CON EL FINAL DEL PA NO AGONIZA EL ANDALUCISMO POLÍTICO SINO TERMINA EL REGIONALISMO ANDALUZ

 

Con el final del PA no agoniza el “andalucismo político” sino el regionalismo andaluz

El asesinato de Blas Infante no constituyo uno más entre los múltiples crímenes realizados por la reacción en aquellos aciagos días. Su muerte no sólo formaba parte de la orgia de sangre conscientemente desencadenada por militares y fascistas tras el golpe del 18 de julio. Acabando con él no se pretendía solamente provocar terror y desembarazarse de un enemigo.
Acabar con Blas Infante poseía connotaciones que lo convertía en singular y excepcional. Matándole, los fascistas pretendían excluir del horizonte toda posibilidad de despertar popular. Acallando su voz se buscaba impedir cualquier posibilidad de inicio de un proceso de liberación integral, nacional y social. La sentencia que lo condenó trasluce hasta qué extremo los golpistas lo tenían claro y cómo asesinándolo creían erradicar toda potencialidad futura de levantamiento provocada por esa conjunción letal para el Sistema de insurrección identitaria y de clase, de lucha global como pueblo trabajador, que el ideario andalucista contenía y conllevaba.
Y es que, a pesar de que algunos de los que se autocalifican de seguidores suyos pretenden hoy ocultarlo o minusvalorarlo, Blas Infante no sólo fue condenado por pretender “la constitución de un partido andalucista”, como suelen resaltar. No era sólo el hecho nacional el único peligro representado por él y su movimiento, sino también por haber formado parte “de una candidatura de tendencia revolucionaria”, aspecto este que suelen olvidar citar y obvia intencionadamente el actual “andalucismo” oficial: PA, Fundación Blas Infante, etc.
Para este régimen, heredero y continuador del que le asesinó, el andalucismo y Blas Infante son hoy tan peligrosos como para sus antecesores. De ahí que si entonces se le mato para acabar con su mensaje, y temporalmente se logró, pues nadie quiso o supo continuarlo, desde la instauración del actual se manipule su figura y tergiversen sus ideas. Porque el andalucismo atenta directamente contra el “orden establecido” se le sigue matando hoy intelectualmente.
¿Qué es el andalucismo?
Para comprender el porqué de ese peligro intrínseco representado por Infante y el conjunto de su  ideario para el Sistema habrá que preguntarse qué es el andalucismo. Cuál era el proyecto de país y sociedad propugnado por Blas Infante y el “andalucismo histórico”. Y para responderlo no es necesario realizar sesudas investigaciones, pues lo proclamaron en infinidad de ocasiones. Tanto en las asambleas andalucistas de Ronda y Córdoba como en los escritos del propio Infante se subraya constantemente que el objetivo del andalucismo político era, y por tanto sigue siendo, el hacer realidad, el llevar a la práctica, los contenidos de la Constitución Andaluza de 1883. Y ante todo su primer artículo, el que proclama la soberanía de Andalucía.
Tal y como dejó escrito Blas Infante, su meta política y la del andalucismo era lograr “una Andalucía soberana constituida en democracia republicana”. Una Andalucía libre conformada en República, en Estado soberano propio, tal y como se instituye en el artículo primero de la Constitución Andaluza. Una soberanía que no es concedida. Que nos pertenece por derecho propio y que es ejercida plenamente, sin límites ni condicionantes. Por eso en la Constitución Andaluza, tras proclamar que “Andalucía es soberana”, y especificar que “se organiza en una democracia republicana”, añade que “no recibe su poder de ninguna autoridad exterior”.
Un Estado propio que, además, es expresión jurídica de un poder popular andaluz real y efectivo, como queda igualmente transcrito en dicha constitución. Una lectura de su articulado trasluce el que la conformación de dicho Estado no tiene nada que ver con las “democracias representativas” de los estados burgueses al uso, sino que configura una autonomía nacional y un autogobierno popular. De ahí el que Infante le denominase Estado Libre, porque en lugar de estructura opresora, represora y usurpadora, es expresión de la auto-organización popular.
Por otro lado, el mismo desarrollo de dicho articulado no sólo supondría la construcción de un modelo de democracia popular; directa, horizontalista y asamblearia, sino que conllevaría la prefiguración de una sociedad y una economía socialistas. Que Blas Infante formase parte de “una candidatura de tendencia revolucionaria” no fue una excepción en su trayectoria. A lo largo de toda ella fueron permanentes sus esfuerzos por lograr una unidad de acción transformadora entre andalucistas, marxistas y libertarios. Y no como mera estratégica, sino por el carácter revolucionario del propio andalucismo, derivado tanto del pensamiento de Blas Infante como de esa asunción de los contenidos socializantes de la Constitución Andaluza.
Obviamente el andalucismo era y es un movimiento nacionalista, pues defiende la existencia de una nación andaluza y la de un pueblo andaluz, y como lógica consecuencia, los derechos y libertades inherentes a toda nación y todo pueblo: sus respectivas soberanías. La tan conocida como tergiversada afirmación de Blas Infante acerca de que su nacionalismo antes que andaluz era humano, utilizada hasta la saciedad por el regionalismo para “probar” el carácter no nacionalista de su ideario y el del andalucismo, por el contrario es una inequívoca declaración nacionalista, pero desde una óptica antiburguesa, antiestatista e internacionalista. De ahí lo de “humano”. Ese es el sentido y significado de su supuesto “nacionalismo antinacionalista”.
Pero el andalucismo va mucho más allá. Era y es un movimiento de liberación global, nacional y popular, patriótica y de clase, antiimperialista y anticapitalista, que entronca con la tradición revolucionaria de los movimientos de liberación nacional de los pueblos colonizados. La propia denominación del movimiento conformado como expresión política de aquel andalucismo lo subraya: Junta Liberalista. Ese término, “liberalista”, es adoptado como sinónimo de liberación.
El Partido Andalucista
A  finales de los sesenta surge un grupo político en nuestra tierra con el nombre de Alianza Socialista de Andalucía (ASA). Un pequeño colectivo formado fundamentalmente por profesionales liberales urbanos en torno a la figura y el liderazgo de Alejandro Rojas Marcos, miembro de una opulenta y tradicional familia de la burguesía industrial sevillana, y que ya había demostrado su capacidad de oportunismo político llegando a presentarse y ejercer como concejal “por el tercio familiar” durante la Dictadura, lo cual, por cierto, conllevaba jurar lealtad a Franco y a los “Principios Fundamentales del Reino”. La constitución fascista.
ASA era un grupo más, como tantos constituidos en el tardofranquismo, cuyas aspiraciones no iban más allá del establecimiento de una democracia formal equiparable a las europeas contemporáneas. Un colectivo que, como todos ellos, apenas pasaba de ser algo más que un grupo de amigos, sin presencia en la calle, y menos aún influencia en las clases populares. Que no os despiste lo de “socialista” y lo de “Andalucía”, que no eran más que sinónimo de reformismo y regionalismo.
En el día a día de la lucha antifascista sólo existían los comunistas, el PCE y los grupos marxistas a su izquierda, así como algunos colectivos libertarios. El hecho de que la calle fuese un monopolio de la izquierda fue lo que impulso a muchos de estos grupos a adjetivarse como “socialistas”. Socialismo equivalía a “izquierda moderada”, a progresismo reformista que en lo social no iba más mas allá de las propuestas de “capitalismo con rostro humano” defendidas por una socialdemocracia centroeuropea que tras la II Guerra Mundial abandonó el marxismo, quedando reducida, ideológicamente y en sus metas, a un mero social-liberalismo.
En cuanto a lo de “Andalucía”, no poseía más connotaciones que la de delimitación territorial de actuación. Dado que el espacio político del “socialismo democrático” estatal ya estaban copados por el PSOE y el PSI (Partido Socialista del Interior, posteriormente Partido Socialista Popular), diversos colectivos adoptaron la cuestión territorial como forma de búsqueda de espacio propio. En lo político, su defensa del territorio no pasaba de un mero regionalismo. Una defensa de descentralización de gestión regulada a través de “estatutos de  autonomía”. Así, ASA presentó su propuesta de “estatuto de autonomía” para Andalucía como proyecto estrella.
El autonomismo de ASA no tenía nada que ver con el pasado, con el andalucismo histórico. No era un intento de continuación del proyecto infantista. De hecho aquellos “socialistas andaluces” incluso ignoraban, al principio, la propia existencia de Blas Infante y la del mismo andalucismo histórico. Blas Infante y el andalucismo no fue el origen de ASA sino algo con lo que ASA se encontró con posterioridad y que puso al servicio de su proyecto reformista y regionalista, como una especie de mitología originaria necesaria para justificarlo.
El descubrimiento de Blas Infante y el andalucismo, así como su utilización como basamento mitológico justificativo de un proyecto político sin relación real alguna con ambos, conllevó el inicio de una nueva etapa, con la transformación de ASA en el Partido Socialista de Andalucía (PSA), tras la muerte del Dictador. Un partido que mantendría inalterada la misma ideología reformista y regionalista de ASA pero ahora amparada en la figura de Infante y envuelta en un andalucismo cuya relación con el original no sobrepasaba su propia denominación, así como en la adopción como propia de la simbología andalucista: bandera, himno, etc.
En un principio, al reclamo de esos símbolos y en la creencia del carácter andalucista y socialista de su proyecto, muchos andaluces bien intencionados se unieron a él. El PSA llegó a contener a sectores obreros apreciables y a poseer incluso tendencias revolucionarias en su seno. Pero sus dirigentes siempre supieron detentar el poder y anular cualquier intento de que el partido se convirtiese en algo más que una herramienta al servicio de sus ambiciones.
El PSA pudo haber sido el instrumento político de la liberación de Andalucía y del pueblo trabajador andaluz en la segunda mitad de los setenta. Todo le era favorable. Le hubiese bastado con impulsar el movimiento espontáneo surgido en torno a las manifestaciones de aquel 4 de diciembre y haber mantenido en pie aquella rebeldía popular. En cambio, sus líderes lo sumergieron en el juego de la transición y del autonomismo. EL PSA llegó a ser un elemento clave para el régimen, en aquellos años, a la hora de controlar y desmantelar el espíritu del 4D, así como para el triunfo y asentamiento del sucedáneo autonomista del 28F.
Andalucismo y Partido Andalucista
El Partido Socialista de Andalucía (PSA), posteriormente Partido Socialista de Andalucía - Partido Andaluz (PSA-PA), y finalmente simplemente Partido Andalucista (PA), nunca ha sido un partido realmente andalucista, aunque su nomenclatura y simbología lo aparentase, y sus bases lo creyesen, fruto de una obvia ignorancia ideológica. Sus dirigentes nunca han aspirado ni pretendido que el PA fuese algo más que una organización regionalista utiltarista. Basta con realizar una comparativa entre lo que Infante y el andalucismo pretendía y defendía con las ideas y propuestas del PA para comprobar las abismales e insalvables diferencias.
Aunque pudiese parecer una afirmación contradictoria, cuando pasó a denominarse como PA, con ello simbolizó el final de toda relación con el andalucismo y cualquier grado de engarce con él. No es que fuese entonces cuando lo abandonó, pues nunca llego a adoptarlo más allá de en lo aparente y superficial, sino que a partir de entonces mostró abiertamente su carácter regionalista, interclasista y conservador. La exclusión de la “s”  supuso su visualización.
¿Cómo va a ser andalucista un partido que nunca ha enarbolado la Constitución Andaluza como propia, ni la ha convertido en base de su proyecto político? ¿Cuando algún dirigente del PA ha afirmado de sí y su partido, como lo hizo Blas Infante,  que aspiraban a una “Andalucía soberana constituida en democracia republicana”? ¿Cuándo en un documento del PA se ha declarado algo semejante a lo escrito por aquellos andalucistas en el Manifiesto de la Nacionalidad, sobre “hacer efectiva la prescripción del artículo primero de la Constitución Andaluza… que aspiraba a constituir en Andalucía una democracia soberana y autónoma”?
El PA tampoco ha sido nunca un partido nacionalista andaluz. ¿Cómo va a ser nacionalista andaluz un partido en el que incluso el mismo uso público del término “nación”, en referencia a Andalucía, ha sido considerado “radical” hasta hace unos años? ¿Cómo va a ser nacionalista andaluz un partido en el que el hablar de  “soberanía andaluza” aún hoy es tabú, no digamos ya su pública defensa y la apuesta por una República Andaluza? ¿Cómo va a ser nacionalista andaluz un partido que siempre ha defendido la españolidad de los andaluces, así como la existencia de la compatibilidad entre ambas identidades en el seno de nuestro pueblo?. De la cuestión social y del socialismo andaluz ni hablamos. No hay nada acerca de lo que debatir al respecto en, al menos, los últimos treinta años del  PA.
Un “andalucismo” y un “nacionalismo” reducidos a la adopción de símbolos como la bandera el himno o la figura de Infante, y a vaguedades como el “sentirse orgulloso de ser andaluz”, la defensa de un autonomismo “de primera”, la no discriminación de Andalucía con respecto a otras “comunidades autónomas”, el ser una organización formada por andaluces y con una estructura territorial andaluza, o el velar exclusivamente por los intereses andaluces, no es andalucismo ni nacionalismo andaluz, solo es catalogable como regionalismo andaluz.
¿El final del andalucismo o el del regionalismo andaluz?
Consecuentemente, lo que actualmente agoniza, aquello que se va a dar por finiquitado el 12 de septiembre, no es la versión actual del “andalucismo político”, algo que el PA nunca fue y que sólo representó por suplantación de la denominación, sino la del regionalismo andaluz contemporáneo. Y precisamente ha sido el poseer ese ideario y esas estrategias meramente regionalistas lo que le ha arrastrado hasta su desaparición, no su inexistente “andalucismo”. Es cualquier forma de regionalismo andaluz, no el andalucismo, lo que ya no tiene cabida ni hueco en nuestra tierra. Y mucho menos aún futuro.
Al dejar su “andalucismo” reducido a un mero regionalismo andaluz, este ha sido fácilmente absorbible por los partidos estatalistas. Con ninguno de ellos entraba en contradicción con sus principios y proyectos el asumir una bandera, un himno, la “a” en sus siglas, etc. También ellos podían argüir que sus dirigentes eran autóctonos y enarbolar la defensa de nuestros intereses autonómicos dentro del sacrosanto Estado único, y ese victimismo crónico que siempre miraba al vecino vasco o catalán como culpable pero nunca a España. Así lo hicieron y dejaron al PA sin espacio político distinguible ni argumentarlo diferenciador. Todos ellos se envolvieron en la bandera, alababan a Infante y se rasgaban las vestiduras ante toda supuesta discriminación con respecto a otras “comunidades autónomas”, dejando al PA políticamente desnudo.
Pero lo que nunca han adoptado ni podrían adoptar como propios es el ideario andalucista real y un nacionalismo andaluz coherente. ¿Os imagináis al PP, el PSOE, IU, Ciudadanos, Podemos, etc. asumiendo y proclamando la defensa de una Andalucía soberana constituida en democracia republicana? Un pueblo trabajador andaluz en plena posesión y ejercicio de su soberanía a través de una República propia de carácter democrático-popular es totalmente inaceptable para cualquier proyecto españolista, sea “nacional” o estatal, pues lo impide y excluye.  Ese espacio político nunca podrían cubrirlo, de ahí que el interés de todos ellos radique  en impedir su desarrollo. Todo avance andalucista conlleva un retroceso equivalente del españolismo.
¿Refundación del andalucismo?
El final del PA, el lógico y esperable fin de un regionalismo andaluz que ya carece de utilidad práctica para el Sistema, que lo tiene más que amortizado, habiendo contribuido en gran medida al mantenimiento de la alienación de nuestro pueblo y la dependencia de nuestro país, así como a taponar el reforzamiento de un andalucismo verdadero que revertiese dicha situación, está conllevando el que se hable de la necesidad de la “refundación del andalucismo”, como si el PA lo hubiese representado alguna vez y con su desaparición el “andalucismo político” quedase huérfano de organización.
Si por “refundación del andalucismo” se sobreentiende volver a reeditar un conjunto de ideas regionalistas y proyectos reformistas semejantes a los representados hasta ahora por el PA y otros colectivos “andalucistas” que no han superado aún el autonomismo y esta “democracia”, pero envueltos en nuevas formas de expresarlas y exponerlos (municipalismos, federalismos, democracias participativas, etc.) o en diferentes formas organizativas (movimientos más abiertos, menos estructurados, etc.), significa que no se ha entendido nada. Todo regionalismo andaluz, sea de carácter más “progresista” o “moderado”, está de antemano condenado al fracaso. Esos espacios están ya ocupados, sea por el viejo españolismo y estatalismo de siempre (PP, PSOE, IU, etc.) o el renovado y actualizado (los podemos, ganemos, ahoras, etc.)
Si por “refundación del andalucismo” se sobreentiende la construcción de un movimiento que rechace la senda regionalista y reformista del PA. Que retome el proyecto de liberación global, nacional y social, propugnado por Blas Infante y defendido por el andalucismo histórico, esa “refundación” ya se produjo en los noventa con el surgimiento de la izquierda independentista andaluza. En ella se deposita, renueva y pone en marcha la continuación del proyecto en su integralidad; en sus aspectos soberanistas, populares y nacionales, y en los anticapitalistas. Independencia y socialismo es la traducción al lenguaje de hoy de la Andalucía libre infantista.
Todo nuevo proyecto político andaluz, se llame como se llame, sean cuales sean su intenciones manifestadas, sean quienes sean los que lo impulsen y sean cuales sean sus trayectorias, si no es nítidamente antisistema, o sea, soberanista, antiespañol y anticapitalista, si no propugna sin ambages la ruptura con el régimen actual, si no niega abiertamente su Estado, su autonomismo y su "democracia", si no rechaza toda construcción social y económica que no se asiente sobre bases socialistas, y todo ello no solo en su teorización y metas finalistas, sino en sus praxis, ámbitos de actuación y estrategias, tanto genéricas como concretas, no es ni llegará nunca a formar parte del “andalucismo político”, tan siquiera es o será algo realmente “nuevo”, sólo constituirá otra reedición remozada del PA y, como tal, llamado a desempeñar el mismo papel de siervo del españolismo y a sufrir idéntico fracaso y final.

Francisco Campos López
La Otra Andalucía http://www.laotraandalucia.org/node/3215

DEL FELIPISMO AL PABLISMO, O DE LA PERPETUACIÓN DEL ENGAÑO...

 

Del “felipismo” al “pablismo”, o de la perpetuación del engaño electoralista del reformismo

“Lo de hoy es una demostración de algo que pone nerviosos a muchos. Hoy empieza a nacer una organización política que está aquí para ganar y para formar gobierno”. Estas palabras fueron pronunciadas por Pablo Iglesias en la asamblea constituyente de “Podemos” como partido. Un partido del cual Iglesias señaló más adelante su característica fundamental, la que lo distingue de otros proyectos: “la diferencia fundamental es que sabemos cómo ganar”. Y posteriormente aclaró cuál sería la estrategia para lograrlo: “Queremos ocupar la centralidad del tablero porque existe una mayoría que apuesta por la decencia”. Todo ello con el propósito de “cambiar el país”. Ese “país”, claro está, como para cualquier españolismo, es España.  

Además de obviamente españolista, estamos ante un proyecto declaradamente electoralista, puesto que su razón de ser es “ganar” (se sobrentiende que elecciones), y cuyo fin manifestado es el gobernar el Estado (“formar gobierno”), lo que creen que lograrán (“sabemos cómo ganar”) a través de “ocupar la centralidad del tablero” (el espacio del centro político) con una propuesta interclasista (para “la mayoría” que “apuesta por la decencia”). Tras esta asamblea, “Podemos” termina de quitarse la máscara revelándose, no como alternativa al Sistema, sino como mera alternativa de poder dentro del Sistema. Como relevo generacional en la “casta”.

Un proyecto político de estas características no tiene nada de novedoso, aunque pretenda venderse así. Más allá de diferencias superficiales en formas, palabras y gestos, es idéntico al que representó el PSOE durante la llamada “transición” y que presento y logró llevarle al poder en 1982.  Pablo Iglesias nos ofrece, con distinto envoltorio y denominación, el mismo producto de marketing político prefabricado en los laboratorios intelectuales del Sistema que hace treinta y dos años ya le vendió a las clases populares Felipe González. En lo fundamental, Pablo Iglesias y “Podemos” transmiten el mismo discurso de regeneración y honradez de aquel PSOE (“cien años de honradez” era su lema). El mismo proyecto de gobierno de “mayoría social” y la misma propuesta de “cambio” (“Por el cambio” fue el lema de campaña del PSOE en 1982)

Al igual que el actual “Podemos”, aquel PSOE también era una organización de jóvenes totalmente desconocidos e ilusionadores que abarrotaban estadios y estaban constantemente presentes en los medios, y que pretendía representar la esperanza de lo diferente y lo nuevo frente a lo viejo, al que se le adjudicaba la responsabilidad del pasado y el presente. Si ahora lo viejo es el PP o el PSOE, entonces eran los abiertamente franquistas y los comunistas. Si ahora se nos vende a la derecha como origen de nuestros males y se nos propone el: ¡todos contra el PP!, entonces también el problema era la derecha y se propugnaba el: ¡todos contra la UCD!

Aquel PSOE también era un partido de aluvión en militancia, que paso en meses de decenas a miles. Y lo fue también gracias a la amplia campaña propagandística que le ofrecieron los medios de comunicación “progresistas” de entonces. Un partido que, en realidad, no tenía más relación con el PSOE histórico que sus siglas. Aunque se hizo ver el Congreso de Suresnes como una renovación, en realidad se trato de una especie de “golpe de Estado” interno, impulsado por una Internacional Socialista al servicio de los intereses estadounidenses, que acabó con el propio PSOE, modificando hasta hacerla irreconocible su ideología pretextando “renovación” (“hay que ser socialistas antes que marxistas” llegaría a proclamar González), y apartando del poder organizativo a sus dirigentes tradicionales, poniendo en su lugar a jóvenes arribistas y ambiciosos, dispuestos a ser unos files lacayos del imperialismo y los futuros constructores de un continuismo neofranquista al servicio del Capital, del que ellos serían sus gobernantes.

Aquellos jóvenes también eran informales y rompedores, entonces simbolizado por la famosa chaqueta de pana de González como ahora por la no menos emblemática coleta de Iglesias, y utilizaban un lenguaje que huía de antiguos conceptos, supuestamente para así hacerse más cercanos y comprensibles a amplias capas sociales. Por ejemplo entonces Alfonso Guerra no hablaba de la clase obrera sino de “los descamisados”, como ahora Pablo Iglesias lo hace de “los de abajo”. También entonces se despotricaba contra los ricos, en ese sentido los mítines de Alfonso Guerra eran antológicos, para después proponer recetas que no rebasaban los límites de tolerancia marcados por la plutocracia. En “Podemos” resulta ejemplificadora la diferencia entre el discurso “radical” contra la deuda y la disponibilidad programática a pagarla

Aquella otra “nueva izquierda”, así era calificada por los medios, no solo logró instituirse como fuerza hegemónica de la izquierda en las primeras elecciones a las que se presento, las de 1977, sino que cinco años después se hicieron con el poder. Y todos sabemos lo que ocurrió tras su triunfo. El “cambio” que promovieron tanto a nivel local como “autonómico” o estatal es el origen de la Andalucía dependiente actual. Gracias a ellos, junto a la contribución del PCE y después de IU, el régimen neofranquista y neocolonialista ha conseguido asentarse y perdurar a lo largo de más de tres décadas en nuestra tierra. Gracias a ellos, con la inestimable colaboración de los sindicatos “mayoritarios”, el pueblo trabajador andaluz sufrió los más graves atentados a sus derechos y estabilidad laboral conocidos hasta entonces. Infinitamente superiores a los que antes ya les había producido la derecha, entonces la UCD. Baste recordar al respecto las sangrantes “reconversiones industriales” o el invento de los “contratos basura”, justificados con aquello de “Mejor un mal trabajo que no tener trabajo” que decía González.

Hoy los hijos nacidos en aquel “felipismo” incurren en los mismos errores en el que ya cayeron sus padres, y las nuevas generaciones compran la misma estampita trucada que las anteriores, en este timo institucionalizado del tocomocho de la “España constitucional”. Y lo hace porque la supuesta “generación más preparada de nuestra historia” adolece de las mismas carencias que las que le precedieron. Más allá de sus conocimientos técnicos, están inmersos en el mismo mar de alienación social, identitaria y de clase que sus ancestros. Y no es de extrañar, puesto que tanto esta generación, como anteriormente la “felipista”, y aún antes la “madura” de la “transición”, no son más que sendas víctimas y consecuencias del franquismo sociológico. Del mismo condicionamiento social inoculado a las clases populares durante la Dictadura y que ha sido mantenido, e incluso aumentado y perfeccionado, por el régimen neofranquista actual.

Creer o decir que vivimos en un “Estado de derecho” y en una democracia, más o menos imperfeta o necesitada de mejoras, pero democracia. Que el Estado en una mera estructura administrativa neutra y neutral que gestiona y vela por lo común, por la “res pública”, a través de los representantes electos, y que, por lo tanto, basta con que se elija a aquellos que pretendan actuar en beneficio de “la mayoría social” mediante sus decisiones y legislaciones para que la realidad política o económica cambie, o tan siquiera puedan crearse posibilidades o generarse condiciones para intentarlo, sólo puede defenderse desde la más profunda de las ignorancias, el más descarado de los reformismos socialdemócratas o el más inmenso de los oportunismos. Solo un ignorante, en el sentido etimológico del término (aquel que desconoce, que ignora), un reformista, en su significado político (aquel que no pretende transformar la realidad, sólo suavizarla), o un oportunista, en su sentido más peyorativo (aquel que carece de ideología, principios y escrúpulos, y sólo aspira a medrar y obtener poder), podrían aseverarlo.

Éste discurso de la posibilidad del cambio político y económico dentro del propio Sistema, que ahora se nos vende como novedoso por parte de “Podemos” y su marca blanca “Ganemos”, ha sido también el mantenido en nuestra tierra tradicionalmente no sólo por el PSOE, igualmente  lo ha sostenido Izquierda Unida, sus partidos federados (PCA, CUT, etc.) y sus derivados más recientes como Izquierda Abierta o el Frente Cívico de Julio Anguita. Este discurso, además, no es más que el que siempre ha propagado la socialdemocracia desde finales del siglo XIX.

En cuanto a la afirmación de la existencia de democracia, constituye el basamento justificativo y amparador del régimen y aquellos que forman parte de él. El continuismo neofranquista se asienta sobre la “verdad” incuestionable e incuestionada del supuesto final de franquismo con la muerte del Dictador y el establecimiento de una democracia durante la “transición”. De ahí el que se pueda degradar o poner en peligro, porque la hay. Y por eso es susceptible de hacerla más participa, de ampliarla, regenerarla o practicarla de forma más honrada, porque existe.

Tanto en el caso de “Podemos”, “Ganemos” o IU, que la mayoría de sus bases lo crean así y lo mantengan por convicción es creíble, siendo por ello inscribibles en el sector de aquellos que lo hacen por mera ignorancia. Por desconocer. Pero el que lo sostengan sus dirigentes, nacidos políticamente todos en el marxismo-leninismo y amamantados la mayoría intelectualmente con estudios universitarios, hace descartar por completo la posibilidad de la ignorancia y sólo permite el etiquetarlos dentro de una de las otras dos opciones: la del reformismo o la del oportunismo. O éstos dirigentes se han pasado conscientemente a la socialdemocracia, o se han degradado al extremo de que sus fines se limitan a prosperar en lo personal y como grupo. En cualquiera de los dos casos, sus radicalismos se reducen a mera impostación superficial.

A poco que se haya profundizado en el marxismo-leninismo, o tan siquiera se posea una visión amplia y objetiva de la realidad, imprescindible para ejercer cualquier liderazgo, se sabrá que los estados burgueses no son simples organismos administradores de los bienes e intereses sociales. Desde una óptica marxista-leninista o el simple ejercicio de la racionalidad científica, son estructuras ideadas y usadas por el Capital para facilitarse el control popular, el monopolio económico y la explotación social. Son instrumentos de los que se vale la burguesía para ejercer su poder sobre las clases populares y especialmente sobre la obrera. Que los Estados nunca podrán representar o satisfacer los intereses de las clases populares, porque su razón de ser es el imposibilitarlo mediante la imposición, la coerción y el ejercicio del monopolio de la fuerza.

También se sabrá que, dado el carácter intrínsecamente opresor y represor de los estados burgueses, sus democracias, las “democracias parlamentarias”, no son ni pueden ser otra cosa que dictaduras burguesas al servicio del Capital. No son ni podrán llegar a ser expresión de los anhelos populares, ni vías institucionalizadas para su consecución, puesto que se encuentran al exclusivo servicio de su enemigo de clase. No hay ni habrá democracias burguesas favorables al pueblo porque fueron diseñadas contra el pueblo. Para impedir su acceso efectivo al poder.

En cuanto a sus gobernantes, igualmente se sabrá que, dado que los estados burgueses son meras herramientas instrumentales al servicio del Capital y, por tanto, todas sus instituciones simples gestoras y protectoras de sus intereses, sus  gobernantes no deciden o determinan realmente nada, sólo dirigen según se les ordena o impone. Son capataces al servicio del amo, del dueño del Estado y sus instituciones, del único que realmente les dicta: el dictador Capital.

Por último también se sabrá que no hay capitalismos buenos. Que toda economía capitalista es esencialmente negativa, contraía a los intereses y necesidades de las clases populares, pues se funda y se sostiene en la desigualdad, ya que el capitalismo no es más que la apropiación por unos pocos de lo que es común en beneficio propio. Que la mayoría viva en la miseria o la subsistencia para que algunos vivan en el lujo no es mal capitalismo, no es “neoliberalismo” o “capitalismo salvaje”, es simplemente capitalismo, el único existente, despojado de máscaras.

Y como consecuencia de ser plenamente conscientes de que el Estado burgués no es más que una maquinaria creada para controlar y encadenar al pueblo, de que sus democracias no son otra cosa que dictaduras del Capital y de que el capitalismo es una economía intrínsecamente ladrona y explotadora, no podrá creer ni defenderá el “Estado del bienestar”, pues considerará al Estado como la causa de la falta de bienestar popular. No podrá creer ni defenderá el “Estado social de derecho”, puesto que considerará que el Estado burgués es esencialmente antisocial, anti-popular, y su “derecho” no es más que la institucionalización del robo del Capital. No podrá creer ni defender ninguna “democracia participativa” o “real” dentro de la democracia burguesa, puesto que considerará que las “democracias parlamentarias” existen para impedir la participación popular y que el pueblo ejerza cualquier poder real en ellas, de ahí que tradicionalmente se las denominase como “democracias formales”, pues sólo lo son en apariencia, en sus formas y formalismos. Y no podrá creer ni defenderá la posibilidad de una economía más justa, o de un mayor y más equitativo reparto de la riqueza, dentro de la economía capitalista, puesto que considerará que el capitalismo no es ni puede llegar a ser justo, ni equitativo, ni repartidor de riqueza, dado que es imprescindiblemente injusto, carente de equidad y opuesto al concepto de reparto. Sabrá por ello que no existe la “economía social de mercado”. Que “el mercado” es el capitalismo y éste es ajeno a toda idea de colectividad o de bien común. Que una sociedad que pretenda asentarse sobre principios de equidad, apoyo mutuo y solidaridad, deberá para lograrlo haber acabado previamente con el  capitalismo.

Si estas realidades tan básicas y estos principios tan incuestionables como atemporales, que siempre han compartido la totalidad de las teorías de la izquierda revolucionaria (leninistas, consejistas, libertarias, etc.), no se conocen o no se comparten por quién se catalogue como anti-sistema, éste carece de la más mínima capacitación ideológica. Sería un ignorante político. Por contra,  si sí se conocen y se comparten, y aun así se proclama y afirma la posibilidad de la existencia de capacidad de decisión real o de participación determinante en el poder por parte del pueblo dentro de un Estado y una democracia burguesa, así como de lograr éste cuotas apreciables de bienestar, prosperidad, justicia o reparto de la riqueza dentro de la economía capitalista, o se es un socialdemócrata, alguien que ha renunciado a la revolución y la ha sustituido por la mera aspiración a la obtención de migajas sociales temporales a cambio de la rendición popular y el colaboracionismo con el Sistema, o se es un oportunista sin principios ni escrúpulos, capaz de engañar, manipular y utilizar al pueblo en su beneficio y el de su grupo.

¿Quiere esto decir que no se debe o es posible luchar por pequeñas mejoras; por lo concreto, lo inmediato y lo acuciante, o que no se tiene que participar bajo ninguna circunstancia y de ninguna manera en los procesos electorales y en las instituciones del Sistema? Claro que no. El mal del socialdemócrata no es el que luche por reformas sino el que limita la lucha a ellas. El que no las trasciende y no las utiliza como palanca de subversión. El mal del electoralista no es presentarse a unas elecciones sino el entenderlas como el fin de la acción política en lugar de como un posible medio, coyunturalmente útil o inútil según sean las circunstancias, y como un medio más para revolucionar. Y el mal del institucionalista no es el acceder a las instituciones, sino el encauzar la actividad política, la suya, la de trabajadores y la de las clases populares, a través de las instituciones en lugar de contra las instituciones, y el no utilizar las capacidades de las mismas contra el propio Sistema y en apoyo y la protección de las luchas del pueblo.

Ejemplos, a un tiempo, de repuesta revolucionaria y actuación reformista ante una necesidad concreta, inmediata y acuciante, la podemos hallar en el movimiento de ocupación y el anti-desahucios, en sus acciones y alternativas al problema de la vivienda. El que se idee, impulse o participe en algo tan inmediato, concreto y acuciante como el impedir que le quiten a las clases populares sus casas, y el que se propugne la alternativa de la ocupación a la carencias de viviendas, es en sí una acción de un nítido carácter revolucionario, en tanto que además de abordar y solventar una problemática específica, incita al pueblo a ser el protagonista de su destino, actuando por sí mismo en lugar de esperar a que se lo solucionase papa Estado o un benéfico gobernante, así como provoca su enfrentamiento directo contra el propio Sistema, su Ley y su sacro santa propiedad privada. Se desarrolla una actividad que ofrece una alternativa a una situación particular, pero al mismo tiempo se la trasciende, convirtiéndola en un medio de agudizar las contradicciones, potenciar el activismo popular y obligar al Sistema a mostrarse al pueblo con su rostro represivo y opresor más descarnado, contribuyendo así  a aumentar el grado de concienciación de las clases populares y atrayéndolas al campo revolucionario. Es una lucha por lo concreto que a su vez es palanca y herramienta de subversión. Imaginaros lo que hubiese supuesto el mantener, proteger y aumentar exponencialmente el enfrentamiento y la ocupación, así como extender esta última a la toma de fábricas, tierras, distribuidoras, etc. Y no como algo excepcional, coyuntural o propagandístico, sino como política de acción directa de masas, de carácter genérico y permanente, destinada a potenciar la autogestión y el poder popular.

En cambio, cuando se propugna o se acepta la “dación en pago”,  los “alquileres sociales” y los “parques de vivienda pública en alquiler” como salidas a la ocupación y los desahucios, se está limitando el carácter y la trascendencia de la reforma a sí misma, además de encauzando institucionalmente la problemática y extrayendo de ésta toda su potencialidad subversiva. Si impedir a la “justicia” y a las “fuerzas del orden” el que ejecuten desahucios es subvertir “el orden establecido” y colocar al pueblo frente al Sistema, el condicionar dicha oposición a que sólo te quiten la casa, a que no lo hagan durante un tiempo, a que te dejen en ella cambio de un alquiler módico o de otra que te cedan temporalmente igualmente pagando, es subordinar la reivindicación dentro de “los cauces establecidos”, circunscribirla a lo asumible por el Sistema, y conciliar al pueblo con éste. Si el mantener y generalizar la ocupación es anteponer la propiedad colectiva a la propiedad privada y por tanto es acción anticapitalista y priorizar “la finalidad social de la vivienda”, el limitar la ocupación o abandonarla a cambio de daciones en pago y alquileres sociales es anteponer la propiedad privada a la propiedad colectiva, y por tanto la convierte en una acción pro-capitalista encubierta al priorizar una finalidad financiera, especulativa y particularista de la vivienda. Es simplemente reformismo contra-revolucionario.

En cuanto a los procesos electorales y las instituciones del Sistema, dado que se es consciente de lo que son y representan el Estado burgués, su “democracia” y la economía capitalista como instrumentos de opresión y explotación de las clases populares, para el revolucionario, para aquel que pretende transformar de forma radical una realidad social, política y económica contraria al pueblo y a sus intereses, para aquel que quiere acabar definitivamente con esos tres grandes enemigos del pueblo y la clase obrera: el Estado Burgués, su “democracia”, y la economía capitalista, las elecciones y las instituciones no pueden ser tomadas como fines ni medios de la acción política, sino sólo como posibles herramientas, no del cambio social, sino de subversión y apoyatura a la lucha de masas en la calle, contribuyendo a sus victorias contra el Estado, su “democracia” y la economía capitalista, actuando en las mismas como saboteadores y sus “quinto-columnistas”. Por tanto, la participación en procesos electorales e  instituciones dependerán, en cada coyuntura, de la existencia o carencia de unas condiciones objetivas y factibles para hacer posible el utilizar las estructuras del Sistema contra sí mismo.

El revolucionario no pretende la estabilidad y el desarrollo de la democracia burguesa sino su inestabilidad y destrucción. Actúa para lograr socavar los pilares sostenedores del Sistema, el Estado y sus instituciones. Su meta no es mejorarlo sino derribarlo. Hacia ese objetivo último encamina y condiciona todas sus propuestas y acciones. Por lo tanto no aspirará a  “contribuir a la gobernabilidad” del Estado burgués y de su “democracia” sino a su ingobernabilidad. No aspirará a “gobiernos de progreso” sino a acabar con los gobiernos para que el pueblo y sus intereses progresen. No aspirará a “ganar”, a gobernar el Estado, sino a que el pueblo se auto-gobierne anulando el poder del Estado sobre él. No aspirará a la construcción de una más "real" o más “participativa” democracia burguesa, no pretenderá “profundizar su democracia”, sino a destruirla para hacer posible la única democracia real y participativa, el autogobierno popular. No aspirará a una economía y a un mercado más justos y equitativos en el capitalismo, sino a terminar con el Capital para hacer posible una economía y un mercado realmente social, el socialista.

En cuanto al caso específico del Estado Español impuesto, además de encontrarnos ante un Estado burgués al que, por tanto, le es aplicable todo lo expuesto hasta ahora, se le unen dos particularidades determinantes. Dos características propias que lo singularizan. El tratarse de un Estado conformado en régimen continuista neofranquista y el haberse originado en la adaptación del antiguo Imperio Español en superestructura imperialista por el capitalismo.

Si a la represión propia de todo Estado y democracia burguesa, y a la explotación derivada de cualquier economía capitalista, se le suman los pluses ser una “dictablanda” continuadora de las instituciones de un régimen autoritario, así como constituir una superestructura destinada a mantener la ocupación y esquilmación de las naciones y pueblos bajo su control , el sostener la posibilidad del cambio social dentro de dicho Estado o a través de él; de su administración  local, “autonómica” y central, resulta totalmente ridículo y es absolutamente irracional.

Si afirmar la posibilidad de existencia de capacidad de decisión, de participación o incluso de control del poder por parte del pueblo dentro de un Estado y una “democracia” burguesa, de un “proceso de empoderamiento” que dirían los “actualizados”, así como de lograr cuotas apreciables de bienestar, prosperidad, justicia o reparto de la riqueza dentro de la economía capitalista, si no es fruto de la ignorancia lo es del más necio y ciego de los reformismos o el más condenable de los oportunismo, el sostener la existencia de estas posibilidades dentro de un Estado que además es imperialista y colonialista, y de unas instituciones que son herederas de un régimen totalitario, si no es el producto del más desorientado e incapacitante de los desconocimientos lo es el de la más imperdonable y despreciable de las traiciones.

El Sistema se sirve de dos elementos principales para mantener entre las clases populares la ilusión de la participación en el poder y la determinación de decisiones dentro de los estados burgueses y sus “democracias parlamentarias”: Por un lado el de los procesos electorales y los referéndums, y por otro el de los gobiernos y los parlamentos. A través del voto hace creer al pueblo que son ellos los que deciden sus destinos y los de su país, y  mediante los regidores locales, “autonómicos” y estatales le convence de la existencia de una soberanía nacional y popular. De que la nación y sus ciudadanos son libres y los dueños de sí mismos. Es en ambas ilusiones, en ambos opios del pueblo, en los que se asientan la posibilidad y la capacidad del capitalismo de mantener su dominio social y la esclavitud económica. En realidad, ni el voto determina ni el gobernante decide. Al igual que a nivel económico el capitalismo monopoliza los medios de producción, elaboración y distribución, a nivel político monopoliza el poder ejerciendo una férrea dictadura. Nada dentro de sus estados escapa a su más absoluto control. El que no sea visible no indica que no suceda, sólo el grado de perfeccionamiento alcanzado.

Otro de los mecanismos de que se vale el Capital para mantener viva la ilusión de la existencia de democracia es el “pluralismo político”. La supuesta existencia de diversidad de opciones y proyectos políticos y sociales dentro del Sistema resulta esencial para hacer realmente creíble la “democracia parlamentaria”. Lógicamente, tal pluralismo no es más que otra apariencia. Dentro del Sistema sólo se permiten opciones y proyectos que supongan variantes dentro de una misma y unívoca visión de la realidad, la de la ilusión democrática y reformista. Las que no entran dentro de ellas son marginadas o destruidas, dependiendo del riesgo que conlleven para el “orden establecido”, o sea para el mantenimiento del poder por parte del Capital. Y si son toleradas las anti-sistema es solo por no suponer peligro alguno para él en el presente, además de que con esa permisividad controlada se refuerza la ilusión democrática y plural.

El reformista participa del engaño electoral y de gobierno como protagonista fundamental. El reformismo desempeña el papel del representante popular capaz de vehicular esa posibilidad ficticia de acceso al poder “indirecto”, a través de ellos, por parte del pueblo, y de la capacidad por parte de estos de determinar su presente y su futuro a través de gobiernos e instituciones “democráticas”. La realidad es, evidentemente, el que las decisiones las toma el Capital y se las impone a la población mediante esos gobernantes e instituciones. Y esos reformistas lo saben. Saben que si “ganan” serán solo capataces, los manijeros del amo del cortijo, pero en el mejor de los casos, se conforman con ello creyendo que a cambio de su claudicación lograrán del dueño algunas mejoras en las condiciones de vida de las clases populares, siempre y cuando, claro está, estas no alteren su poder y su control. Esa es la mentalidad socialdemócrata. El reformista es un embaucador del pueblo. El que engaña y arrastra a la derrota a las masas. El que lo haga de forma consciente o inconsciente no modifica este hecho. El reformista es el contenedor, desmovilizador y encauzador de los movimientos de masas en favor del Sistema.

El embaucamiento popular del reformismo tiene como objetivo el del mantenimiento del statu quo a través de invisibilizarle a sus enemigos de clase y los porqués de sus problemáticas. Un ejemplo actual es la campaña del reformismo señalando a los gobiernos del Partido Popular como los causantes y los culpables de la situación económica y social. El problema de las clases populares andaluzas no es el PP, que se limita a ejecutar las órdenes recibidas, al igual que lo hizo antes el PSOE y lo hará después el que lo sustituya, el que “gane”, ese es el trabajo de los capataces. El problema del pueblo trabajador andaluz es el capitalismo, el que le ordena a sus capataces políticos, y el Estado que le sirve. Decir otra cosa es mentirle al pueblo y propiciar su derrota desviando su atención y su rumbo de la meta libertadora. Y eso es precisamente lo que se pretende lograr poniéndole delante de sus ojos la venda del PP o la del PSOE. Los capataces también cumplen ese papel, el cargar con las responsabilidades del dueño y la animadversión de los trabajadores para desactivar sus luchas, salvaguardar al amo y protegerle su propiedad.

Desde la coherencia revolucionaria y la responsabilidad para con nuestro pueblo, ni se puede caer en la trampa socialdemócrata ni se puede permitir que el pueblo trabajador andaluz sea de nuevo arrastrado por el engaño del electoralismo reformista más burdo. Lo defienda quien lo defienda y sean cuales fuesen sus intenciones, el resultado será el mantenimiento de la Andalucía dependiente y el de unas clases populares expoliadas. Plantemos cara a los nuevos socialdemócratas y démosles la réplica: Todos contra el PP no, todos contra el Estado opresor, la economía de la explotación y sus servidores políticos. Todos contra España y el Capital.

Francisco Campos López
Fuente: http://www.laotraandalucia.org/node/1966

28 FEBRERO: HISTORIA DE UN FRAUDE