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25 febrero, 2018
10 noviembre, 2016
II ENCUENTRO DE REPRESIÓN Y RESISTENCIA MUJERES EN EL FRANQUISMO
Espero que nos veamos por el Paraninfo de la Universidad de Sevilla, en c/ San Fernando Nº 4, los días 11 y 12 de noviembre.
15 abril, 2014
EL ROLLO DE LA LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA
El otro filón de IU y PSOE para ampliar los horizontes económicos y reubicar a sus elefantes. Se llama Ley de Memoria democrática de Andalucía, http://www.juntadeandalucia.es/administracionlocalyrelacionesinstitucionales/cms/ocms/portal/MemoriaHistorica/ContenidosEspecificos/LMemDem.html . Desde la presentación del anteproyecto abrieron algo así como 15 días para alegaciones, además de no existir dotación presupuestaria (borrador), y disponer de un prólogo que no se lo cree ni el guardia, como nos pasó con el Estatuto de Autonomía y sus modificaciones o con los documentos de la Modernización: todos papel mojado y de escasa "dación" para el pueblo.
Los memorialistas, muchos entre el Psoe / Iu por un lado, y otros entre republicanos/rojoynegros por otro, salen mal parados. Sobretodo los segundos. Está claro que será dirigido por los mismos perros de siempre. Es inexistente además el reconocimiento a la represión andalucista, a otras víctimas del terrorismo fascista, y a los símbolos originarios de la comunidad actual, además de ser un documento que se centra en los costes exhumatorios/ monumentales/ geográficos más que en la "restauración" de la memoria.
Esto es muy sencillo: esta ley debe proteger la memoria moral de sus víctimas como hace el gobierno actualmente con las víctimas del terrorismo (de Eta) y debe restaurarse la memoria física como se hace con la chica desaparecida. Las mismas fuerzas y el mismo tratamiento.
(Continuará).
Por cierto, ¿no iba en la Ranilla (antigua cárcel) la sede del Centro de la Memoria y en Coria del Río existe un Centro de la Memoria también?. ¿Por qué no se hacen cargo de esto los mejores para ello que son Cecilio Gordillo, Francisco Espinosa y Paqui Maqueda?. Ahh, porque siguen siendo los políticos andaluces imbéciles!.
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NOTICIA
Asociaciones reclaman que la ley andaluza de memoria no les impida exhumar
Colectivos memorialistas presentarán alegaciones y plantean
posibles denuncias al anteproyecto de Ley de Memoria Democrática en
información pública.
El grupo de trabajo RMHSA-CGT censura la "exclusividad de la Administración" en las exhumaciones.
Pide que el Parlamento andaluz convoque al movimiento memorialista para "reconocer sus aportaciones".
El grupo de trabajo RMHSA-CGT censura la "exclusividad de la Administración" en las exhumaciones.
Pide que el Parlamento andaluz convoque al movimiento memorialista para "reconocer sus aportaciones".
La memoria ya tiene un lugar en Málaga. - Fotografía: Miguel Heredia
más INFO
La Junta de Andalucía expone el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática
a información pública y el plazo de alegaciones termina el próximo 22
de abril. Alegaciones como posibles "observaciones sobre su contenido".
Diferentes colectivos memorialistas estudian el texto desde que su
presentación. Entregarán alegaciones y pedirán también que se les oiga
en el Parlamento andaluz. De fondo, la máxima "preocupación" de
familiares y víctimas: la gestión de los procesos exhumatorios, que la
apuesta legislativa deja en manos de la Administración autonómica. De
aprobarse tal cual, hay asociaciones decididas a denunciar el nuevo
marco legal en instancias judiciales.
La norma –se
pretende su aprobación en Consejo de Gobierno en junio, tras pasar los
trámites preceptivos–, amplía el concepto de víctima y, entre otras
cuestiones, prevé la "expropiación temporal" de terrenos privados para
actuar en fosas, la elaboración de un "censo de víctimas de la represión
franquista", fijar un plazo para eliminación de simbología fascista y,
el 14 de junio, como día de la memoria. Pero la chispa salta con las
exhumaciones. La ley no se acompaña de memoria económica acorde a las
intenciones que muestra el texto, pero cualquier proyecto de apertura de
fosas deberá pasar por la Junta.
¿Llegará el texto a instancias judiciales?
"Mucho nos tememos que, como está –el anteproyecto de ley–, termine no
ya en el Constitucional sino en el Supremo o las más cercanas audiencias
provinciales", indican desde el grupo de trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía
(RMHSA) de CGT. Es uno de los colectivos críticos con diferentes
aspectos del texto legal. No el único y, como el resto, señala en el
marco de "desconfianza" una veta de preocupación máxima en la gestión
del "origen" del movimiento memorialista: la exhumación de fosas
comunes.
Se trata de "una de las demandas históricas,
que el Estado se haga cargo de las exhumaciones" pero es "preocupante",
añaden, "que se pueda multar por exhumar sin permiso del Gobierno
aunque la intervención reúna todas las condiciones técnicas y los
recursos económicos necesarios". Esta "exclusividad de la
Administración" significa "la subordinación absoluta" de asociaciones y
víctimas, impulsores hasta ahora de la mayor parte de estas tareas
arqueológicas.
Otros aspectos del articulado en trámite que levanta dudas en RMHSA,
según su coordinador, Cecilio Gordillo, son la "nula referencia al
movimiento memorialista" en la exposición de motivos, ni a los campos de
concentración del norte de África (Marruecos, Argelia y Túnez), además
de la "escasa partida presupuestaria" destinada a los procesos
exhumatorios o su "judialización". El grupo de trabajo apuesta por que
el Parlamento de Andalucía convoque a la sociedad civil para "reconocer
sus aportaciones" y sus reclamaciones "oídas".
Sin memoria económica, a la ley "le falta recorrido"
"Los derechos no se deciden, son algo básico" y una ley "que no lleva
memoria económica asociada es una declaración bonita a la que le falta
recorrido", apunta el presidente de la Asociación para la Recuperación
de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva. Como en los proyectos de
búsqueda de desaparecidos por el franquismo. "No sé si llegaremos a
denunciarlo pero contestaremos como veamos oportuno, vamos a rebatir que
un político pueda decidir si se exhuma o no, eso va contra los derechos
humanos".
El anteproyecto, dice Silva, "nos aparta
un poco al hacer una restricción a las asociaciones andaluzas pero
representamos a gente de una comunidad donde hemos realizado varias
exhumaciones". "Si nos pide ayuda una familia la vamos a ayudar, si la
Junta de Andalucía nos lo impide sería muy grave", subraya. Critica
también el presupuesto aportado a exhumaciones, "la parte más floja, con
más de 600 fosas comunes y mucha gente mayor esperando, sin tiempo".
La apuesta andaluza tiene, según el presidente de la ARMH, "bastante recorrido pero es mejorable". Pone como ejemplo la ley aprobada por el Parlamento de Navarra,
"más potente", de ahí que refiera la necesaria "participación de la
sociedad civil en la elaboración del texto". Otros aspectos puestos en
tela de juicio son "a las incautaciones o a la participación de la
iglesia católica como sostén de la dictadura, a la que debería pedirle
explicaciones".
Del resto de colectivos consultados por eldiario.es/andalucia,
la Asociación Guerra y Exilio confirma que presentará "alegaciones
aunque todavía no tenemos un documento elaborado", según Manuel Velasco.
Ya han indicado al Gobierno andaluz "algunos aspectos, pero no hemos
registrado aún en tiempo y forma los textos". La Asociación Andaluza
Memoria Histórica y Justicia también prepara aportaciones que esperan
entregar "cuanto antes", sostiene Paqui Maqueda. La memoria histórica,
dice RMHSA, es "una cuestión del conjunto de la sociedad andaluza", una
región que ha mostrado una "sensibilidad social muy importante durante
los últimos 15 años".
03 septiembre, 2013
EL HOLOCAUSTO ANDALUZ
El historiador Francisco Espinosa analiza y delimita el concepto de "desaparecido" entre el conjunto de represaliados por el franquismo. La mayoría de esas desapariciones tuvieron lugar entre el golpe militar del 18 de julio de 1936 y febrero del año siguiente
Mapa de fosas de Andalucía. Fuente: Junta de Andalucía.
Hay que definir y acotar una palabra que se usa con demasiada facilidad y que corre el riesgo de perder su sentido.
Urge además clarificarlo para saber claramente de qué hablamos cuando
nos referimos a los desaparecidos a consecuencia del golpe militar del
18 de julio. De entrada y muy en general podríamos llamar
desaparecido a la persona, detenida ilegalmente por motivos políticos,
cuyo rastro se pierde en el proceso represivo.
La geografía de los desaparecidos, como la de las fosas comunes, se
superpone a la geografía del golpe militar triunfante. Un proceso que se
abre en julio con la ocupación de medio país y se cierra en abril de
1939. Pero fue especialmente en los territorios ocupados desde los
primeros momentos donde los golpistas aplicaron el plan de exterminio de
sus enemigos políticos y de clase. En noviembre de 1936, cuando el
golpe se convierte en guerra, los países fascistas se vuelcan con Franco
y éste pasa a ser el jefe único y absoluto de los sublevados, se
producen una serie de cambios que se impondrán paulatinamente y que
pueden darse por establecidos en marzo de 1937. Me refiero a la
estrategia del terror, al paso de los bandos de guerra al de los
consejos de guerra sumarísimos de urgencia, procedimiento este que se
prolongará hasta los primeros años cuarenta, cuando con motivo del
derrumbe nazi-fascista la dictadura considere oportuno dar por concluida
la matanza iniciada en julio de 1936.
“Ya no necesita comer”. De esa forma informaban a las familias que el preso había sido ejectutado
Es pues en esos meses que van de julio de 1936 a febrero de 1937
cuando se producen la mayor parte de los casos de desaparición. Personas
detenidas por grupos militares o paramilitares cuyas familias intentan
localizarlos y ayudarles. Dado el número de locales habilitados como
prisiones y la desproporcionada cantidad de personas detenidas, la
alimentación de éstas recayó sobre los familiares, que debieron
peregrinar de sitio en sitio hasta dar con quien buscaban y acercarse
todos los días para llevarle ropa y alimento. Todo ello hasta que un
día, y esto forma parte de la memoria familiar de mucha gente, se le
comunicaba que el preso “ya no necesitaba comer”.
Inmediatamente se iniciaba otro peregrinaje por los lugares de muerte
más habituales para tratar de localizar el cadáver y tratar de darle
sepultura digna. Algunas veces esto se hizo con el visto bueno de la
autoridad militar. Podrían citarse dos casos conocidos: el de García de
Leaniz en Sevilla o el de los hermanos Pla en Badajoz, todos
pertenecientes a conocidas familias burguesas a las que por mediaciones
varias se concedió este privilegio. También sabemos de casos en los que
en los años cuarenta y cincuenta se abrieron algunas fosas para sacar
los restos de algunas personas. En este sentido resultaron claves las
notas tomadas en el 36 por los propios enterradores. Desconocemos la
magnitud de estos casos. Sin embargo la mayor parte de las víctimas
quedaron para siempre en las fosas abiertas para la ocasión.
En el suroeste la mayor parte de las fosas, todas las de las grandes
ciudades por ejemplo, se abrieron dentro de los cementerios. Sin embargo en pueblos de zonas rurales hubo también fosas abiertas en descampados e incluso en fincas privadas.
Por documentos que se conservan en los archivos municipales sabemos que
los Ayuntamientos se encargaron de dar sepultura a los cadáveres
abandonados en sus términos. Los nombres de las víctimas no fueron
recogidos; si acaso se hizo constar en el registro el número de
“desconocidos” que eran inhumados. En ocasiones, debido a la confluencia
de varios pueblos, se optó por un punto intermedio donde el número de
muertos acumulados obligó a abrir una fosa. Actualmente buen número de
ellas se encuentran bajo construcciones de nichos levantadas
posteriormente. En otros casos (Huelva, Badajoz) se han conservado como
zonas de césped y se ha erigido una lápida conmemorativa. En
algunos lugares, caso de Sevilla, los restos de las dos fosas
principales, fueron trasladados al osario general en los años sesenta.
Por su parte las fosas abiertas fuera de los cementerios, bastante
controladas por los mapas de fosas recientemente elaborados, plantean
numerosos problemas, como prueba lo que viene ocurriendo en Extremadura,
donde muy pocos de los trabajos realizados han dado resultado.
Entre julio de 1936 y febrero de 1937 es cuando se producen la mayor parte de los casos de desaparición
Recordemos que durante esos meses del bando de guerra se celebraron
en general muy pocos consejos de guerra. Casi siempre a militares y
marcados por el carácter ejemplarizante en el caso de civiles. Pero en
esto, como en otras cosas, los golpistas actuaron con bastante
autonomía, de forma que si en el sur se impusieron los terroríficos
bandos en Galicia se adelantó de manera selectiva la maquinaria
represiva de los consejos de guerra. De cara a lo que tratamos la
diferencia es importante: los bandos no dejaban huella de la víctima
salvo en los archivos de los organismos represores, mientras que los
consejos de guerra que concluían en pena de muerte acababan con un
certificado médico de defunción y con la comunicación al Registro Civil
para su inscripción. Sin embargo, por más que se supiera que
había acabado en una fosa común, en la mayor parte de estos casos no
quedaba constancia oficial del lugar de la inhumación, motivo por el
cual también entran dentro de la categoría de desaparecidos.
Una excepción sería la ciudad de Huelva, cuyos consejos de guerra
indican incluso el lugar exacto donde fueron enterrados los condenados a
muerte. Otra excepción sería Córdoba, donde también se indica el lugar
de enterramiento (por ejemplo hay personas de las que se dan las
coordenadas y la profundidad a la que han sido enterradas en la fosa
común: siete metros).
Esto marca una serie de diferencias muy importantes entre las zonas
ocupadas entre julio de 1936 y febrero de 1937, y las que lo fueron
posteriormente, donde se fue un poco más cuidadoso con las formalidades.
Sería el caso de los territorios ocupados tras la puesta en marcha de
la Fiscalía del Ejército de Ocupación, presidida por el jurídico militar
Felipe Acedo Colunga y que inició sus actividades en la ciudad de
Málaga en febrero del 37. De su contundencia dan muestra estas cifras:
2.168 víctimas de febrero a diciembre de 1937 (febrero: 627, marzo: 877,
abril: 365…), todas ellas inscritas en el Registro Civil de Málaga;
mientras tanto, en los pueblos ocupados se seguía con los bandos de
guerra. Sin embargo, en Málaga, pese a la inscripción registral, no
quedó rastro individualizado del lugar donde cada persona fue inhumada.
Por el decreto 67 de 10 de noviembre de 1936 y aunque no se
mencionara a las víctimas de la represión se abrió una puerta a la
inscripción de las personas desaparecidas en los meses anteriores. Dicho
proceso se extenderá a los largo de varias décadas: primero en los
cuarenta y cincuenta, luego descenderá en los sesenta y setenta y
emergerá de nuevo durante la transición y en los años ochenta y noventa a
consecuencia de la Ley de Pensiones de Guerra de 1979. De todo esto
podemos hacernos una idea por el caso de Huelva, una provincia muy
afectada por la represión: entre 1936 y 1990 fueron inscritas en los
libros de defunciones de la provincia 3.040 personas, de las que sólo
520 serían inscripciones realizadas en plazo legal; el resto fueron
diferidas: 1.989 entre 1936 y 1975 y 531 desde 1979 a 1990. Pero lo que
hay que tener en cuenta es que estos 3.040 casos representan menos del
50 % de las personas asesinadas en la provincia. Tenemos constancia de
que fueron más de seis mil pero sólo podemos dar la identidad de algo
menos de la mitad de los que aún quedan por inscribir.
¿Podemos considerar desaparecidos a estos más de cuatro mil onubenses
asesinados entre 1936 y 1945? No. En el caso de Huelva, como se ha
dicho, habría que exceptuar a los que lo fueron por sentencia de consejo
de guerra. Por el contrario sí habrá que tener en cuenta a los
asesinados tras consejo de guerra en las restantes ciudades que hemos
estudiado (Badajoz, Sevilla, Málaga). Hubo también familias que, pese al
consejo de guerra, la sentencia y la inscripción, nunca supieron qué
fue de los suyos. Nadie se lo comunicó. En todo caso, ¿qué representa el
número de asesinados por sentencia respecto al del total de
desaparecidos? En el suroeste muy poco. En el caso de Huelva, con más de
seis mil, no pasan de 400; en el de Badajoz, con más de siete mil
asesinados censados hasta ahora (falta media provincia), sobrepasa
ligeramente los mil casos, y en el de Sevilla-provincia de once mil
quinientas víctimas sólo pasaron por los tribunales militares 631. Es
decir, la desproporción es absoluta.
Exhumaciones de represaliados en fosas comunes del antiguo cementerio de San Rafael en Málaga. // LAURA LEÓN
Incluso cabría hacer una matización más: hubo personas que pasaron
por consejo de guerra y que fueron inscritas en los registros civiles a
las que podemos considerar desaparecidos. No ya porque no exista
constancia oficial del lugar donde yacen los restos, sino simplemente
porque ni una cosa ni otra se comunicó a la familia, que quedó tan a
oscuras como si se tratarse de un desaparecido por bando de guerra. Esto
ocurrió con frecuencia cuando comenzó a actuar la Fiscalía del Ejército
de Ocupación a partir de febrero de 1937. En Málaga, por ejemplo,
fueron asesinadas muchas personas de provincias limítrofes cuyas
familias nunca supieron qué fue de ellas. Y en este mismo sentido hubo
numerosos casos de familias a las que nunca se comunicó la inscripción
del familiar en el registro civil, tanto en un caso como el citado de
Málaga como en otros donde la inscripción se hizo por orden superior sin
decir nada a los familiares. A la larga estas irregularidades
produjeron casos de dobles y triples inscripciones. No obstante, la
mayor parte de los que llegaron a los libros de defunciones lo fueron
por necesidades de sus familias.
Por otra parte hay que tener también en cuenta que incluso cuando se
decidió canalizar la represión por los consejos de guerra sumarísimos de
urgencia no se dejó de recurrir cuando convino al anterior
procedimiento de los bandos de guerra, que todo lo permitían. Es decir,
que siguió habiendo casos de desaparecidos siempre y que en ciertos
momentos especiales, casi todos asociados al grave problema de quienes
tuvieron que huir de la represión y a la prolongada resistencia armada
contra la dictadura, o sea, desde los años de la guerra hasta finales de
los cuarenta (1947-1949), se siguieron produciendo irregularidades de
todo tipo, como por ejemplo casos de personas asesinadas en lugares
aislados que eran enterradas allí mismo sin dejar huella alguna.
Todas estas consideraciones muestran las dificulta-des de la
investigación y lo complicado que puede resultar establecer cuáles de
las personas incluidas en los listados no entran dentro de la categoría
de desaparecidos.
Hay más problemas. Las columnas de Franco fueron eliminando en su marcha hacia Madrid a los milicianos republicanos que apresaban.
Basta mirar el Diario de operaciones de Varela o los escritos de
algunos capellanes castrenses (especialmente el padre Huidobro, que
llegó a denunciar estos hechos). Por supuesto no se molestaron en
inscribirlos en registro alguno. Esto desborda ampliamente el concepto
de “víctimas en acción de guerra”, concepto que desborda nuestro
objetivo y que queda fuera de nuestro campo de análisis. Otro ejemplo de
esta ambigüedad serían los casos de personas fallecidas en defensa de
sus localidades o fruto de los bombardeos previos a la ocupación. Los
registros no sólo no informan de esta circunstancia sino que, con el
claro objetivo de ocultar la represión, para rellenar la causa de muerte
recurrieron en cientos de casos a la formula “Choque con la fuerza
pública”, a sabiendas de que se trataba de personas a las que se aplicó
el bando de guerra. Es éste un terreno en el que, faltándonos como nos
faltan los informes militares realizados tras la toma de pueblos y
ciudades, informes a los que se aludía en los propios documentos
militares y que detallaban bajas propias y ajenas, número de detenidos,
etc., todos son conjeturas.
Dicho esto, podemos decir que, en relación con el golpe militar del
18 de julio de 1936, un desaparecido es la persona que, inscrita o no en
el registro de defunciones, habiendo pasado o no por consejo de guerra,
fue detenida ilegalmente, recluida en lugar conocido o no y asesinada,
careciéndose de constancia oficial sobre el lugar donde yacen sus
restos.
Fuente: Todoslosnombres. Francisco Espinosa.
12 julio, 2013
DESDE EL 36 AL 68 NO SE TOCA
España impide a los historiadores investigar en sus archivos
300 investigadores piden al Gobierno que desbloquee de inmediato el acceso a la documentación diplomática española de carácter histórico y que desclasifique los 10.000 documentos militares de los años 1936 a 1968
177 Comentarios
Voluntarios nacionalistas entran en Zamora brazo en alto, siendo correspondidos del mismo modo por los que les recibían en la calle, en fecha no determinada del verano de 1936. EFE
La conclusión es contundente: "En España es imposible, a día de hoy, llevar a cabo una investigación histórica completa que tenga en cuenta algún aspecto internacional", señala a Público David Jorge, investigador y profesor de la Universidad de Wesleyan (Connecticut)
"Es una cuestión de salud democrática", denuncia el investigador David Jorge
En
términos prácticos, el Estado español impide a los profesionales de la
investigación histórica realizar investigaciones de temáticas tan
diversas como la represión franquista, las negociaciones para la
liberación de los españoles secuestrados en Malí y Somalia, las
relaciones entre la dictadura de Primo de Rivera y la Sociedad de
Naciones o la política del Protectorado español en Marruecos. "Es una cuestión de salud democrática . Me pregunto a qué tiene miedo el Estado para impedir la investigación", incide David Jorge.La situación se hace más dramática cuando se compara a España con los países de su alrededor. Ningún otro país ha bloqueado el acceso a documentación histórica que data de los siglos XVI al XX. Una decisión que ha motivado graves problemas en numerosas investigaciones históricas (muchas de ellas financiadas, paradójicamente, con dinero público), pero que también atenta, asegura David Jorge, contra "los principios de transparencia" que se le presuponen a un Estado democrático de derecho.
300 investigadores exigen al Gobierno que se desbloquee el acceso a la documentación diplomática española de carácter histórico
Para
pedir el fin de esta situación de bloqueo que arrancó en 2010, y que
aún no tiene fecha de solución, alrededor de 300 investigadores, entre
los que se encuentran Ángel Viñas, Jean-Marc Delaunay, Helen Graham y
Ángeles Egido León, así como personalidades del mundo de la cultura como
la escritora -y ex directora de la Biblioteca Nacional de España- Rosa
Regàs, han dirigido una petición al Gobierno y a los grupos
parlamentarios del Congreso y el Senado para exigir que se desbloquee de inmediato el acceso a la documentación diplomática española de carácter histórico
y se garantice el acceso a los 10.000 documentos militares de los años
1936 a 1968 que el ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha decidido
retener pese a estar listos para su desclasificación desde 2011.Moratinos, en el origen
La clasificación del archivo de Exteriores fue descubierto por los investigadores Álvaro Jimena Millán y Carlos Sanz Díaz, del departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, cuando en en marzo de 2011 solicitaron autorización al Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores para consultar documentación en relación a sus investigaciones de carácter académico. Jimena trató de acceder a los informes sobre las relaciones de España con China, Japón y Filipinas de 1975 a 1982. Sanz investigaba las relaciones relaciones hispano-alemanas entre 1970 y 1982.La contestación fue la misma para los dos. "Recibimos una negación por escrito en las que se nos decía que esa documentación era secreta en función de una acuerdo del Consejo de Ministros del 15 de octubre de 2010, que no estaba publicado", explica Sanz a Público. El acuerdo secreto al que remitió Exteriores fue tomado en el Consejo de Ministros de 15 de octubre de 2010, con Zapatero de presidente. En él se otorgó la clasificación de secreto a todo documento relacionado con 17 materias comprendidas en un listado tan genérico que blinda prácticamente cualquier dato que afecte a las relaciones diplomáticas.
La promesa incumplida de Margallo
En junio de 2012, el actual ministro de Exteriores José Manuel García Margallo aseguró que revisaría el acuerdo alcanzado por el Ejecutivo de Zapatero para determinar con mayor precisión las materias que afectan a la seguridad y defensa nacional procediendo, después, a poner a disposición de los investigadores todos aquellos documentos que no afectaran a la seguridad nacional.Sin embargo, muy lejos de solucionar la situación, la acción del Ministerio de Margallo ha dado otra vuelta de tuerca al asunto. En septiembre de 2012, Exteriores cerró el acceso a su Archivo General y dispersó sus fondos entre el Archivo Histórico Nacional y el Archivo General de la Administración sin comunicar si esos fondos serán algún día consultables de nuevo, y en su caso cuándo y en qué condiciones.
Libertad de información
El profesor de Historia de la Universidad Complutense de Madrid Carlos Sanz considera que el problema generado por la opacidad del Estado respecto a sus archivos va más allá que los daños ocasionados a los "innumerables proyectos de investigación en marcha". "Se trata del daño a la imagen y el prestigio del país más allá de nuestras fronteras, así como de la degradación de la calidad de la democracia española que se derivan de unas decisiones que nos alejan de los estándares europeos e internacionales de protección de derechos democráticos básicos como el de libertad de información e investigación", sentencia Sanz.Fuente: Público
20 mayo, 2012
ESTUDIOS EN FAVOR A ESTAS VÍCTIMAS DE TERRORISMO
Esto es muy interesante a nivel práctico porque aún viven muchos de ellos. También porque sabremos de los papás de nuestrxs gobernantxs. La opinión pública conoce poco acerca del pasado de representantes de la izquierda y la derecha, además de datos paralelos sobre el nacionalcatolicismo español seguramente.
La Comuna hará público los nombres de torturadores y miembros del poder judicial del franquismo
Los nombres de torturadores, de miembros de los últimos Consejos de Ministros de Franco que dieron el aprobado a fusilamientos y los nombres de los magistrados del Poder Judicial que han dado impunidad al franquismo, es una de las tareas que se ha propuesto poner en marcha La Comuna, una organización de ex presos y presas del franquismo.
Chato Galante, que fue condenado a 13
años de prisión y sólo cumplió tres, ha advertido este jueves que la
asociación tiene pensado hacer públicos los nombres de los
“torturadores” del franquismo y ha añadido que si todavía no los han
dado a conocer es porque creen que “hay muchos más”.
Galante se ha expresado así en una rueda de prensa ofrecida tras el regreso a Madrid de la delegación de ‘La Comuna’ que, recientemente, se ha desplazado a Buenos Aires (Argentina), junto con la organización vasca Goldatu, para comparecer ante la jueza María Servini de Cubría, que tramita la querella 4591/10 “N.N. genocidio”, presentada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 1, Secretaría Nº 1. Junto a La Comuna, ya son cerca de una decena las asociaciones que se han sumado a la querella.
En esta comparecencia ante los medios de comunicación, Galante ha estado acompañado de Manuel Blanco Chivite, expreso antifranquista y miembro de ‘La Comuna’ y de la letrada Ana Messuti.
Manuel Blanco, quien fue condenado a pena de muerte y absuelto en septiembre de 1975, ha aclarado que durante la visita a Buenos Aires se ha presentado “una querella colectiva como asociación en los juzgados federales el día 23 de abril” además de “documentación, testimonios personales y 46 casos más de querellantes“. Entre la documentación presentada se encuentran los casos de Salvador Puig Antich, que fue ejecutado en 1974; el Proceso de Burgos y el de Humberto Baena Alonso, ejecutado por la dictadura franquista, aprobado por su Consejo de Ministros en donde se sentaba Manuel Fraga Iribarne, en 1975.
La propia jueza ha solicitado listados de nombres de funcionarios de prisiones, de jueces que actuaron en procesos que determinaron penas de muerte, miembros de tribunales que ejercieron al margen de la justicia, del ejército, de la policía y de la Guardia Civil. Por ello, Blanco ha señalado que, durante la visita a la capital argentina, se han facilitado los listados de “120 torturadores de la Brigada Policial Social“, de magistrados del Tribunal de Orden Público, de los miembros del Consejo de Guerra y Militar y también de los miembros del último Gobierno de Franco. “Muchos de ellos fallecidos pero muchos vivos“, ha recordado.
“LE ESTÁ DEVOLVIENDO EL FAVOR A ESPAÑA”
Por su parte, Messuti ha declarado que decir que Argentina “le está devolviendo el favor a España” es algo “superficial” pero “no falso” ya que sí existe “reciprocidad” y ha matizado que entre ambas sociedades existe un “vínculo” que se establece “cuando se trata de juzgar“.
“En Argentina se inicia la causa porque ambos éramos países del exilio. Argentina sabía muy bien lo que era la dictadura y España sabía muy bien lo que eran Las Madres de Plaza de Mayo (asociación que se formó durante el último gobierno militar de Argentina con el fin de recuperar con vida a los detenidos desaparecidos). Había un vínculo muy importante. Existe una gran calma social respecto a eso lo que demuestra que todos estamos muy dispuestos a seguir apoyando a las víctimas del franquismo“, ha afirmado Messuti.
En este sentido, Messuti ha recordado que “existe un tratado de cooperación judicial entre España y Argentina” y ha manifestado que en el caso de que no hubiera cooperación “hay instancias internacionales a las que se puede recurrir“. “Esto no es un problema bilateral entre España y Argentina“, ha advertido.
La abogada, que aludió a la “memoria viva”, ha detallado cuál ha sido el proceso que se ha seguido para presentar el 14 de abril de 2010 la querella, que aporta continuidad temporal importante y que llevaba preparándose desde el año anterior. Así, ha puesto en valor la “disponibilidad de querellantes” como Darío Rivas, hijo del alcalde de Castro Rei fusilado en 1936, e Inés García Holgado, sobrina de desaparecido.
Messuti –quien informó que ocho abogados trabajan en esto. 2 en España, Carlos Slepoy y ella misma y el resto en Buenos Aires- ha indicado que gracias a su colaboración se presentó “un escrito de 97 páginas“, en las que relataban su historia y se reproducían “muchos párrafos del auto” del exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón porque “querían que se escuchara a Garzón en Argentina”. A esta denuncia se fueron sumando paulatinamente otros querellantes hasta sumar un total de 60, de los cuales 46 son ex presos políticos.
Para Messuti, la presentación de la querella ha dado estabilidad en el país latinoamericano y se aplica la proporcionalidad. “Si se juzga a una persona que ha robado un coche también se puede juzgar a un torturador”.
SERVINI VISITARÁ ESPAÑA
Según ha adelantado Galante uno de los siguientes pasos en el transcurso de la querella será la visita de Servini a España, momento en el que la jueza tomará declaración a víctimas, visitará fosas comunes –entres estas la de Málaga, en el cementerio de San Rafael, en la que hay más de 4.800 cadáveres- y avanzará en sus investigaciones. Servini hará un recorrido por España en el que destacan como destinos: la Cárcel Modelo de Barcelona, el cementerio de Málaga, el Campo Santo de Galicia, en realidad un campo de concentración, o el lugar dónde fue ejecutado Federico García Lorca.
Durante la visita de la magistrada, Galante a asegurado que se llevará a cabo una “campaña unitaria de todas las organizaciones que están hoy en la querella y todas las que consideren necesario acabar con la impunidad del franquismo, se celebrarán actos en colegios y asociaciones y se harán colas a la puerta de la Embajada de Argentina”.
Galante ha afirmado que la nulidad de las sentencias es un paso fundamental en el camino de la reparación y ha dicho que hay que “plantearle a la gente que todo el mundo puede hacer algo contra la impunidad del franquismo” porque “que hay caso es una evidencia“.
“Me puedo encontrar en el metro con el que en los 70′ me torturó. Estuve durante 18 días seguidos cobrando. Se sustituían unos a otros porque se cansaban de pegar. Queremos que se sepa porque esa ignominia no ha sido todavía lavada“, ha concluido.
Fuente: http://www.lacomunapresxsdelfranquismo.org/2012/05/11/la-comuna-hara-publico-los-nombres-de-torturadores-y-miembros-del-poder-judicial-del-franquismo/
Galante se ha expresado así en una rueda de prensa ofrecida tras el regreso a Madrid de la delegación de ‘La Comuna’ que, recientemente, se ha desplazado a Buenos Aires (Argentina), junto con la organización vasca Goldatu, para comparecer ante la jueza María Servini de Cubría, que tramita la querella 4591/10 “N.N. genocidio”, presentada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 1, Secretaría Nº 1. Junto a La Comuna, ya son cerca de una decena las asociaciones que se han sumado a la querella.
En esta comparecencia ante los medios de comunicación, Galante ha estado acompañado de Manuel Blanco Chivite, expreso antifranquista y miembro de ‘La Comuna’ y de la letrada Ana Messuti.
Manuel Blanco, quien fue condenado a pena de muerte y absuelto en septiembre de 1975, ha aclarado que durante la visita a Buenos Aires se ha presentado “una querella colectiva como asociación en los juzgados federales el día 23 de abril” además de “documentación, testimonios personales y 46 casos más de querellantes“. Entre la documentación presentada se encuentran los casos de Salvador Puig Antich, que fue ejecutado en 1974; el Proceso de Burgos y el de Humberto Baena Alonso, ejecutado por la dictadura franquista, aprobado por su Consejo de Ministros en donde se sentaba Manuel Fraga Iribarne, en 1975.
La propia jueza ha solicitado listados de nombres de funcionarios de prisiones, de jueces que actuaron en procesos que determinaron penas de muerte, miembros de tribunales que ejercieron al margen de la justicia, del ejército, de la policía y de la Guardia Civil. Por ello, Blanco ha señalado que, durante la visita a la capital argentina, se han facilitado los listados de “120 torturadores de la Brigada Policial Social“, de magistrados del Tribunal de Orden Público, de los miembros del Consejo de Guerra y Militar y también de los miembros del último Gobierno de Franco. “Muchos de ellos fallecidos pero muchos vivos“, ha recordado.
“LE ESTÁ DEVOLVIENDO EL FAVOR A ESPAÑA”
Por su parte, Messuti ha declarado que decir que Argentina “le está devolviendo el favor a España” es algo “superficial” pero “no falso” ya que sí existe “reciprocidad” y ha matizado que entre ambas sociedades existe un “vínculo” que se establece “cuando se trata de juzgar“.
“En Argentina se inicia la causa porque ambos éramos países del exilio. Argentina sabía muy bien lo que era la dictadura y España sabía muy bien lo que eran Las Madres de Plaza de Mayo (asociación que se formó durante el último gobierno militar de Argentina con el fin de recuperar con vida a los detenidos desaparecidos). Había un vínculo muy importante. Existe una gran calma social respecto a eso lo que demuestra que todos estamos muy dispuestos a seguir apoyando a las víctimas del franquismo“, ha afirmado Messuti.
En este sentido, Messuti ha recordado que “existe un tratado de cooperación judicial entre España y Argentina” y ha manifestado que en el caso de que no hubiera cooperación “hay instancias internacionales a las que se puede recurrir“. “Esto no es un problema bilateral entre España y Argentina“, ha advertido.
La abogada, que aludió a la “memoria viva”, ha detallado cuál ha sido el proceso que se ha seguido para presentar el 14 de abril de 2010 la querella, que aporta continuidad temporal importante y que llevaba preparándose desde el año anterior. Así, ha puesto en valor la “disponibilidad de querellantes” como Darío Rivas, hijo del alcalde de Castro Rei fusilado en 1936, e Inés García Holgado, sobrina de desaparecido.
Messuti –quien informó que ocho abogados trabajan en esto. 2 en España, Carlos Slepoy y ella misma y el resto en Buenos Aires- ha indicado que gracias a su colaboración se presentó “un escrito de 97 páginas“, en las que relataban su historia y se reproducían “muchos párrafos del auto” del exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón porque “querían que se escuchara a Garzón en Argentina”. A esta denuncia se fueron sumando paulatinamente otros querellantes hasta sumar un total de 60, de los cuales 46 son ex presos políticos.
Para Messuti, la presentación de la querella ha dado estabilidad en el país latinoamericano y se aplica la proporcionalidad. “Si se juzga a una persona que ha robado un coche también se puede juzgar a un torturador”.
SERVINI VISITARÁ ESPAÑA
Según ha adelantado Galante uno de los siguientes pasos en el transcurso de la querella será la visita de Servini a España, momento en el que la jueza tomará declaración a víctimas, visitará fosas comunes –entres estas la de Málaga, en el cementerio de San Rafael, en la que hay más de 4.800 cadáveres- y avanzará en sus investigaciones. Servini hará un recorrido por España en el que destacan como destinos: la Cárcel Modelo de Barcelona, el cementerio de Málaga, el Campo Santo de Galicia, en realidad un campo de concentración, o el lugar dónde fue ejecutado Federico García Lorca.
Durante la visita de la magistrada, Galante a asegurado que se llevará a cabo una “campaña unitaria de todas las organizaciones que están hoy en la querella y todas las que consideren necesario acabar con la impunidad del franquismo, se celebrarán actos en colegios y asociaciones y se harán colas a la puerta de la Embajada de Argentina”.
Galante ha afirmado que la nulidad de las sentencias es un paso fundamental en el camino de la reparación y ha dicho que hay que “plantearle a la gente que todo el mundo puede hacer algo contra la impunidad del franquismo” porque “que hay caso es una evidencia“.
“Me puedo encontrar en el metro con el que en los 70′ me torturó. Estuve durante 18 días seguidos cobrando. Se sustituían unos a otros porque se cansaban de pegar. Queremos que se sepa porque esa ignominia no ha sido todavía lavada“, ha concluido.
Fuente: http://www.lacomunapresxsdelfranquismo.org/2012/05/11/la-comuna-hara-publico-los-nombres-de-torturadores-y-miembros-del-poder-judicial-del-franquismo/
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