https://www.elespanol.com/espana/20180222/diputados-psoe-impiden-ausencia-desbloqueo-renta-basica/286972042_0.html
http://www.eldiario.es/politica/Sevilla-investiga-prevaricacion-Consejeria-Cultura_0_743326018.html
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29 junio, 2014
EL HOLOCAUSTO DE LOS POBRES Y EL EXCESO DE ANÁLISIS Y OPINIONES
El holocausto de los pobres, ahora llamados en riesgo de exlusión social, avanza. La lucha por la renta básica lleva 15 años de batalla entre diferentes colectivos minoritarios y ni se implanta ni se avanza.
He estado presente en las colas de los asistenciales del Estado (Cruz Roja y Cáritas fundamentalmente. Pol. Store Sevilla) y aseguro el lobby de los pobres y la "catalogación" del hambre moral que padecen.
La pobreza es riqueza.
A algunas de las miles de familias con exclusión social sólo a fecha de hoy le ofrecen 500 euros durante un período máximo de 6 meses.
Aumenta el número de organizaciones que reivindica una renta básica y universal que se establecería en 645 euros mensuales
Cristianos de base, por la renta básica
Oficialmente se habla
de recuperación económica, pero según las cifras de la OIT (Informe
"Tendencias mundiales de empleo 2014"), el número de personas
desempleadas se situó en 2013 en 202 millones (cinco millones más que
el año anterior). El grueso de este incremento se produjo en Asia
Oriental y Meridional (45% de las personas que buscaban empleo),
seguido del África Subsahariana y Europa. El informe del organismo de
Naciones Unidas señala además la incidencia "desproporcionada" del
desempleo en la población joven, la lacra del paro de larga duración,
el problema de los trabajadores "pobres", el empleo "vulnerable" y la
economía "informal".
En el estado español, pese a las insidias de Montoro, el documento "Análisis y Perspectivas 2014" presentado el pasado 27 de marzo por la Fundación FOESSA y Cáritas resulta devastador. Se afirma en el estudio, por ejemplo, que la renta media de la población española es, en términos reales, inferior a la que existía en el año 2000; que España se ha convertido en uno de los países de la Unión Europea donde la renta se reparte de manera más desigual. Además, las formas más severas de pobreza son las que más han aumentado con la crisis, lo que ha llevado al estado español a colocarse en los primeros lugares de cualquiera de las ratios que miden la pobreza. El porcentaje de hogares sin ingresos ha aumentado del 2 al 4% en el último trimestre de 2013, y ha pasado de 300.000 (a mediados de 2007) a 700.000 (finales de 2013). En resumen, 11,7 millones de personas están afectadas en España por distintos procesos de exclusión social (un aumento del 60,6% respecto a 2007).
Este es el contexto en el que el Movimiento contra el Paro y la Precariedad ha registrado en el Congreso de los Diputados la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la Renta Básica, planteada como un derecho "individual", "universal" e "incondicional" (no sujeto al mercado de trabajo). Según el artículo primero de la propuesta legislativa, el derecho de toda persona, por el hecho de haber nacido, a recibir una cantidad periódica que cubra sus necesidades básicas. Pero "no queremos una ayuda graciable, mangoneada por la administración de turno, sino un derecho inherente a la condición de personas", se detalla en la Exposición de Motivos. La cuantía de la renta básica se establece en 645,33 euros mensuales (el equivalente al Umbral de la Pobreza). Para la puesta en práctica, se establecen dos fases. En primer lugar, afectaría a todas las personas que no perciban la prestación de desempleo y no cuenten con otros ingresos; y a las personas con salarios, subsidios o pensiones públicas inferiores a la renta básica. En una segunda fase, se extendería como derecho universal. Además, la idea no sólo cunde en el estado español. 285.000 ciudadanos de 28 países europeos han firmado a favor de la renta básica.
Entre los grupos que se han sumado a la campaña figura el Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos (MMTC), fundado en 1966, con presencia en 79 países y cuya práctica pivota en torno al Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia. La organización (laica) se dirige a obreros, parados, personas en situación de precariedad, jubilados y amas de casa, con el objetivo de "mejorar las condiciones de vida y construir una sociedad sin excluidos". La presidenta del MMTC, Xaro Castelló, ha afirmado en el Fòrum de Debats de la Universitat de València que la realidad actual "está provocada por estructuras, grupos financieros y pautas culturales muy concretas; vivimos, además, la mercantilización del trabajo y de la vida social, con una creciente desaparición de los controles políticos y sociales; sin sentido de la justicia ni de la fraternidad; a ello se le suma el consumismo, el individualismo y el miedo (éste es fundamental) a perder lo poco que se tiene".
Añade, en un acto organizado por Xarxa Cristiana, que la situación de la humanidad "es escandalosa, con hambre y esclavitud; el capitalismo neoliberal impide desde sus entrañas (políticas, económicas y culturales) la construcción de una sociedad más justa, fraterna y sostenible". "A la iglesia muchas veces le cuesta responder con coherencia evangélica a las necesidades de los hermanos pobres; en muchas ocasiones, los cristianos incurrimos también en el consumismo y el egoísmo". Pero la conclusión resulta inapelable: "Si hay gente que pasa hambre, la riqueza hay que distribuirla". La psicóloga y presidenta del MMTC resalta que muchos textos de la Doctrina Social de la Iglesia pueden relacionarse con la propuesta de una renta básica universal.
En ocasiones se afirma que la renta básica universal beneficiaría también a los ricos o que resulta "inviable", y se argumenta que dispararía el déficit público y el endeudamiento de los estados. A juicio, de Xaro Castelló, "se ha de considerar la idea en un contexto de fiscalidad distributiva, lucha contra las grandes bolsas de fraude o tasas a las transacciones financieras internacionales; y, sobre todo, la defensa, como principio general, del derecho a la vida". Otra de las grandes ventajad de la renta básica es que permitiría "mucha libertad y capacidad de negociación, en otras palabras, perder el miedo". También repartir el trabajo (los problemas de miles de familias no se resuelven hoy con el empleo) y "poner freno a la productividad desaforada que impone el capitalismo neoliberal".
No se trata, además, de una iniciativa de última hora en el estado español. En un artículo (12 de febrero de 2014) en Público, Daniel Raventós (uno de los economistas más significados en la teorización y defensa de la renta básica) recuerda cómo en 2001 unas pocas personas en un pequeño despacho de la facultad de Económicas de Barcelona pusieron los cimientos de la Red Renta Básica (RRB). En 2014 la Red celebró su simposio número 13 en San Sebastián, organizado por la Diputación Foral de Gipuzkoa, gobernada por Bildu. En el simposio se demostró que una renta básica pude financiarse mediante una reforma fiscal; que el resultado es una redistribución de la renta de los más ricos al resto de la población; además, como consecuencia de la renta básica, se lograrían unas cotas de desigualdad mucho menores que las actuales, y muy parecidas a las de Noruega (el estado menos desigual de Europa); o que las dificultades de aplicación no son tanto de ámbito económico, sino de los objetivos políticos que realmente se persigan.
El periódico La Marea informa de algunos ejemplos de prestaciones o ayudas que podrían asimilarse a la renta básica. En Irán, por ejemplo, el 1 de enero de 2011 se estableció una renta mínima dirigida a las familias, que sustituía una serie de subsidios para la adquisición de alimentos (recibe la renta el varón considerado el "cabeza de familia). En Alaska (Estados Unidos), la renta básica (mensual y con grandes oscilaciones durante el año) viene a compensar los beneficios obtenidos por la explotación de petróleo y otros recursos naturales. Existe desde hace más de dos décadas. En Brasil, el programa "Bolsa Familia", iniciado en 2003, ha atendido a 13,8 millones de hogares. También se dan ejemplos en la realidad europea. La Red de Garantía de Ingresos en Euskadi. En Irún, la Renta Básica de Emancipación; también en Extremadura, aunque cuestionada por la escasa dotación; en Suiza, los ciudadanos votarán este año en referéndum la propuesta de una renta mínima mensual de 2.000 euros. También existen iniciativas parciales, recuerda Daniel Raventós en una entrevista en Público, como la de Ciudad de México, la ciudad más poblada del mundo, donde se reconoce una pensión básica universal para toda la población mayor de 68 años.
En la misma entrevista con el periodista Jorge Otero, el profesor de la Universidad de Barcelona sostiene que, a través de una reforma profunda del IRPF y la supresión de todas las subvenciones y subsidios públicos con un montante inferior, alcanzaría para una renta básica en Cataluña de 7.968 euros anuales para todos los adultos y 1.593 euros anuales para los menores de 18 años.
Reivindicar una renta básica universal parece indisociable de una fotografía que ayer asomaba en los periódicos y las televisiones. La de Fernando Ferré, propietario del grupo Playa Sol, principal compañía hotelera de Ibiza (actualmente en concurso de acreedores), tras aceptar el cumplimiento de una condena de siete años de cárcel y el pago de 11 millones de euros en concepto de multa y de responsabilidad civil. Además de la condena por 14 delitos fiscales, Ferré ha sido declarado culpable de tres delitos contra los derechos de los trabajadores. El empresario, informa Efe, trajo a Ibiza a cientos de personas de la Europa del Este, que firmaban contratos en checo (entendieran o no la lengua) y trabajaban durante toda la temporada turística diez horas diarias, por 3,5 euros la hora, durante siete días a la semana. Asimismo, tuvo a dos empleados chinos viviendo en un habitáculo de seis metros cuadrados en su propia casa, mientras otros trabajadores pasaban la noche en habitaciones sin ventilación ni luz natural de sus hoteles. El mismo día, la PAH de la Marina Alta informaba de que un hombre de 52 años inmerso en un proceso de desahucio se quitaba la vida en Pego (Alicante).
En el estado español, pese a las insidias de Montoro, el documento "Análisis y Perspectivas 2014" presentado el pasado 27 de marzo por la Fundación FOESSA y Cáritas resulta devastador. Se afirma en el estudio, por ejemplo, que la renta media de la población española es, en términos reales, inferior a la que existía en el año 2000; que España se ha convertido en uno de los países de la Unión Europea donde la renta se reparte de manera más desigual. Además, las formas más severas de pobreza son las que más han aumentado con la crisis, lo que ha llevado al estado español a colocarse en los primeros lugares de cualquiera de las ratios que miden la pobreza. El porcentaje de hogares sin ingresos ha aumentado del 2 al 4% en el último trimestre de 2013, y ha pasado de 300.000 (a mediados de 2007) a 700.000 (finales de 2013). En resumen, 11,7 millones de personas están afectadas en España por distintos procesos de exclusión social (un aumento del 60,6% respecto a 2007).
Este es el contexto en el que el Movimiento contra el Paro y la Precariedad ha registrado en el Congreso de los Diputados la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la Renta Básica, planteada como un derecho "individual", "universal" e "incondicional" (no sujeto al mercado de trabajo). Según el artículo primero de la propuesta legislativa, el derecho de toda persona, por el hecho de haber nacido, a recibir una cantidad periódica que cubra sus necesidades básicas. Pero "no queremos una ayuda graciable, mangoneada por la administración de turno, sino un derecho inherente a la condición de personas", se detalla en la Exposición de Motivos. La cuantía de la renta básica se establece en 645,33 euros mensuales (el equivalente al Umbral de la Pobreza). Para la puesta en práctica, se establecen dos fases. En primer lugar, afectaría a todas las personas que no perciban la prestación de desempleo y no cuenten con otros ingresos; y a las personas con salarios, subsidios o pensiones públicas inferiores a la renta básica. En una segunda fase, se extendería como derecho universal. Además, la idea no sólo cunde en el estado español. 285.000 ciudadanos de 28 países europeos han firmado a favor de la renta básica.
Entre los grupos que se han sumado a la campaña figura el Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos (MMTC), fundado en 1966, con presencia en 79 países y cuya práctica pivota en torno al Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia. La organización (laica) se dirige a obreros, parados, personas en situación de precariedad, jubilados y amas de casa, con el objetivo de "mejorar las condiciones de vida y construir una sociedad sin excluidos". La presidenta del MMTC, Xaro Castelló, ha afirmado en el Fòrum de Debats de la Universitat de València que la realidad actual "está provocada por estructuras, grupos financieros y pautas culturales muy concretas; vivimos, además, la mercantilización del trabajo y de la vida social, con una creciente desaparición de los controles políticos y sociales; sin sentido de la justicia ni de la fraternidad; a ello se le suma el consumismo, el individualismo y el miedo (éste es fundamental) a perder lo poco que se tiene".
Añade, en un acto organizado por Xarxa Cristiana, que la situación de la humanidad "es escandalosa, con hambre y esclavitud; el capitalismo neoliberal impide desde sus entrañas (políticas, económicas y culturales) la construcción de una sociedad más justa, fraterna y sostenible". "A la iglesia muchas veces le cuesta responder con coherencia evangélica a las necesidades de los hermanos pobres; en muchas ocasiones, los cristianos incurrimos también en el consumismo y el egoísmo". Pero la conclusión resulta inapelable: "Si hay gente que pasa hambre, la riqueza hay que distribuirla". La psicóloga y presidenta del MMTC resalta que muchos textos de la Doctrina Social de la Iglesia pueden relacionarse con la propuesta de una renta básica universal.
En ocasiones se afirma que la renta básica universal beneficiaría también a los ricos o que resulta "inviable", y se argumenta que dispararía el déficit público y el endeudamiento de los estados. A juicio, de Xaro Castelló, "se ha de considerar la idea en un contexto de fiscalidad distributiva, lucha contra las grandes bolsas de fraude o tasas a las transacciones financieras internacionales; y, sobre todo, la defensa, como principio general, del derecho a la vida". Otra de las grandes ventajad de la renta básica es que permitiría "mucha libertad y capacidad de negociación, en otras palabras, perder el miedo". También repartir el trabajo (los problemas de miles de familias no se resuelven hoy con el empleo) y "poner freno a la productividad desaforada que impone el capitalismo neoliberal".
No se trata, además, de una iniciativa de última hora en el estado español. En un artículo (12 de febrero de 2014) en Público, Daniel Raventós (uno de los economistas más significados en la teorización y defensa de la renta básica) recuerda cómo en 2001 unas pocas personas en un pequeño despacho de la facultad de Económicas de Barcelona pusieron los cimientos de la Red Renta Básica (RRB). En 2014 la Red celebró su simposio número 13 en San Sebastián, organizado por la Diputación Foral de Gipuzkoa, gobernada por Bildu. En el simposio se demostró que una renta básica pude financiarse mediante una reforma fiscal; que el resultado es una redistribución de la renta de los más ricos al resto de la población; además, como consecuencia de la renta básica, se lograrían unas cotas de desigualdad mucho menores que las actuales, y muy parecidas a las de Noruega (el estado menos desigual de Europa); o que las dificultades de aplicación no son tanto de ámbito económico, sino de los objetivos políticos que realmente se persigan.
El periódico La Marea informa de algunos ejemplos de prestaciones o ayudas que podrían asimilarse a la renta básica. En Irán, por ejemplo, el 1 de enero de 2011 se estableció una renta mínima dirigida a las familias, que sustituía una serie de subsidios para la adquisición de alimentos (recibe la renta el varón considerado el "cabeza de familia). En Alaska (Estados Unidos), la renta básica (mensual y con grandes oscilaciones durante el año) viene a compensar los beneficios obtenidos por la explotación de petróleo y otros recursos naturales. Existe desde hace más de dos décadas. En Brasil, el programa "Bolsa Familia", iniciado en 2003, ha atendido a 13,8 millones de hogares. También se dan ejemplos en la realidad europea. La Red de Garantía de Ingresos en Euskadi. En Irún, la Renta Básica de Emancipación; también en Extremadura, aunque cuestionada por la escasa dotación; en Suiza, los ciudadanos votarán este año en referéndum la propuesta de una renta mínima mensual de 2.000 euros. También existen iniciativas parciales, recuerda Daniel Raventós en una entrevista en Público, como la de Ciudad de México, la ciudad más poblada del mundo, donde se reconoce una pensión básica universal para toda la población mayor de 68 años.
En la misma entrevista con el periodista Jorge Otero, el profesor de la Universidad de Barcelona sostiene que, a través de una reforma profunda del IRPF y la supresión de todas las subvenciones y subsidios públicos con un montante inferior, alcanzaría para una renta básica en Cataluña de 7.968 euros anuales para todos los adultos y 1.593 euros anuales para los menores de 18 años.
Reivindicar una renta básica universal parece indisociable de una fotografía que ayer asomaba en los periódicos y las televisiones. La de Fernando Ferré, propietario del grupo Playa Sol, principal compañía hotelera de Ibiza (actualmente en concurso de acreedores), tras aceptar el cumplimiento de una condena de siete años de cárcel y el pago de 11 millones de euros en concepto de multa y de responsabilidad civil. Además de la condena por 14 delitos fiscales, Ferré ha sido declarado culpable de tres delitos contra los derechos de los trabajadores. El empresario, informa Efe, trajo a Ibiza a cientos de personas de la Europa del Este, que firmaban contratos en checo (entendieran o no la lengua) y trabajaban durante toda la temporada turística diez horas diarias, por 3,5 euros la hora, durante siete días a la semana. Asimismo, tuvo a dos empleados chinos viviendo en un habitáculo de seis metros cuadrados en su propia casa, mientras otros trabajadores pasaban la noche en habitaciones sin ventilación ni luz natural de sus hoteles. El mismo día, la PAH de la Marina Alta informaba de que un hombre de 52 años inmerso en un proceso de desahucio se quitaba la vida en Pego (Alicante).
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
29 marzo, 2013
DE SI ES NEGOCIABLE LA ILP
Image: Edición del Quijote perteneciente a Infante Pérez.
No nos engañemos, las INICIATIVAS LEGISLATIVAS POPULARES, últimamente, sólo han sido cursadas en tres ocasiones (creo): para abolir los toros en Cataluña, para un cambio de ordenación Urbana, y por último la iniciativa de la Plataforma afectados por la hipoteca.
Están tan controladas por el gobierno y tan sujeta a sus estrategias como cualquier otra iniciativa popular. Me atrevo a decir que desgraciadamente no se llevan a trámite si no es con un partido detrás que apoye en mayoría el pleno congresual o parlamentario.
Al ser popular merece la pena intentarlo. Operativas o no en el tiempo y los requisitos que proponen los mismos que la aprueban lo dudo. Es más rápido crear un partido.
¿Es negociable la ILP?
Carlos Huerga
Como mucha gente ya sabe, las
Plataformas de Afectadxs por las Hipotecas han estado nueve meses
recogiendo firmas para la #ILPHipotecaria. Finalmente hemos conseguido
presentar en el Congreso de los Diputados la ILP con el apoyo de más de
1.400.000 firmas. Incluso, se ha conseguido salvar la primera barrera
que el actual sistema político le había puesto: su admisión a trámite.
Eran muchos los que pensaban que este casi millón y medio de firmas se
iba a quedar en la puerta del Congreso, ya que el Partido Popular, con
su mayoría absoluta, había anunciado que no la admitiría. Sin embargo,
la presión social ha conseguido que este partido tuviera que recular y
admitirla a trámite; un grandísimo éxito para el movimiento.
Ahora la ILP será discutida en el Congreso y, muy probablemente, los dos grandes partidos tratarán de modificarla distorsionando su contenido. En este momento, y una vez que la admisión a trámite ha salido en todos los medios, mucha gente se hace dos preguntas: ¿Por qué defender esta ILP? ¿Son sus puntos negociables?
Para contestar a la primera pregunta, hay que plantearse para qué sirven, y para qué no, las tres medidas que incluye la ILP: Dación en Pago con carácter retroactivo, paralización de desahucios y alquiler social. Para ello hay que explicar brevemente lo que ha ocurrido con la vivienda en este país.
El crecimiento económico español de los años previos a la crisis estuvo ligado a la construcción desmedida de viviendas. Como se sabe, las entidades bancarias incentivaron la expansión desorbitada del sector mediante la concesión masiva e irresponsable de créditos hipotecarios. Política que no habría sido posible sin el apoyo de la (des)regulación pública. La construcción de vivienda fue tal, que hubo años en que se construyeron más que en Italia, Alemania y Francia juntas.
En este contexto, la necesidad humana de vivir bajo un techo, en conjunción con la ausencia de una política pública de vivienda adecuada, lanzó a muchas personas a la compra de viviendas. El precio de los inmuebles fue aumentando, o dicho de otra manera, la burbuja inmobiliaria se fue inflando, obligando a la gente a alcanzar niveles de endeudamiento peligrosos como única vía para poder pagar su vivienda. Este endeudamiento fue tal, que en el año 2008 la proporción entre endeudamiento y renta creció hasta el 140%.
Cuando esta burbuja estalló, la crisis financiera y económica que trajo consigo disparó las tasas de desempleo (actualmente son las mayores que hemos tenido). Y ahora mucha de la gente que se ha quedado en el paro está siendo desahuciada por no poder pagar su hipoteca.
Según la regulación actual, cuando una persona es desahuciada el banco se puede quedar con el 60% de su valor de tasación (si la subasta queda desierta, cosa que suele ser la regla), pudiendo exigir al o a la afectada el monto restante, más los intereses generados y los gastos de procedimiento judicial. El resultado es que la persona se queda en la calle y con una deuda que no le permitirá salir adelante.
Este breve resumen pretende mostrar cómo durante las últimas décadas en este país no se han tomado medidas que garanticen el acceso a la vivienda; el derecho a la vivienda ha sido supeditado al beneficio privado del mercado hipotecario y de las constructoras. Además, la regulación del mercado inmobiliario hace que la gente que ayer se hipotecó como única opción para acceder a una vivienda, hoy se puede encontrar en una situación de vulnerabilidad total. Hecho aún más sangrante si tenemos en cuenta las más de 3 millones de viviendas vacías que hay en este país, el rescate con dinero público a la banca, así como la inminente creación del banco malo.
Frente a esta situación estructural cabe preguntarse, ¿las medidas que propone esta ILP pretenden solucionar el histórico problema de acceso a la vivienda que hay en este país? No, la ILP “solo” pretende aportar una solución urgente que dé una segunda oportunidad a las familias que están sufriendo la vulnerabilidad que la actual legislación crea frente a una ejecución hipotecaria. Hay que defender esta ILP, porque es la única opción que pretende dar una solución real al conjunto de personas afectadas por las hipotecas.
¿Son sus puntos negociables? De ninguna manera. Analicemos las posibles modificaciones de los tres puntos que esta ILP propone, para demostrar el efecto que tendría su modificación.
Dación en Pago con carácter retroactivo. Imaginemos que se aprueba la dación en pago, pero se anula su retroactividad, ¿qué ocurriría? Toda la gente que ya ha sido desahuciada no se podría acoger a ella. No se puede ignorar la realidad de los más de 420.000 desahucios ya ejecutados.
Démosle una vuelta de tuerca más: ¿Y si en vez de dación en pago, se aprueba una moratoria? Ya existe una moratoria que se aprobó de acuerdo al RD 27/2012 y que por cómo está redactada, afecta a muy poca gente. Pero imaginémonos que todas las familias afectadas se pueden acoger a ella: ¿sería una solución? No, sería sólo un balón de oxígeno, pero al terminar la moratoria las familias se seguirían enfrentando al mismo problema; no sería una solución definitiva.
Paralización de desahucios de los deudores de buena fe. En una situación como la actual, es una aberración que los bancos que rescatamos con dinero público o los que se han enriquecido en el mercado inmobiliario, puedan desahuciar a personas que por causas ajenas a su voluntad (como el paro) no pueden pagar sus hipotecas. La anulación o modificación de esta medida generaría una vulnerabilidad atroz para la gente que se está quedando en el paro y que tiene que escoger entre pagar la hipoteca o comer.
Alquiler Social. La ILP pide que además de las dos anteriores medidas, el o la afectada pueda tener derecho a quedarse en la vivienda que da en dación, con un alquiler que no supere el 30% de los ingresos mensuales del arrendatario, durante cinco años. Poner un alquiler superior al 30% significaría someter al afectado, en mayor o menor medida, a las mismas condiciones bajo las que se encontraba cuando no podía pagar su hipoteca. Si se eliminara este punto de la ILP, supondría anular la solución habitacional que aporta, haciendo que incluso si la persona afectada obtuviese la dación en pago y cancelase su deuda, se quedara en la calle y sin poder tener acceso a la vivienda por la que ha estado pagando al banco durante años.
Lo que se pretende demostrar analizando lo que podría ocurrir si se tocaran los puntos de esta iniciativa, es que esta ILP define líneas rojas. Propone una solución de emergencia para dar una segunda oportunidad a rehacer su vida económica a gente que se ha visto afectada por condiciones del mercado inmobiliario y del mercado laboral ajenas a su voluntad. Es una ILP que aporta una alternativa dirigida a deudores de buena fe y a primeras residencias, no pretende ayudar a la gente que ha especulado con la vivienda. Toda rebaja de estos tres puntos supondría mantener una losa sobre las personas que han perdido su empleo por una crisis de la que no son responsables, y que han tenido que hipotecarse, bajo unas condiciones abusivas, ante la permisividad de la regulación establecida y en ausencia de alternativas habitacionales adecuadas, porque era la única forma de acceder a lo que en el artículo 47 de la Constitución se considera un derecho.
Rebajar estos tres puntos supondría desestimar la solución que más de 1.400.000 personas han avalado con sus firmas, dentro de una campaña que se ha desarrollado con muy pocos medios. Rebajar estos puntos demostraría las limitaciones del actual sistema político.
Artículo publicado en el periódico Madrid15-M nº 12 (marzo de 2013)
Carlos Huerga (@Chuerga) es miembro de PAH Madrid
Fuente: http://www.vientosur.info/spip.php?article7804
Ahora la ILP será discutida en el Congreso y, muy probablemente, los dos grandes partidos tratarán de modificarla distorsionando su contenido. En este momento, y una vez que la admisión a trámite ha salido en todos los medios, mucha gente se hace dos preguntas: ¿Por qué defender esta ILP? ¿Son sus puntos negociables?
Para contestar a la primera pregunta, hay que plantearse para qué sirven, y para qué no, las tres medidas que incluye la ILP: Dación en Pago con carácter retroactivo, paralización de desahucios y alquiler social. Para ello hay que explicar brevemente lo que ha ocurrido con la vivienda en este país.
El crecimiento económico español de los años previos a la crisis estuvo ligado a la construcción desmedida de viviendas. Como se sabe, las entidades bancarias incentivaron la expansión desorbitada del sector mediante la concesión masiva e irresponsable de créditos hipotecarios. Política que no habría sido posible sin el apoyo de la (des)regulación pública. La construcción de vivienda fue tal, que hubo años en que se construyeron más que en Italia, Alemania y Francia juntas.
En este contexto, la necesidad humana de vivir bajo un techo, en conjunción con la ausencia de una política pública de vivienda adecuada, lanzó a muchas personas a la compra de viviendas. El precio de los inmuebles fue aumentando, o dicho de otra manera, la burbuja inmobiliaria se fue inflando, obligando a la gente a alcanzar niveles de endeudamiento peligrosos como única vía para poder pagar su vivienda. Este endeudamiento fue tal, que en el año 2008 la proporción entre endeudamiento y renta creció hasta el 140%.
Cuando esta burbuja estalló, la crisis financiera y económica que trajo consigo disparó las tasas de desempleo (actualmente son las mayores que hemos tenido). Y ahora mucha de la gente que se ha quedado en el paro está siendo desahuciada por no poder pagar su hipoteca.
Según la regulación actual, cuando una persona es desahuciada el banco se puede quedar con el 60% de su valor de tasación (si la subasta queda desierta, cosa que suele ser la regla), pudiendo exigir al o a la afectada el monto restante, más los intereses generados y los gastos de procedimiento judicial. El resultado es que la persona se queda en la calle y con una deuda que no le permitirá salir adelante.
Este breve resumen pretende mostrar cómo durante las últimas décadas en este país no se han tomado medidas que garanticen el acceso a la vivienda; el derecho a la vivienda ha sido supeditado al beneficio privado del mercado hipotecario y de las constructoras. Además, la regulación del mercado inmobiliario hace que la gente que ayer se hipotecó como única opción para acceder a una vivienda, hoy se puede encontrar en una situación de vulnerabilidad total. Hecho aún más sangrante si tenemos en cuenta las más de 3 millones de viviendas vacías que hay en este país, el rescate con dinero público a la banca, así como la inminente creación del banco malo.
Frente a esta situación estructural cabe preguntarse, ¿las medidas que propone esta ILP pretenden solucionar el histórico problema de acceso a la vivienda que hay en este país? No, la ILP “solo” pretende aportar una solución urgente que dé una segunda oportunidad a las familias que están sufriendo la vulnerabilidad que la actual legislación crea frente a una ejecución hipotecaria. Hay que defender esta ILP, porque es la única opción que pretende dar una solución real al conjunto de personas afectadas por las hipotecas.
¿Son sus puntos negociables? De ninguna manera. Analicemos las posibles modificaciones de los tres puntos que esta ILP propone, para demostrar el efecto que tendría su modificación.
Dación en Pago con carácter retroactivo. Imaginemos que se aprueba la dación en pago, pero se anula su retroactividad, ¿qué ocurriría? Toda la gente que ya ha sido desahuciada no se podría acoger a ella. No se puede ignorar la realidad de los más de 420.000 desahucios ya ejecutados.
Démosle una vuelta de tuerca más: ¿Y si en vez de dación en pago, se aprueba una moratoria? Ya existe una moratoria que se aprobó de acuerdo al RD 27/2012 y que por cómo está redactada, afecta a muy poca gente. Pero imaginémonos que todas las familias afectadas se pueden acoger a ella: ¿sería una solución? No, sería sólo un balón de oxígeno, pero al terminar la moratoria las familias se seguirían enfrentando al mismo problema; no sería una solución definitiva.
Paralización de desahucios de los deudores de buena fe. En una situación como la actual, es una aberración que los bancos que rescatamos con dinero público o los que se han enriquecido en el mercado inmobiliario, puedan desahuciar a personas que por causas ajenas a su voluntad (como el paro) no pueden pagar sus hipotecas. La anulación o modificación de esta medida generaría una vulnerabilidad atroz para la gente que se está quedando en el paro y que tiene que escoger entre pagar la hipoteca o comer.
Alquiler Social. La ILP pide que además de las dos anteriores medidas, el o la afectada pueda tener derecho a quedarse en la vivienda que da en dación, con un alquiler que no supere el 30% de los ingresos mensuales del arrendatario, durante cinco años. Poner un alquiler superior al 30% significaría someter al afectado, en mayor o menor medida, a las mismas condiciones bajo las que se encontraba cuando no podía pagar su hipoteca. Si se eliminara este punto de la ILP, supondría anular la solución habitacional que aporta, haciendo que incluso si la persona afectada obtuviese la dación en pago y cancelase su deuda, se quedara en la calle y sin poder tener acceso a la vivienda por la que ha estado pagando al banco durante años.
Lo que se pretende demostrar analizando lo que podría ocurrir si se tocaran los puntos de esta iniciativa, es que esta ILP define líneas rojas. Propone una solución de emergencia para dar una segunda oportunidad a rehacer su vida económica a gente que se ha visto afectada por condiciones del mercado inmobiliario y del mercado laboral ajenas a su voluntad. Es una ILP que aporta una alternativa dirigida a deudores de buena fe y a primeras residencias, no pretende ayudar a la gente que ha especulado con la vivienda. Toda rebaja de estos tres puntos supondría mantener una losa sobre las personas que han perdido su empleo por una crisis de la que no son responsables, y que han tenido que hipotecarse, bajo unas condiciones abusivas, ante la permisividad de la regulación establecida y en ausencia de alternativas habitacionales adecuadas, porque era la única forma de acceder a lo que en el artículo 47 de la Constitución se considera un derecho.
Rebajar estos tres puntos supondría desestimar la solución que más de 1.400.000 personas han avalado con sus firmas, dentro de una campaña que se ha desarrollado con muy pocos medios. Rebajar estos puntos demostraría las limitaciones del actual sistema político.
Artículo publicado en el periódico Madrid15-M nº 12 (marzo de 2013)
Carlos Huerga (@Chuerga) es miembro de PAH Madrid
Fuente: http://www.vientosur.info/spip.php?article7804
03 marzo, 2013
USAR CONTRA VIENTO Y MAREA LAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS POPULARES
Imagen: Convocatoria semana de lucha en Madrid.
Antes eran requeridas 75.000 firmas; ahora 40. 000 en Andalucía. Es la comunidad autónoma que más exige. Normalmente no se aprueban, pero todo depende. El ejemplo es la prohibición de los toros en Cataluña. Está claro, con el ejemplo vasco y con el de la reciente victoria de Grillo en Italia, que para cambiar/ vencer el sistema HAY QUE HACERLO DESDE DENTRO.
http://noticias.juridicas.com/base_datos/busca-db-leg.php?organo=52
http://www.parlamentodeandalucia.es/opencms/export/portal-web-parlamento/composicionyfuncionamiento/organosvinculados/juntaelectoraldeandalucia/iniciativaslegislativaspopulares.htm
http://iniciativalegislativa15m.blogspot.com.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Iniciativa_legislativa_popular
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