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30 marzo, 2014

ESTE ES EL VERDADERO CALENTAMIENTO GLOBAL

Los rebeldes, los ejércitos infiltrados, el espionaje y los secretas en los movimientos de liberación/ expresión/ manifestación verdaderos, constituyen desde las últimas guerras en latinoamérica hasta países como Italia, Islandia, Grecia o el Estado español, la verdadera dinamita de la paz y el ejercicio de la libertad de expresión. Los responsables: los (des) gobiernos y sus estrategias de recolonización política y/o económica. 


 Imagen: Disco censurado en los 70. Paco de Lucía e Iturralde.

Carne de cañón

¿Y si resulta que el Gobierno en el 22M utilizó a los antidisturbios como carne de cañón para disparar de muerte a las protestas sociales?  

¿Y si lo que ocurrió en los altercados del 22M es que se abandonó conscientemente a esos quince UIP entre un grupo violento sin prestarles apoyo para conseguir la imagen de policías brutalmente agredidos y el titular de antidisturbios heridos, algunos de gravedad? ¿Y si los responsables políticos utilizaron a los policías como carne de cañón, poniendo en riesgo sus vidas, para criminalizar una protesta que fue mayoritariamente pacífica? Es solo una hipótesis pero tanto las circunstancias como las fuentes que he consultado hacen que sea una posibilidad perfectamente plausible la teoría del montaje que sostienen los organizadores de las Marchas. Analicemos los acontecimientos.
Los hechos. Como sabemos, un retén de solo quince antidisturbios se queda aislado a merced de un grupo mucho más numeroso de manifestantes con el que se inicia una tremenda batalla campal. Los policías piden auxilio pero se produce "un silencio en la emisora durante unos minutos. Pasan demasiados minutos sin apoyo", como ha explicado Miguel Ángel Fernández del Sindicato Unificado de Policía (SUP) y como corroboran el resto de sindicatos policiales.
¿Por qué calla la emisora durante minutos en una situación de altísimo riesgo que requiere una respuesta inmediata? ¿Por qué se quedan aislada una quincena de antidisturbios en un dispositivo de 1.700? Los mandos aseguran que fue un "error humano", que se tardó en reaccionar y que se envió a los refuerzos a la zona equivocada. Además de que sea muy poco creíble que se equivoquen de posición en un área tan abierta y cercana al núcleo del dispositivo, eso no explica los minutos de silencio en la radio ni por qué avanzan 15 policías solos sin la cobertura habitual de los furgones y de otros compañeros.
Fuentes policiales y observadores independientes que han grabado decenas de manifestaciones, aseguran que los antidisturbios tienen perfectamente localizados los focos de violencia y saben cómo moverse en grupos muy numerosos para acordonarlos. Sin embargo, esta vez ocurrió al revés: fueron rodeados por ellos. Además habían recibido una orden estricta y anormal: no utilizar pelotas de goma, lo que les hace infinitamente más vulnerables. Después la tensión se elevó tanto que las utilizaron sin respetar el rebote reglamentario en el suelo. Se creó el escenario para que ocurrieran desgracias en uno y otro lado, como así ha sido. 
La clave está en quién daba las órdenes allí. No fue el jefe de la UIP que no estaba en la calle como es habitual. Su lugar lo ocupaba extraordinariamente el Comisario General de Seguridad Ciudadana, un cargo de confianza del ministro del Interior, nombrado por Jorge Fernández Díaz. Lo normal es que el comisario hubiera estado en su gabinete coordinando el dispositivo, ¿por qué entonces sustituyó en su puesto al jefe de la UIP que desapareció del mapa? ¿A qué se debe este cambio tan inusual? ¿Y a qué se debe que no respondiese a la llamada de auxilio de sus hombres y dejase la emisora en silencio "durante minutos"? Hay silencios que dicen más que mil palabras. Ese silencio podría haberle costado la vida a alguien. Ese silencio solo servía a quienes quieren acallar los gritos en la calle. 
Las consecuencias. El resultado es el que venía persiguiendo el PP antes de la manifestación, criminalizarla como había hecho el presidente de la Comunidad de Madrid al compararla con los nazis de Amanecer Dorado. El resultado es que no se ha hablado del éxito de la convocatoria ni de las legítimas demandas ciudadanas solo de los altercados que se han comparado incluso con los de Ucrania. Cifuentes ha llegado a decir que se intentó "matar policías" y que "no había visto nunca una manifestación tan violenta". El jefe de la policía, Ignacio Cosidó habla de "escalada de violencia". Y la siempre imprudente Ana Botella pide que se limite el derecho de manifestación a una zona de la ciudad. Qué casualidad que el único que ha secundado semejante insensatez ha sido el ministro del Interior. Ha tenido que venir la vicepresidenta a desautorizarlo. Por ahora. Veremos qué dice si sigue escalando la tensión.  
Qué casualidad también que esto ocurre cuando el Gobierno trata de sacar adelante la Ley de Seguridad Ciudadana, puesta en tela de juicio esta misma semana, una vez más, por el poder judicial que advierte al ministro de que contiene muchos elementos inconstitucionales. Luego dice Ignacio González que las Marchas vienen a "subvertir el orden constitucional". Para qué, si ya lo subvierte su partido. Para superar las trabas judiciales qué mejor que generar en la opinión pública la necesidad imperiosa de una ley que ponga freno a la "escalada de violencia" que quiere "matar policías".
La escalada la está propiciando el Gobierno con declaraciones incendiarias que criminalizan la protesta sin distinguir entre la mayoría pacífica y la residual minoría violenta, a la que el 22M hace parecer mucho mayor de lo que es. También propician la violencia al agotar todas las vías pacíficas sin ofrecer más respuesta que el silencio y el desprecio a las reivindicaciones sociales. Y lo peor es que están consiguiendo lo que querían: cada vez hay más agresividad en algunos manifestantes y entre los policías, como prueban los 69 antidisturbios heridos, el joven que ha perdido un testículo de un pelotazo y el que ha perdido la visión también por una pelota. 
En foros policiales se puede leer estos días frases aterradoras que deberían ser motivo de expediente disciplinario como "los gomazos del cuello para arriba", "usar la pistola llegará, solo es cuestión de tiempo" o "tendrá que morir alguien para que se tomen cartas en el asunto". De hecho ya hubo dos policías que desenfundaron sus pistolas. Parece que eso es lo que van buscando los responsables políticos y unos y otros están cayendo en la provocación, lo que solo beneficia al Gobierno. Un muerto sobre la mesa, sea policía o civil, generaría tal alarma social que las manifestaciones quedarían desactivadas o fatalmente estigmatizadas.
Todo esto me lleva a pensar que se ha utilizado a los policías como carne de cañón para disparar de muerte a la protesta. Con un Gobierno instalado en la mentira y tantas circunstancias sospechosas ocurridas en el 22M, me resulta difícil creer que se deban solo a "errores humanos" como sostienen fuentes oficiales. Demasiados errores juntos parecen un acierto premeditado. Los antidisturbios deberían empezar a cuestionar a quienes les utilizan como carnaza por un sueldo de saldo. Muchos ciudadanos hace años que sabemos que nos usan como carne de cañón. 

24 julio, 2013

INDIGNADOS DE PERÚ VENCEN AL GOBIERNO PORQUE EL GOBIERNO ESCUCHA

Los indignados de Perú ganan la partida

El Congreso peruano anula el reparto de varios cargos públicos entre los grandes partidos

Imagen de la votación en el Parlamento peruano. / P. AGUILAR (EFE)

Los congresistas peruanos se van de vacaciones durante gran parte de julio, pero las protestas ciudadanas tras la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional y del Defensor del Pueblo lo han impedido. Y en una sesión parlamentaria extraordinaria el miércoles, el pleno “dejó sin efecto” las designaciones de seis magistrados, la titular de la Defensoría del Pueblo, y tres directores del Banco Central, elegidos hace una semana tras un pacto político que la prensa y la ciudadanía habían apodado la repartija. Sin embargo, aún no hay fecha para elegir sustitutos. La nueva mesa directiva, que reemplazará a la actual, debe acordar la vía por la cual recibirá las nuevas candidaturas y votar otra vez.
El viernes 19, las protestas en las calles y el rechazo de los líderes de opinión a la elección agravaron la crisis política. Ese día, el presidente Ollanta Humala invocó a los dos designados más cuestionados, una militante de Perú Posible [el partido del expresidente Alejandro Toledo] y un abogado y excongresista fujimorista, a “dar un paso al costado” y calificó de legítimas las protestas, pese a que su partido había formado parte del pacto.
El constitucionalista Fernando Eguiguren, propuesto como magistrado del Tribunal Constitucional, fue el primero en comunicar a Humala su intención de no aceptar el cargo, a pesar de que no había sido cuestionado ni por la prensa ni por la calle. Minutos después, el expresidente Toledo también anunció que la militante de su partido designada como Defensora del Pueblo haría lo mismo. Los últimos en retirar su candidatura, el martes, fueron precisamente los más cuestionados. Según el presidente del parlamento, Víctor Isla, con las renuncias las designaciones se “vaciaban de contenido” y en el pleno votarían para “dejarlas sin efecto”.
Y así fue: los parlamentarios votaron en una sesión de menos de 20 minutos, sin debate. Las designaciones fueron anuladas de forma casi unánime, incluso las de los directores del Banco Central de Reserva, a pesar de que estas no habían recibido críticas.
El domingo 28, el presidente Ollanta Humala cumple dos años en la presidencia y dará en el Congreso el tradicional mensaje a la Nación de Fiestas Patrias, que incluye un balance del año y varios anuncios. Ese día, el Gobierno no podrá presentar el logro de cubrir unos puestos tan sensibles en un Estado tan difícil de fiscalizar. En el Constitucional, varios magistrados han excedido más de un año el plazo para el que fueron elegidos: uno de ellos se apartó del cargo pues no podía seguir esperando su reemplazo. El Defensor del Pueblo, por su parte, lleva dos años en funciones, y el Gobierno no ha querido hacerle titular tras pronunciarse en contra de varias normas aprobadas por el Ejecutivo de Humala en el campo de la defensa y los derechos de los pueblos indígenas, entre otros temas.
La nueva mesa directiva será elegida este viernes. Cuando la próxima semana el Congreso vuelva a reunirse, una comisión debe acordar los términos para reclutar a los candidatos a estos diez cargos clave en Perú. Mientras tanto, este sábado 27, habrá una nueva movilización en el centro de Lima de jóvenes, pequeñas agrupaciones políticas, colectivos ciudadanos, y gremios, que pretenden seguir presionando al Parlamento para una mayor ética en la política.