Más:
http://noalttip.blogspot.com.es/
https://stop-ttip.org/
http://andalucianottip.nosorganizamos.net/
Unos 125 millones de europeos estaban amenazados de pobreza o de exclusión social en 2012, es decir unos cinco millones de personas más que en 2011 en la Unión Europea (UE), según los datos publicados este jueves por la agencia europea de estadísticas Eurostat.
Imagen: Diario de Sevilla. Van Rompuy y Sami Nair. Dos europeos de pro. Aparentemente este tipo de personas no tienen nada que ver con la economía europea y las reformas en los países "comunitarios" (comunitarios quiere decir que se unen los más fuertes para robarle a los más débiles: Alemania, Francia roba a Grecia y Portugal) , pero busquen perfiles similares... .
La reforma de la Constitución que ha planteado el Gobierno y apoyada por la oposición introduce una modificación en el artículo 135 en el que el pago de deuda se coloca como prioritario sobre cualquier otro pago y/o gasto que deba hacerse.
En Asamblea comentamos este artículo y varios de l@s vecin@s recalcaron que se trata de una manera de elevar a categoría Constitucional lo que hasta ahora se está haciendo de manera sistemática y que es una forma de blindaje ante impagos como los que pudieron suceder en otros países europeos a lo largo del pasado año.
La prioridad absoluta que nos quieren imponer sólo responde al dictado de los especuladores financieros: primero la Banca y, si sobra algo, para el pueblo.
Este es el texto de la reforma, clic
Esta es la información sobre la primera reforma, clic.
Rojo : introducido nuevo Verde : en vigor
Artículo 135
1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.
2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros. Una Ley Orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.
3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito. Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión. El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación al producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.
5. Una Ley Orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso, regulará: a) La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse. b) La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural. c) La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
6. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias.
Disposición adicional única
1. La Ley Orgánica prevista en el artículo 135 de la Constitución Española deberá estar aprobada antes de 30 de junio de 2012.
2. Dicha ley contemplará los mecanismos que permitan el cumplimiento del límite de deuda a que se refiere el artículo 135.3.
3. Los límites de déficit estructural establecidos en el 135.2 de la Constitución Española entrarán en vigor a partir de 2020.
Disposición final única
La presente reforma del artículo 135 de la Constitución Española entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el Boletín Oficial del Estado. Se publicará también en las demás lenguas de España.

| La declaración de Toronto del G-20 no fija una tasa común para que los bancos paguen un impuesto, ahora que han restablecido sus beneficios, aunque sí se alcanzó un acuerdo débil sobre la reducción del déficit público a la mitad para el año 2013. Sin embargo, hay reticencias, porque Estados Unidos e India, por ejemplo, creen que esa reducción puede influir en la economía que se recupera a ritmo lento. La reunión de Toronto tuvo respuesta en la calle. |
El Gobierno canadiense invirtió más de 1.000 millones de dólares para garantizar la seguridad de los líderes del G-20. A pesar de ello, durante el fin de semana se produjeron manifestaciones, que reunieron a 10.000 personas de organizaciones sociales, para exigir a los países ricos y emergentes del G-8 y G-20 «medidas sociales contra el desempleo» y para «un mejor reparto de la riqueza», porque «la crisis ha traído más desempleo y pobreza al mundo».
Algunas de estas manifestaciones terminaron con enfrentamientos con los policías. Según explicaron fuentes policiales, 480 personas fueron detenidas en el trascurso de las protestas del pasado sábado.
La declaración final de Toronto (Canadá) señala que el sector bancario deberá hacer frente a los multimillonarios costes públicos de las medidas de rescate, pero deja las manos libres a los Estados para aumentar la presión fiscal. La vicepresidenta segunda de Economía y Hacienda del Gobierno español, Elena Salgado, afirmó que mantendrán el fondo de garantía de depósitos de las entidades financieras españolas para hacer frente a eventuales crisis, aunque abrió la puerta a ampliar la base gravada, limitada ahora a los depósitos. Defendió la apuesta europea por una tasa bancaria que evite que haya que rescatar más bancos con dinero de los contribuyentes y elogió el modelo español, porque el fondo está sufragado por el sector de forma proporcional y está disponible para todas las entidades.
El sector financiero español ha recibido más de 61.000 millones de las arcas públicas en los últimos dos años, mientras de las arcas públicas se han recortado los gastos a los empleados, a la educación, a la sanidad y se han congelado las pagas a los pensionistas y, además, para afrontar el incremento del déficit, provocado por el trasvase de dinero público al sector bancario, a partir de julio sube el IVA, con lo que las rentas más bajas se verán más perjudicadas.
Aunque no hay consenso en el G-20, los países europeos ya han acordado establecer una tasa bancaria. En este sentido, Elena Salgado garantizó que el Estado español no abandonará el fondo de garantía de depósitos, aunque sí podría adaptarlo para que no se calcule sólo con base en los depósitos, sino también con otros pasivos, como «las emisiones o los productos interbancarios», según informó Efe.
El documento final del G-20 confirma la existencia de «diferentes planteamientos» para hacer que la banca «contribuya de manera justa y sustancial» a su propio rescate, y entre esas opciones figura la implantación de una tasa global. Pero en el debate del comité del G-20 este tema no fue cerrado. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, insistió en Toronto en que su gobierno insistirá «para que tengamos una tasa bancaria. Es un impuesto del 0,15% durante diez años que aspira a conseguir 90.000 millones de dólares», que se destinarán a compensar a los contribuyentes estadounidenses por el paquete de rescate facilitado a Wall Street al final de la administración Bush.
Dentro del G-20 se han puesto de manifiesto las diferencias que hay entre los países emergentes y el resto, pero también entre los más desarrollados. La tensión entre Estados Unidos y Europa fue elevada, según las agencias informativas. Porque el G-20 reconoce que durante los próximos años el crecimiento económico será lento en muchos países desarrollados.
Deuda y recesión
Washington, según destacó la agencia Reuters, teme que la campaña de Europa por reducir la deuda después de la recesión «interrumpa la recuperación, una preocupación que también expresaron otros líderes del G-20, incluido el primer ministro de India, Manmohan Singh. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, dijo que entendía la presión a la que se enfrentan las finanzas públicas para regresar a un camino sostenible, pero pidió a los líderes del G-20 que fueran conscientes de quién se llevaba la mayor parte de la carga. Los líderes de los países más desarrollados anunciaron un esfuerzo para reducir a la mitad el déficit del sector público dentro de tres años y estabilizar la deuda de los Gobiernos para 2016, pero además reconocen que el proceso se producirá a diferente ritmo entre países, según el comunicado final. Acordaron en Toronto que se ponga en marcha una consolidación fiscal «diferenciada y ajustada» a las circunstancias de cada estado, según confirmó y el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, se posicionó a favor de la misma.
El tema de la austeridad fiscal ha provocado tensiones en la declaración final de Toronto, que hasta ese último momento había dado muestras de una gran cohesión y que actuó al unísono a la hora de implementar medidas de estímulo económico para salir de la crisis.
Estados Unidos y los países emergentes abogaron por mantener ciertas medidas para reactivar la economía y advirtieron de que la repentina retirada de los paquetes de estímulo que se aprobaron durante la crisis «podría frustrar la todavía frágil recuperación».
Europa, por su parte, considera que el tiempo de los estímulos ha pasado y ha llegado ya el momento de la austeridad fiscal. Sin embargo, el Gobierno español mantendrá activo el fondo de garantía de depósitos.
