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21 septiembre, 2014
ESCOCIA: SEMEJANZAS Y DESEMEJANZAS CON CATALUNYA Y ESPAÑA
Escocia: semejanzas y desemejanzas con Catalunya y España
Vicenç Navarro
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad
PompeuFabra
Stephen Castle, corresponsal del New York Times en Escocia, ha
escrito un artículo, “TheChasmTiltingScotsToward Independence” (17/08/
14), sobre la evolución del comportamiento electoral de Escocia, que da
una visión sobre la situación política en aquel país muy distinta de la que
aparece en los mayores medios de información en Catalunya y en España.
Según Castle, la creciente marea proindependencia en Escocia no tiene
tanto que ver con un aumento del nacionalismo escocés como con una
derechización de la cultura política inglesa, que ha ido creando un rechazo
cada día mayor por parte de la población escocesa que, en general —
según Castle—, se sitúa más a la izquierda que la de Inglaterra.
Los datos que Castle aporta a favor de sus tesis son muy
interesantes. Subraya que, en Escocia en los años cincuenta, el Partido
Conservador conseguía casi la mitad de los parlamentarios que salían
elegidos en Escocia para representarla en el Parlamento Británico. Hoy,
sin embargo, el Partido Conservador tiene solo un miembro escocés del
Parlamento Británico. Se dice, en Escocia, bromeando, que es más fácil
encontrar un oso panda gigante en el país que un miembro del Partido
Conservador Escocés en el Parlamento Británico. En el zoo de Escocia hay
dos osos pandas gigantes. En el Parlamento Británico solo hay un escocés.
La derechización del Partido Conservador, acentuada con la
victoria de la Sra. Thatcher, fue el fin de la presencia del Partido
Conservador en Escocia. Desde 1979 a 1992, dos años después de que
dimitiera la Sra. Thatcher, el Partido Laborista fue el beneficiario de este
rechazo del Partido Conservador. Pero, el gobierno Blair, con su
adaptación a las políticas neoliberales iniciadas por la Sra. Thatcher, fue
perdiendo apoyo, frente a un Partido Nacionalista Escocés que se fue
situando más a la izquierda que el gobierno laborista Blair. En realidad, la
derechización de los grandes partidos —el conservador y el laborista
(denunciados por un dirigente del Partido Nacionalista Escocés por su
“masiva complacencia” con la situación económica y social escocesa)— ha
sido ampliamente rechazada en Escocia, creando una polarización de las
culturas políticas dominantes a los dos lados de la frontera. En el sur, se
sitúa la inglesa —conservadora y neoliberal- y, en el norte, la escocesa —
socialdemócrata. Hoy, bajo el gobierno nacionalista escocés los servicios
públicos escoceses son más completos y generosos que los ingleses: por
ejemplo, los servicios domiciliarios públicos son más amplios, tienen una
cobertura mayor y requieren pago menor por los usuarios que en
Inglaterra. Lo mismo en cuanto a las prescripciones de farmacia,
matrículas universitarias y precio del transporte para los pensionistas. El
Partido Nacionalista Escocés (PNE) ha propuesto también eliminar las
armas nucleares, elevar el salario mínimo, corrigiéndolo por la inflación, y
una gran expansión de las escuelas de infancia para toda la población y
todo el territorio.
El PNE es un partido de claro corte socialdemócrata, al que la
corriente blairisista del Partido Laborista se refiere con desdén como
“socialdemócratas tradicionales” (la manera amable de llamarles
anticuados). Pues bien, el Partido Nacionalista Escocés está ganando
elección tras elección y el “modernizado” Partido Laborista está todavía
intentando recuperarse. El gran mérito del PNE ha sido entender que
el objetivo del nacionalismo escocés es, no solo mantener la identidad
escocesa, sino aumentar también el bienestar y calidad de vida de las
clases populares, objetivo difícil, cuando no imposible, de alcanzar a
través de políticas conservadoras y neoliberales (como, por cierto, está
ocurriendo en Catalunya). Hoy, por cierto, el PNE, es el único partido
que habla sin ningún rubor de la clase trabajadora como el eje de la
movilización popular, presentando al establishment británico como
insensible tanto con la identidad escocesa como con las necesidades de
las clases populares. En realidad, el PNE acentúa en su discurso más lo
segundo que lo primero.
En unos días veremos las elecciones. Según el articulista del New
York Times, es probable que los secesionistas pierdan, en parte debido al
factor miedo e inseguridad, generados por las muchas incertidumbres de
la independencia escocesa, que los partidos conservadores y laboristas
han presentado durante la campaña electoral como un desastre, a través
de insinuaciones y con su constante promoción. Pero, como indicaba
un votante laborista (que lo había sido toda la vida, pero que votará por
la secesión), el proceso de rechazo al Estado Inglés continuará (pues el
establishment británico no cambiará) y tarde o temprano la secesión
ocurrirá.
Las semejanzas y desemejanzas con Catalunya y España
Ni que decir tiene que cada país es diferente y las
desemejanzas entre Escocia y Catalunya son enormes. Su historia y cultura
son muy distintas. Ahora bien, también hay semejanzas. Y una de ellas es
el enorme rechazo hacia el estado central, el estado español, que no solo
corresponde a motivaciones identitarias (que existen y no hay que
minusvalorar) sino también (y de una manera creciente) a la orientación
conservadora y neoliberal del estado español, percibido como un
instrumento de los intereses financieros y económicos del gran capital
tanto europeo como español (incluido el catalán). En realidad, al 20% de
independentistas que existen en Cataluña se ha sumado otro 20%,
catalanes que se sienten españoles pero que no creen que el estado
español vaya a evolucionar hacia otro que conjugue una sensibilidad
plurinacional con un cambio profundo de compromiso con un estado
auténticamente democrático, solidario y con justicia social. Es
sorprendente que esta realidad continúe sin entenderse por los
establishments a los dos lados del Ebro.
Las desemejanzas, sin embargo, también existen. Y una de ellas es
que no es cierto que la población catalana esté más a la izquierda que
la española, como se escribe con frecuencia en medios de información
catalanes. En realidad, las izquierdas han gobernado muchos más años en
España que en Catalunya: solo 7 años de los 36 años de democracia. En
España, 21 de los 36. Catalunya ha estado gobernada mayoritariamente
por las derechas. Y ello se debe a que las derechas catalanas han
tenido la hegemonía sobre el tema nacional, una situación que fue
facilitada por la desaparición del PSUC. Este partido de izquierdas en
Catalunya tenía un enorme caudal de credibilidad democrática, de
compromiso con Catalunya como nación (siempre defendió el derecho de
autodeterminación, a fin de garantizar que la unidad de España estuviera
basada en un deseo popular y no en una imposición, respetando la
identidad catalana) y de una heroica lucha a favor del bienestar de las
clases populares de Catalunya (y de España).
En Catalunya, fueron siempre las izquierdas las que defendieron la
identidad catalana, combinando exitosamente esta lucha con la lucha por
la democracia y la justicia social. Es triste y casi patético ver la alegría que
ha dado a la derecha y a algunas voces de izquierda el “descubrimiento”
de que Pujol, su clan y grupos centrales en su partido estaban utilizando
la bandera catalana para fines personales y de clase. La derecha española
y muchas izquierdas españolas deberían estudiar más la historia de
Catalunya, la cual parecen desconocer de una manera preocupante. Las
que siempre defendieron la identidad y el derecho de autodeterminación
(que puede o no ser favorable a la secesión, dependiendo de como
reaccione el estado español) fueron las izquierdas, no las derechas, en
Catalunya. El comportamiento cómplice y clientelar de las derechas
catalanas –muy semejantes a las derechas italianas- siempre fue conocido
y denunciado por el PSUC.
Fue un enorme error que desapareciera el PSUC en Catalunya y
hoy pagamos las consecuencias, pues las derechas llenaron aquel vacío.
El PSUC nunca fue antiEspaña, luchando por otra España plurinacional,
justa y democrática. Hoy el adversario no es España, con cuyos pueblos y
naciones la mayoría de catalanes se consideran hermanados. El adversario
es el Estado español, que no está dando respuesta a las necesidades de la
población catalana ni tampoco, por cierto, a las de las clases populares de
las distintas naciones y pueblos de España. De ahí que haya que establecer
una alianza para cambiar el Estado, que incluye también la Generalitat
de Catalunya. El gran mérito de Podemos es que refleja una comprensión
de esta situación, habiéndose convertido en una fuerza política, tanto
en Catalunya como en España, que está expresando el enorme rechazo
por parte de las clases populares a los dos lados del Ebro hacia las
instituciones autodefinidas como representativas, que dichas clases
consideran que no les representan.
15 diciembre, 2013
LOS COSTES POLÍTICOS DE SOSTENER EL EURO PARA LAS IZQUIERDAS
Los costes políticos de sostener el euro para las izquierdas
No hay plena conciencia entre la mayoría de las izquierdas en nuestro
país de que el establecimiento del euro respondió a un proyecto de
debilitar, por todos los medios posibles, al mundo del trabajo y al
modelo social que este mundo estableció y que había convertido a Europa
en un punto de referencia internacional para todas las fuerzas
progresistas del mundo. Este proyecto ha sido altamente exitoso, como lo
muestra que el mundo empresarial (tanto el financiero como el
industrial) está consiguiendo todo lo que ha deseado desde hace mucho
tiempo. Hoy los gobiernos están forzando la bajada de salarios, el
aumento del desempleo, el desmantelamiento del Estado del Bienestar, la
privatización de las pensiones y de los servicios públicos como la
sanidad, la educación, los servicios sociales, y otros. Todas estas
medidas se han realizado bajo el mandato de las instituciones que
gobiernan el euro, tales como el Banco Central Europeo, la Comisión
Europea, el Consejo Europeo y el gobierno alemán, instituciones todas
ellas de sensibilidad ultraliberal y que utilizan los instrumentos
financieros que tienen a su disposición para imponer tales políticas
neoliberales. Que esto es así es obvio. Y la evidencia empírica que
avala tal interpretación de lo que está ocurriendo en Europa es
abrumadora. Ni que decir tiene que los mayores medios de información,
controlados por tales intereses empresariales, ocultan esta realidad.
Encontramos múltiples ejemplos de esta instrumentalización. Veamos uno
de los casos más recientes. Hace unos meses se aprobó el presupuesto
plurianual de la Unión Europea, dentro de las normas establecidas para
la preparación de presupuestos en los próximos siete años (sí, leyó
bien, siete años). En estas normativas, escritas en letra pequeña, se
indica que cualquier transferencia de fondos (que se definen como
“ayuda”) a autoridades municipales, regionales o nacionales (es lo que
el lector ha podido ver en las pancartas de su ayuntamiento o comunidad
autónoma, en la que se indica que el proyecto se ha financiado con
fondos de la UE, con la bandera de estrellas en lugar prominente) está
condicionada a que el gobierno del país se comprometa a seguir las
políticas macroeconómicas neoliberales (que no tienen nada que ver con
el proyecto financiado) que incluyen la retahíla de medidas que mencioné
antes. Y estas medidas macroeconómicas las dicta y las supervisa la
Comisión Europea, el grupo de tecnócratas que nadie ha elegido y que, en
su mayoría, son de persuasión ultraliberal. En otras palabras, la
Comisión Europea le dirá al gobierno español “usted no puede apoyar con
fondos europeos la construcción, por ejemplo, de un hospital en Girona, a
no ser que usted, gobierno de Madrid, se haya comprometido a bajar los
salarios del país”.
El gobierno que ha promovido este sistema (y que tiene una enorme
influencia en la Comisión Europea) es el gobierno alemán, máximo
sostenedor de las políticas de austeridad hoy en la UE y en la Eurozona.
Y lamento decirle que usted, ciudadano español, no tiene ninguna voz o
posibilidad de cambiar esto, a no ser que se movilice para que España
salga de este sistema que tiene al país estancado. Por cierto, parte de
estos fondos vienen de su bolsillo, reciclados a través de la siempre
presente Comisión Europea. Y me sabe mal informarle también que el
Parlamento Europeo no pinta nada en esto. Ni tampoco puede hacer nada.
En realidad, intentó hacer algo, pero no le dejaron. Había propuesto que
los países pudieran utilizar fondos de la UE que estuvieran catalogados
como inversiones para estimular el crecimiento, y también sugirió que
en el cálculo del déficit público se separara el gasto en inversiones
del gasto en consumo. Pero todo sigue como la Comisión decidió. ¿Lo
entiende? Y mientras, se define como extremistas a aquellos que quieren
salirse del sistema por considerar el cambio dentro del euro como
imposible.
Los costes políticos del euro para las izquierdas
Una característica de nuestros tiempos es el enorme descrédito de los
partidos socialdemócratas en la Unión Europea. De nuevo, los números
hablan por sí mismos. El descenso de su apoyo electoral (sobre todo
entre las clases populares) ha sido enorme. Y el número de militantes ha
bajado espectacularmente. Como decía un observador, con gran agudeza
política, “los militantes de tales partidos se han reducido a personas
con cargos políticos, y a personas que esperan poder tener cargos
políticos”. Aun cuando esta frase tiene un componente simplificador e
injusto, lo cierto es que tales partidos han perdido a las personas más
comprometidas ideológicamente con el socialismo, teniendo hoy muy poca
capacidad de movilización.
Este descrédito se debe precisamente a su complicidad en establecer tal
sistema de gobierno del euro. De nuevo, la evidencia que avala esta
tesis es robusta. Es cierto que hay intentos de cambiar tal sistema de
gobierno, esfuerzo al que se le añaden los partidos políticos más a la
izquierda que la socialdemocracia. Pero este intento de reformar el
sistema de gobierno asume que tal sistema es reformable, es decir, que
puede cambiar para que sirva al mundo del trabajo, que constituye la
mayoría de las clases populares. La evidencia, sin embargo, parece
cuestionar que ello sea posible. El caso citado anteriormente así lo
señala.
La protesta generalizada y el hartazgo popular hacia esta Europa
Está también claro que el hartazgo de las clases populares de la Unión
Europea hacia tal entidad política está alcanzando niveles amenazadores
para la reproducción de tal sistema de gobierno. Y es lógico que tal
hartazgo lo lideren aquellas fuerzas políticas que cuestionan más
radicalmente la existencia del euro y de la Unión Europea. El
crecimiento de los partidos de la ultraderecha a nivel de Europa es un
indicador de ello. Su éxito se basa en su radicalismo en contra de lo
que llaman “las élites tecnócratas que roban el poder nacional”
(acusación que es difícil desmentir), proponiendo la salida del euro y
de la UE. En cierta manera, su éxito se debe al fracaso de las
izquierdas en entender y responder al enfado de las clases populares
hacia esta Europa, la Europa que de sueño democrático y social se ha
convertido en pesadilla antisocial y antidemocrática. ¿Hasta cuándo
tendremos que esperar a que las izquierdas entiendan que esta Europa no
es cambiable y que otra Europa es posible?
Vicenç Navarro, columna "Pensamiento Crítico" de diario Público y en la revista Sistema, 15/Noviembre/2013
03 noviembre, 2013
OTRA CATALUNYA, OTRA ESPAÑA, POR VICENT NAVARRO
Imagen: Estampa ética sobre todo aquel engendro político- social que promulga en cualquier medio con carácter público que el "capital extrajero se interesa por invertir en Andalucía" mientras promueven los cierres, falta de liquidez y crédito, ayudas, e impedimentos burocráticos de nuestro tejido empresarial e industrial. A los terroristas que atraen capital extranjero para expoliar el capital autóctono.
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Resumen de la asamblea de Procés Constituent del 13 de octubre La educación clasista en Españaoct 29
Otra Catalunya, otra España
Economia política, Estado del Bienestar, Política Catalana, Política Española, Transición Política Añada comentarios
Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 29 de octubre de 2013
Otra Catalunya, otra España
Economia política, Estado del Bienestar, Política Catalana, Política Española, Transición Política Añada comentarios
Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 29 de octubre de 2013
Esta conferencia introduce el establecimiento del movimiento Procés Constituent en Catalunya, que señala la necesidad de crear otra Catalunya, así como otra España, basadas en la tradición republicana.
Traducción al castellano de la conferencia del Profesor Navarro en la asamblea del Procés Constituent en Barcelona, 13 de octubre de 2013 (ver el vídeo en www.vnavarro.org)
Queridos compañeros y compañeras,
Aquí estamos reunidos, venidos de todos los rincones de Catalunya, para celebrar nuestro nacimiento; un momento de gran alegría, que vivimos con gran ilusión. Y llegamos aquí para renovar juntos nuestro compromiso de ponernos al servicio de la gente normal y corriente de nuestro país.
Miremos ahora a nuestro alrededor y veamos qué nos une. Y una cosa que está clara es que lo que motiva nuestro compromiso es nuestro profundo deseo de alcanzar la felicidad -sí, lo tenemos que decir sin ningún rubor, la felicidad-, la libertad y el bienestar de nuestro pueblo, y muy en particular de sus clases populares, es decir, de aquellos ciudadanos que con su trabajo, sea remunerado o no, han construido y están construyendo este país. Nuestro compromiso es con la mayoría de la población, que hoy siente que no tiene la posibilidad de participar en las decisiones de aquellos que los gobiernan. De ahí que sea uno de nuestros objetivos ayudar a que esta población sepa que ellos son los que hacen Catalunya, y que es de ellos de quien deriva el poder del Estado, tanto el central como la Generalitat de Catalunya, es decir, de las instituciones encargadas de la gobernanza del país.
De ahí deriva el segundo punto que nos define, y que es nuestro rechazo, no a España, no a los diferentes pueblos y naciones de la Península Ibérica, que consideramos nuestros hermanos, sino al Estado español, que claramente no nos representa. Este Estado, fruto de una transición inmodélica, dominado por los herederos de la dictadura fascista, es responsable del enorme atraso del Estado del Bienestar español y también es responsable de que este Estado nunca haya aceptado el carácter plurinacional de España, imponiendo su nacionalismo españolista, un nacionalismo que nos asfixia a todos los demás.
Este Estado español no es nuestro Estado. Ni sus símbolos, son nuestros símbolos. No nos encontramos a gusto en este Estado, que no es el nuestro, y ayudaremos a nuestros hermanos y hermanas en España, que ya están en las calles a lo largo de todo el territorio porque tampoco sienten que sea su Estado. Les ayudaremos a que logren su liberación. Hoy saludamos sus movilizaciones, denunciando que este Estado no les representa a ellos tampoco. Les ayudaremos a que logren cambiar tal Estado, consiguiendo uno que les represente.
Nosotros, ahora, nos tenemos que concentrar en conseguir nuestra liberación, en este lado del Ebro. Porque nosotros tampoco nos encontramos cómodos en esta Catalunya oficial, que es escasamente democrática, muy poco justa y muy poco solidaria. No nos gusta una Catalunya en la que un burgués vive diez años más que un trabajador no cualificado en paro crónico. Esta no es nuestra Catalunya.
No nos gusta tampoco esta Catalunya insolidaria. Catalunya no es pobre. Catalunya es rica. Y en cambio, el gasto público para financiar los servicios públicos de sanidad, educación, vivienda, escuelas de infancia, entre otros servicios, es de los más bajos de Europa. Y esto se debe, no solo al déficit fiscal que Catalunya tiene con España – déficit que nos empobrece –, sino primordialmente al enorme poder que las fuerzas conservadoras en Catalunya han tenido sobre el Estado y sobre la Generalitat. Esta es la mayor causa de nuestro subdesarrollo social, donde, a pesar de que Catalunya sea más rica que el promedio de la Unión Europea de los Quince, el grupo de países más ricos de la Unión Europea, los servicios públicos son de los menos financiados y donde casi uno de cada cuatro catalanes es pobre. Esta no es la Catalunya que queremos.
Por este motivo queremos otra Catalunya, una Catalunya en la que democracia no sea solo votar cada tantos años dentro de un sistema electoral poco representativo. Queremos una democracia participativa, y directa, en la que cada ciudadano pueda participar a través de referéndums vinculantes y otras formas participativas de democracia. Democracia no es solo democracia representativa, y todavía menos lo es una democracia como la existente en Catalunya, donde el sistema electoral es poco representativo, donde la política se entiende como el politiqueo entre las élites gobernantes. Esta no es nuestra Catalunya. Queremos una Catalunya auténticamente democrática, auténticamente participativa, en que la gobernanza del país proceda directamente de las decisiones del pueblo de Catalunya, es decir, de todos los que viven y trabajan en Catalunya, sin limitaciones o exclusiones.
Y el derecho a decidir tiene que incluirlo todo. Derecho a decidir por un pueblo soberano significa decidir, no solo sobre si quiere separarse o no del Estado español, sino sobre todo lo demás, es decir, sobre los lugares de trabajo, sobre nuestras escuelas, sobre nuestros centros sanitarios, sobre nuestros barrios, y un largo etcétera. Y no solo mediante una autoridad delegada, sino directamente por la población. Es decir, democracia es la continua y constante participación de las clases populares en la búsqueda de su felicidad y de su bienestar, obtenidos en solidaridad con todos los demás.
Somos conscientes de que se nos dirá – ya se nos ha dicho – que somos utópicos, que estamos soñando, que esto no se puede realizar en Catalunya. Sabemos, sin embargo, que este argumento se ha utilizado constantemente para evitar cambios. Pero tenemos evidencia de que el cambio es posible. Cada uno de los cambios que han mejorado el bienestar de la población en nuestro país se ha logrado a base de movilizaciones populares. Nunca olvidemos que aun cuando Franco, uno de los mayores asesinos que han existido en Europa en el siglo XX, murió en la cama, la dictadura murió en la calle.
También queremos aclarar que no somos ni queremos ser un partido. Somos un movimiento político-social que quiere transformar profundamente Catalunya. Y tenemos plena fe en nuestro pueblo. Y sabemos que cuando la población se mueve, puede mover montañas. Y se han movido montañas. Repito que no somos ni queremos ser un partido político. Lo repito porque algunas élites partidistas tienen el temor de que les hagamos perder votos. No es esta nuestra intención. Queremos que la población participe y se movilice electoralmente. Pero nosotros queremos ir más allá de la vía representativa. Queremos concienciar a la ciudadanía de que ellos son Catalunya, que las personas anónimas que, en su vida cotidiana y con su trabajo, hacen el país, son los que tienen el derecho a decidir y a gobernarlo, transformándolo profundamente. Y para ello se requiere una amplia movilización y grandes alianzas. Con ello construiremos la nueva Catalunya, alrededor del Manifiesto, que es nuestra guía y con el que amplios sectores de la población están ya de acuerdo. Y nosotros invitamos a los partidos progresistas a que se sumen a este proyecto. Cada una de las propuestas que hacemos, sabemos que la mayoría de la población las acepta y las desea. Y damos la bienvenida a sus militantes para que todos juntos, personas de distintas sensibilidades, podamos ayudar a revolucionar este país. Este es nuestro proyecto.
Y es aquí donde nos consideramos herederos de todos aquellos que nos precedieron en esta lucha para lograr la libertad, la felicidad y la solidaridad. Somos herederos de nuestros padres y abuelos, que perdieron una guerra defendiendo la libertad, la democracia, la solidaridad y la justicia social. Somos herederos de aquellos que continuaron luchando contra la dictadura, en los años cuarenta, en los años cincuenta –cuando empezamos las movilizaciones pacíficas en contra de aquel horror-, en los años sesenta y setenta en las magníficas movilizaciones que, bajo el liderazgo del Movimiento Obrero, terminaron con aquella dictadura, y somos herederos de aquellos que continuaron presionando durante la época post-franquista denunciando la falta de representatividad de las instituciones españolas y catalanas mal llamadas representativas, que, en realidad, “no nos representan”, criticando el enorme subdesarrollo social de aquel Estado post franquista y que nunca aceptó que Catalunya fuera una nación. Somos herederos de todos ellos y, como tales, queremos terminar un periodo iniciado en la Transición inmodélica del 1978, y que se ha agotado.
Queremos comenzar un nueva Transición que sea no violenta, pacífica, alegre y radical, radical porque iremos a las raíces de las causas de la escasa felicidad de nuestro pueblo. Seremos gentiles y amables, pero no blandos. Y no cejaremos en nuestro empeño, recurriendo incluso a la desobediencia civil, si así lo exige nuestro compromiso con el bienestar de nuestro pueblo. Esto es lo que somos, y esto es lo que queremos para esta nueva Catalunya, una Catalunya más justa, más social, más solidaria y más participativa y democrática, una Catalunya que pueda ayudar en solidaridad a los otros pueblos y naciones de España a liberarse, facilitando la hermandad entre los pueblos que este Estado español dificulta. Rechazamos toda hostilidad y ofensa a las clases populares de España. Pero sí que rechazamos este Estado español, y lo hacemos sin violencia, con serenidad y con compromiso, y con la misma intensidad con la que queremos cambiar esta Catalunya, para ayudar a sus clases populares a sustituirla por otra Catalunya, que sea democrática, justa y solidaria.
Traducción al castellano de la conferencia del Profesor Navarro en la asamblea del Procés Constituent en Barcelona, 13 de octubre de 2013 (ver el vídeo en www.vnavarro.org)
Queridos compañeros y compañeras,
Aquí estamos reunidos, venidos de todos los rincones de Catalunya, para celebrar nuestro nacimiento; un momento de gran alegría, que vivimos con gran ilusión. Y llegamos aquí para renovar juntos nuestro compromiso de ponernos al servicio de la gente normal y corriente de nuestro país.
Miremos ahora a nuestro alrededor y veamos qué nos une. Y una cosa que está clara es que lo que motiva nuestro compromiso es nuestro profundo deseo de alcanzar la felicidad -sí, lo tenemos que decir sin ningún rubor, la felicidad-, la libertad y el bienestar de nuestro pueblo, y muy en particular de sus clases populares, es decir, de aquellos ciudadanos que con su trabajo, sea remunerado o no, han construido y están construyendo este país. Nuestro compromiso es con la mayoría de la población, que hoy siente que no tiene la posibilidad de participar en las decisiones de aquellos que los gobiernan. De ahí que sea uno de nuestros objetivos ayudar a que esta población sepa que ellos son los que hacen Catalunya, y que es de ellos de quien deriva el poder del Estado, tanto el central como la Generalitat de Catalunya, es decir, de las instituciones encargadas de la gobernanza del país.
De ahí deriva el segundo punto que nos define, y que es nuestro rechazo, no a España, no a los diferentes pueblos y naciones de la Península Ibérica, que consideramos nuestros hermanos, sino al Estado español, que claramente no nos representa. Este Estado, fruto de una transición inmodélica, dominado por los herederos de la dictadura fascista, es responsable del enorme atraso del Estado del Bienestar español y también es responsable de que este Estado nunca haya aceptado el carácter plurinacional de España, imponiendo su nacionalismo españolista, un nacionalismo que nos asfixia a todos los demás.
Este Estado español no es nuestro Estado. Ni sus símbolos, son nuestros símbolos. No nos encontramos a gusto en este Estado, que no es el nuestro, y ayudaremos a nuestros hermanos y hermanas en España, que ya están en las calles a lo largo de todo el territorio porque tampoco sienten que sea su Estado. Les ayudaremos a que logren su liberación. Hoy saludamos sus movilizaciones, denunciando que este Estado no les representa a ellos tampoco. Les ayudaremos a que logren cambiar tal Estado, consiguiendo uno que les represente.
Nosotros, ahora, nos tenemos que concentrar en conseguir nuestra liberación, en este lado del Ebro. Porque nosotros tampoco nos encontramos cómodos en esta Catalunya oficial, que es escasamente democrática, muy poco justa y muy poco solidaria. No nos gusta una Catalunya en la que un burgués vive diez años más que un trabajador no cualificado en paro crónico. Esta no es nuestra Catalunya.
No nos gusta tampoco esta Catalunya insolidaria. Catalunya no es pobre. Catalunya es rica. Y en cambio, el gasto público para financiar los servicios públicos de sanidad, educación, vivienda, escuelas de infancia, entre otros servicios, es de los más bajos de Europa. Y esto se debe, no solo al déficit fiscal que Catalunya tiene con España – déficit que nos empobrece –, sino primordialmente al enorme poder que las fuerzas conservadoras en Catalunya han tenido sobre el Estado y sobre la Generalitat. Esta es la mayor causa de nuestro subdesarrollo social, donde, a pesar de que Catalunya sea más rica que el promedio de la Unión Europea de los Quince, el grupo de países más ricos de la Unión Europea, los servicios públicos son de los menos financiados y donde casi uno de cada cuatro catalanes es pobre. Esta no es la Catalunya que queremos.
Por este motivo queremos otra Catalunya, una Catalunya en la que democracia no sea solo votar cada tantos años dentro de un sistema electoral poco representativo. Queremos una democracia participativa, y directa, en la que cada ciudadano pueda participar a través de referéndums vinculantes y otras formas participativas de democracia. Democracia no es solo democracia representativa, y todavía menos lo es una democracia como la existente en Catalunya, donde el sistema electoral es poco representativo, donde la política se entiende como el politiqueo entre las élites gobernantes. Esta no es nuestra Catalunya. Queremos una Catalunya auténticamente democrática, auténticamente participativa, en que la gobernanza del país proceda directamente de las decisiones del pueblo de Catalunya, es decir, de todos los que viven y trabajan en Catalunya, sin limitaciones o exclusiones.
Y el derecho a decidir tiene que incluirlo todo. Derecho a decidir por un pueblo soberano significa decidir, no solo sobre si quiere separarse o no del Estado español, sino sobre todo lo demás, es decir, sobre los lugares de trabajo, sobre nuestras escuelas, sobre nuestros centros sanitarios, sobre nuestros barrios, y un largo etcétera. Y no solo mediante una autoridad delegada, sino directamente por la población. Es decir, democracia es la continua y constante participación de las clases populares en la búsqueda de su felicidad y de su bienestar, obtenidos en solidaridad con todos los demás.
Somos conscientes de que se nos dirá – ya se nos ha dicho – que somos utópicos, que estamos soñando, que esto no se puede realizar en Catalunya. Sabemos, sin embargo, que este argumento se ha utilizado constantemente para evitar cambios. Pero tenemos evidencia de que el cambio es posible. Cada uno de los cambios que han mejorado el bienestar de la población en nuestro país se ha logrado a base de movilizaciones populares. Nunca olvidemos que aun cuando Franco, uno de los mayores asesinos que han existido en Europa en el siglo XX, murió en la cama, la dictadura murió en la calle.
También queremos aclarar que no somos ni queremos ser un partido. Somos un movimiento político-social que quiere transformar profundamente Catalunya. Y tenemos plena fe en nuestro pueblo. Y sabemos que cuando la población se mueve, puede mover montañas. Y se han movido montañas. Repito que no somos ni queremos ser un partido político. Lo repito porque algunas élites partidistas tienen el temor de que les hagamos perder votos. No es esta nuestra intención. Queremos que la población participe y se movilice electoralmente. Pero nosotros queremos ir más allá de la vía representativa. Queremos concienciar a la ciudadanía de que ellos son Catalunya, que las personas anónimas que, en su vida cotidiana y con su trabajo, hacen el país, son los que tienen el derecho a decidir y a gobernarlo, transformándolo profundamente. Y para ello se requiere una amplia movilización y grandes alianzas. Con ello construiremos la nueva Catalunya, alrededor del Manifiesto, que es nuestra guía y con el que amplios sectores de la población están ya de acuerdo. Y nosotros invitamos a los partidos progresistas a que se sumen a este proyecto. Cada una de las propuestas que hacemos, sabemos que la mayoría de la población las acepta y las desea. Y damos la bienvenida a sus militantes para que todos juntos, personas de distintas sensibilidades, podamos ayudar a revolucionar este país. Este es nuestro proyecto.
Y es aquí donde nos consideramos herederos de todos aquellos que nos precedieron en esta lucha para lograr la libertad, la felicidad y la solidaridad. Somos herederos de nuestros padres y abuelos, que perdieron una guerra defendiendo la libertad, la democracia, la solidaridad y la justicia social. Somos herederos de aquellos que continuaron luchando contra la dictadura, en los años cuarenta, en los años cincuenta –cuando empezamos las movilizaciones pacíficas en contra de aquel horror-, en los años sesenta y setenta en las magníficas movilizaciones que, bajo el liderazgo del Movimiento Obrero, terminaron con aquella dictadura, y somos herederos de aquellos que continuaron presionando durante la época post-franquista denunciando la falta de representatividad de las instituciones españolas y catalanas mal llamadas representativas, que, en realidad, “no nos representan”, criticando el enorme subdesarrollo social de aquel Estado post franquista y que nunca aceptó que Catalunya fuera una nación. Somos herederos de todos ellos y, como tales, queremos terminar un periodo iniciado en la Transición inmodélica del 1978, y que se ha agotado.
Queremos comenzar un nueva Transición que sea no violenta, pacífica, alegre y radical, radical porque iremos a las raíces de las causas de la escasa felicidad de nuestro pueblo. Seremos gentiles y amables, pero no blandos. Y no cejaremos en nuestro empeño, recurriendo incluso a la desobediencia civil, si así lo exige nuestro compromiso con el bienestar de nuestro pueblo. Esto es lo que somos, y esto es lo que queremos para esta nueva Catalunya, una Catalunya más justa, más social, más solidaria y más participativa y democrática, una Catalunya que pueda ayudar en solidaridad a los otros pueblos y naciones de España a liberarse, facilitando la hermandad entre los pueblos que este Estado español dificulta. Rechazamos toda hostilidad y ofensa a las clases populares de España. Pero sí que rechazamos este Estado español, y lo hacemos sin violencia, con serenidad y con compromiso, y con la misma intensidad con la que queremos cambiar esta Catalunya, para ayudar a sus clases populares a sustituirla por otra Catalunya, que sea democrática, justa y solidaria.
Fuente: Público .
Diario de opinión en demasía.
27 enero, 2013
UN TRABAJADOR DEL SANTADER DESPEDIDO PUBLICA
|
569 Poderosos políticos españoles con cuentas secretas en Suiza, por New York Times
The New York Times
recuerda que la información sobre la ocultación de sus cuentas en Suiza
por parte de Botín fue desvelada por un empleado del banco HSBC, que
tras ser despedido hizo públicos los nombres de las personas que
depositaban su dinero en esa entidad, entre los que había 569 españoles.
Además de Emilio Botín, las siguientes personas tienen cuentas secretas en Suiza, recogido en un artículo del sociólogo Vicent Navarro.
[...Entre ellos había nada menos que 569 españoles, incluyendo a Emilio Botín y su familia, con grandes nombres de la vida política y empresarial José María Aznar; Mª Dolores de Cospedal; Rodrigo Rato; Narcís Serra; Eduardo Zaplana; Miguel Boyer; José Folgado; Carlos Solchaga; Jose p Piqué; Rafael Arias-Salgado; Pío Cabanillas; Isabel Tocino; Jordi Sevilla; Josu Jon Imaz; José María Michavila; Juan Miguel Villar Mir; Anna Birulés; Abel Matutes; Julián García Vargas; Ángel Acebes; Eduardo Serra; Marcelino Oreja... ... ...] entre otros, hasta llegar a 569.
La cantidad evadida representan el 74% del fraude fiscal Según datos de la Agencia Tributaria , el 74% del fraude fiscal en España se centra en estos grupos, que suman un total de 44.000 millones de euros defraudados al fisco,
pero la mayoría de investigaciones de fraude fiscal de Hacienda pone la
lupa sobre los autónomos y profesionales liberales, cuyo fraude fiscal
representa el 8% del fraude fiscal total.
Algunos enlaces que se hacen eco de la noticia:
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18 enero, 2013
LOS GRANDES DEFRAUDADORES ESPAÑOLES
New York Times Publica los Nombres de los Grandes Defraudadores Españoles
LA BANCA, EL FRAUDE FISCAL Y EL NEW YORK TIMES, articulo de Vicenç Navarro.
El New York Times ha ido publicando una serie de artículos sobre Emilio
Botín, presentado por tal rotativo como el banquero más influyente de España, y
Presidente del Banco de Santander, que tienen inversiones financieras de gran
peso en Brasil, en Gran Bretaña y en Estados Unidos,además de en España. En
EE..UU. el Banco de Santander es propietario de Sovereign Bank.
Lo que le interesa al rotativo estadounidense no es, sin embargo, el comportamiento bancario del Santander, sino el de su Presidente y el de su familia, así como su enorme influencia política y mediática en España. Un indicador de esto último es que ninguno de los cinco rotativos más importantes del país ha citado o hecho comentarios sobre esta serie de artículos en el diario más influyente de EE.UU. y uno de los más influyentes del mundo.
Una discusión importante de tales artículos es el ocultamiento por parte de Emilio Botín y de su familia de unas cuentas secretas establecidas desde la Guerra Civil en la banca suiza HSBC. Por lo visto, en las cuentas de tal banco había 2.000 millones de euros que nunca se habían declarado a las autoridades tributarias del Estado español. Pero, un empleado de tal banco suizo, despechado por el maltrato recibido por tal banco, decidió publicar los nombres de las personas que depositaban su dinero en dicha banca suiza, sin nunca declararlo en sus propios países. Entre ellos había nada menos que 569 españoles, incluyendo a Emilio Botín y su familia, con grandes nombres de la vida política y empresarial (entre ellos, por cierto, el padre del President de la Generalitat, el Sr. Artur Mas; José María Aznar; Dolores de Cospedal; Rodrigo Rato; Narcís Serra; Eduardo Zaplana; Miguel Boyer; José Folgado; Carlos Solchaga; Josep Piqué; Rafael Arias-Salgado; Pío Cabanillas; Isabel Tocino; Jordi Sevilla; Josu Jon Imaz; José María Michavila; Juan Miguel Villar Mir; Anna Birulés; Abel Matutes; Julián García Vargas; Ángel Acebes; Eduardo Serra; Marcelino Oreja...). Según el New York Times, esta práctica es muy común entre las grandes familias, las grandes empresas y la gran banca. El fraude fiscal en estos sectores es enorme. Según la propia Agencia Tributaria española, el 74% del fraude fiscal se centra en estos grupos, con un total de 44.000 millones de euros que el Estado español (incluido el central y los autonómicos) no ingresa. Esta cantidad, por cierto, casi alcanza la cifra del déficit de gasto público social de España respecto la media de la UE-15 (66.000 millones de euros), es decir, el gasto que España debería gastarse en su Estado del Bienestar (sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios a personas con dependencia, y otros) por el nivel de desarrollo económico que tiene y que no se gasta porque el Estado no recoge tales fondos. Y una de las causas de que no se recojan es precisamente el fraude fiscal realizado por estos colectivos citados en el New York Times. El resultado de su influencia es que el Estado no se atreve a recogerlos. En realidad, la gran mayoría de investigaciones de fraude fiscal de la Agencia Tributaria se centra en los autónomos y profesionales liberales, cuyo fraude fiscal representa -según los técnicos de la Agencia Tributaria del Estado español- sólo el 8% del fraude fiscal total. Es también conocida la intervención de autoridades públicas para proteger al Sr. Emilio Botín de las pesquisas de la propia Agencia Tributaria.
El caso más conocido es la gestión realizada por la exVicepresidenta del Gobierno español, la Sra. De la Vega, para interrumpir una de tales investigaciones. Pero el Sr. Botín no es el único. Como señala el New York Times, hace dos años, César Alierta, presidente de Telefónica, que estaba siendo investigado, dejó de estarlo. Como escribe el New York Times con cierta ironía, "el Tribunal desistió de continuar estudiando el caso porque, según el juez, ya había pasado demasiado tiempo entre el momento de los hechos y su presentación al tribunal". Una medida que juega a favor de los fraudulentos es la ineficacia del Estado así como su temor a realizar la investigación. Fue nada menos que el Presidente del Gobierno español, el Sr. José Mª Aznar, que en un momento de franqueza admitió que "los ricos no pagan impuestos en España". Tal tolerancia por parte del Estado con el fraude fiscal de los súperricos se justifica con el argumento de que, aún cuando no pagan impuestos, las consecuencias de ello son limitadas porque son pocos. El Presidente de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Artur Mas, ha indicado que la subida de impuestos de los ricos y súper ricos tiene más un valor testimonial que práctico, pues su número es escaso. La solidez de tal argumento, sin embargo, es nula. En realidad, alcanza niveles de frivolidad.
Ignora la enorme concentración de las rentas y de la propiedad existente en España (y en Catalunya), uno de los países donde las desigualdades sociales son mayores y el impacto redistributivo del Estado es menor. Los 44.000 millones de euros al año que no se recaudan de los súper ricos por parte del Estado hubieran evitado los enormes recortes de gasto público social que el Estado español está hoy realizando.
Pero otra observación que hace el New York Times sobre el fraude fiscal y la banca es el silencio que existe en los medios de información sobre tal fraude fiscal. Tal rotativo cita a Salvador Arancibia, un periodista de temas financieros en Madrid, que trabajó para el Banco Santander, que señala como causas de este silencio el hecho de que el Banco Santander gasta mucho dinero en anuncios comerciales, siendo la banca uno de los sectores más importantes en la financiación de los medios, no sólo comprando espacio de anuncios comerciales, sino también proveyendo créditos -aclara el Sr. Salvador Arancibia- "...medidas de enorme importancia en un momento como el actual, donde los medios están en una situación financiera muy delicada". De ahí que tenga que agradecer al diario que se atreva a publicarlo, porque hoy, artículos como los que publica el New York Times y el mío propio, no tienen fácil publicación en nuestro país. Es lo que llaman "libertad de prensa".
Lo que le interesa al rotativo estadounidense no es, sin embargo, el comportamiento bancario del Santander, sino el de su Presidente y el de su familia, así como su enorme influencia política y mediática en España. Un indicador de esto último es que ninguno de los cinco rotativos más importantes del país ha citado o hecho comentarios sobre esta serie de artículos en el diario más influyente de EE.UU. y uno de los más influyentes del mundo.
Una discusión importante de tales artículos es el ocultamiento por parte de Emilio Botín y de su familia de unas cuentas secretas establecidas desde la Guerra Civil en la banca suiza HSBC. Por lo visto, en las cuentas de tal banco había 2.000 millones de euros que nunca se habían declarado a las autoridades tributarias del Estado español. Pero, un empleado de tal banco suizo, despechado por el maltrato recibido por tal banco, decidió publicar los nombres de las personas que depositaban su dinero en dicha banca suiza, sin nunca declararlo en sus propios países. Entre ellos había nada menos que 569 españoles, incluyendo a Emilio Botín y su familia, con grandes nombres de la vida política y empresarial (entre ellos, por cierto, el padre del President de la Generalitat, el Sr. Artur Mas; José María Aznar; Dolores de Cospedal; Rodrigo Rato; Narcís Serra; Eduardo Zaplana; Miguel Boyer; José Folgado; Carlos Solchaga; Josep Piqué; Rafael Arias-Salgado; Pío Cabanillas; Isabel Tocino; Jordi Sevilla; Josu Jon Imaz; José María Michavila; Juan Miguel Villar Mir; Anna Birulés; Abel Matutes; Julián García Vargas; Ángel Acebes; Eduardo Serra; Marcelino Oreja...). Según el New York Times, esta práctica es muy común entre las grandes familias, las grandes empresas y la gran banca. El fraude fiscal en estos sectores es enorme. Según la propia Agencia Tributaria española, el 74% del fraude fiscal se centra en estos grupos, con un total de 44.000 millones de euros que el Estado español (incluido el central y los autonómicos) no ingresa. Esta cantidad, por cierto, casi alcanza la cifra del déficit de gasto público social de España respecto la media de la UE-15 (66.000 millones de euros), es decir, el gasto que España debería gastarse en su Estado del Bienestar (sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios a personas con dependencia, y otros) por el nivel de desarrollo económico que tiene y que no se gasta porque el Estado no recoge tales fondos. Y una de las causas de que no se recojan es precisamente el fraude fiscal realizado por estos colectivos citados en el New York Times. El resultado de su influencia es que el Estado no se atreve a recogerlos. En realidad, la gran mayoría de investigaciones de fraude fiscal de la Agencia Tributaria se centra en los autónomos y profesionales liberales, cuyo fraude fiscal representa -según los técnicos de la Agencia Tributaria del Estado español- sólo el 8% del fraude fiscal total. Es también conocida la intervención de autoridades públicas para proteger al Sr. Emilio Botín de las pesquisas de la propia Agencia Tributaria.
El caso más conocido es la gestión realizada por la exVicepresidenta del Gobierno español, la Sra. De la Vega, para interrumpir una de tales investigaciones. Pero el Sr. Botín no es el único. Como señala el New York Times, hace dos años, César Alierta, presidente de Telefónica, que estaba siendo investigado, dejó de estarlo. Como escribe el New York Times con cierta ironía, "el Tribunal desistió de continuar estudiando el caso porque, según el juez, ya había pasado demasiado tiempo entre el momento de los hechos y su presentación al tribunal". Una medida que juega a favor de los fraudulentos es la ineficacia del Estado así como su temor a realizar la investigación. Fue nada menos que el Presidente del Gobierno español, el Sr. José Mª Aznar, que en un momento de franqueza admitió que "los ricos no pagan impuestos en España". Tal tolerancia por parte del Estado con el fraude fiscal de los súperricos se justifica con el argumento de que, aún cuando no pagan impuestos, las consecuencias de ello son limitadas porque son pocos. El Presidente de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Artur Mas, ha indicado que la subida de impuestos de los ricos y súper ricos tiene más un valor testimonial que práctico, pues su número es escaso. La solidez de tal argumento, sin embargo, es nula. En realidad, alcanza niveles de frivolidad.
Ignora la enorme concentración de las rentas y de la propiedad existente en España (y en Catalunya), uno de los países donde las desigualdades sociales son mayores y el impacto redistributivo del Estado es menor. Los 44.000 millones de euros al año que no se recaudan de los súper ricos por parte del Estado hubieran evitado los enormes recortes de gasto público social que el Estado español está hoy realizando.
Pero otra observación que hace el New York Times sobre el fraude fiscal y la banca es el silencio que existe en los medios de información sobre tal fraude fiscal. Tal rotativo cita a Salvador Arancibia, un periodista de temas financieros en Madrid, que trabajó para el Banco Santander, que señala como causas de este silencio el hecho de que el Banco Santander gasta mucho dinero en anuncios comerciales, siendo la banca uno de los sectores más importantes en la financiación de los medios, no sólo comprando espacio de anuncios comerciales, sino también proveyendo créditos -aclara el Sr. Salvador Arancibia- "...medidas de enorme importancia en un momento como el actual, donde los medios están en una situación financiera muy delicada". De ahí que tenga que agradecer al diario que se atreva a publicarlo, porque hoy, artículos como los que publica el New York Times y el mío propio, no tienen fácil publicación en nuestro país. Es lo que llaman "libertad de prensa".
Vicenç Navarro,
Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y Profesor de
Public Policy. The Johns Hopkins University
POR FAVOR, QUE CORRA LA VOZ EN
INTERNET - GRACIAS " Sé el cambio que quieres ver en el mundo "
POR FAVOR A COMPARTIR EN TODOS LOS MEDIOS POSIBLES
POR FAVOR A COMPARTIR EN TODOS LOS MEDIOS POSIBLES
LOS RICOS controlan los periódicos españoles Y NO LES PERMITEN PUBLICAR
ESTO.....
Que todo el mundo lo sepa.... y que no se libren de que se sepa a gran escala.....
!!!!! VAMOS A POR LAS GRANDES FORTUNAS QUE NO PAGAN IMPUESTOS, YA ¡¡¡¡¡¡
Que todo el mundo lo sepa.... y que no se libren de que se sepa a gran escala.....
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29 agosto, 2011
REFORMA CONSTITUCIONAL Y LO QUE HAY DETRÁS
Una décima parte de los Diputados o de los Senadores puede solicitar un referéndum vinculante sobre el establecimiento de un límite al déficit público
El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha hecho un anuncio inesperado este martes en el pleno extraordinario: reformar la Constitución para introducir un límite al déficit público.
El límite al déficit no es algo abstracto: es lo que va a determinar que tengas o no acceso a la educación o a la sanidad, entre otras muchas cosas. Limitar el déficit es limitar la inversión en la sociedad. Con esto, el Gobierno podrá dejar a personas como tú en la cuneta. Pero podemos detener esta iniciativa.
La Constitución no exige que esta modificación sea aprobada por referéndum vinculante. Para que los ciudadanos seamos consultados sobre esta cuestión fundamental que va a afectar al resto de nuestras vidas es necesario que una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras lo solicite tras su aprobación en el Congreso y el Senado.
Los ciudadanos debemos poder votar en un asunto tan fundamental como este. Pide a los Diputados y Senadores de todos los grupos políticos que se comprometan a solicitar la celebración del referéndum para su ratificación como permite la Constitución en su artículo 167.3.
Es muy importante que se movilice la población para que se exija que una medida de tal envergadura se vote en referéndum por la población española. Esta medida afectaría muy negativamente al Estado del Bienestar español que está hoy financiado predominantemente a nivel de las CCAA. Limitar su gasto implica limitar el poco desarrollado Estado del Bienestar.
Animo a mis amigos del movimiento 15-M, así como a todos los demócratas en España a que se movilicen. La democracia española es de las menos participativas de las existentes en la Unión Europea y es escasamente democrático que una medida de tal envergadura se apruebe por las Cortes Españolas sin haber sido consultado el pueblo español.
Esta medida puede significar un ataque frontal al Estado del Bienestar español que tiene uno de los gastos públicos sociales por habitante más bajos de la Unión Europea. Aunque se habla genéricamente de gasto público, la realidad es que este gasto constituye la mayoría del gasto público y los recortes que se han hecho han sido predominantemente en las pensiones y en el empleo de los servicios del Estado del Bienestar, tales como sanidad, educación, servicios domiciliarios, servicios sociales, vivienda social, pensiones de vejez y otras, así como otros componentes del Estado del Bienestar.
Para más información: http://www.vnavarro.org/
Al firmar la petición estarás enviando esta carta
Destinatario: Todos los Grupos Parlamentarios del Congreso y del Senado
Señorías,
El Presidente ha anunciado su intención de promover la reforma constitucional para incluir un límite al déficit público.
Se trata de una modificación que de acuerdo con la Constitución Española no exige necesariamente la celebración de un referéndum vinculante.
Este asunto es de tal importancia y va a ser tan determinante para nuestro futuro que le pido que si esta modificación es finalmente aprobada por las cámaras, su grupo parlamentario se comprometa a solicitar que esta reforma sea sometida a referéndum para su ratificación tal y como recoge el artículo 167.3 de la Constitución Española.
Atentamente,
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Los Trileros Mayores del Reino y la clave de la reforma constitucional
Domingo, 28 de Agosto de 2011
Ahora, de repente, estos tres grandes dirigentes han desarrollado un auténtico trile para hacer que la población mire a otro lado cuando se disponen a someter los intereses nacionales a los poderes financieros con una ilegítima y muy dañina reforma de la Constitución.
Quien decía que la reforma constitucional no tiene fundamento, ni eficacia ni capacidad, propone en el Parlamento llevarla a cabo urgentemente. El opositor que defendía el déficit cero acepta ahora una fórmula que en la práctica puede permite que los gobiernos de turno se salten la estabilidad presupuestaria cuando les venga en gana. El candidato que ironizaba sobre la propuesta de los conservadores afirmando defender posiciones más progresistas, tercia en el debate y entre los tres desvían la atención de los ciudadanos para aprobar una reforma mucho más lesiva para los intereses sociales que el simple control del déficit.
Veamos qué es lo que ha ocurrido.
El Pacto que no es lo que decían que iba a ser
El pasado 23 de agosto Zapatero anunció en el Congreso su propuesta de modificar la Constitución para controlar los déficit presupuestarios e inmediatamente Rajoy le mostró su apoyo. Enseguida hay protestas incluso en el propio grupo parlamentario socialista, cuyos miembros han sido ninguneados y en la sociedad y Rubalcaba se incorpora al debate proponiendo que el acuerdo contemple suficiente flexibilidad en la aplicación del principio de estabilidad (que en realidad es malo en sí mismo y no en función de que sea más o menos flexible).
En unas horas se presenta el acuerdo y aparece entonces la sorpresa que la inmensa mayoría de los ciudadanos son incapaces de descubrir porque sus representantes ocultan lo fundamental del pacto para seguir hablando de lo que en realidad ha terminado por resultar accesorio.
Lo que ha ocurrido es que el PSOE el PP han “descafeinado” la propuesta que ambos habían hecho con anterioridad.
Inicialmente hablaban de constitucionalizar el déficit cero en sentido estricto, en la misma línea del artículo de la constitución alemana que terminantemente pone un límite al déficit público. Pero en lugar de eso el acuerdo señala que una posterior ley orgánica establecerá un límite al "déficit estructural", un concepto mucho más sutil que puede permitir que el gobierno de turno tenga mucha más facilidad para saltarse el principio de estabilidad que defienden.
El concepto de déficit estructural no es el resultado del simple saldo de las cuentas anuales del Estado sino el saldo que tendrían esas cuentas en unas condiciones ideales: cuando la economía estuviera en pleno empleo y, por tanto, cuando el PIB realmente registrado fuese igual al potencial (el que se alcanza cuando se utilizan todos los recursos de una economía). El acuerdo político que ampara la reforma lo define como "aquel que se deriva de no considerar los ingresos y gastos públicos relacionados con las expansiones y recesiones normales de los ciclos económicos, garantizando así la sostenibilidad a largo plazo de los servicios públicos fundamentales".
En la práctica esto significa que a la hora de calcular el saldo presupuestario (estructural) al que se le pondrá techo en la próxima ley orgánica habrá que descontar los ingresos y los gastos que no sean "estructurales" (es decir, los que sean resultado de circunstancias más o menos "anormales" que alejan a la economía de esa situación ideal, por ejemplo de una recesión). Pero su cálculo es muy problemático ya que la forma en que se haga será siempre discutible, nunca objetiva y, además, muy fácilmente manipulable.
Por eso, como dice David Lizoain (El insoportable error del 0,4%) limitar el déficit estructural del país al 0,4% (que es lo que se prevé que establezca la futura ley orgánica) es "una política radicalmente aberrante para una economía avanzada". En primer lugar sostiene con razón, siguiendo el análisis de Nick Rowe (What is a "structural" deficit?), que este concepto de déficit estructural no tiene mucho sentido económico ya que responde a criterios políticos más que económicos. Por ejemplo, si dos gobiernos hacen exactamente lo mismo generando un déficit de la misma cuantía pero uno había anticipado lo que pensaba hacer con los ingresos y gastos cuando llegara una recesión y el otro no hubiera adelantado nada sino que se hubiera limitado a hacer lo mismo una vez que se produjo la recesión, la consideración de su saldo debería ser distinta. En el segundo caso se consideraría que el déficit es estructural (porque sería teóricamente resultado de la recesión) y en el primero no.
Y además, Lizoain indica que la medida es completamente irreal: ni la zona euro ni la OCDE en su conjunto tuvieron un déficit estructural inferior al 0,4% ni un solo año en los últimos veinte.
Podemos concluir, por tanto, que lo que finalmente han pactado los dos partidos mayoritarios no ha sido el criterio de déficit cero como habían dicho sino algo muy irrealista y que seguramente solo se pueda cumplir manipulando los registros presupuestarios. Posiblemente, porque así pueden vender a la población, como está haciendo Rubalcaba, que así no hay peligro de que la estabilidad presupuestaria ponga en cuestión los programas sociales (que es lo que lleva consigo la política de estabilidad presupuestaria, sobre todo, en países con déficits sociales como España, tal y como he explicado en mis artículos Razones económicas para rechazar el acuerdo neoliberal entre el PSOE y el PP y Acuerdo PSOE-PP sobre la deuda: un pacto que perjudica a España). Pero eso no quita que, al mismo tiempo, al introducir en la Constitución el principio de la estabilidad, se esté imponiendo (y además sin debate social) la filosofía neoliberal que implica renunciar a la política fiscal discrecional, con los efectos negativos que ello conlleva y que he tratado de explicar en esos mismos textos.
El contenido verdaderamente nefasto del acuerdo
Pero lo que realmente han conseguido de esta manera los líderes de ambos partidos, es decir, haciendo creer que asumen rígidos criterios de austeridad cuando en realidad no los van a ser, ha sido comportarse como verdaderos trileros porque mientras llamaban la atención sobre el debate del techo presupuestario lo que estaban haciendo era incluir, sin apenas comentarlo públicamente, un nuevo precepto en la Constitución que da "prioridad absoluta" al pago de la deuda y los intereses frente a cualquier otro compromiso de pago del Estado.
Es decir, los parlamentarios del Partido Popular y del PSOE están dispuestos a aprobar sin recurrir al referéndum que permitiera que el pueblo se pronuncie al respecto que si en algún momento faltaran ingresos se dejarían de pagar los servicios más básicos del Estado para hacer frente antes que nada a los compromisos de la deuda.
Esta es, pues, la auténtica clave de la reforma. Una concesión vergonzosa a los poderes financieros que es muy grave por cuanto que supone una cesión de la soberana capacidad de decisión del pueblo español para determinar en un momento dado la prioridad que quisiera darle a sus compromisos de financiación.
En mi opinión, quienes promueven esta medida siguiendo el mandato de intereses extranjeros están traicionando a los intereses nacionales y al impedir que el pueblo español, que es el verdadero poder constituyente que podría cambiar con legitimidad la Constitución, se pronuncie sobre una cuestión tan fundamental están prostituyendo la Carta Magna y convirtiéndola en papel mojado para quienes de verdad asuman los principios del constitucionalismo democrático. Como acaba de señalar claramente Rubén Martínez Dalmau en su artículo ¿Quién puede reformar legítimamente una Constitución democrática?
"Cualquier modificación de la Constitución por parte de un órgano que no es el poder constituyente, aunque sea legal -también autoritarismos y fascismos se han fundamentado en la legalidad- no es otra cosa que la apropiación de la soberanía popular por un órgano ajeno al pueblo; es decir, el fin del constitucionalismo democrático (...)
Si la Constitución no es otra cosa que la voluntad del poder constituyente, la respuesta a esta pregunta, desde el constitucionalismo democrático, no puede ser otra: sólo el pueblo puede modificar legítimamente su Constitución. Lo contrario es negar la naturaleza de la legitimidad del sistema democrático en el que creemos vivir. Si la Constitución queda en manos de otras personas -gobiernos, mayorías en los parlamentos, reyes.-podremos hablar de otra legitimidad del poder político, de democracias más o menos limitadas, de decisiones mayor o menormente acordadas. pero nunca de constitucionalismo democrático".
La alternativa, Asamblea Constituyente
Frente al engaño con que se quiere llevar a cabo esta reforma ilegítima de la Constitución que además puede comportar en el futuro un grave daño para los intereses de la nación no cabe otra alternativa, como también indica Rubén Martínez, que activar un nuevo poder constituyente que elabore una nueva Constitución en una nueva Asamblea, un horizonte que me parece fundamental que asuman los movimientos que giran en torno al 15-M y, en general, todas las personas sin distinción de ideologías o posiciones políticas que deseen vivir en una verdadera democracia.
Juan Torres López
18 febrero, 2011
LA SABIDURIA CONVENCIONAL SOBRE LAS PENSIONES
En memoria del Observatorio Económico de Andalucía, que sigue descansando en paz, tras Decretazo, Pensionazo, "Acuerdo" social, y lo que está por venir. Arículo de Vicent Navarro, Catedrático de Economía Aplicada, catalán, habla claro. RIP: http://www.oeandalucia.com/.
Recordemos la mejor hazaña del OEA: PEDIR LA DISOLUCIÓN DE LAS DIPUTACIONES.
La sabiduría convencional sobre las pensiones
de Vicenç Navarro, referente para la Socialdemocracia, 15 de febrero de 2011
Este artículo muestra que la transición demográfica hacia una población con mayor porcentaje de ancianos, y por lo tanto de pensionistas, no tiene por qué afectar negativamente la viabilidad del sistema público de pensiones. El artículo también señala que el contraste que existe en España entre lo que propone y aprueba el establishment político por un lado a favor del retraso obligatorio de la edad de jubilación y el profundo rechazo a tal medida por parte de la mayoría de las clases populares representa un cuestionamiento de la credibilidad y legitimidad de las instituciones democráticas que debilitan enormemente a tales instituciones.
Es parte de la sabiduría convencional sobre las pensiones que el crecimiento de los pensionistas, doblando su número en cuarenta años, hace inviable el sistema de pensiones públicas, a no ser que se reduzcan los beneficios de los pensionistas, mediante medidas como la de retrasar la edad de jubilación dos años. Se indica, una y otra vez, que de no tomar estas medidas, el gasto público en pensiones alcanzará el 15% del PIB (ahora es del 8%) en el año 2050 lo cual es inviable.
Es importante señalar, que la evidencia científica no avala tal tesis. Veamos los datos, y para que no se me acuse de sesgarlos a mi favor, voy a utilizar los propios datos del gobierno, presentados en el informe La reforma de las pensiones. ¿Cómo va a beneficiar a la sociedad española? (febrero 2011), publicado por la Fundación Ideas, el think tank informal del gobierno. En tal documento se señala que en los próximos cuarenta años el crecimiento de la productividad en España será como promedio un 2,5% por año. Si ello es así, es fácil de calcular el tamaño del PIB de España durante tal periodo. Permítanme un pequeño ejercicio de econometría. Elevando el 2,5% a la cuarenta potencia resulta que en 2050 el PIB será 2,68 veces mayor que ahora. Es decir, que si ahora el PIB de España fuera 100, en 2050 sería 268. Ni que decir tiene que debido a la inflación el PIB medido en monedas corrientes sería muchas veces mayor que 268. Pero estamos utilizando valores monetarios constantes, es decir con la misma capacidad de compra en 2050 que en 2010. Estamos, pues, comparando manzanas con manzanas y no con peras.
Dicho esto veamos qué significa esto para las pensiones. En 2010, nos gastamos 8% del PIB en pensionistas y 92% en no pensionistas. Es decir que si en 2010 el PIB era 100, 8 unidades iban a pensionistas y 92 a no pensionistas. Pues bien, se nos dice que en el año 2050, en caso de que no haya cambios el 15% del PIB se gastará en pensiones, lo cual se considera un porcentaje muy elevado pues, supuestamente, restaría de los recursos existentes para los no pensionistas. Pero, ello no es cierto y es fácil de verlo. El 15% de 268 (el PIB de 2050) es 40 unidades, que serán las asignadas a los pensionistas, una cantidad más de 4 veces mayor que la actual, con lo cual habrá dinero para cubrirá más del doble de pensionistas de ahora, pagando más pensiones y mejores que ahora. Y para los no pensionistas quedarán 268-40=228 que es también una cantidad mucho mayor que la existente en 2010 es decir, 92. Por lo tanto, los pensionistas y los no pensionistas tendrán muchos más recursos y ello como consecuencia de que el PIB será 2,68 veces mayor que ahora. El número de pensionistas se habrá doblado, pero el PIB habrá crecido incluso más. ¿Dónde está pues el problema? En realidad, hace cincuenta años, nos gastábamos menos de la mitad de lo que nos gastamos ahora en pensiones. Es decir, ahora nos gastamos más del doble de lo que nos gastamos en 1960, y ni el sistema de pensiones, ni el PIB han colapsado, porque el PIB ha crecido incluso más. En realidad, aún en el caso de que el crecimiento de la productividad fuera menor a lo estimado por el gobierno (2% en lugar de 2.5%), el PIB sería más del doble del actual.
Estos datos no están siendo considerados en la argumentación que sostiene la inviabilidad del sistema de pensiones públicas a no ser que se retrase la edad de jubilación dos años. Los que sostienen tales tesis asumen que las cotizaciones a la Seguridad Social por parte de los trabajadores y empresarios no serán suficientes para sostener las pensiones públicas lo cual es un cálculo de escaso valor pues ignora no solo el incremento de tales cotizaciones, resultado del incremento de la productividad y de los salarios, sino también el crecimiento del PIB, es decir, de la tarta de la cual, pensionistas y no pensionistas, vivirán. No hay nada escrito en la Biblia religiosa o en las muchas Biblias económicas que las pensiones tengan que financiarse exclusivamente o primordialmente a base de las cotizaciones sociales.
La Seguridad Social es el sistema de provisión social más popular en España (y en cualquier país). Es impensable que la ciudadanía dentro de cuarenta años cambie de opinión y deje de dar prioridad al sistema de aseguramiento público de las pensiones.
Y en una democracia, es la ciudadanía la que debiera establecer prioridades y tomar decisiones, lo cual, por cierto, no está ocurriendo ahora, puesto que es probable que en los próximos días se apruebe el retraso obligatorio de la edad de jubilación de 65 a 67 años por una gran mayoría de las Cortes, en contra del deseo y parecer de nada menos el 78% de la población española que no aprueba tal medida. Parece que esta mayoría de la ciudadanía no está convencida que la viabilidad de las pensiones futuras depende de que tenga que trabajar dos años más. Y los datos que he mostrado en este artículo muestran que lleva razón.
Fuente: http://www.vnavarro.org/
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