momento y que han resultado ser insuficientes. La falta de rigor en los balances bancarios ha llevado a que éstos vendieran edificios enteros con vecinos, inmuebles con facturas pendientes y otras calamidades.

Y las operaciones del BCE

El Banco Central Europeo aprobó, en junio de 2010, una barra libre de crédito accesible a la clase financiera europea, una medida que ha combinado con compras de deuda pública. El dinero a un 0,5% o un 1% de interés, que debía en teoría hacer fluir el crédito en los países miembros, se traduce en créditos que no bajan de un 7% para los clientes de las entidades financieras. Estas operaciones, encauzadas desde 2011 como operaciones de refinanciación a largo plazo (LTRO por sus siglas en inglés) se repitieron en diciembre de 2011 y febrero de 2012. Esas dos operaciones inyectaron hasta agosto de 2012 más de 388.000 millones de euros a tipos por debajo del 1%, sin embargo, esa liquidez no se cuantifica en las cantidades aportadas a la banca.

Ese mismo verano de 2012, Ma­riano Rajoy pidió al BCE de manera formal el rescate financiero que el Gobierno llamó “préstamo en condiciones muy favorables”. El BCE añadió cien mil millones de euros a disposición del sistema financiero español, a distribuir entre aquellas entidades bancarias que lo necesitasen a juicio del Gobierno y del Banco de España. Las condiciones de este préstamo favorable las guían de manera conjunta el BCE y el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

Fuente: Diagonal Global