“Lo
de hoy es una demostración de algo que pone nerviosos a muchos. Hoy
empieza a nacer una organización política que está aquí para ganar y
para formar gobierno”. Estas palabras fueron pronunciadas por Pablo
Iglesias en la asamblea constituyente de “Podemos” como partido. Un
partido del cual Iglesias señaló más adelante su característica
fundamental, la que lo distingue de otros proyectos: “la diferencia
fundamental es que sabemos cómo ganar”. Y posteriormente aclaró cuál
sería la estrategia para lograrlo: “Queremos ocupar la centralidad del
tablero porque existe una mayoría que apuesta por la decencia”. Todo
ello con el propósito de “cambiar el país”. Ese “país”, claro está, como
para cualquier españolismo, es España.
Además de obviamente españolista, estamos ante un proyecto
declaradamente electoralista, puesto que su razón de ser es “ganar” (se
sobrentiende que elecciones), y cuyo fin manifestado es el gobernar el
Estado (“formar gobierno”), lo que creen que lograrán (“sabemos cómo
ganar”) a través de “ocupar la centralidad del tablero” (el espacio del
centro político) con una propuesta interclasista (para “la mayoría” que
“apuesta por la decencia”). Tras esta asamblea, “Podemos” termina de
quitarse la máscara revelándose, no como alternativa al Sistema, sino
como mera alternativa de poder dentro del Sistema. Como relevo
generacional en la “casta”.
Un proyecto político de estas características no tiene nada de
novedoso, aunque pretenda venderse así. Más allá de diferencias
superficiales en formas, palabras y gestos, es idéntico al que
representó el PSOE durante la llamada “transición” y que presento y
logró llevarle al poder en 1982. Pablo Iglesias nos ofrece, con
distinto envoltorio y denominación, el mismo producto de marketing
político prefabricado en los laboratorios intelectuales del Sistema que
hace treinta y dos años ya le vendió a las clases populares Felipe
González. En lo fundamental, Pablo Iglesias y “Podemos” transmiten el
mismo discurso de regeneración y honradez de aquel PSOE (“cien años de
honradez” era su lema). El mismo proyecto de gobierno de “mayoría
social” y la misma propuesta de “cambio” (“Por el cambio” fue el lema de
campaña del PSOE en 1982)
Al igual que el actual “Podemos”, aquel PSOE también era una
organización de jóvenes totalmente desconocidos e ilusionadores que
abarrotaban estadios y estaban constantemente presentes en los medios, y
que pretendía representar la esperanza de lo diferente y lo nuevo
frente a lo viejo, al que se le adjudicaba la responsabilidad del pasado
y el presente. Si ahora lo viejo es el PP o el PSOE, entonces eran los
abiertamente franquistas y los comunistas. Si ahora se nos vende a la
derecha como origen de nuestros males y se nos propone el: ¡todos contra
el PP!, entonces también el problema era la derecha y se propugnaba el:
¡todos contra la UCD!
Aquel PSOE también era un partido de aluvión en militancia, que paso
en meses de decenas a miles. Y lo fue también gracias a la amplia
campaña propagandística que le ofrecieron los medios de comunicación
“progresistas” de entonces. Un partido que, en realidad, no tenía más
relación con el PSOE histórico que sus siglas. Aunque se hizo ver el
Congreso de Suresnes como una renovación, en realidad se trato de una
especie de “golpe de Estado” interno, impulsado por una Internacional
Socialista al servicio de los intereses estadounidenses, que acabó con
el propio PSOE, modificando hasta hacerla irreconocible su ideología
pretextando “renovación” (“hay que ser socialistas antes que marxistas”
llegaría a proclamar González), y apartando del poder organizativo a sus
dirigentes tradicionales, poniendo en su lugar a jóvenes arribistas y
ambiciosos, dispuestos a ser unos files lacayos del imperialismo y los
futuros constructores de un continuismo neofranquista al servicio del
Capital, del que ellos serían sus gobernantes.
Aquellos jóvenes también eran informales y rompedores, entonces
simbolizado por la famosa chaqueta de pana de González como ahora por la
no menos emblemática coleta de Iglesias, y utilizaban un lenguaje que
huía de antiguos conceptos, supuestamente para así hacerse más cercanos y
comprensibles a amplias capas sociales. Por ejemplo entonces Alfonso
Guerra no hablaba de la clase obrera sino de “los descamisados”, como
ahora Pablo Iglesias lo hace de “los de abajo”. También entonces se
despotricaba contra los ricos, en ese sentido los mítines de Alfonso
Guerra eran antológicos, para después proponer recetas que no rebasaban
los límites de tolerancia marcados por la plutocracia. En “Podemos”
resulta ejemplificadora la diferencia entre el discurso “radical” contra
la deuda y la disponibilidad programática a pagarla
Aquella otra “nueva izquierda”, así era calificada por los medios, no
solo logró instituirse como fuerza hegemónica de la izquierda en las
primeras elecciones a las que se presento, las de 1977, sino que cinco
años después se hicieron con el poder. Y todos sabemos lo que ocurrió
tras su triunfo. El “cambio” que promovieron tanto a nivel local como
“autonómico” o estatal es el origen de la Andalucía dependiente actual.
Gracias a ellos, junto a la contribución del PCE y después de IU, el
régimen neofranquista y neocolonialista ha conseguido asentarse y
perdurar a lo largo de más de tres décadas en nuestra tierra. Gracias a
ellos, con la inestimable colaboración de los sindicatos “mayoritarios”,
el pueblo trabajador andaluz sufrió los más graves atentados a sus
derechos y estabilidad laboral conocidos hasta entonces. Infinitamente
superiores a los que antes ya les había producido la derecha, entonces
la UCD. Baste recordar al respecto las sangrantes “reconversiones
industriales” o el invento de los “contratos basura”, justificados con
aquello de “Mejor un mal trabajo que no tener trabajo” que decía
González.
Hoy los hijos nacidos en aquel “felipismo” incurren en los mismos
errores en el que ya cayeron sus padres, y las nuevas generaciones
compran la misma estampita trucada que las anteriores, en este timo
institucionalizado del tocomocho de la “España constitucional”. Y lo
hace porque la supuesta “generación más preparada de nuestra historia”
adolece de las mismas carencias que las que le precedieron. Más allá de
sus conocimientos técnicos, están inmersos en el mismo mar de alienación
social, identitaria y de clase que sus ancestros. Y no es de extrañar,
puesto que tanto esta generación, como anteriormente la “felipista”, y
aún antes la “madura” de la “transición”, no son más que sendas víctimas
y consecuencias del franquismo sociológico. Del mismo condicionamiento
social inoculado a las clases populares durante la Dictadura y que ha
sido mantenido, e incluso aumentado y perfeccionado, por el régimen
neofranquista actual.
Creer o decir que vivimos en un “Estado de derecho” y en una
democracia, más o menos imperfeta o necesitada de mejoras, pero
democracia. Que el Estado en una mera estructura administrativa neutra y
neutral que gestiona y vela por lo común, por la “res pública”, a
través de los representantes electos, y que, por lo tanto, basta con que
se elija a aquellos que pretendan actuar en beneficio de “la mayoría
social” mediante sus decisiones y legislaciones para que la realidad
política o económica cambie, o tan siquiera puedan crearse posibilidades
o generarse condiciones para intentarlo, sólo puede defenderse desde la
más profunda de las ignorancias, el más descarado de los reformismos
socialdemócratas o el más inmenso de los oportunismos. Solo un
ignorante, en el sentido etimológico del término (aquel que desconoce,
que ignora), un reformista, en su significado político (aquel que no
pretende transformar la realidad, sólo suavizarla), o un oportunista, en
su sentido más peyorativo (aquel que carece de ideología, principios y
escrúpulos, y sólo aspira a medrar y obtener poder), podrían aseverarlo.
Éste discurso de la posibilidad del cambio político y económico
dentro del propio Sistema, que ahora se nos vende como novedoso por
parte de “Podemos” y su marca blanca “Ganemos”, ha sido también el
mantenido en nuestra tierra tradicionalmente no sólo por el PSOE,
igualmente lo ha sostenido Izquierda Unida, sus partidos federados
(PCA, CUT, etc.) y sus derivados más recientes como Izquierda Abierta o
el Frente Cívico de Julio Anguita. Este discurso, además, no es más que
el que siempre ha propagado la socialdemocracia desde finales del siglo
XIX.
En cuanto a la afirmación de la existencia de democracia, constituye
el basamento justificativo y amparador del régimen y aquellos que forman
parte de él. El continuismo neofranquista se asienta sobre la “verdad”
incuestionable e incuestionada del supuesto final de franquismo con la
muerte del Dictador y el establecimiento de una democracia durante la
“transición”. De ahí el que se pueda degradar o poner en peligro, porque
la hay. Y por eso es susceptible de hacerla más participa, de
ampliarla, regenerarla o practicarla de forma más honrada, porque
existe.
Tanto en el caso de “Podemos”, “Ganemos” o IU, que la mayoría de sus
bases lo crean así y lo mantengan por convicción es creíble, siendo por
ello inscribibles en el sector de aquellos que lo hacen por mera
ignorancia. Por desconocer. Pero el que lo sostengan sus dirigentes,
nacidos políticamente todos en el marxismo-leninismo y amamantados la
mayoría intelectualmente con estudios universitarios, hace descartar por
completo la posibilidad de la ignorancia y sólo permite el etiquetarlos
dentro de una de las otras dos opciones: la del reformismo o la del
oportunismo. O éstos dirigentes se han pasado conscientemente a la
socialdemocracia, o se han degradado al extremo de que sus fines se
limitan a prosperar en lo personal y como grupo. En cualquiera de los
dos casos, sus radicalismos se reducen a mera impostación superficial.
A poco que se haya profundizado en el marxismo-leninismo, o tan
siquiera se posea una visión amplia y objetiva de la realidad,
imprescindible para ejercer cualquier liderazgo, se sabrá que los
estados burgueses no son simples organismos administradores de los
bienes e intereses sociales. Desde una óptica marxista-leninista o el
simple ejercicio de la racionalidad científica, son estructuras ideadas y
usadas por el Capital para facilitarse el control popular, el monopolio
económico y la explotación social. Son instrumentos de los que se vale
la burguesía para ejercer su poder sobre las clases populares y
especialmente sobre la obrera. Que los Estados nunca podrán representar o
satisfacer los intereses de las clases populares, porque su razón de
ser es el imposibilitarlo mediante la imposición, la coerción y el
ejercicio del monopolio de la fuerza.
También se sabrá que, dado el carácter intrínsecamente opresor y
represor de los estados burgueses, sus democracias, las “democracias
parlamentarias”, no son ni pueden ser otra cosa que dictaduras burguesas
al servicio del Capital. No son ni podrán llegar a ser expresión de los
anhelos populares, ni vías institucionalizadas para su consecución,
puesto que se encuentran al exclusivo servicio de su enemigo de clase.
No hay ni habrá democracias burguesas favorables al pueblo porque fueron
diseñadas contra el pueblo. Para impedir su acceso efectivo al poder.
En cuanto a sus gobernantes, igualmente se sabrá que, dado que los
estados burgueses son meras herramientas instrumentales al servicio del
Capital y, por tanto, todas sus instituciones simples gestoras y
protectoras de sus intereses, sus gobernantes no deciden o determinan
realmente nada, sólo dirigen según se les ordena o impone. Son capataces
al servicio del amo, del dueño del Estado y sus instituciones, del
único que realmente les dicta: el dictador Capital.
Por último también se sabrá que no hay capitalismos buenos. Que toda
economía capitalista es esencialmente negativa, contraía a los intereses
y necesidades de las clases populares, pues se funda y se sostiene en
la desigualdad, ya que el capitalismo no es más que la apropiación por
unos pocos de lo que es común en beneficio propio. Que la mayoría viva
en la miseria o la subsistencia para que algunos vivan en el lujo no es
mal capitalismo, no es “neoliberalismo” o “capitalismo salvaje”, es
simplemente capitalismo, el único existente, despojado de máscaras.
Y como consecuencia de ser plenamente conscientes de que el Estado
burgués no es más que una maquinaria creada para controlar y encadenar
al pueblo, de que sus democracias no son otra cosa que dictaduras del
Capital y de que el capitalismo es una economía intrínsecamente ladrona y
explotadora, no podrá creer ni defenderá el “Estado del bienestar”,
pues considerará al Estado como la causa de la falta de bienestar
popular. No podrá creer ni defenderá el “Estado social de derecho”,
puesto que considerará que el Estado burgués es esencialmente
antisocial, anti-popular, y su “derecho” no es más que la
institucionalización del robo del Capital. No podrá creer ni defender
ninguna “democracia participativa” o “real” dentro de la democracia
burguesa, puesto que considerará que las “democracias parlamentarias”
existen para impedir la participación popular y que el pueblo ejerza
cualquier poder real en ellas, de ahí que tradicionalmente se las
denominase como “democracias formales”, pues sólo lo son en apariencia,
en sus formas y formalismos. Y no podrá creer ni defenderá la
posibilidad de una economía más justa, o de un mayor y más equitativo
reparto de la riqueza, dentro de la economía capitalista, puesto que
considerará que el capitalismo no es ni puede llegar a ser justo, ni
equitativo, ni repartidor de riqueza, dado que es imprescindiblemente
injusto, carente de equidad y opuesto al concepto de reparto. Sabrá por
ello que no existe la “economía social de mercado”. Que “el mercado” es
el capitalismo y éste es ajeno a toda idea de colectividad o de bien
común. Que una sociedad que pretenda asentarse sobre principios de
equidad, apoyo mutuo y solidaridad, deberá para lograrlo haber acabado
previamente con el capitalismo.
Si estas realidades tan básicas y estos principios tan
incuestionables como atemporales, que siempre han compartido la
totalidad de las teorías de la izquierda revolucionaria (leninistas,
consejistas, libertarias, etc.), no se conocen o no se comparten por
quién se catalogue como anti-sistema, éste carece de la más mínima
capacitación ideológica. Sería un ignorante político. Por contra, si sí
se conocen y se comparten, y aun así se proclama y afirma la
posibilidad de la existencia de capacidad de decisión real o de
participación determinante en el poder por parte del pueblo dentro de un
Estado y una democracia burguesa, así como de lograr éste cuotas
apreciables de bienestar, prosperidad, justicia o reparto de la riqueza
dentro de la economía capitalista, o se es un socialdemócrata, alguien
que ha renunciado a la revolución y la ha sustituido por la mera
aspiración a la obtención de migajas sociales temporales a cambio de la
rendición popular y el colaboracionismo con el Sistema, o se es un
oportunista sin principios ni escrúpulos, capaz de engañar, manipular y
utilizar al pueblo en su beneficio y el de su grupo.
¿Quiere esto decir que no se debe o es posible luchar por pequeñas
mejoras; por lo concreto, lo inmediato y lo acuciante, o que no se tiene
que participar bajo ninguna circunstancia y de ninguna manera en los
procesos electorales y en las instituciones del Sistema? Claro que no.
El mal del socialdemócrata no es el que luche por reformas sino el que
limita la lucha a ellas. El que no las trasciende y no las utiliza como
palanca de subversión. El mal del electoralista no es presentarse a unas
elecciones sino el entenderlas como el fin de la acción política en
lugar de como un posible medio, coyunturalmente útil o inútil según sean
las circunstancias, y como un medio más para revolucionar. Y el mal del
institucionalista no es el acceder a las instituciones, sino el
encauzar la actividad política, la suya, la de trabajadores y la de las
clases populares, a través de las instituciones en lugar de contra las
instituciones, y el no utilizar las capacidades de las mismas contra el
propio Sistema y en apoyo y la protección de las luchas del pueblo.
Ejemplos, a un tiempo, de repuesta revolucionaria y actuación
reformista ante una necesidad concreta, inmediata y acuciante, la
podemos hallar en el movimiento de ocupación y el anti-desahucios, en
sus acciones y alternativas al problema de la vivienda. El que se idee,
impulse o participe en algo tan inmediato, concreto y acuciante como el
impedir que le quiten a las clases populares sus casas, y el que se
propugne la alternativa de la ocupación a la carencias de viviendas, es
en sí una acción de un nítido carácter revolucionario, en tanto que
además de abordar y solventar una problemática específica, incita al
pueblo a ser el protagonista de su destino, actuando por sí mismo en
lugar de esperar a que se lo solucionase papa Estado o un benéfico
gobernante, así como provoca su enfrentamiento directo contra el propio
Sistema, su Ley y su sacro santa propiedad privada. Se desarrolla una
actividad que ofrece una alternativa a una situación particular, pero al
mismo tiempo se la trasciende, convirtiéndola en un medio de agudizar
las contradicciones, potenciar el activismo popular y obligar al Sistema
a mostrarse al pueblo con su rostro represivo y opresor más descarnado,
contribuyendo así a aumentar el grado de concienciación de las clases
populares y atrayéndolas al campo revolucionario. Es una lucha por lo
concreto que a su vez es palanca y herramienta de subversión. Imaginaros
lo que hubiese supuesto el mantener, proteger y aumentar
exponencialmente el enfrentamiento y la ocupación, así como extender
esta última a la toma de fábricas, tierras, distribuidoras, etc. Y no
como algo excepcional, coyuntural o propagandístico, sino como política
de acción directa de masas, de carácter genérico y permanente, destinada
a potenciar la autogestión y el poder popular.
En cambio, cuando se propugna o se acepta la “dación en pago”, los
“alquileres sociales” y los “parques de vivienda pública en alquiler”
como salidas a la ocupación y los desahucios, se está limitando el
carácter y la trascendencia de la reforma a sí misma, además de
encauzando institucionalmente la problemática y extrayendo de ésta toda
su potencialidad subversiva. Si impedir a la “justicia” y a las “fuerzas
del orden” el que ejecuten desahucios es subvertir “el orden
establecido” y colocar al pueblo frente al Sistema, el condicionar dicha
oposición a que sólo te quiten la casa, a que no lo hagan durante un
tiempo, a que te dejen en ella cambio de un alquiler módico o de otra
que te cedan temporalmente igualmente pagando, es subordinar la
reivindicación dentro de “los cauces establecidos”, circunscribirla a lo
asumible por el Sistema, y conciliar al pueblo con éste. Si el mantener
y generalizar la ocupación es anteponer la propiedad colectiva a la
propiedad privada y por tanto es acción anticapitalista y priorizar “la
finalidad social de la vivienda”, el limitar la ocupación o abandonarla a
cambio de daciones en pago y alquileres sociales es anteponer la
propiedad privada a la propiedad colectiva, y por tanto la convierte en
una acción pro-capitalista encubierta al priorizar una finalidad
financiera, especulativa y particularista de la vivienda. Es simplemente
reformismo contra-revolucionario.
En cuanto a los procesos electorales y las instituciones del Sistema,
dado que se es consciente de lo que son y representan el Estado
burgués, su “democracia” y la economía capitalista como instrumentos de
opresión y explotación de las clases populares, para el revolucionario,
para aquel que pretende transformar de forma radical una realidad
social, política y económica contraria al pueblo y a sus intereses, para
aquel que quiere acabar definitivamente con esos tres grandes enemigos
del pueblo y la clase obrera: el Estado Burgués, su “democracia”, y la
economía capitalista, las elecciones y las instituciones no pueden ser
tomadas como fines ni medios de la acción política, sino sólo como
posibles herramientas, no del cambio social, sino de subversión y
apoyatura a la lucha de masas en la calle, contribuyendo a sus victorias
contra el Estado, su “democracia” y la economía capitalista, actuando
en las mismas como saboteadores y sus “quinto-columnistas”. Por tanto,
la participación en procesos electorales e instituciones dependerán, en
cada coyuntura, de la existencia o carencia de unas condiciones
objetivas y factibles para hacer posible el utilizar las estructuras del
Sistema contra sí mismo.
El revolucionario no pretende la estabilidad y el desarrollo de la
democracia burguesa sino su inestabilidad y destrucción. Actúa para
lograr socavar los pilares sostenedores del Sistema, el Estado y sus
instituciones. Su meta no es mejorarlo sino derribarlo. Hacia ese
objetivo último encamina y condiciona todas sus propuestas y acciones.
Por lo tanto no aspirará a “contribuir a la gobernabilidad” del Estado
burgués y de su “democracia” sino a su ingobernabilidad. No aspirará a
“gobiernos de progreso” sino a acabar con los gobiernos para que el
pueblo y sus intereses progresen. No aspirará a “ganar”, a gobernar el
Estado, sino a que el pueblo se auto-gobierne anulando el poder del
Estado sobre él. No aspirará a la construcción de una más "real" o más
“participativa” democracia burguesa, no pretenderá “profundizar su
democracia”, sino a destruirla para hacer posible la única democracia
real y participativa, el autogobierno popular. No aspirará a una
economía y a un mercado más justos y equitativos en el capitalismo, sino
a terminar con el Capital para hacer posible una economía y un mercado
realmente social, el socialista.
En cuanto al caso específico del Estado Español impuesto, además de
encontrarnos ante un Estado burgués al que, por tanto, le es aplicable
todo lo expuesto hasta ahora, se le unen dos particularidades
determinantes. Dos características propias que lo singularizan. El
tratarse de un Estado conformado en régimen continuista neofranquista y
el haberse originado en la adaptación del antiguo Imperio Español en
superestructura imperialista por el capitalismo.
Si a la represión propia de todo Estado y democracia burguesa, y a la
explotación derivada de cualquier economía capitalista, se le suman los
pluses ser una “dictablanda” continuadora de las instituciones de un
régimen autoritario, así como constituir una superestructura destinada a
mantener la ocupación y esquilmación de las naciones y pueblos bajo su
control , el sostener la posibilidad del cambio social dentro de dicho
Estado o a través de él; de su administración local, “autonómica” y
central, resulta totalmente ridículo y es absolutamente irracional.
Si afirmar la posibilidad de existencia de capacidad de decisión, de
participación o incluso de control del poder por parte del pueblo dentro
de un Estado y una “democracia” burguesa, de un “proceso de
empoderamiento” que dirían los “actualizados”, así como de lograr cuotas
apreciables de bienestar, prosperidad, justicia o reparto de la riqueza
dentro de la economía capitalista, si no es fruto de la ignorancia lo
es del más necio y ciego de los reformismos o el más condenable de los
oportunismo, el sostener la existencia de estas posibilidades dentro de
un Estado que además es imperialista y colonialista, y de unas
instituciones que son herederas de un régimen totalitario, si no es el
producto del más desorientado e incapacitante de los desconocimientos lo
es el de la más imperdonable y despreciable de las traiciones.
El Sistema se sirve de dos elementos principales para mantener entre
las clases populares la ilusión de la participación en el poder y la
determinación de decisiones dentro de los estados burgueses y sus
“democracias parlamentarias”: Por un lado el de los procesos electorales
y los referéndums, y por otro el de los gobiernos y los parlamentos. A
través del voto hace creer al pueblo que son ellos los que deciden sus
destinos y los de su país, y mediante los regidores locales,
“autonómicos” y estatales le convence de la existencia de una soberanía
nacional y popular. De que la nación y sus ciudadanos son libres y los
dueños de sí mismos. Es en ambas ilusiones, en ambos opios del pueblo,
en los que se asientan la posibilidad y la capacidad del capitalismo de
mantener su dominio social y la esclavitud económica. En realidad, ni el
voto determina ni el gobernante decide. Al igual que a nivel económico
el capitalismo monopoliza los medios de producción, elaboración y
distribución, a nivel político monopoliza el poder ejerciendo una férrea
dictadura. Nada dentro de sus estados escapa a su más absoluto control.
El que no sea visible no indica que no suceda, sólo el grado de
perfeccionamiento alcanzado.
Otro de los mecanismos de que se vale el Capital para mantener viva
la ilusión de la existencia de democracia es el “pluralismo político”.
La supuesta existencia de diversidad de opciones y proyectos políticos y
sociales dentro del Sistema resulta esencial para hacer realmente
creíble la “democracia parlamentaria”. Lógicamente, tal pluralismo no es
más que otra apariencia. Dentro del Sistema sólo se permiten opciones y
proyectos que supongan variantes dentro de una misma y unívoca visión
de la realidad, la de la ilusión democrática y reformista. Las que no
entran dentro de ellas son marginadas o destruidas, dependiendo del
riesgo que conlleven para el “orden establecido”, o sea para el
mantenimiento del poder por parte del Capital. Y si son toleradas las
anti-sistema es solo por no suponer peligro alguno para él en el
presente, además de que con esa permisividad controlada se refuerza la
ilusión democrática y plural.
El reformista participa del engaño electoral y de gobierno como
protagonista fundamental. El reformismo desempeña el papel del
representante popular capaz de vehicular esa posibilidad ficticia de
acceso al poder “indirecto”, a través de ellos, por parte del pueblo, y
de la capacidad por parte de estos de determinar su presente y su futuro
a través de gobiernos e instituciones “democráticas”. La realidad es,
evidentemente, el que las decisiones las toma el Capital y se las impone
a la población mediante esos gobernantes e instituciones. Y esos
reformistas lo saben. Saben que si “ganan” serán solo capataces, los
manijeros del amo del cortijo, pero en el mejor de los casos, se
conforman con ello creyendo que a cambio de su claudicación lograrán del
dueño algunas mejoras en las condiciones de vida de las clases
populares, siempre y cuando, claro está, estas no alteren su poder y su
control. Esa es la mentalidad socialdemócrata. El reformista es un
embaucador del pueblo. El que engaña y arrastra a la derrota a las
masas. El que lo haga de forma consciente o inconsciente no modifica
este hecho. El reformista es el contenedor, desmovilizador y encauzador
de los movimientos de masas en favor del Sistema.
El embaucamiento popular del reformismo tiene como objetivo el del
mantenimiento del statu quo a través de invisibilizarle a sus enemigos
de clase y los porqués de sus problemáticas. Un ejemplo actual es la
campaña del reformismo señalando a los gobiernos del Partido Popular
como los causantes y los culpables de la situación económica y social.
El problema de las clases populares andaluzas no es el PP, que se limita
a ejecutar las órdenes recibidas, al igual que lo hizo antes el PSOE y
lo hará después el que lo sustituya, el que “gane”, ese es el trabajo de
los capataces. El problema del pueblo trabajador andaluz es el
capitalismo, el que le ordena a sus capataces políticos, y el Estado que
le sirve. Decir otra cosa es mentirle al pueblo y propiciar su derrota
desviando su atención y su rumbo de la meta libertadora. Y eso es
precisamente lo que se pretende lograr poniéndole delante de sus ojos la
venda del PP o la del PSOE. Los capataces también cumplen ese papel, el
cargar con las responsabilidades del dueño y la animadversión de los
trabajadores para desactivar sus luchas, salvaguardar al amo y
protegerle su propiedad.
Desde la coherencia revolucionaria y la responsabilidad para con
nuestro pueblo, ni se puede caer en la trampa socialdemócrata ni se
puede permitir que el pueblo trabajador andaluz sea de nuevo arrastrado
por el engaño del electoralismo reformista más burdo. Lo defienda quien
lo defienda y sean cuales fuesen sus intenciones, el resultado será el
mantenimiento de la Andalucía dependiente y el de unas clases populares
expoliadas. Plantemos cara a los nuevos socialdemócratas y démosles la
réplica: Todos contra el PP no, todos contra el Estado opresor, la
economía de la explotación y sus servidores políticos. Todos contra
España y el Capital.
Los
postulados fijados en Antequera sirvieron de guía al movimiento
andalucista en las primeras décadas del siglo XX. En abierta repulsa al
persistente «Estado centralista» y «oligárquico», del que el andalucismo
se declaraba «separatista», continuaría concibiéndose la región como
soberana, formada por el contrato entre sus componentes, e inseparable
de un proyecto confederal para España. A juicio de José Acosta, es esta
«simbiosis» entre el nacionalismo que reclama autonomía y la visión
confederal del Estado lo que iba a dar la nota de «especificidad del
nacionalismo andaluz».
