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25 abril, 2014

DEUDA ODIOSA & DEUDA EXTERNA & FICCIÓN

¿Conoces la “teoría de la deuda odiosa”?

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Deuda odiosa, deuda execrable o deuda ilegítima, en Derecho internacional, es la teoría jurídica, puesta en práctica numerosas veces a lo largo de la historia, que sostiene que la deuda externa de un gobierno contraída, creada y utilizada contra los intereses de los ciudadanos del país, no tiene por qué ser pagada y por tanto no es exigible su devolución ya que los prestatarios habrían actuado de mala fe, a sabiendas, y por tanto dichos contratos —bonos o contratos comerciales— son nulos legalmente. En todo caso, tales deudas podrían considerarse personales debiendo responder quienes las hayan contraído a título personal —sea el monarca, el presidente, el director del banco central nacional o los ministros correspondientes— y no el Estado en su conjunto y por tanto los ciudadanos. En algunos aspectos, el concepto es análogo a la nulidad de los contratos firmados bajo coacción.
Esta doctrina está presente en la discusión sobre la obligación de pago de la deuda externa en aquellos países donde han existido dictaduras, monarquías absolutas, gobiernos no representativos e incluso gobiernos elegidos democráticamente que han contraído deudas a espaldas a sus ciudadanos, sin su consentimiento y con fines de enriquecimiento personal, enriquecimiento corporativo, para la represión social y política y, en todo caso, contra los intereses de los propios ciudadanos.
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Deuda externa por países (en 2005). Los países más desarrollados suelen tener las más altas cifras de deuda externa. La deuda odiosa es parte e incluso toda la deuda externa de un país. La deuda odiosa, según el economista Jeff King es aquella deuda externa contraída contra los intereses de la población de un país y con el completo conocimiento del acreedor.
Se ha esgrimido la deuda odiosa con frecuencia por los Estados Unidos para no hacerse cargo de las deudas contraídas por los países que pasaban a su órbita: desde lo que es calificado por algunos autores como independencia ficticia de Filipinas (1899-1901) y Cuba (1898-1902);hasta la administración de Irak por Estados Unidos durante la Guerra de 2003 que se negó a pagar las deudas contraídas con países como Francia. Hay que tener en cuenta que, en general, los apoyos externos a los procesos de independencia buscan ganar influencia política y económica -geoestratégica- y reducir o eliminar la influencia y poder de la metrópolis colonial.
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Definición de deuda odiosa

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Definición de Alexander Sack

La doctrina teórica de la deuda odiosa la formalizó Alexander Nahum Sack, un jurista ruso especializado en finanzas públicas que ejercería desde 1917 como profesor de derecho internacional en universidades de Europa y más tarde de Estados Unidos. La expuso en su tratado Les effets des transformations des Etats sur leurs dettes publiques et autres obligations financières (Efectos de las transformaciones de los Estados sobre sus deudas públicas y otras obligaciones financieras), publicado en París en 1927 cuando era profesor de derecho en el Instituto de Estudios Políticos de París. Alexander Sack, basándose en los precedentes del siglo XIX -entre los que incluía el rechazo por parte del Estado mexicano de las deudas contraídas por el Emperador Maximiliano I de México, y el rechazo por Estados Unidos, una vez que se anexionó la isla, de las deudas contraídas por Cuba siendo colonia española- definía en estos términos la deuda odiosa o deuda execrable:
“Si un poder despótico incurre en una deuda no por las necesidades o los intereses del Estado sino para otorgar mayor fuerza a su régimen despótico, para reprimir a la población que se le enfrenta, etc., esta deuda es odiosa para la población de todo el Estado. Esta deuda no es una obligación para la nación; es una deuda del régimen, una deuda personal del poder que la ha tomado, por lo tanto ésta cae con la caída del poder que la tomó. La razón por la que no se puede considerar que estas deudas odiosas graven el territorio del Estado es que dichas deudas no cumplen con una de las condiciones que determinan la legalidad de las deudas del Estado, que dice: las deudas del Estado deben ser tomadas y los fondos deben ser empleados para satisfacer la necesidades y los intereses del Estado.
Las deudas odiosas tomadas y usadas con fines que, con el conocimiento de los acreedores, son contrarios a los intereses de la nación, no comprometen a esta última -en el caso que la nación tenga éxito en liberarse del gobierno que incurrió en ellas- excepto por la cantidad con la que obtuvo beneficios de esas deudas. Los acreedores han cometido un acto hostil para con la población; ellos, por lo tanto, no pueden esperar que la nación liberada de un poder despótico asuma las deudas odiosas, que son deudas personales de ese poder”
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Definición de Jeff King

El economista Jeff King, después de aclarar que no es “su” definición sino un resumen de todo cuanto leyó acerca de la deuda execrable u odiosa, la define con clara precisión:
“Deudas odiosas son aquellas contraídas contra los intereses de la población de un país y con el completo conocimiento del acreedor”
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Las tres características para identificar una deuda odiosa

Para Alexander Sack las tres características que permiten identificar una deuda odiosa son las siguientes:
  • 1 – El gobierno del país recibe un préstamo sin el conocimiento ni la aprobación de los ciudadanos.
  • 2 – El préstamo se destina a actividades no beneficiosas para el pueblo.
  • 3 – Aunque el prestamista está informado de la situación descrita en los puntos anteriores concede el préstamo -normalmente por el alto interés que recibirá-.
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Deuda odiosa a lo largo de la historia

La teoría de la deuda odiosa ha sido aplicada -con el objetivo de no pagar deudas contraídas- no solamente durante los siglos XIX, XX y XXI; existen antecedentes que se remontan a Mesopotamia y Egipto.
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Eliminación de deuda en Mesopotamia y Antiguo Egipto – milenios III a I a. C.

Eric Toussaint señala que se han constatado hasta 30 anulaciones de deuda, cuatro de ellas fueron anulaciones generales de deuda durante el reinado de Hammurabi (en 1792, 1780, 1771 y 1762 a. C.) aunque se habrían producido anulaciones de deuda que se remontarían hasta el año 2400 antes de C. El contenido de la Piedra Rosetta confirmaría también la tradición de la anulación de las deudas que se instauró en el Egipto de los faraones a partir del siglo VIII a. C., antes de su conquista por Alejandro Magno en el siglo IV a. C. En la Piedra Rosetta se lee que el faraón Ptolomeo V, en 196 a. C., anuló las deudas debidas al trono por el pueblo de Egipto. Existen pruebas de anulación de deuda por otros faraones, Ramsés III, Ramsés IV así como el faraón Bakenrenef.
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Siglo XIX

Deuda odiosa de la Independencia del Perú – 1821 – La deuda colonial

El general José de San Martín, una vez conquistada Lima el 10 de julio de 1821, y al poco de asumir el cargo de Protector de la libertad de Perú, promulgó un Estatuto provisional que contiene posiblemente el primer antecedente normativo de la aplicación de la deuda odiosa, al proclamarse que el nuevo gobierno no debía pagar la deuda contraída por las autoridades del Virreinato del Perú ya que los fondos así conseguidos habían sido utilizados contra el pueblo de Lima y del Perú.
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Deuda odiosa de Miguel I de Portugal – 1832 – La deuda de la guerra

Pedro I de Brasil requirió a su hermano, Miguel de Braganza, que asumiera la regencia del reino de Portugal el 3 de julio de 1827, pero antes le pidió jurar lealtad a la Constitución y respetar los derechos de la princesa María de Braganza y Austria, hija de Pedro y aún menor de edad. Miguel aceptó, llegando a Lisboa el 22 de febrero de 1828, pero juró lealtad a la Constitución a duras penas. Creyente en el absolutismo real, Miguel recibió el apoyo de la aristocracia conservadora y absolutista y poco después renunció al rol de Lugarteniente General del Reino para disolver las Cortes el 13 de marzo de 1828, siendo proclamado monarca absoluto el 7 de julio de 1828.
Miguel intentó conseguir ayuda internacional para su régimen pero en 1831, su hermano Pedro abdicó del trono del Imperio de Brasil y ocupó las islas Azores junto con Madeira, e inició una guerra civil entre ambos hermanos. Tras tres años de guerra, Miguel fue derrotado debido a su régimen excesivamente violento y brutal, además de enemistarse con los gobiernos de Gran Bretaña, Francia, y España. Con varias derrotas militares y con grandes deudas, Miguel se debió abdicar el 26 de mayo de 1834 y fue enviado al exilio por el vencedor Pedro.
En este caso, el rey Pedro declaró que su gobierno no pagaría las deudas contraídas por su hermano Miguel con banqueros extranjeros, alegando que el régimen de Miguel era ilegítimo desde sus inicios por haber destronado a María de Braganza y Austria, auténtica heredera del trono, siendo que los acreedores de Miguel conocían perfectamente de esta situación.
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Deuda odiosa de Maximiliano I de México – 1867 – La deuda del monarca

En 1864 Maximiliano I de México accedió al trono con el apoyo de Napoleón III quien había invadido México con tropas francesas para exigir el pago de las deudas del gobierno de Benito Juárez en 1861. Maximiliano I tenía además tenía el apoyo de la opinión católica y conservadora -frente a los liberales de Benito Juárez, que contaban con el apoyo popular-. Maximiliano fue perdiendo apoyos -hasta de Napoleón III- y tuvo que enfrentarse a las fuerzas republicanas liberales que obligaron a Maximiliano a pedir ayuda económica al exterior, contratando diversos empréstitos. Las fuerzas liberales ganaron varias victorias hasta que en 1867 avanzaron hasta Querétaro, uno de los últimos bastiones imperiales. En esa ciudad fue capturado Maximiliano con sus generales Miguel Miramón y Tomás Mejía, siendo los tres sentenciados a muerte, lo que se ejecutó en el Cerro de las Campanas el 19 de junio de 1867.
Maximiliano había pedido préstamos a un alto interés a banqueros europeos, obteniendo fondos que fueron utilizados contra la sublevación de los republicanos. Ante ello, cuando dichos banqueros pretendieron cobrar a México las deudas contraídas en nombre de Maximiliano, el gobierno de Benito Juárez decretó que ese dinero había sido usado “contra el propio pueblo de México” y por tanto se rechazarían estas cobranzas. Idéntico argumento usó Estados Unidos, simpatizante de Juárez, para declarar la deuda odiosa o ilegítima-.
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Deuda odiosa de la Independencia de Cuba – 1898 – La deuda de la derrota

En 1898 los Estados Unidos salieron victoriosos de la Guerra Hispano-Estadounidense en la que Cuba -colonia española- estaba en juego. Cuba fue separada de la colonia española, así como Puerto Rico y Filipinas que quedaron bajo protectorado de Estados Unidos. Después de la guerra España reclamó el pago de la deuda. En una reunión en París, Estados Unidos sostuvo que la deuda era odiosa, pues había sido impuesta en su único interés, sin el consentimiento del pueblo y sirvió para reprimir el movimiento de liberación de Cuba. España aceptó el argumento y Cuba se vio librada del pago de la deuda colonial.
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Siglo XX

Deuda odiosa de Costa Rica – 1923 – Caso Tinoco

En 1923 se emitió el Laudo Arbitral de William H. Taft, ex magistrado de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en favor del recién formado gobierno de Costa Rica contra una reclamación de Gran Bretaña. En este Laudo se estableció que el pago de una deuda de 250.000 dólares correspondía personalmente a Federico Tinoco Granados, ex presidente costarricense, quien había solicitado ese préstamo al Royal Bank of Canada violando normas internas de Costa Rica.
El Laudo consideró que esa deuda no debería ser asumida por la población de Costa Rica ni por su gobierno legítimo, en tanto Tinoco Granados había contraído la deuda en calidad de presidente de Costa Rica pero vulnerando las leyes de su país para esta clase de compromisos, siendo que el Royal Bank of Canada conocía las procedimientos legales fijados por la ley costarricense pero aun así aceptó prestar dinero a Tinoco, además de haberse usado el dinero prestado para beneficio personal de Tinoco y evitar la implantación de un régimen democrático y legítimo.
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Deuda odiosa de Alemania – Acuerdo de Londres de 1953

El acuerdo de Londres de 1953 sobre las deudas privadas alemanas, contraídas en el período anterior a la Segunda Guerra Mundial ascendía a 22.600 millones de marcos; a dicha deuda había que sumar de la deuda de la posguerra estimada en 16.2000 millones. Los acreedores (Estados Unidos, Reino Unido y Francia) acordaron reducir esa deuda un 62,6%. La reducción de la deuda de la República Federal Alemana (RFA) fue clave para su rápida reconstrucción después de la segunda guerra mundial.
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Siglo XXI

Deuda odiosa en Argentina – 2001 – La mayor suspensión de pagos de la historia

En 1998 se produjo una gran recesión en Argentina coincidiendo con el final del segundo mandato de Carlos Saúl Menem. El 24 de octubre de 1999, la Alianza encabezada por Fernando de la Rúa y Carlos Álvarez, ganaron las elecciones al binomio peronista Eduardo Duhalde – Ramón Ortega, y fueron proclamados presidente y vicepresidente de Argentina. El gobierno de Menem dejó un elevado déficit fiscal, de 7.350 millones de pesos en 1999,por lo que de la Rúa tomó severas medidas de ajuste con el propósito de sanear las finanzas, manteniendo el tipo de cambio anclado al dólar estadounidense llamado convertibilidad.
En enero 2000 se produjo un aumento impositivo sobre las clases medias y altas que con la intención de mejorar las finanzas públicas consiguió frenar una incipiente reactivación. El peso de la deuda externa ahogaba al gobierno y aumentaba el déficit fiscal con la posibilidad de que el estado entrara en suspensión de pagos, alimentaba la posibilidad de un pánico bancario o corrida bancaria.
En marzo de 2001 comenzó la fuga de depósitos de los bancos. En enero de 2001 había depósitos por US$ 85.000 millones, para marzo se habían perdido más de 5.000 millones. En junio de 2001, el gobierno de De la Rúa pidió ayuda complementaria al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a los bancos privados para reducir la presión de la deuda externa realizando el llamado “Megacanje” por US$ 29.500 millones. Sin embargo, la recesión y la fuga de capitales continuaron a ritmo acelerado, con el agravante adicional del descontento provocado por las medidas de ajuste que formaban parte de las condiciones solicitadas por el FMI a cambio de su ayuda.
Tras la caída de De la Rúa, Adolfo Rodríguez Saá fue nombrado presidente por la Asamblea Legislativa y declaró el Canje de la deuda argentina (default o suspensión de pagos) de la deuda pública de la Argentina, la mayor suspensión de pagos de un Estado en la historia. Acabó dimitiendo, entre otras razones, por no querer abandonar la convertibilidad. La suspensión fue la consecuencia de la aplicación de políticas neoliberales que facilitó la estafa de miles de millones de dólares por los bancos extranjeros y empresas multinacionales. Activos y recursos de Argentina fueron saqueados.
El sistema financiero se utilizó por Citibank, Credit Suisse, y JP Morgan para el lavado de dinero. Se produjo una transferencia masiva de riqueza y el empobrecimiento de la sociedad argentina. El 3 de enero de 2002 fue nombrado presidente Eduardo Duhalde. El 6 de enero de 2002, el presidente Eduardo Duhalde decidió dar fin a la Ley de Convertibilidad que había estado en vigor durante diez años.Para autores como Alejandro Olmos Gaona, hijo del gran experto en deuda externa Alejandro Olmos el origen de la deuda, las comisiones de los intermediarios y sus renegociaciones constituyen un claro fraude.
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Deuda odiosa en Irak – 2003 – La deuda odiosa que no cobra Francia

En 2002, antes de la invasión los Estados Unidos -que no querían administrar un país con una enorme deuda que les impediría actuar con libertad y sobre todo sacar el máximo beneficio económico al petróleo irakí. Decidió que el primer gobierno provisional declarara la suspensión del pago de la deuda con la excusa de que no debía cargarse sobre los ciudadanos de Irak. En abril de 2003 el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, en una reunión del G-8 convocada al efecto declara que la deuda de Irak es odiosa. Los acreedores principales son Francia y Rusia -grandes suministradores de armamento-. Estados Unidos hizo todo lo posible por que no se utilizara el término deuda odiosa ya que su argumento en Irak podía ser utilizado en muchos otros países. Una reunión del club de París acordó la reducción del 80% de la deuda odiosa iraquí con el acuerdo de no mencionar el nombre de deuda odiosa.
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Deuda odiosa en Ecuador – 2008 – La política contra la deuda injusta

Rafael Correa, Ministro de Hacienda en 2005, consideraba que el 80% del dinero obtenido por el petróleo ecuatoriano debía destinarse a la población y solamente el 20% al pago de la deuda. Esas afirmaciones hicieron que el Banco Mundial amenazara a Ecuador con cerrar los préstamos; antes dichas amenazas Correa dimitió como ministro alegando que no iba a someterse al mandato del Banco Mundial. En 2008, ya como Presidente de Ecuador Rafael Correa declaró que la deuda contraída por Ecuador era una deuda ilegítima, odiosa e inconstitucional que obligaba a destinar más del 50% de los recursos económicos del Estado a pagar la deuda. Correa manifestó: Lo primero es la vida, después la deuda. El gobierno de Rafael Correa tuvo que enfrentarse a las amenazas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, expulsó a los enviados del FMI del Banco Central de Ecuador, creó un Comité de Auditoría que concluyó que gran parte de la deuda de los gobiernos anteriores era ilegítima, especialmente los contratos de deuda del año 2000. El informe fue trasladado tanto al gobierno como a los ciudadanos de Ecuador.
El Gobierno de Rafael Correa declaró el cese de pagos del 70% de la deuda de Ecuador en bonos. Ante el cese de pagos los acreedores o tenedores de la deuda de Ecuador sacaron al mercado, con valores muy bajos -sobre el 20% de su valor-, los bonos de deuda ecuatoriana. Ecuador, de forma secreta, utilizó 800 millones de dólares para comprar 3.000 millones de su propia deuda, lo que supuso una reducción de su deuda real y de los intereses así como un ahorro de unos 7.000 millones de dólares para Ecuador.
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Deuda odiosa en Haití – 2010 – La familia Duvalier

El terremoto de Haití de 2010 puso en evidencia la imposibilidad de que Haití pudiera pagar la deuda externa contraída a lo largo de muchas décadas durante gobiernos dictatoriales y caracterizados por una altísima corrupción política, como los de la familia Duvalier (François Duvalier, Jean-Claude Duvalier) que dominaron la vida política haitiana durante gran parte del siglo XX.
Además, numerosas organizaciones civiles consideran que la mayoría de la deuda externa de Haití podría calificarse como deuda odiosa ya que se concedió a dictaduras con niveles elevadísimos de corrupción aun cuando los acreedores conocían bien estas características de los gobiernos haitianos con quienes se pactaron los préstamos; otra importante crítica es que el dinero así obtenido nunca benefició realmente al Estado haitiano o a su población y habría pasado apenas a engrosar la riqueza personal de la familia Duvalier. A raíz del terremoto del 2010, incluso el Club de París -organización de los principales países acreedores de todo el mundo-, en su reunión de 19 de enero de 2010 alentó la condonación de la deuda externa haitiana ante las evidentes dificultades financieras de este país, agravadas por la devastación del terremoto, considerando además la constatación de la imposibilidad absoluta de su pago.
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Siglo XXI – Reclamaciones de deuda odiosa

La reclamación de auditorías sobre la deuda de los estados se plantea en contraposición a los planes de ajuste impuestos desde organismos extranacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. El objetivo es conocer quién ha contraído la deuda, cuándo y a cuánto asciende para establecer qué cantidad puede considerarse como deuda odiosa o iletígima que no debería ser pagada por los ciudadanos -ni por los estados-.
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Reclamación de deuda odiosa de Ben Alí en Túnez – 2011 – Protestas árabes

En 2011 organizaciones como Actuable y CADTM (Comité para la anulación de la deuda en el Tercer Mundo) reclamaron la auditoría para determinar la cuantía de deuda odiosa por los préstamos concedidos a Ben Alí durante su mandato de 23 años como Presidente de Túnez con una deuda acumulada de 10.000 millones de euros. La Revolución tunecina que comenzó el 17 de diciembre de 2010 acabó con la presidencia de Ben Alí quien huyó del país el 14 de enero de 2011. Él y su familia habían ejercido un control directo sobre la economía del país lucrándose personalmente.
En 2013 representantes de partidos de izquierda del Magreb y también de Europa se reunieron en el Foro Mediterráneo contra la Deuda manifestando su apoyo al Frente Popular de Túnez -unión de 12 partidos progresistas- con el objeto de oponerse al gobierno de corte islamista y reclamar el fin del pago de la deuda odiosa.
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Reclamación de auditorías de la deuda pública en Europa y deudas odiosas

Organizaciones como ATTAC reclaman la realización de auditorías de la deuda pública de cada estado miembro de la Comunidad Europea así como la reestructuración de la deuda y la cesación inmediata de toda deuda pública dolosa, ilegítima u odiosa. Además demandan un acuerdo que obligue al BCE a emitir a bajo precio para cualquier estado que lo necesite para sanear su deuda pública legítima y la armonización fiscal en toda la zona euro: descenso de impuestos indirectos y un incremento de los impuestos directos y progresivos, especialmente a las rentas del trabajo más altas y a las rentas del capital, tanto empresariales como mobiliario e inmobiliario, instauración del impuesto a las transacciones financieras especulativas (ITF) y erradicación de los paraísos fiscales (PPFF) en Europa y prohibición de cualquier transacción financiera y/o productiva con cualquiera de los restantes en el mundo.
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Reclamación de deuda odiosa sobre Grecia – 2011

La Crisis financiera en Grecia de 2010 habría dejado al descubierto la realidad de una deuda histórica acumulada por los gobiernos democráticos pero sin su conocimiento o al menos sin el conocimiento pleno de muchos ciudadanos y organizaciones griegas (véanse los documentales Deudocracia y Catastroika) que demandan una auditoría a la deuda griega para conocer con exactitud su origen, sus deudores y su legitimidad.
A la vista de la posible suspensión de pagos de la deuda los planes europeos para de renegociación de préstamos podrían suponer, encubiertamente, una reducción de la deuda o lo que se llama un impago selectivo de la deuda externa. La Campaña por la Auditoría de la Deuda Griega fue introducida por economistas e investigadores griegos en marzo de 2011 a la vista de la perdida de derechos sociales, bajadas de sueldos y pensiones impuestos por la troika (FMI, BCE y Comisión Europea) y que habrían sido inútiles para el previsto control de la deuda externa. Para el historiador Edmundo Fayanas,frente a la condonación de las deudas alemanas contraídas como vencido en la Primera guerra mundial y en la Segunda guerra mundial -véase en este sentido el Acuerdo de Londres de 1953 sobre la deuda alemana- resultaría escandaloso el comportamiento de Alemania con Grecia durante su crisis financiera iniciada en 2010 ya que se hace evidente una falta absoluta de memoria histórica por parte de Alemania.
El país griego fue sancionado a dar compensaciones de guerra a Alemania desde el año 1881, por sus conflictos anteriores. Dichas compensaciones nunca han sido canceladas ni perdonadas por los alemanes. En el año 1964, Alemania logró que tanto el PASOK -socialistas- como Nueva Democracia -conservadores-, reconocieron las deudas históricas junto con los intereses. Según Fayanas Alemania tiene con Grecia una deuda histórica que nunca ha pagado: Hitler invadió Grecia en 1941 imponiendo un préstamo al país griego por 3.500 millones de dólares para arreglar los destrozos de la ocupación militar alemana.
Acabada la II Guerra Mundial Alemania recompensó a Polonia en el año 1956 y a Yugoslavia en 1971 con 20.000 millones de dólares quedando Grecia sin recibir compensación a pesar de haberla solicitado nueve veces a Alemania. Actualizada en 2010, la deuda de Alemania con Grecia alcanzaría la cifra de 163.800 millones de dólares además de las repraciones de guerra que se han calculado en 332.000 millones, es decir, un total de 495.800 millones de dólares, cantidad suficiente para que Grecia saldará todas sus deudas provocadas por la crisis financiera en Grecia de 2010-2013 evitando por tanto el sufrimiento de la población provocado por Alemania y la Unión Europea. Jacques Depla -economista francés que fuera asesor del ex presidente francés Nicolás Sarkozy-, calculó en 2011 la deuda alemana con Grecia en 575.000 millones de dólares.
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Reclamación de deuda odiosa sobre Portugal – 2011

Desde diversas organización como CDTAM se considera que la deuda de Portugal debe auditarse y considerarse en buena medida deuda odiosa. Éric Toussaint, presidente del Comité para la anulación de la deuda en el Tercer Mundo de Bélgica considera que los nuevos créditos que otorgan el Banco Central Europeo y el FMI son deuda odiosa ya que los ciudadanos no son consultados imponiéndose medidas que son una violación de los derechos humanos, civiles, democráticos y sociales de los portugueses.
Es por tanto una deuda ilegítima, aunque sea contratada por un gobierno democrático electo, ya que utiliza la nueva deuda para pagar antigua deuda sin la aprobación de los ciudadanos que se les hurta cualquier otra opción democrática. Los ciudadanos deben exigir una auditoría que permita conocer exactamente cuánta es la deuda, quienes son los acreedores y para qué se ha utilizado. Sin conocer esos extremos cualquier decisión es antidemocrática además de no resolver ningún problema.
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Reclamación de deuda odiosa sobre Irlanda – 2011

Por las mismas razones que Portugal, Éric Toussaint considera que la deuda de Irlanda es una deuda odiosa ya que no se permite a los ciudadanos conocer los detalles ni decidir sobre ellos.
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Reclamación de deuda odiosa sobre España – 2011

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Composición de la deuda en España – 2012. Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD)
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Por las mismas razones que Portugal, Grecia e Irlanda se reclama por colectivos como quiendebeaquien (ATTAC, Ecologistas en acción) promueven desde 2011 una auditoría de la deuda externa de España para poder establecer qué parte de ella puede considerarse deuda ilegítima.
El coordinador de Izquierda Unida, Cayo Lara, después del anuncio, el 11 de julio, por el Presidente del Gobierno Mariano Rajoy de amplios recortes económicos aprobados el 13 de julio de 2012, manifestó la necesidad de una auditoría externa de la deuda soberana ya que se estaría obligando a pagar a los ciudadanos los excesos de bancos y especuladores.
Mónica Oltra, de la coalición política valenciana Compromís señala que debe declararse deuda ilegítima aquella que no ha beneficiado a la sociedad y a la que se reclama su pago.55 . Asimismo, Joan Baldoví, también diputado de Compromís pero en el Congreso de los Diputados, registró el 18 de octubre de 2012 en nombre de su formación una enmienda a la totalidad para los Presupuestos Generales del Estado de 2013 en la que se identificaba la deuda ilegítima y se instaba a no pagarla.
El 21 de marzo de 2013, Compromís presentó un informe de auditoría de las cuentas de la Generalidad Valenciana en el que identificaba la deuda ilegítima y la cuantificaba en 2.942 millones de euros. . Todas estas actuaciones derivan de la campaña “Rescatem persones” (“Rescatemos personas”, en catalán) que lanzó en junio de 2012 como alternativa al rescate bancario y inspirada en la revolución islandesa. Uno de los puntos de la campaña exigía una auditoría sobre la legitimidad de la deuda y suspender su pago hasta que se determinase qué parte es legítima y qué parte ilegítima.
Diversas asociaciones y movimientos sociales, organizados bajo la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, abogan por una auditoría ciudadana sobre la deuda que permita conocer su origen, repudiar toda 
la deuda ilegítima y encausar a los responsables de la depresión económica.
En junio de 2013 el líder de UGT, Cándido Méndez, declaró que había llegado la hora de plantearse seriamente una quita de la deuda que impide el funcionamiento de la economía española. Alertó de que España podía acabar rescatada como Grecia si siguen las políticas de austeridad. También criticó la propuesta realizada por el Banco de España de rebajar el salario mínimo.
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Movimiento por la abolición de la deuda

A partir de los años noventa creció a escala internacional un importante movimiento a favor de la abolición de la deuda externa, ligado al ascenso del movimiento antiglobalización. Uno de sus momentos álgidos fue durante la cumbre del G8 de Birmingham en 1998. Desde entonces el movimiento por la abolición de la deuda ha estado presente en las actividades del movimiento antiglobalización y en el Foro Social Mundial. En 2008, diez años después de la cumbre de Birmingham, a modo de balance de la trayectoria del movimiento, la autora y activista antiglobalización Esther Vivas señaló que: “las protestas contra la deuda consiguieron algunos avances, especialmente, en el terreno de lo simbólico y en la percepción que la sociedad tenía de esta problemática.
En los países acreedores, se difundieron las causas y las consecuencias de su pago y los vínculos con la pobreza. Mientras que en los países deudores, se puso énfasis en la responsabilidad de las instituciones internacionales en la generación y el mantenimiento de esta deuda. Sin embargo, en el terreno institucional, más allá de situar la cuestión de la deuda en la agenda política, los cambios conseguidos fueron muy pocos.”
Un artículo reciente de los economistas Seema Jayachandran y Michael Kremer ha renovado el interés en este tema. Los autores proponen que debe crearse un nuevo tipo de sanción económica para bloquear préstamos adicionales a dictaduras y dictadores.
En España la organización Red por la Abolición de la Deuda Externa y la restitución de la Deuda Ecológica, constituida en 2006, lanzó la campaña ¿Quién debe a quién? para la abolición de la deuda externa.

24 noviembre, 2013

SOBRE LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE ANDALUCÍA


Imagen: Archivo público General de Andalucía. Imagen realizada por el ahora director del Centro Andaluz de la Fotografía Pablo Juliá y entonces fotógrafo de la ex Oficina del Portavoz. En la imagen los que apostaron por el desarrollo del Sector Terciario de Andalucía y el subdesarrollo del tejido socioeconómico e industrial de la misma. 

Lugar: Biblioteca privada de Blas Infante Pérez en Coria del Río (Sevilla).
 
 
 
SOBRE LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE ANDALUCÍA

            El 23 de octubre pasado se hicieron públicos los resultados de la Encuesta de Población Activa para el tercer trimestre de este año. En Andalucía, estos resultados vuelven a poner de relieve la gravedad de la situación en que nos encontramos. En este tercer trimestre, 6.900 personas paradas más que en el trimestre anterior; en los últimos doce meses, 23.100 parados más; el  millón y medio de parados, cada vez más cerca: 1.447.300 en este tercer trimestre. Mientras tanto, en el Estado bajó el paro en 72.800 personas. Con los ocupados ha pasado algo semejante. En Andalucía el número de personas ocupadas descendió en 52.300 en relación con el trimestre anterior; en el Estado la ocupación ha crecido en 39.400 personas. No sólo seguimos a la cabeza del paro en la Unión Europea, sino que la brecha continúa agrandándose: nuestra tasa de paro es ya del 36,4%, más de diez puntos por encima de la media española. Una tasa que se vería aumentada si contáramos a la gente que ya ni siquiera declara que busca empleo ante la dificultad para encontrarlo; esos a los que desde el sistema se consideran “desanimados”.
            El paro, como sabemos, es además, históricamente, en nuestra tierra, una herida permanente; cuando se inició el posfranquismo, se presentaba como el principal problema a resolver. En 1981 en Andalucía había 387.100 parados. Más de tres décadas después, nuestro principal problema se ha multiplicado casi por cuatro. En todos estos años, el número de personas desempleadas siempre estuvo por encima de los existentes al inicio del período y puede decirse que desde entonces el paro en Andalucía ha ido en ascenso, con el paréntesis del “boom” inmobiliario, un negocio especulativo que enriqueció a unos pocos a costa de lamentables consecuencias para la mayoría. Durante este “boom” el paro se redujo en 387.400 personas. Desde que explotó la burbuja, en 2007, ha habido un aumento de 995.700 parados en Andalucía. El paro, como ya sabíamos, no es una cuestión coyuntural o circunstancial en nuestra tierra. Es un problema secular que se ha visto profundizado en las últimas décadas.
            Un paro asociado a condiciones especialmente desventajosas en el mercado de trabajo: casi cuarenta de cada cien parados andaluces o andaluzas lleva más de dos años en paro (39,6%), más de la mitad de los parados  –el 56,2%- no recibe prestaciones por desempleo (cinco puntos por debajo de la media española), la tasa de prestaciones contributivas es del 17,5%, frente al 26,7% como media en el Estado, los salarios están en Andalucía un 10% por debajo de la media de los de la economía española. Condiciones que se traducen en ingresos por persona un 25,3% por debajo de la media en el Estado, o en una población en situación de pobreza o exclusión social que llega en Andalucía al 38,6% frente al 27,0% como media estatal.
            Una situación social y económica dramática para una gran cantidad de andaluces y andaluzas, resultado de la trayectoria que viene siguiendo Andalucía, especialmente en los últimos treinta años, en los que hemos seguido profundizando el camino que ya traíamos. Frente a ella, la Junta de Andalucía, ha venido, como principal ocupación, alimentando la dinámica económica que provoca la situación que padecemos.  Pensemos, como ejemplo, en su complicidad en la creación y el desarrollo de la burbuja inmobiliaria, facilitando y participando activamente en un “aquelarre” que en Andalucía tuvo una dimensión muy por encima de la media en el conjunto del Estado y cuyos costes sociales y ambientales, en gran medida irreversibles, estamos ahora pagando. Desde el sistema político instituido se contribuyó con entusiasmo a “ordenar” el territorio andaluz a golpe de convenios urbanísticos urdidos a espaldas, o, como ha quedado meridianamente claro después, en contra de la gente, en la trastienda de partidos políticos y empresas. Los profesionales de la política actuaron como gestores o “conseguidores” de negocios hechos en beneficio de ellos mismos y de unos pocos que llenaron sus bolsillos hipotecando el futuro del resto. Un despropósito que se paró “a pesar” de sus promotores y beneficiarios políticos y empresariales. Los mismos que, en medio de condiciones menos favorables, continúan empeñados en que siga el negocio, insistiendo en la conveniencia de poner en marcha actuaciones parecidas, ligadas a la construcción, que muevan grandes cantidades de dinero; megaproyectos que suponen una clara continuidad con la etapa anterior y que hoy toman forma de dragado del puerto o “ciudad de la imagen” en Sevilla, “ensanche sur” en las Marismas del Titán, en Huelva, -“el mayor ‘desarrollo’ urbanístico y comercial de la ciudad de Huelva en los últimos 20 años”-, “El Palmar Gran Resort”, megaproyecto hotelero en la playa de Vejer, macroproyecto urbanístico en el cabo de Gata. Son algunos de los testigos de este empeño por reanimar lo que nos trajo hasta aquí. Algunos ejemplos que pueden ilustrar lo que desde el sistema se entiende por “recuperación”.
Mientras tanto, el Censo de Viviendas de 2011 registró 637.200 viviendas vacías en Andalucía. Esto significa que, en medio de una situación social como la que antes mostrábamos, están sin utilizar un número de viviendas que viene a ser la mitad del número de viviendas construidas en los años de la burbuja inmobiliaria. Al mismo tiempo, en 2012 se llevaron a cabo 13.638 desahucios en Andalucía. ¿Qué clase de economía es esta que se nos impone y que va, no sólo tan en contra nuestra, sino incluso tan en contra de los más elementales principios de sentido común?. ¿Cómo podemos soportar todavía oír hablar, sin que pase nada, de “eficiencia”, de “productividad”, de “competitividad” y de “recortes” en medio de toda esta desmesura?
Tratando de continuar en el poder –en realidad al servicio del poder-, y legitimar este sistema, se manifiestan contra las políticas neoliberales y los recortes quienes a la vez han diseñado y están diseñando y aplicando estas políticas y los recortes. Es el caso del PSOE en Andalucía, que no sólo gestiona y acepta los recortes, sino que lo hace de manera ejemplar. Como señalaba en una declaración el colectivo Andaluces de Alcalá -integrado en Asamblea de Andalucía-, según los datos del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, Andalucía ha perdido en 2012 un total de 16.343 empleos en su administración, el 6,4% del personal contratado, de modo que el Gobierno de la Junta de Andalucía se encuentra hoy a la cabeza de los recortes en el empleo público. Sólo la Comunidad Autónoma de Murcia ha despedido más empleados públicos en términos de tantos por ciento. El 88% de estos despidos tuvieron lugar en los sectores “intocables” de la Sanidad y la Educación. Pero no nos referimos sólo a esta aplicación ejemplar de las políticas neoliberales, sino también al propio diseño de las mismas. Porque se culpa a Bruselas de imponerlas, -en realidad las impone el capital financiero a través de sus gestores en la política-, pero ¿quién “gobierna” en Bruselas? ¿No “gobiernan” Bruselas las versiones europeas del PSOE y el PP? Como muestra, ahí tenemos a un miembro destacado del PSOE, comisario europeo de la competencia y vicepresidente de la Comisión Europea-, Joaquín Almunia, guardián del orden “comunitario”, advirtiendo de que “las propuestas de Bruselas son órdenes para España” (El País, 25 de junio de 2013), además de amenazar como portavoz de Bruselas, de que Cataluña “se quedará fuera de la Unión Europea” si se separa de España.
Claro que por si teníamos alguna duda de la envergadura de la traición de quienes se dicen “nuestros representantes” ahí tenemos los paliativos que desde “la izquierda” se ofrecen a nuestra lamentable situación socioeconómica: los Decretos de Vivienda y Exclusión social de la Junta de Andalucía. En el caso del decreto llamado “de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda”, los mismos que han alimentado y se han beneficiado del crecimiento desmesurado de la construcción de viviendas con fines especulativos, tienen la osadía de denunciar, en la exposición de motivos del Decreto, la existencia en Andalucía de “un desorbitado parque de viviendas sin uso o infrautilizado y una demanda insatisfecha”. Planteado después de una fuerte presión social con motivo de los desahucios, -uno de los resultados más sangrantes de la estrecha colaboración entre banqueros y políticos-, el Decreto, pregonado a bombo y platillo como decreto “antidesahucio”, proponía algo no muy diferente de lo que ya había propuesto el PP: prorrogar los desahucios, tres años en lugar de dos como los aplazaba el PP. Suspendido a sus tres meses de vigencia, en una muestra más de que esta autonomía no nos sirve, han llegado a prorrogarse 12 casos de desahucios, de las varias decenas de miles pendientes. En el caso del Decreto sobre “medidas urgentes contra la exclusión social”, la parte más importante se dedica a ayudas para contratar a personas desempleadas por parte de los ayuntamientos. En Andalucía hay más de tres millones de personas por debajo del umbral de la pobreza o en exclusión social. Con lo presupuestado en el Decreto, 40 millones de euros, si fueran 40.000 personas las que se beneficiaran de un contrato al año cabrían a 83 euros mensuales por persona. “El señor don Juan de Robres, con caridad sin igual, hizo este santo hospital… y también hizo los pobres” (Iriarte). ¿Hasta cuándo estaremos dispuestos a seguir soportando esta situación? 

ASAMBLEA DE ANDALUCÍA
24 de noviembre de 2013

12 octubre, 2013

PREGUNTAS RARAS SOBRE ECONOMÍA


Ametzazurra.- La evolución de la crisis económica en España está dando lugar a situaciones extrañas de las que, sin embargo, no se habla lo suficiente, tal vez por la capacidad que los grandes poderes políticos y económicos españoles tienen de mediatizar la actividad de los medios de comunicación.
Hay muchas dudas, hechos curiosos y chocantes. Por ejemplo, la evolución de la deuda española y las consecuencias que de ella se están derivando.
Cuando el Partido Popular llegó al gobierno, a finales de 2011, la deuda del estado español era equivalente al 69% del PIB. Paralelamente, había varias decenas de miles más de empresas activas, que hoy han desaparecido, y había algo así como un millón y medio menos de parados. En aquel momento, la Seguridad Social todavía mantenía un apreciable superávit. El déficit presupuestario del estado era muy parecido al actual.
Siguiendo las tesis de dos economistas norteamericanos, Reinhart y Rogoff -según las cuales, cuando la deuda de un país alcanza el 90% de su PIB hace imposible el crecimiento económico y provoca recesión-, se nos dijo entonces que, dada esa situación, el nivel de deuda era inaceptable y era indispensable recortarlo radicalmente y de inmediato.
El primer suceso extraño, o cuando menos llamativo, fue que, siendo la situación la que era, una de las primeras decisiones del gobierno Rajoy fue dar los pasos jurídicos necesarios para, en nombre del saneamiento de la banca española -en una situación más que delicada por sus decisiones en relación a la burbuja inmobiliaria y la crisis de las subprime norteamericana-, convertir en deuda pública lo que hasta entonces no era sino deuda privada, la deuda que los bancos españoles habían contraído con medio mundo, y muy especialmente con los bancos franceses y alemanes.
La consecuencia directa de esta decisión, que nunca deploraremos lo suficiente, fue que el estado español hubo de pedir dinero prestado a la Unión Europea, un crédito de hasta cien mil millones, de los cuales se han utilizado unos 40.000 en sanear, gratis et amore para sus accionistas, los bancos españoles.
Debemos preguntarnos por qué el gobierno Rajoy empufó al estado en varias decenas de miles de millones de euros más, cuando ya la situación previa de deuda más crisis le había llevado a decretar dolorosos recortes en la sanidad, la educación o las prestaciones sociales básicas en nombre de las tesis de Reinhart y Rogoff.

Igualmente -y esta es una cuestión sobre la que es necesario reflexionar, porque es posible que los señores del PP nos hayan tomado el pelo desde el minuto uno -, debemos preguntarnos por qué entonces, con una deuda del 69%, más empresas cotizando, una Seguridad Social con superávit y un millón y medio de parados menos demandando el subsidio del paro, la prima de riesgo española llegó hasta los quinientos y pico puntos, y sin embargo, a día de hoy, con una deuda confirmada del 98,9% del PIB -treinta puntos más que a principios de 2012-, con decenas de miles menos de empresas activas, con un millón y medio de parados más y con una Seguridad Social deficitaria, la prima de riesgo es de 240 puntos, el gobierno del PP asegura que la deuda no es un problema, porque podemos pagarla, y la economía ¡está creciendo!. ¿Pero no habíamos quedado, siguiendo a Reinhart y Rogoff, que un país con una deuda superior al 90% del PIB inexorablemente caía en la recesión? ¿No fueron las tesis de estos insignes economistas las que utilizó el gobierno de Rajoy para justificar los recortes sociales y la reforma laboral que está hundiendo a los asalariados-con-trabajo en la miseria?¿Cómo es posible que, según el señor Montoro, la economía española esté “ya” creciendo y lo vaya a hacer mucho más en adelante, si la deuda es casi del 100% del PIB?¿En qué punto dejaron de ser válidas las tesis de Reinhart y Rogoff?
Como he dicho, según el ministro de Hacienda, el señor Montoro, una deuda del 98,9% del PIB no es un problema “porque podemos pagarla”. Pero si esto es así, más fácil era para el estado español pagarla cuando sólo era del 69%, había menos parados que atender y más empresas cotizando. Entonces, ¿por qué, sin embargo, fueron inevitables los recortes y la reforma laboral? Y, a más, a más, que dirían los catalanes, ¿por qué la prima de riesgo es hoy menos de la mitad que en 2012? ¿En qué ha cambiado la situación en España para que ‘los mercados’ perciban que la deuda española ya no es tan peligrosa?
Lo que nos dicen los datos es que la situación económica del estado español es hoy mucho peor que en 2012, a pesar del discurso de salón del gobierno Rajoy. La deuda se ha disparado; el déficit, a pesar de los radicales recortes en todos los ámbitos y el aumento de impuestos, está más de tres puntos por encima del objetivo marcado para 2013; hay más parados, menos empresas; la conflictividad laboral se ha disparado por culpa de la reforma laboral lo que, sumado al incremento de los impuestos y el precio de la electricidad, está debilitando la competitividad empresarial; el crédito sigue sin fluir en absoluto, lo que paraliza a una economía ya de por sí desastrada, mientras los bancos siguen recibiendo un trato de favor: ya nos han dicho que la mayor parte del dinero que se les ha prestado no lo van a devolver, a pesar de que juraron lo contrario, y que es posible que en los próximos meses sea necesario ‘inyectarles’ otros 50.000 millones más, porque el proceso de saneamiento ha sido insuficiente. Y eso que, según los datos del Consejo Nacional de la Competencia, el dinero que el estado ha transferido a los bancos, ya sea directamente o en forma de avales, entre 2008 y 2012, asciende a más de 230.000 millones de euros…
¿Qué es lo que ha podido cambiar a mejor para que los mercados gratifiquen al gobierno con una prima de riesgo en 240 puntos?
Tal vez lo único que ha cambiado es el hecho de que el actual gobierno derechista español por fin ha aplicado a la economía española las medidas de laminación del estado del bienestar, de los derechos de los asalariados, de las pensiones, de los salarios que tanto llevaban demandando esos ‘mercados’ que, si por algo se caracterizan, es por su ideario rabiosamente neoliberal.
Por lo tanto, es probable que de aquí en adelante seamos testigos de un espectáculo sorprendente: cuanto más mísera sea la situación de los ciudadanos, mejores serán las perspectivas macroeconómicas y las valoraciones de las empresas internacionales de rating sobre la economía española, y más grandilocuente será el discurso del Partido Popular sobre la imparable evolución de la economía española. Es el signo de los tiempos. Si lo permitimos.

28 abril, 2013

IDEAS SOBRE AUTONOMÍA Y AUTOGESTIÓN



Para el anarquismo, la autogestión sería un proyecto o movimiento social que tiene como medio y finalidad que la empresa y el conjunto de la economía sean administradas por aquellos que se encuentran directamente vinculados a la producción, distribución y uso de bienes y servicios; este concepto, de nivel colectivo, tiene también como ideal la autonomía del individuo. Aunque se ha apuntado lo económico como objetivo de la autogestión, puede extenderse a toda la práctica social propugnando la democracia directa como el tipo de funcionamiento en las instituciones. La autogestión tiene como contrapartida la heterogestión, según la cual se dirige la economía, la política, o cualquier otra práctica social, desde el exterior del conjunto de los directamente afectados, normalmente por un grupo minoritario que es el que toma las decisiones (así ocurre en el sistema capitalista y estatal); así, de modo similar, la autonomía se opone a la heteronomía, donde las normas se dictarían desde fuera de la comunidad sin que el conjunto de sus miembros puedan decidir sobre ellas. El anarquismo, lejos de ser un sistema social y político acabado, apostaría por la autogestión como un proyecto y un método elegido por los miembros del grupo afectado (a pequeña escala, puede ser una factoría o una escuela, hasta el conjunto de la sociedad).

Por supuesto, aunque se insiste en la autonomía individual, el anarquismo observa al ser humano como un ente social, codependiente del resto de miembros de la sociedad; la manera de entender la libertad individual tendría una condición fundamental en la participación de la autogestión colectiva, sin coacción exterior alguna, por lo que aquella no se compromete. La práctica habitual en la historia de la humanidad han sido la heterogestión y heteronomía, lo cual no supone que para el futuro no exista un cambio de paradigma y se vayan consolidando prácticas de autogestión. El ideal ácrata aspira a una autogestión del conjunto de la sociedad, por lo que implica la desaparición de todos los centros de poder donde ahora se gestiona por parte de una minoría (partidos políticos, burocracias sindicales, el conjunto del Estado…) y la participación de todos los miembros de la comunidad gracias a la descentralización y sin que existan intermediarios ni dirigentes. Por lo tanto, la autogestión anarquista supone una transformación radical de la sociedad.

Recordaremos el decálogo de autogestión, citado en el texto "Utopía colectiva y autonomía individual", de Nelson Méndez y Alfredo Vallota, publicado en Germinal. Revista de Estudios Libertarios núm.2:
1. Autogestión: No delegar el poder popular.
2. Armonía de las iniciativas. Unir el todo y las partes en un socialismo federativo.
3. Federación de los organismos autogestionarios. El socialismo no debe ser caótico, sino unidad coherente del todo y sus partes, de la región y la nación.
4. Acción directa: Anti-capitalismo, anti-burocratismo, para que el pueblo sea el sujeto activo de la historia, mediante la democracia directa.
5. Autodefensa coordinada: Frente a la burocracia totalitaria y a la burguesía imperialista, defensa de la libertad y el socialismo autogestionario, difundido mediante la propaganda por los hechos, no con actitudes retóricas.
6. Cooperación en el campo y autogestión en la ciudad: La agricultura se presta a una empresa autogestionaria, cuyo modelo puede ser el complejo agro-industrial cooperativo. En la ciudad, las industrias y los servicios deben ser autogestionados; pero sus consejos de administración han de estar constituidos por productores directos, sin ninguna mediación de clases dirigentes.
7. Sindicalización de la producción: El trabajo sindicado debe convertirse en trabajo asociado con sus medios de producción, sin burocracia ni burguesía dirigiendo patronalmente las empresas.
8. Todo el poder a las asambleas: Nadie debe dirigir en lugar del pueblo ni usurpar sus funciones con el profesionalismo de la política; la delegación de poderes no deberá ser permanente, sino en personas delegadas, no burocratizadas, elegibles y revocables por las asambleas.
9. No delegar la política: Nada de partidos, vanguardias, élites dirigentes, conductores, pues el burocratismo ha matado la espontaneidad de las masas, su capacidad creativa, su acción revolucionaria, hasta convertirlo en un pueblo pasivo, dócil instrumento de las élites del Poder.
10. Socialización y no racionalización de las riquezas: Pasar el papel protagónico de la historia a los sindicatos, las cooperativas, las sociedades locales autogestoras, los organismos populares, las mutualistas, las asociaciones de todo tipo, las auto-administraciones o autogobiernos, locales, comarcales, regionales y al co-gobierno federal, nacional, continental o mundial.
Por lo tanto, tal y como señala Cappeletti en La ideología anarquista, la autogestión es uno de los conceptos que sintetizan la filosofía social que propone el ideal ácrata. La palabra anarquismo, utilizado por primera vez por Proudhon con un sentido negativo, muy pronto será sustituida de una manera constructiva; así, autogestión es prácticamente un sinónimo positivo de anarquismo. Fueron los anarquistas en el seno de la Primera Internacional los que dieron auténtico sentido a este concepto, aunque con el paso del tiempo otras corrientes e ideologías se han apropiado del término restándole intensidad. Insistiremos, por tanto, que los anarquistas pretenden la autogestión integral, la cual supone por supuesto la toma de posesión de la tierra y del conjunto de los medios de producción, así como la dirección y administración de la empresa por parte de la asamblea de trabajadores; pero también la coordinación a través de la federación de empresas de todo tipo (desde lo local, pasando por lo regional y nacional, llegando incluso al nivel mundial). Por lo tanto, la autogestión integral que propugnan los anarquistas es un concepto estrechamente vinculado a otras propuestas políticas como son la descentralización y federación.

Si hablamos de economía autogestionaria solo podemos estar hablando de socialismo, por concretar más los conceptos políticos y huir de corrientes (supuestamente) anarquistas muy rechazables desde un punto de vista verdaderamente social y emancipador. Puede decirse más, y es que los anarquistas no conciben otra forma de socialismo que no pase por la autogestión, por lo que llegamos a una idea de la libertad estrechamente vinculada a la igualdad social; la economía libertaria es autogestionaria, los medios de producción están en manos de los propios trabajadores, y socialista, el objetivo es cubrir las necesidad de la comunidad. La autogestión, tal como la propone el anarquismo, y por muy radical que se presente, resulta una propuesta sociopolítica muy sólida; un método efectivo de combatir la miseria y alienación inherentes a la dominación política y a la explotación económica.